Juan Carlos Lorenzo Gaspar
Expediente 754/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 754/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Juan Carlos Lorenzo Gaspar
Actuaciones
- Principal
I-Vista la certificación secretarial que antecede y el estado que guarda el presente juicio de amparo, conforme así lo permiten las cargas de trabajo debido a las condiciones de limitación de recursos humanos disponibles y la restricción de horario, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que señala el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que se hubiese recurrido el acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, mediante el cual este juzgado desechó la demanda de amparo, promovida por Juan Lorenzo Gaspar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente por disposición expresa del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, carátula del presente cuaderno, y en su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En consecuencia, en cumplimiento al artículo 21, inciso b) del Capítulo Octavo, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción después de los tres años siguientes a partir del presente acuerdo. De igual forma, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de valor jurídico o histórico y al no considerarse de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 15 del Capítulo Quinto, del citado acuerdo. Finalmente, vista la certificación de cuenta, se advierte que el presente expediente no contiene documentos originales que deban ser recogidos por las partes. Notifíquese por lista.
- Principal
I-Recepción de demanda Se tiene por recibido el oficio 1631-III proveniente del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, mediante el cual remite las constancias electrónicas referente al juicio de amparo indirecto 426/2022-III-B, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad; en razón de que mediante ejecutoria de veintinueve de julio de dos mil veintidós, declaró a dicho órgano jurisdiccional impedido para resolver el juicio de amparo indirecto antes citado; ello, por las razones que se exponen en el oficio de cuenta. Acúsese el recibo correspondiente. Ahora, toda vez que dicho cuerpo colegiado resolvió fundado el impedimento planteado por el secretario en funciones de Juez Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, para conocer del juicio de amparo indirecto 426/2022-III-B de su índice; con fundamento en los artículos 107, fracción IV, 43 de la Ley de Amparo y el numeral 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del asunto en comento. En consecuencia, realícese las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE] y en estricto acatamiento a la resolución de mérito, con la demanda de amparo de cuenta, se tiene a Juan Carlos Lorenzo Gaspar, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama del director del Centro de Reinserción Chetumal, y otra autoridad; se ordena formar expediente y registrarlo en el Libro de Gobierno bajo el número 754/2022-I. Desechamiento Antes de entrar al estudio de la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, es pertinente hacer notar lo que establece el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Congruente con lo anterior, se estima que la demanda de amparo que nos ocupa, deviene improcedente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, en atención a que tal dispositivo legal establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; (.)" De la fracción aludida se aprecia que deviene improcedente el juicio de amparo, contra actos que hayan sido materia de otro juicio que aún no se encuentre firme, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y actos reclamados, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Así, en el particular se actualiza la aludida causa de improcedencia en comento, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los términos del artículo 2° de la Ley de Amparo, es un hecho notorio para este órgano jurisdiccional la existencia del diverso juicio de amparo 723/2022-I, del índice de este juzgado, promovido por Juan Carlos Lorenzo Gaspar, en el que señaló como autoridades responsables al director del Centro de Reinserción Chetumal [CERESO Chetumal] y Dirección General de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, con residencia en Chetumal, Quintana Roo, los actos que hizo consistir en: "[.] 1. Omisión de brindar atención médica al quejoso Juan Carlos Lorenzo Gaspar, quien actualmente se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de Chetumal, Quintana Roo, dado que actualmente he sufrido de dolores muy fuertes, sin que reciba la atención adecuada. 2. Omisión de realizar las gestiones para que el quejoso reciba atención médica, ya sea realización de análisis o los estudios pertinentes para recibir la atención necesaria, y poder aliviar sus dolores fuertes, temiendo por mi vida. Resulta aplicable la jurisprudencia 2ª./J. 27/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 117, Tomo VI, Julio de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el rubro siguiente: "HECHO NOTORIO. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TAL, LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL PLENO O POR LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. Como los Ministros de la Suprema Corte de Justicia integran tanto el Pleno como las Salas, al resolver los juicios que a cada órgano corresponda, pueden válidamente invocar, de oficio, como hechos notorios, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las resoluciones que emitan aquéllos, como medio probatorio para fundar la ejecutoria correspondiente, sin que resulte necesaria la certificación de la misma, bastando que se tenga a la vista dicha ejecutoria, pues se trata de una facultad que les otorga la ley y que pueden ejercitar para resolver una contienda judicial". Así, de la demanda que da origen al presente expediente en que se actúa, se aprecia que la parte quejosa señaló como autoridades responsables al director del Centro de Reinserción Chetumal [CERESO Chetumal] y Dirección General de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad , con residencia en Chetumal, Quintana Roo, contra los mismos actos que reclamó en el diverso juicio de amparo 723/2022-I, respecto de lo cual cabe precisar, que el cinco de septiembre de dos mil veintidós, se recibió el oficio 16099/2022 proveniente del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal, mediante el cual remitió el juicio de amparo indirecto 426/2022-III de su estadística; en razón de que el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito en el Estado de Quintana Roo, mediante ejecutoria de veintinueve de julio de dos mil veintidós, declaró al órgano jurisdiccional oficiante impedido para resolver el juicio. Por ende, con fundamento en los artículos 107, fracción IV, 43 de la Ley de Amparo y el numeral 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento del asunto en comento y admitió dicha demanda de amparo. Por lo anterior, se llega a la convicción de que los actos reclamados en el presente juicio de amparo, son materia en otro diverso, radicado en este propio órgano jurisdiccional, como se dijo en líneas que anteceden. Lo cual, permite concluir que en el caso se actualiza la figura de litispendencia contemplado en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues existe en este órgano jurisdiccional un juicio de amparo pendiente de dictar sentencia, el cual se promovió por el mismo quejoso, en contra de autoridades idénticas, en el que además, se exponen las mismas reclamaciones. Resulta aplicable al caso, el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, visible en el: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, Enero de 1996, página 312, Tesis: XIX.2o.12 K, Tesis Aislada, Materia(s): Común), cuyo rubro y texto a la letra establecen: "LITISPENDENCIA EN MATERIA DE AMPARO. Por imperativo de la fracción III, del artículo 73, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, debe entenderse que la litispendencia en materia de amparo es formal y no material; de ahí, que resulta irrelevante el hecho de que en las demandas de amparo se pudieran haber planteado violaciones constitucionales diferentes, ya que ello no impide la configuración de la causal de improcedencia prevista en la fracción y precepto inicialmente citados, la cual sólo amerita la valoración de la identidad de los elementos formales: quejoso, acto reclamado y autoridad responsable". Así como la tesis de Tribunales Colegiados de Circuito, número III.2o.P.41 K, visible en la página 2791, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Tomo XXVII, Enero de 2008, en Materia Común, con el rubro y texto siguiente "LITISPENDENCIA EN AMPARO. SE ACTUALIZA DICHA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO EXISTIENDO UN JUICIO DE GARANTÍAS PENDIENTE DE RESOLVER LOS QUEJOSOS RECLAMAN EN UNO DIVERSO LOS MISMOS ACTOS Y CONTRA IDÉNTICAS AUTORIDADES Y OTRAS DIVERSAS, PERO ÉSTAS NIEGAN LOS QUE LES ATRIBUYEN. Si existiendo un juicio de amparo pendiente de resolver, los quejosos promueven un diverso juicio de garantías reclamando los mismos actos, contra las mismas autoridades y otras diversas, cuando estas últimas niegan los actos que se les atribuyen se actualiza la causa de improcedencia por litispendencia, prevista en el artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo, pues la litis constitucional que subsiste es idéntica en ambos juicios y la constitucionalidad de los actos reclamados solamente puede analizarse en una sola ocasión." De igual manera, cobra aplicación la tesis emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, página 3029, registro 2019187, que en su rubro y texto dice: "LITISPENDENCIA. CASOS EN QUE SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. La causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que comúnmente se conoce como litispendencia, pretende evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Esto es, el juicio de amparo será improcedente por litispendencia, cuando exista otro juicio en trámite o pendiente de resolución -en primera o segunda instancia-, y se promueva una segunda o ulterior demanda de amparo: por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto o norma general. En este caso, basta que se reúnan los anteriores requisitos para que el amparo sea improcedente aunque las violaciones que se aduzcan sean distintas. Esto es, no constituye un requisito indispensable que se trate de demandas de amparo idénticas. Entendiéndose por juicio de amparo en trámite, aquel asunto que ya ha sido promovido y que no se ha resuelto en definitiva, o si se trata de un juicio de amparo cuya sentencia admita la procedencia del recurso de revisión, se encuentre transcurriendo el plazo para su interposición, o bien, que ya se haya interpuesto dicho recurso y no haya sido resuelto a la fecha de presentación de la segunda o ulterior demanda con las características señaladas. También puede actualizarse esta causa de improcedencia aunque al señalarse autoridades ejecutoras, éstas sean distintas a las designadas en el amparo anterior; ello, siempre que los actos reclamados a dichas ejecutoras sólo se impugnen como consecuencia de los actos que se atribuyen a la autoridad ordenadora y no por vicios propios pues, en caso contrario, respecto de los actos de ejecución no operaría la hipótesis legal relativa. Un aspecto importante a destacar lo constituye el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que esta causa de improcedencia también se actualiza cuando en una segunda demanda de amparo se combaten actos que, sin ser los mismos que los reclamados en la demanda presentada en primer término, realmente sólo constituyen las consecuencias legales de los reclamados en ésta. En este contexto, sólo podrá presentarse una segunda demanda de amparo contra actos que son una consecuencia legal de los reclamados en la primera demanda, si se tuvo conocimiento de aquéllos con posterioridad de los originalmente reclamados y ya no se pudo ampliar la demanda por haberse celebrado la audiencia constitucional. Por tanto, si no se cumplen estos últimos requisitos, la demanda de amparo contra actos que no son sino la consecuencia legal de otro que se encuentra en trámite, será improcedente." Sin que se estime necesario agregar a los autos las copias de las constancias del juicio de amparo 723/2022-I, que se está tramitando ante este Juzgado, pues se hace constar que se tienen a la vista las constancias citadas del expediente. Sirve de apoyo al anterior razonamiento la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable con el número de registro IUS 172,215, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Junio de 2007, Novena Época, Tesis: 2a./J. 103/2007, página 285, de rubro y texto que se citan a continuación: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." Así las cosas, ante la manifiesta e indudable presencia de la invocada causal de improcedencia, lo procedente es desechar la demanda de amparo promovida por Juan Carlos Lorenzo Gaspar; lo anterior con fundamento en el artículo 113 de la Ley de la Materia. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la Jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII del mes de mayo de 1998, con el rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Cabe resaltar que el estudio de las causales de improcedencia, de ninguna forma afecta el derecho a una tutela judicial efectiva, incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que para que exista un recurso efectivo, debe ser idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y establecer lo conducente para remediarlo; pero en el derecho interno existen condiciones que deben observarse para garantizarlos, como criterios de admisibilidad del recurso o relativos al estudio de fondo del mismo, porque por seguridad jurídica, es dable establecerlos para una correcta y funcional administración de justicia y consecuente protección de derechos; sin que ello implique una violación al derecho de acceso a un recurso judicial efectivo. Lo anterior es acorde, con la tesis 1a. CCLXXV/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, visible en la página 525, del tenor. "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano". Por tanto, el incumplimiento de las condiciones necesarias para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes, no constituye, en sí mismo, una denegación de justicia, máxime que permitir el acceso en todo momento al juicio de amparo, generaría inseguridad jurídica en detrimento del propio derecho fundamental de acceso a la justicia. Domicilio procesal Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala en su escrito de demanda. Habilitación de días y horas inhábiles A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17, Constitucional, con fundamento en el arábigo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Protección de datos personales y transparencia Con fundamento en el artículo 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena la protección de los datos personales y la información relativa a la vida privada de los particulares, en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en este expediente, en caso de su requerimiento vía solicitud de acceso a la información, no obstante que las partes no se opongan a la publicación de los datos personales. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad correspondiente.
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