Juan Carlos Machain Rodríguez
Expediente 432/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 15 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 432/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 08/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Juan Carlos Machain Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte a quien pudiera causarle perjuicio la sentencia dictada el once de septiembre de dos mil diecinueve, en la que se sobreseyó el presente juicio, no interpuso el recurso de revisión en contra de la misma; consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria; en consecuencia, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido. Ahora bien, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente es susceptible de destrucción, al haberse únicamente sobreseído el presente juicio, así como el original del incidente de suspensión ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN al haberse otorgado la suspensión provisional y la suspensión definitiva de los actos reclamados, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá su depuración; en el entendido de que se procederá para tal efecto con posterioridad al OCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del Acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al OCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado. En cumplimiento al capítulo quinto, punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, resulta procedente decretar que el duplicado del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el original, por lo que una vez transcurridos seis meses se procederá a la destrucción del mismo, por tanto, agréguese copia certificada de este proveído a los cuadernos incidentales. Finalmente, toda vez que la autoridad responsable denominada Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, remitió los autos del toca 684/2018, de su índice, como justificación de su informe, con las que se formó un tomo de pruebas por separado, devuélvase el referido toca a la mencionada autoridad responsable, toda vez que resulta innecesaria su conservación, sin que se solicite acuse de recibo, dado que obrará la constancia de notificación con el señalamiento respectivo.
- Principal
Vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto número 432/2019, del índice de este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz; y, RESULTANDO. PRIMERO. PRESENTACIÓN Y DATOS DE LA DEMANDA. Mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, el dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, turnado a este juzgado al día siguiente hábil, Juan Carlos Machain Rodríguez, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad que a continuación se indica: NO. AUTORIDAD RESPONSABLE FOJA SENTIDO 1 Magistrados de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad. 24 Acepta. Autoridad la indicada de quien reclamó: ".4.- Actos reclamados.-1.- De los C.C. Magistrados Integrantes de la Tercera sala penal del H. Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, dentro de los autos del Toca Penal número 684/2018-A, reclamo la resolución de fecha veinte de Febrero de dos mil diecinueve en la que se revoca el auto de libertad dictado por el juez Aquo." En la demanda, la parte quejosa señaló como violados en su perjuicio los derechos humanos consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA Y TRÁMITE DEL JUICIO. Mediante proveído de veinte de mayo de dos mil diecinueve, este juzgado registró la demanda de amparo bajo el número 432/2019, y previno al promovente a fin de que manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable al Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz. Por acuerdo de cuatro de junio de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de amparo únicamente por las autoridades que inicialmente señaló la parte quejosa en su escrito de demanda, se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se llevó a cabo sin la comparecencia personal de las partes, al tenor del acta correspondiente. CONSIDERANDO. PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, es legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 37, párrafo primero, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues, se reclaman actos cuya ejecución se materializa en el ámbito territorial donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Por razón de orden, en primer lugar debe precisarse la litis constitucional a través del señalamiento del acto reclamado, en términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, lo que se realizará conforme al análisis integral de la demanda de amparo, como lo interpretó el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis y jurisprudencia de rubros: "ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO" y "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" de aplicación al caso por identidad de razones. Así, del análisis armónico de la demanda de amparo y de las constancias que obran en autos del presente juicio, se tiene que Juan Carlos Machain Rodríguez reclama esencialmente lo siguiente: La resolución de veinte de febrero de dos mil diecinueve, dicta en el toca 684/2018-A, del índice de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, a través de la cual se revocó el auto de libertad por falta de elementos para procesar, emitido en la causa penal 25/2016, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, instruida en contra de Juan Carlos Machain Rodríguez, como probable responsable en la comisión del delito de fraude genérico, cometido en agravio del patrimonio de Ramiro Villa Sánchez, dictando en su lugar auto de formal prisión. La ejecución del referido auto de formal prisión. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado a los Magistrados de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, por así haberlo manifestado al rendir su informe justificado. Es aplicable al respecto la jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". La existencia del acto reclamado se corrobora con los autos originales del toca 684/2018-A, remitido por la autoridad responsable, los cuales tienen pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de conformidad con el numeral 2 de la ley de la materia. Es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. IMPROCEDENCIA. Previo al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, es necesario analizar las causas de improcedencia que pudieran actualizarse en el caso, pues ello es una cuestión de orden público y de previo análisis, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, conviene precisar algunos de los antecedentes que constan en los autos remitidos por la autoridad responsable para la sustanciación del presente juicio de amparo: En la causa penal 25/2016, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia con sede en Pacho Viejo, Veracruz, el siete de mayo de dos mil catorce, se dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor del ahora recurrente Juan Carlos Machain Rodríguez, al no encontrarse elementos suficientes para suponerlo probable responsable del delito de fraude genérico (foja 205 a 212 del tomo de pruebas). La representación social adscrita a dicho juzgado y la parte ofendida apelaron esa determinación (fojas 214 vuelta y 222 vuelta del tomo de pruebas). Consta en autos que Juan Carlos Machain Rodriguez, al notificarse del auto de plazo constitucional, nombró como sus defensores en segunda instancia, para el caso de que se interpusiera recurso de apelación, a los licenciados Carlos Flores Hernández y Felipe Ríos Hernández, además de que se le hizo saber que, en caso de no comparecer dichos profesionistas, se le nombraría al defensor de oficio adscrito a la Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que correspondiera conocer del asunto (foja 214 del tomo de pruebas). Por auto de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a quien por razón de turno correspondió el conocimiento del asunto, radicó el toca penal 684/2018-A, en el que proveyó de conformidad la designación como defensor particular hecha por el inculpado a cargo de los aludidos profesionales, e indicó que, para el caso de que no comparecieran a aceptar el cargo conferido, se le designaría al defensor de oficio adscrito a dicha Sala (foja 241 del tomo de pruebas). El veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, la Actuaria adscrita a la Sala responsable dejó cédula de notificación en el domicilio señalado (foja 246, tomo de pruebas); por auto de quince de noviembre año en cita, al no haber comparecido el defensor voluntario a aceptar el cargo conferido a pesar de que fue notificado al efecto, se hizo efectivo el apercibimiento antes dictado y se designó al licenciado Carlos Becerra Guevara, defensor de oficio adscrito a ese órgano jurisdiccional, ordenando se le hiciera saber su nombramiento a fin de que aceptara y protestara dicho cargo, lo que hizo mediante diligencia de esa misma fecha (fojas 250 y 251, 253 del tomo de pruebas). Mediante proveído de treinta de noviembre de dos mil dieciocho, se recibieron los agravios del Fiscal Auxiliar de la Fiscalía General del Estado, y se dejaron a la vista del asesor jurídico de la parte agraviada (foja 462 del tomo de pruebas) Mediante acuerdo de catorce de enero de dos mil diecinueve, se recibieron los agravios del asesor jurídico de la parte agraviada, y se dejaron a la vista del defensor de oficio para que los contestara así como los diversos formulados por el Fiscal Auxiliar de la Fiscalía General del Estado, lo que hizo por escrito presentado el veinticinco del mes y año en cita (fojas 281 y 282 del tomo de pruebas), mediante resolución de veinte de febrero de dos mil diecinueve, la Sala responsable modificó el auto de plazo constitucional recurrido y dictó auto de formal prisión al nombrado Juan Carlos Machain Rodríguez, como probable responsable en la comisión del delito de fraude genérico (fojas 288 a 306 del tomo de pruebas). Dicha autoridad de Alzada ordenó notificar personalmente a las partes, por lo que el doce de marzo de dos mil diecinueve, se notificó al defensor de oficio adscrito a dicha Sala la resolución de mérito (foja 308 vuelta del tomo de pruebas). Por escrito presentado el dieciséis de mayo de dos mil catorce, Juan Carlos MachainRodríguez ejerció la acción de amparo que dio origen al juicio en que se dicta la presente resolución, en contra de la resolución dictada por la Sala responsable el veinte de febrero del año en curso. Ahora bien, respecto a la resolución de veinte de febrero de dos mil diecinueve, pronunciada por los Magistrados de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, en los autos del toca 684/2018-A, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo y los diversos 17 y 18 del propio ordenamiento, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los preceptos transcritos se desprende en primer término, que un acto está consentido tácitamente porque contra ellos no se promovió el juicio de amparo dentro de los términos que señala la ley de la materia; asimismo, se obtiene que el término general para la interposición del juicio de amparo es de quince días, por lo que el cómputo de dicho término depende básicamente de la forma en que el quejoso se haya impuesto del acto reclamado; lo cual puede verificarse de tres maneras distintas: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso; o bien, b) Desde el día siguiente al en que haya tenido el quejoso conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o bien, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor. Estas tres hipótesis a su vez, requieren para su actualización de determinados requisitos. Por cuanto hace a la primera de ellas, es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, y con base en la fecha en que se realice tal notificación y surta sus efectos, comenzará a contarse el término general de quince días. Tratándose de las otras dos hipótesis que se desprenden del artículo 17 de la Ley de Amparo, su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; y por ende, no requieren de manera indispensable un acto de notificación sino más bien una serie de datos que se obtengan ya sea del expediente o de la demanda de amparo. Además, es necesario precisar que la actualización de alguna de las tres hipótesis legales que se desprenden del referido artículo 17 de la Ley de Amparo, puede acontecer de manera indistinta, de tal modo que el orden dado por el legislador a dichas hipótesis, no implica que una deba estudiarse prioritariamente antes que las otras, sino más bien, el juzgador debe optar por la que en el caso se actualice y conlleve a una causa de improcedencia cuyo estudio es preferente y oficioso, máxime si se toma en consideración que entre cada una de las hipótesis normativas en comento, el legislador estableció la conjunción "o", que no indica otra cosa más que la alternancia entre las diferentes hipótesis enunciadas. Establecido lo anterior, es preciso indicar que, atendiendo a la naturaleza de la resolución reclamada -que modificó el auto de término constitucional- el plazo para la promoción del juicio de amparo es de quince días, pues no se ubica dentro de los supuestos anotados en párrafos que anteceden (norma autoaplicativa; extradición; sentencia definitiva condenatoria penal que imponga pena de prisión; privativos de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal; o incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales). Sirve de apoyo a lo antes expuesto, por sus consideraciones, la jurisprudencia P.7J.12/2015 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al rubro y texto dice: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." En ese tenor, en el caso que nos ocupa, el quejoso Juan Carlos Machain Rodríguez en su demanda de amparo omitió manifestar bajo protesta de decir verdad la fecha en que le fue notificada la resolución reclamada, pues al efecto únicamente exhibió la cédula de notificación que fue fijada el día veintinueve de abril de dos mil diecinueve, en la entrada del inmueble del despacho del licenciado Carlos Flores Hernández, quien si bien fue nombrado por el inculpado -no privado de su libertad- para lo representara en el tribunal de alzada, aquél no compareció a aceptar el cargo conferido; empero, adverso a lo que menciona, de las constancias que obran en autos, se advierte que la notificación se llevó a cabo personalmente, por conducto de su defensor de oficio designado en segunda instancia, el doce de marzo de dos mil diecinueve, por lo que esta última data es la que debe tomarse en cuenta para el cómputo de la presentación de la demanda de amparo, y no la diversa que se advierte de la constancia de notificación que acompañó a su escrito de demanda. Máxime que no se desprende que la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, quien emitió la resolución reclamada, haya realizado una diversa notificación al impetrante del amparo, pues la efectuada mediante cédula de notificación el veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, según se advierte de autos, fue la que le realizó el Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, con sede en Pacho Viejo, en el proceso penal 25/2016, de su índice, respecto al proveído que emitió el veintitrés de abril del año en curso, en el que tuvo por recibido el oficio a través del cual dicha Sala le remitió copia certificada de la resolución de veinte de febrero de dos mil diecinueve, pronunciada en los autos del toca 684/2018-A, de su índice; empero, no se le notificó esta última, sino se insiste, el acuerdo en el que se tuvo por recibida la misma, y si bien, al reverso de la cédula respectiva se encuentran insertos los puntos resolutivos de la resolución reclamada, del auto dictado por el Juez no se advierte que haya ordenado notificar dicha resolución aunado a que la Sala responsable tampoco encomendó hacerlo de esa forma. Consecuentemente, contrariamente a lo que pretendió el solicitante del amparo, la notificación que exhibió a la demanda de amparo, no le dio a conocer la resolución que pretendió reclamar, sino únicamente, el acuerdo de aquella fecha. Por tanto, si el promovente del amparo esperó hasta el dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, para presentar la demanda de amparo indirecto ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, según se aprecia del sello respectivo, es inconcuso que lo hizo fuera del plazo de quince días hábiles con que contaba para hacerlo, toda vez que la aludida notificación surtió efectos en el mismo momento en que se efectúo y el término correspondiente empezó a transcurrir al día hábil siguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 85 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Veracruz, que dispone: "Artículo 85.- Los términos son improrrogables. Empiezan a correr desde el día siguiente al de la fecha de la notificación, salvo los casos que este Código señale expresamente.". De esta trascripción se deriva que los términos empiezan a correr desde el día siguiente al de cuando se realiza una notificación; de donde se sigue que las notificaciones que se practique surten sus efectos en el mismo momento en que se efectúan y el término correspondiente empieza a transcurrir al día hábil siguiente. Corrobora lo anterior el hecho de que en la legislación procesal penal no existe precepto legal alguno que determine con precisión el momento en que surten sus efectos las notificaciones que se realicen; de ahí que el precepto legal antes citado determina que los términos son improrrogables y que empezarán a correr desde el día siguiente al de la fecha de la notificación que se efectúe, es factible colegir que las notificaciones que se realicen en asuntos en materia penal surten sus efectos, como regla general, en el momento mismo en que se practican, siendo el momento a partir del cual se encuentran en aptitud de ejercer sus derechos inherentes al asunto que se notifica. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 11/2017 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO LA LEY QUE RIGE EL ACTO RECLAMADO NO ESTABLECE EL MOMENTO EN EL CUAL SURTEN EFECTOS LAS NOTIFICACIONES, DEBE ESTIMARSE QUE ELLO OCURRE EN EL INSTANTE MISMO DE LA NOTIFICACIÓN, POR LO QUE EL CÓMPUTO PARA LA PRESENTACIÓN DE AQUÉLLA INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE NOTIFICÓ EL ACTO Y ÉSTA SURTIÓ EFECTOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA MATERIA. El artículo 18 de la Ley de Amparo establece que el plazo para presentar la demanda de amparo se computará a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En relación con el primer supuesto, el surtimiento de efectos de las notificaciones al día siguiente al en que se practican no puede considerarse una regla general ni absoluta, pues está condicionada a lo que determine la ley que rige el acto reclamado. En esas condiciones, con frecuencia los preceptos en materia de notificaciones no regulan expresamente el momento en el que surten efectos, sin embargo, al hablar de plazos señalan que correrán a partir del día siguiente al de la fecha de notificación, lo que permite concluir que en este caso las notificaciones no surten sus efectos al día siguiente, sino el mismo día, sobre todo si se toma en cuenta que -por regla general- surten sus efectos de manera inmediata y no es posible prolongar el surtimiento de sus efectos por un día, si no lo dispuso expresamente el legislador; de ahí que en términos del precepto indicado, el cómputo del plazo para presentar la demanda de amparo inicia el día siguiente al de la notificación, sin que sea necesaria la existencia de una norma expresa que regule la manera en que surtirán efectos las notificaciones, pues basta con acudir a su naturaleza, así como a la interpretación armónica del ordenamiento, en relación con la forma en la que se computan los plazos, para determinar la teleología respecto al surtimiento de efectos de las diligencias aludidas." Así las cosas, el plazo de quince días hábiles con que contaba la parte quejosa para instaurar el juicio de amparo en su contra, transcurrió del trece de marzo al cuatro de abril de dos mil diecinueve; sin incluir en ese cómputo los días dieciséis, diecisiete, veintitrés, veinticuatro, treinta y treinta y uno, quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de marzo dos mil diecinueve, por ser sábados y domingos, e inhábiles para la interposición del juicio de amparo, conforme con lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Amparo vigente; así como el dieciocho y veintiuno del mismo mes y año, acorde con lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, en relación con el Acuerdo General 18/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo anterior, es indudable que la presentación de la demanda de amparo se realizó de manera extemporánea, lo cual se tradujo, como se dijo, en el consentimiento tácito de la resolución impugnada, configurándose así el motivo de improcedencia contenido en la fracción XIV del artículo 61, en vinculación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que da lugar al sobreseimiento en el juicio biinstancial de que se trata, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, del aludido ordenamiento legal. Apoya a la anterior determinación, por analogía, el criterio 1a.CCCLXXI/2015 (10a.), sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL HECHO DE QUE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL OMITA ANALIZAR EN EL ESTUDIO DE FONDO LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, AL CONSIDERAR QUE SE ACTUALIZÓ LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO IMPLICA UNA VIOLACIÓN AL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JUSTICIA. El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo vigente, establece que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos en el artículo 17, mismos que deberán ser computados de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Amparo vigente. Ahora bien, el hecho de que un órgano jurisdiccional no analice en el estudio de fondo los conceptos de violación al considerar que se ha actualizado la causal de sobreseimiento contemplada en el artículo 63, fracción IV, en relación con el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo vigente, no resulta violatorio del derecho fundamental de acceso a la justicia, toda vez que ello no implica imponer costos o dificultar el acceso del quejoso a un tribunal previamente establecido." No es óbice a lo anterior que el acto reclamado se hubiera notificado personalmente a la aquí disconforme por conducto del defensor de oficio designado en segunda instancia y no de manera directa, pues si bien en términos de lo dispuesto por el artículo 114 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz, las resoluciones distintas a las órdenes de aprehensión, cateos, providencias precautorias, aseguramientos u otras análogas donde el órgano jurisdiccional estime que debe guardarse sigilo para el éxito de la investigación, deben notificarse en forma personal al procesado o detenido, también lo es que el diverso numeral 115 del citado cuerpo normativo, contempla que no será necesaria la notificación personal del inculpado si autorizó a algún defensor para recibirlas en su nombre. Es decir, conforme a los citados numerales, si el inculpado está privado de su libertad, deben notificársele personalmente todas las resoluciones, a excepción de las indicadas en el numeral 114; y si se encuentra libre, puede notificársele por conducto de su abogado que al efecto hubiese señalado, a través de la notificación personal que se realice a éste. Y, en el caso concreto, por auto de quince de noviembre año en cita, al no haber comparecido el defensor voluntario a aceptar el cargo conferido a pesar de que fue notificado al efecto, se hizo efectivo el apercibimiento con el que fue conminado y se designó al licenciado Carlos Becerra Guevara, defensor de oficio adscrito a ese órgano jurisdiccional, ordenando se le hiciera saber su nombramiento a fin de que aceptara y protestara dicho cargo, lo que hizo mediante diligencia de esa misma fecha. En este contexto, si el tribunal de alzada, tuvo como defensor del inculpado al de oficio adscrito a dicho órgano colegiado, quien aceptó el cargo conferido tácitamente al firmar esa notificación, no se estaba en aptitud de notificar la resolución que se emitiera al resolver el medio de impugnación al diverso defensor voluntario Carlos Flores Hernández, quien aceptó el cargo el veintiocho de junio de dos mil dieciocho en el proceso de origen, puesto que no existía constancia de su designación y aceptación previa del cargo en el toca de apelación 1606/2016-A, ni que se hubiera hecho del conocimiento de la alzada el cambio de representación; por lo que, resulta evidente que dicho profesionista no tenía reconocido el carácter de defensor en el señalado toca, sino únicamente en el proceso penal y, por ende, tampoco la legitimación procesal para ser notificado en representación del inculpada ante la alzada. Sirve de apoyo a lo anterior, por sus consideraciones, la tesis XII.2o.3 P (10a.), sustentada por la Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, de rubro y texto siguiente: "DEFENSA ADECUADA. LA COMPARECENCIA A LA AUDIENCIA DE VISTA EN SEGUNDA INSTANCIA, DE UN DEFENSOR DE OFICIO DIVERSO AL PREVIAMENTE NOMBRADO, SIN MEDIAR LA DESIGNACIÓN DEL CARGO, SU ACEPTACIÓN Y NOTIFICACIÓN AL INCULPADO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS NORMAS DEL PROCEDIMIENTO QUE AFECTA ESE DERECHO FUNDAMENTAL. De la interpretación del artículo 20, apartado A, fracción IX (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008), se concluye que todo inculpado tiene el derecho fundamental de contar con una adecuada defensa durante el desarrollo del proceso penal, ya sea que lo realice por sí, a través de una persona de su confianza, abogado particular o defensor de oficio que le asigne el órgano jurisdiccional, en caso de no contar con alguno de los primeros, para que lo asista en cada una de las etapas procedimentales (preinstrucción, instrucción, audiencia de derecho en primera y de vista en segunda instancias), en las cuales deba participar. A su vez, el numeral 173, fracción XIII, de la Ley de Amparo prevé como una violación a las normas del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando el defensor no comparezca a todos los actos del proceso. En este contexto, si el tribunal de alzada, al notificar el auto admisorio del recurso de apelación, tuvo como defensor del inculpado al de oficio adscrito a dicho órgano, quien aceptó el cargo conferido tácitamente al firmar esa notificación y presentar los agravios correspondientes, pero en la celebración de la audiencia de vista, comparece en representación del imputado un diverso defensor de oficio, sin que exista constancia de su designación y aceptación previa del cargo, ni que se hubiera hecho del conocimiento de éste el cambio de representación; es evidente que dicho profesionista no tiene reconocido el carácter de defensor y, por ende, tampoco la legitimación procesal para intervenir en la audiencia de vista en representación del inculpado. En estas condiciones, la incomparecencia del defensor de oficio designado en primer término, constituye una violación a las normas del procedimiento penal prevista en el artículo 173, fracción XIII in fine de la citada ley, que afecta el mencionado derecho fundamental, ya que conforme a éste, es obligación del Estado garantizar que toda persona sujeta a un proceso penal pueda enterarse, por sí o por su defensor, de cada una de las actuaciones en las que interviene como parte, la naturaleza, el alcance de su participación y su finalidad, para que, con previo y pleno conocimiento de su actuación, se conduzca de la manera que crea adecuada en defensa de sus intereses y no esté ante una desigualdad procesal por carecer del asesoramiento legal necesario y le pueda crear incertidumbre sobre su situación jurídica; lo que no se satisface cuando en la propia audiencia de vista se sustituye a un defensor de oficio por otro para suplir la inasistencia del nombrado, pues el último no está en posibilidad de realizar una defensa eficaz, al no haber tenido tiempo suficiente para imponerse de las actuaciones que integran el proceso penal; además, el derecho constitucional de referencia, no constituye una mera formalidad sino la verdadera actuación diligente del Estado con el fin de proteger las garantías procesales del inculpado y evitar que sus derechos se vean lesionados." (Lo subrayado es propio) Por otro lado, no pasa desapercibido para el suscrito juzgador el criterio jurisprudencial 1a./J.48/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "FORMAL PRISIÓN. SI LA NOTIFICACIÓN DEL AUTO QUE LA DECRETA SE LLEVÓ A CABO EN DIVERSAS FECHAS AL INCULPADO Y A SU DEFENSOR, RESPECTIVAMENTE, EL PLAZO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE SE PRACTICÓ LA ÚLTIMA. De la interpretación conforme de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, se advierte que tratándose de un acto privativo de libertad derivado de un procedimiento penal, como el auto de formal prisión, rige el plazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo, y que existen tres hipótesis para el cómputo de los quince días para la presentación de la demanda respecto al acto o resolución que reclame el quejoso, una de ellas es a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación conforme a la ley del acto. En ese sentido, a la luz del principio pro persona contenido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si la legislación adjetiva aplicable posibilita que una determinación adversa al inculpado, pueda impugnarse por él o por su defensor, cuando la notificación de un auto de formal prisión al inculpado y a su defensor se llevó a cabo en diversas fechas, el plazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo debe computarse a partir de que se practicó aquella que le genere mayor beneficio al promovente privado de su libertad, es decir, la última de ellas, esto con la finalidad de maximizar la protección a favor del procesado y posibilitar un acceso integral a la jurisdicción constitucional, de conformidad con el principio pro persona." Pues éste no tiene aplicación al caso que se analiza, ya que como quedó expuesto con anterioridad, la resolución de veinte de febrero de dos mil diecinueve pronunciada por los Magistrados de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, no se ordenó notificar al inculpado Juan Carlos Machain Rodríguez y al defensor de oficio Carlos Becerra Guevara en diversas fechas, o en forma separada, sino que a través de dicho profesionista se ordenó la notificación del inculpado, por ser éste quien la representaba; de ahí, que no resulte aplicable al caso. Por tanto, ante la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto por los artículos 17 y 18 de la propia Ley de la materia, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, motivo por el cual, se hace innecesario abordar el examen de los conceptos de violación expresados por el impetrante de amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número 1028, de contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." De igual forma, conviene acotar que resulta innecesario estudiar si se actualiza alguna otra causa de improcedencia, en tanto que tal examen resultaría ocioso y a nada práctico conduciría, al respecto es aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución". También conviene indicar que no obsta para el sobreseimiento decretado, el hecho de que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no fue posible advertir su improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que integran el sumario y que fueron aportadas por las partes, de tal suerte que la admisión de la demanda de amparo no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, puesto que este Juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Al respecto, es ilustrativa la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito que se transcribe enseguida: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, mas dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías." Cabe destacar, que en la presente sentencia se citaron diversos criterios, los cuales, aunque fueron integrados conforme a la Ley de Amparo abrogada, siguen siendo aplicables de acuerdo a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, ya que en lo que en ellos se interpreta, no se opone a las disposiciones de la ley de la materia aplicable. QUINTO. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2 de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo posterior, expídase copia certificada de esta sentencia a la parte que lo solicite y acredite estar legitimada para ello, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos, para debida constancia. SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Finalmente, suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por lo antes expuesto y fundado se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 432/2019, promovido por Juan Carlos Machain Rodríguez, contra los actos reclamados a los Magistrados de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en los considerando cuatro de esta sentencia.
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SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Por lo antes expuesto y fundado se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 432/2019, promovido por Juan Carlos Machain Rodríguez, contra los actos reclamados a los Magistrados de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en los considerando cuatro de esta sentencia.
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Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la autoridad Fiscal Auxiliar Decimo Séptimo del Fiscal del Estado, con residencia en esta ciudad, a quien le asiste el carácter de tercera interesada en el presente asunto, mediante el cual acusa de recibo del oficio por el cual se le emplazó a juicio; al respecto, agréguese para que surta sus efectos legales.
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