Juan Carlos Macías Morales

Expediente 105/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
105/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
15/12/2017

Partes del expediente

  • Juan Carlos Macías Morales

Actuaciones

  1. Principal

    "...Dado lo anterior, al haber aceptado el Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, el conocimiento y tramite del asunto que nos ocupa, háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno respectivo así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese el presente cuaderno como asunto definitivamente concluido..."

  2. Principal

    NOTIFICAIÓN PERSONAL.

  3. Principal

    CITATORIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCIÓN DE DIECIOCHO; LO ANTERIOR EN VIRTUD DE NO HABER ACUDIDO AL LOCAL DE ESTE JUZGADO DENTRO DE LOS DOS DÍAS SIGUENTES SEÑALADOS EN LA CONSTANCIA DE CITATORIO; LA CUAL ES LA SIGUIENTE: "Aguascalientes, Aguascalientes, a dieciocho de octubre de dos mil diecisiete. Téngase por recibida la demanda de amparo y anexos, promovida por Juan Carlos Macías Morales, contra actos del Juez Tercero de lo Familiar en el Estado de Aguascalientes, por considerarlo violatorio de los derechos humanos consagrados en los artículos constitucionales que refiere. I. Trámite. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo 105/2017-V y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. II. Precisión del acto reclamado. De la lectura integra de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa reclama en síntesis, la sentencia definitiva dictada en el expediente número 926/2016, dentro del Juzgado Tercero de lo Familiar en el Estado de Aguascalientes, que lo condenó al pago de alimentos. III. Incompetencia. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34, 47 y 170, de la Ley de Amparo, y 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se estima, salvo determinación distinta de la superioridad, que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer de la presente demanda de amparo, por los siguientes razonamientos. Al efecto, resulta pertinente destacar el contenido de los artículos 47, 170 y 176 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta ley." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional. II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." "Artículo 176. La demanda de amparo deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable, con copia para cada una de las partes. La presentación de la demanda ante autoridad distinta de la responsable no interrumpe los plazos que para su promoción establece esta ley." Del contenido de las disposiciones transcritas, se advierte que el juicio de amparo que se tramite contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, sea que las violaciones se cometan durante el procedimiento o en la sentencia misma, debe promoverse en los términos que la Ley de Amparo prevé para la tramitación del juicio de amparo directo. De igual forma, tales disposiciones legales establecen que se entiende por sentencias definitivas las que deciden el juicio en lo principal y por resoluciones que ponen fin al juicio, aquellas que sin decidirlo en lo principal, lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. Por su parte, el numeral 34, primer párrafo, de la ley de la materia , establece que los tribunales colegiados de circuito son los competentes para conocer del juicio de amparo directo. Puntualizado lo anterior, como ya se dijo, el acto reclamado consiste en la sentencia definitiva dictada por el Juez Tercero de lo Familiar en el Estado de Aguascalientes en el expediente 926/2016, lo cual constituye una resolución que pone fin al juicio. Sin que pase desapercibido para este Juzgador Federal, el contenido del artículo 372 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes, que prevé la procedencia del recurso de apelación contra sentencias que decidan el fondo del negocio, con excepción de las que condenen al pago de alimentos, para lo cual no procederá recurso alguno, tal y como se transcribe: "ARTÍCULO 372.- Contra la sentencia que decide el fondo del negocio, procede el recurso de apelación, hecha a excepción de las sentencias que condenan al pago de alimentos, en contra de las cuales no procederá recurso alguno. Bajo ese entendido, al ser el acto reclamado una sentencia de carácter definitivo, se puede afirmar que en el presente caso se surte la hipótesis que se establece en los artículos consultados. En consecuencia, en acatamiento a lo que establece el numeral 47 de la Ley de la materia, se declara que este órgano de control constitucional carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata y, por ende, se impone remitir el expediente original del presente sumario constitucional a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Trigésimo Circuito, para que a su vez la remita al de turno. Sirve de apoyo por las consideraciones que la rigen, la jurisprudencia P./J. 6/2015 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 95, del Libro 17, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, publicada en abril de dos mil quince, de rubro y texto siguiente: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor". Obténgase copia certificada de la demanda y del presente proveído, para formar el cuaderno de antecedentes respectivo. IV. Habilitación de días y horas inhábiles. Ahora bien, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo que dispone el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, para los casos en los que en el presente juicio se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento, así como en el incidente de suspensión relativo o cualquier otro cuaderno o procedimiento incidental que llegaré a derivar de este expediente a cualesquiera de las partes que intervienen en los mismos y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de lo dispuesto por los artículos 26 y 27, fracción I de la Ley de la Materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuar las mismas. V. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en Avenida Francisco I. Madero numero doscientos once, zona centro de esta ciudad. VI. Transparencia y acceso a la información. Con fundamento en los artículos 6 y 16 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 26 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como lo dispuesto por los artículos 67, 68, 97, 110, 113 fracción I, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen ejecutoria; sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a la información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información, así mismo, las partes podrán solicitar la supresión de sus nombres en las listas de notificación que se publiquen en medios electrónicos. Notifíquese, y personalmente al quejoso. Lo acordó y firma la licenciada Sonia Hernández Orozco, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Aguascalientes, Aguascalientes, ante Diego Isbaal Vizcarra Varela, Secretario que autoriza y da fe."

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Aguascalientes · 5,980 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano