Juan Carlos Macías Herrera

Expediente 254/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
254/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
16/03/2017

Partes del expediente

  • Juan Carlos Macías Herrera

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de uno de marzo de dos mil dieciséis, mediante el cual se tuvo por desechada la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer; por tanto, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y envíese al archivo. En cumplimiento a la fracción I, del artículo vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, se establece que este expediente es destruible, señalando como fecha probable de destrucción el dieciocho de septiembre dos mil diecisiete; mientras tanto, guárdese en el archivo de este Juzgado en el legajo correspondiente. Se hace constar que no obran documentos originales ni el presente asunto constituye una relevancia documental jurídica e histórica.(V)

  2. Principal

    Notifíquese personalmente.(V)

  3. Principal

    Se notifica por lista al quejoso...En el caso, se afirma que el acto reclamado por el quejoso en el presente juicio constitucional, es un acto derivado de otro consentido, por las razones que se exponen a continuación. El quejoso Juan Carlos Macías Hernández, narró bajo protesta de decir verdad sus antecedentes, en los que señaló: a) Con fecha veinticuatro de mayo del año dos mil doce, el quejoso interpuso demanda laboral en contra del Danone de México Sociedad Anónima y Organización FR México Sociedad Anónima de Capital Variable. b) El dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, la Junta responsable dictó el laudo correspondiente, en el que se resolvió condenar a la demandada Danone de México, S. A. de C. V. y Organización FR México, Sociedad Anónima de Capital Variable, a que reinstalaran al quejoso en su trabajo, así como al pago de diversas prestaciones que fueron reclamadas en el escrito de demanda, ordenando en dicho laudo que se abriera incidente de liquidación para el cálculo de dichas prestaciones. c) El veinticinco de enero del año en curso, se llevó a cabo el desahogo de la audiencia incidental, en la cual entre otros acuerdos fijaron las doce horas del quince de febrero del año en curso, para que se llevara a cabo la reinstalación. d) Que la diligencia de reinstalación ordenada en el acuerdo de veinticinco de enero del año dos mil diecisiete no se llevó a cabo, por las razones que constan en el acta que se levantó ante la Junta responsable en esa fecha, sin embargo, indica que subsiste la intención de la Junta responsable de ejecutarla. Estas manifestaciones constituyen confesión en los hechos del quejoso, como pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 200 del Código Federal de Procedimiento Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, y con ellas queda plenamente demostrado que la orden de reinstalación realmente se emitió en el laudo de dieciocho de noviembre de dos mil quince; el cual no combatió y por ende lo consintió, siendo que el diverso acuerdo que ahora reclama soló es una consecuencia de la resolución definitiva. Sirve de apoyo a las anteriores consideraciones la tesis II.2o.C.43 K, cuyo rubro y texto son: "AMPARO IMPROCEDENTE POR ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS (EJECUCIÓN DE SENTENCIAS)". Conforme al artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías resulta improcedente cuando se enderece contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos; sin embargo, para que esta causal de improcedencia se actualice es necesario: a) Que entre el acto reclamado y el anterior que se está consintiendo exista una relación de causa a efecto; es decir, que sea una consecuencia legal, forzosa o directa de la primera resolución, y b) Que el acto reclamado no se impugne por vicios propios. En tal virtud, si el acto reclamado se hace consistir en un proveído que ordena se proceda a la ejecución de una sentencia dictada en un juicio ordinario civil, la cual ha causado ejecutoria por no haberse interpuesto en su contra recurso alguno, aquél sólo es una consecuencia necesaria de la resolución que implícitamente se aceptó al no impugnarse, por lo cual ciertamente constituye un acto derivado de otro consentido, y ello hace improcedente el juicio de amparo en su contra, por surtirse la causal invocada, lo que amerita sobreseer en el juicio de conformidad con el artículo 74, fracción III, de la ley de la materia". (Publicada en la página 839, Tomo X, Julio de 1999, Novena Época Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta) Igualmente, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis II.2º.C.43 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, publicada en la página 839, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Julio de 1999, Novena Época, que dice: AMPARO IMPROCEDENTE POR ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS (EJECUCIÓN DE SENTENCIAS). Conforme al artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías resulta improcedente cuando se enderece contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos; sin embargo, para que esta causal de improcedencia se actualice es necesario: a) Que entre el acto reclamado y el anterior que se está consintiendo exista una relación de causa a efecto; es decir, que sea una consecuencia legal, forzosa o directa de la primera resolución, y b) Que el acto reclamado no se impugne por vicios propios. En tal virtud, si el acto reclamado se hace consistir en un proveído que ordena se proceda a la ejecución de una sentencia dictada en un juicio ordinario civil, la cual ha causado ejecutoria por no haberse interpuesto en su contra recurso alguno, aquél sólo es una consecuencia necesaria de la resolución que implícitamente se aceptó al no impugnarse, por lo cual ciertamente constituye un acto derivado de otro consentido, y ello hace improcedente el juicio de amparo en su contra, por surtirse la causal invocada, lo que amerita sobreseer en el juicio de conformidad con el artículo 74, fracción III, de la ley de la materia." Igualmente, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis III.1º.A11 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicada en la página 582, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Mayo de 1996, Novena Época, que dice: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, RAZON DE SU IMPROCEDENCIA. El artículo 73 de la Ley de Amparo, señala: "El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." Ahora bien, las fracciones XI y XII del dispositivo en comento, previenen que el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos expresa o tácitamente; por ello, lógica y jurídicamente, debe estimarse improcedente la acción constitucional contra actos que sean consecuencia de otros consentidos, siendo indudable, por tanto, que la causa de mérito emerge de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales." Asimismo, por igualdad de razón, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.12º.T.13 L, sustentada por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 2315, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Enero de 2006, Novena Época, que dice: "ACTOS DERIVADOS DE OTRO CONSENTIDO. LOS CONSTITUYEN LOS ACUERDOS DE LAS AUTORIDADES LABORALES QUE NIEGAN LA EJECUCIÓN DE UN LAUDO O CONVENIO, SI PREVIAMENTE SE HABÍA ORDENADO EL ARCHIVO DEL ASUNTO Y NO SE PROMOVIÓ EL AMPARO INDIRECTO. El acuerdo de la autoridad laboral que ordena el archivo de un expediente implica tanto el reconocimiento de dicha autoridad del cumplimiento del laudo o convenio, como la clausura de la etapa de ejecución, y si se considera que tal determinación no está ajustada a derecho, debe impugnarse a través del amparo indirecto en términos del artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la ley de la materia, así como de la jurisprudencia P./J. 32/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 31, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.". En este sentido, si no se promovió amparo indirecto contra el acuerdo que ordena el archivo del asunto, tal resolución adquiere firmeza al ser consentida tácitamente; consecuentemente, si con posterioridad se solicita la ejecución del convenio o laudo alegando que no se había cumplido correctamente, y la autoridad lo niega, y contra ella se ejercita juicio de garantías, éste debe sobreseerse por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el numeral 73, fracciones XI y XII, de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia de la Quinta Época del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 17 en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 12, de rubro: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA.", en virtud de que las resoluciones que niegan este tipo de peticiones deben considerarse como actos derivados de otro consentido, al ser una consecuencia directa y necesaria de la firmeza del acuerdo que ordena el archivo del asunto." En consecuencia; con fundamento en el artículo 113 del mismo ordenamiento procede desechar de plano la demanda de amparo que se presenta por notoriamente improcedente.(V)

  4. Principal

    -Análisis de cumplimiento y archivo - Visto el estado de los autos; con fundamento en los artículos 51 y 52 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes en el presente juicio, que mediante oficio SEADS/090/2017, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil diecisiete, determinó designar al licenciado José Guadalupe Arias Ortega, como Titular de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con sede en esta ciudad, a partir del dieciséis de febrero de dos mil diecisiete; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, de la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa y en su caso al tercero interesado para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; por consiguiente, con base en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se analizará si de las constancias que integran el expediente, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad, o bien si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirlo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia dictada el primero de julio de dos mil dieciséis por este juzgado, se concedió el amparo para los siguientes efectos: Deje insubsistente la resolución de plazo constitucional de quince de abril de dos mil dieciséis, en la que se decretó el auto de formal prisión impugnado, en los autos de la causa penal...., del índice de la autoridad jurisdiccional responsable; y, en su lugar, Ordene la reposición del procedimiento, a partir de la declaración preparatoria del encausado; en el que se salvaguarde el derecho efectivo a una adecuada defensa en los términos que han sido expuestos en este fallo; particularmente, dejando constancia del sustento documental que demuestre la calidad de abogado del defensor nombrado y, en su caso, se desahoguen las pruebas y se ordenen las diligencias que se ofrezcan dentro del plazo constitucional en aras de una efectiva defensa del inculpado; y, Hecho lo anterior, transcurrido el plazo constitucional, con plenitud de jurisdicción, se dicte la resolución que conforme a derecho proceda, pero estimando la ilicitud de la declaración ministerial vertida ante el fiscal integrador por el imputado Rubén Esqueda Sedano, de fecha treinta y uno de enero de dos mil dieciséis, por haber sido incorporada a la averiguación previa ...., origen de la causa penal...., con violación al derecho de adecuada defensa y la excluya de la valoración correspondiente, resolviendo lo que en derecho proceda. Inconforme con el aludido fallo, la parte tercero interesada, Agente del Ministerio Publico adscrita a este órgano de control de constitucionalidad, interpuso recurso de revisión (fojas 94 a 102), del que toco conocer al Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, que mediante ejecutoria emitida diecinueve de enero de la presente anualidad, en el amparo en revisión penal 342/2016, determino modificar la sentencia recurrida y conceder el amparo y protección de la justicia federal al quejoso para que: De esta manera, al ser fundado pero insuficiente lo alegado, el fallo recurrido únicamente debe modicarse en cuanto a los efectos de la concesión, es decir, prescindiendo solamente de lo relativo a la exclusión de la declaración ministerial del quejoso del material probatorio, subsistiendo lo concerniente a la reposición del procedimiento, a partir de la declaración preparatoria del encausado para que se le de el uso de la voz al inicio de dicha audiencia para que en su caso, de forma libre, nombre a un defensor de su confianza y de no hacerlo, se le designe uno de los del Estado, dejando constancia del sustento documental que demuestre la calidad de abogado del que sea nombrado (foja 124). Mediante proveído de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, se tuvo por recibida la ejecutoria emitida por el aludido Tribunal Colegiado y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la misma (fojas 126 a 128). Por oficio recibido en este Juzgado, el tres de febrero de dos mil diecisiete, el Juez Interino del Juzgado Primero de lo Penal del Estado, informó el cumplimiento dado a la sentencia amparadora y remitió copia certificada de la resolución con lo que se dio vista. De la documental que remitió la responsable para demostrar el cumplimiento con valor probatorio pleno, se advierte que: El uno de febrero del año en curso, dentro de la causa penal 40/2016, instruida en contra de la parte aquí quejosa, se ordeno, dejar insubsistente el auto de termino constitucional de fecha quince de abril de dos mil dieciséis, mismo que resolvía la situación jurídica de impetrante de amparo, ordenado de igual forma la reposición del procedimiento a partir de la declaración preparatoria de los inculpados (foja 139). Posteriormente por acuerdo de fecha siete de febrero del año en curos, se le tuvo a dicha autoridad en vías de cumplimiento de la ejecutoria de amparo, dejándole saber que subsistía la obligación de dar cumplimiento de inmediato a la ejecutoria de amparo. Por oficio recibido en este Juzgado, el ocho de febrero de dos mil diecisiete, el Juez Interino del Juzgado Primero de lo Penal del Estado, informó el cumplimiento dado a la sentencia amparadora y remitió copia certificada de la resolución con lo que se dio vista. De la documental que remitió la responsable para demostrar el cumplimiento con valor probatorio pleno, se advierte que: El siete de febrero del año en curso, dentro de la causa penal 40/2016, instruida en contra de la parte aquí quejosa, se determino la exclusión probatoria de la declaración ministerial de Rubén Esqueda Sedano, ello el actualizarse violaciones de formalidad esenciales del procedimiento y por tanto no deberían ser tomadas en consideración,(foja 202), finalmente, se decreto el auto de libertad por falta de elementos para procesar, por el delito de robo calificado, en favor del solicitante de amparo (foja 205). Ordenó la notificación al quejoso (foja 206). En tales condiciones este Juzgado considera que se ha restituido a la parte agraviada en el goce del derecho violado, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Por tanto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y tercero, del ordenamiento legal invocado, se declara cumplida la ejecutoria en su totalidad, sin exceso ni defectos en la misma. Dése aviso a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, envíese al archivo. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina lo siguiente: El expediente principal es depurable de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV, del artículo vigésimo primero, en razón de que el primero de julio de dos mil dieciséis, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; virtud a ello, en su oportunidad deberá conservarse dicha resolución y la demanda. El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión, es depurable, en términos de la fracción III, segundo párrafo del artículo vigésimo primero, del referido ordenamiento legal, por interlocutoria de doce de mayo de dos mil dieciséis, se concedió la suspensión definitiva, virtud a ello, en su oportunidad deberá conservarse dicha resolución. El duplicado del incidente de suspensión de referencia es destruible en términos del artículo vigésimo, fracción III, del citado ordenamiento, señalándose como fecha probable para tal efecto, el día veintiuno de agosto de dos mil diecisiete. El cuaderno de antecedentes formado con motivo del envío de los autos a revisión es destruible en términos del artículo vigésimo fracción I, señalando como fecha probable de destrucción el veintiuno de agosto de dos mil diecisiete; mientras tanto, guárdese en el archivo de este Juzgado en el legajo correspondiente; previo desglose de las actuaciones posteriores al envío de los autos al referido Tribunal Colegiado, las cuales deberán integrarse al expediente principal para que obren como corresponda. Asimismo, se hace constar que no obran documentos originales; ni el presente asunto constituye una relevancia documental jurídica e histórica. III

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · 13,388 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano