Juan Carlos López Rodríguez

Expediente 528/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
528/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
02/12/2020

Partes del expediente

  • Juan Carlos López Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    ... Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 25/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Ejecutoria Vista la certificación que antecede y en atención a que la Secretaria certifica que revisó el Libro de Oficialía de Partes de este Juzgado y constató que del seis al veintitrés de noviembre de dos mil veinte, transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia dictada el veintiocho de octubre del año en curso, sin que hayan hecho uso del recurso de revisión a que se alude; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 2° de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a dicho ordenamiento, se declara que la citada resolución ha causado ejecutoria. Archivo En tales condiciones, háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este Juzgado y del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. Lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes De conformidad con el Artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se decretó el sobreseimiento, no existen documentos originales y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental amerite su conservación. Hágase la anotación en la carátula del expediente, de que es susceptible de destrucción. Una vez transcurrido el plazo de tres años establecido en el punto Décimo Primero del Acuerdo en comento, remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte, previo las anotaciones a que se refiere el párrafo segundo de dicho punto. Notifíquese...

  2. Principal

    veintiocho de octubre de dos mil veinte José Ángel Hernández Pérez, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, certifica y hace constar: Que habiendo revisado en la propia fecha la Oficialía de Partes del Juzgado de mí adscripción, no se encontró promoción alguna, en la que, con la anticipación de hasta tres días hábiles anteriores a la señalada para la celebración de la audiencia constitucional, las partes proporcionaran un correo electrónico y el nombre de la, o las personas que acudirán por vía electrónica en su representación; Que una vez verificado con el Secretario de Guardia del Juzgado, ninguna de las partes entabló comunicación con la finalidad de comparecer a la audiencia fijada para el día de la fecha. Lo que se hace constar, en la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de octubre de dos mil veinte. Doy Fe. José Ángel Hernández Pérez Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado. En San Luis Potosí, capital, a las once horas con dieciséis minutos del veintiocho de octubre de dos mil veinte, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 528/2020-9, ante Fabiola Delgado Trejo, Juez Primero de Distrito en el Estado y Secretario con quien actúa y autoriza José Ángel Hernández Pérez, se declaró abierta sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el Secretario hace relación de las actuaciones existentes en autos, consistentes en auto de admisión, e informes justificados. Finalmente, se da cuenta con la certificación del Secretario de esta fecha, en la que hace constar: 1) Que habiendo revisado en la propia fecha la Oficialía de Partes del Juzgado de mí adscripción, no se encontró promoción alguna, en la que, con la anticipación de hasta tres días hábiles anteriores a la señalada para la celebración de la audiencia constitucional, las partes proporcionaran un correo electrónico y el nombre de la, o las personas que acudirán por vía electrónica en su representación. 2) Que una vez verificado con el Secretario de Guardia del Juzgado, ninguna de las partes entabló comunicación con la finalidad de comparecer a la audiencia fijada para el día de la fecha. A lo anterior la Juez acuerda, téngase hecha la relación que antecede, la que será considerada al resolver el presente asunto. En cuanto a la certificación secretarial de cuenta, la Juez acuerda: Se tiene por perdido el derecho de las partes para comparecer a la audiencia mediante el uso de videoconferencia, en consecuencia, la presente audiencia se desahoga sin su asistencia y, por ende, se celebra vía remota y por escrito. Abierto el período de pruebas, el Secretario da cuenta con las documentales que ofertó la parte quejosa (fojas 19 a 27), y por el Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí (fojas 73 y 74), y se da cuenta con la circunstancia de que las demás partes no hicieron uso de ese derecho. Disponiendo la Juez que: de conformidad con lo dispuesto por los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las probanzas reseñadas, dada su propia especial naturaleza, por lo cual, se da por concluido el periodo probatorio. Abierto el período de alegatos, el Secretario hace constar que las partes no presentaron alegatos, y que la agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado presentó pedimento (foja 52). Por ello la Juez dispuso: Téngase precluido el derecho de las partes para alegar y por reproducido el alegato ministerial de cuenta, el cual podrá ser tomado en consideración al resolver. Al no haber diversas manifestaciones que relacionar, se declara el cierre del presente período. Acto continuo, el Secretario hace constar que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y que, por tanto, está debidamente integrado para emitir la resolución que en derecho corresponda. Ante ello, la Juez determina, al no haber diligencias pendientes por desahogar, y estando debidamente integrado el expediente, se levanta la presente acta y se procede a dictar sentencia. SENTENCIA Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo número 528/2020-9, promovido por Fermín Eduardo García Flores, apoderado de Juan Carlos López Rodríguez, contra actos del Congreso del Estado y otras autoridades. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el veinte de agosto de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta capital, turnado el mismo día a este juzgado, Fermín Eduardo García Flores, apoderado de Juan Carlos López Rodríguez, promovió amparo indirecto en contra de las autoridades y por los actos siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: a) Como Autoridades Responsables Ordenadoras: 1. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. 2. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. b) Como Autoridades Responsables Ejecutoras: 1. DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. 2. DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN Y POLÍTICA FISCAL DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ." "IV.- ACTOS RECLAMADOS. De las responsables se reclaman: Respecto de la autoridad ordenadora Congreso del Estado: A) El proceso legislativo, consistente en el inicio, discusión, aprobación y expedición del decreto por el que se aprobó la Ley de Hacienda del Estado de San Luis Potosí, concretamente por cuanto hace a los artículos 40, fracción I, inciso a), y 93, que establecen que el monto a pagar por concepto de inscripción de títulos de propiedad de bienes inmuebles se causará con base en el avalúo o revalúo catastral o a razón del dos punto cinco al millar sobre el excedente y que los derechos se incrementarán en una tasa del veinticinco por ciento para ser destinados a instituciones que proporciones asistencia social. Respecto a la autoridad ordenadora Gobernador Constitucional del Estado: B) La expedición, promulgación y publicación del decreto por el que se aprobó la Ley de Hacienda del Estado de San Luis Potosí, concretamente por cuanto hace a los artículos 40, fracción I, inciso a), y 93, que establecen que el monto a pagar por concepto de inscripción de títulos de propiedad de bienes inmuebles se causará con base en el avalúo o revalúo catastral o a razón del dos punto cinco al millar sobre el excedente y que los derechos se incrementarán en una tasa del veinticinco por ciento para ser destinados a instituciones que proporciones asistencia social. ACTO RECLAMADO A TODAS LAS AUTORIDADES ORDENADORAS El cobro de los derechos de inscripción de Instrumentos Jurídicos a mi representada por la cantidad de $89,063.00 (ochenta y nueve mil sesenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional), así como el pago de Asistencia Social por la cantidad de $22,266.00 (veintidós mil doscientos sesenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional), sumando un total de $111,329.00 (ciento once mil trescientos veintinueve pesos 00/100 Moneda Nacional), con el recibo con folio 11-12187202, expedido por la Dirección de Recaudación y Política Fiscal de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, de fecha de pago 13 trece de marzo de 2020 dos mil veinte, en relación con la aplicación del artículo 40, fracción I, inciso a) y 93 de la Ley de Hacienda del Estado de San Luis Potosí. RELATIVO A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS: La ejecución del cobro de derechos de inscripción de Instrumentos Jurídicos a mi representada por la cantidad de $89,063.00 (ochenta y nueve mil sesenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional), así como el pago de Asistencia Social por la cantidad de $22,266.00 (veintidós mil doscientos sesenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional), sumando un total de $111,329.00 (ciento once mil trescientos veintinueve pesos 00/100 Moneda Nacional), con el recibo con folio 11-12187202, expedido por la Dirección de Recaudación y Política Fiscal de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, de fecha de pago 13 trece de marzo de 2020 dos mil veinte, en relación con la aplicación del artículo 40, fracción I, inciso a) y 93 de la Ley de Hacienda del Estado de San Luis Potosí." SEGUNDO. Derechos fundamentales. La parte quejosa narró los antecedentes del caso; formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes; y citó como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 31 fracción IV, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite. En proveído de veinticuatro de agosto de dos mi veinte, la titular del Juzgado, admitió la demanda bajo el expediente 528/2020-9, requirió a las autoridades responsables por los informes justificados, dio la intervención al Ministerio Público de la Federación y seguido los trámites de ley, celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que precede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 94, primero párrafo, 103, fracción I, y 107, fracciones II y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; y 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito. Lo anterior, porque a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos cuyos efectos se materializaron en el territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Oportunidad en la presentación de la demanda. La parte quejosa afirma que conoció el acto reclamado el trece de marzo de dos mil veinte (foja 7). Es un hecho de dominio público que derivado de la contingencia sanitaria derivada de la pandemia generada por el virus COVID-19, los plazos procesales fueron suspendidos el diecisiete de marzo de dos mil veinte, acorde con los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020, todos emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, con base en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se determinó que los plazos procesales serian reanudados a partir del tres de agosto de dos mil veinte. Como se dijo, el quejoso conoció el acto reclamado el trece de marzo de dos mil veinte, el primer día hábil posterior a la suspensión detallada en párrafos anteriores, fue el tres de agosto de dos mil veinte, fecha en que inició el plazo de quince de días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, para que el promovente presentara su demanda de amparo; el cual feneció el veintiuno del propio mes y año. Entonces, si el libelo constitucional se presentó el veinte de agosto de dos mil veinte, o sea, catorce días hábiles posteriores, que se levantó la suspensión de plazos, es inconcuso que se promovió dentro del lapso legal. TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Conforme con lo previsto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados en el presente juicio son: Del Congreso y Gobernador, ambos del Estado de San Luis Potosí, en sus respectivos ámbitos de competencia, el inicio, discusión, aprobación, expedición, promulgación y publicación, de los artículos 40, fracción I, inciso a), y 93, de la Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí, publicado en Periódico Oficial del Estado el dieciséis de marzo de dos mil diecisiete. Acto materializado, según el dicho del quejoso, en el recibo de pago FOLIO 11-12187202, expedido el trece de marzo de dos mil veinte (foja 23). De la Dirección General de Ingresos y Dirección de Recaudación y Política Fiscal dependiente de la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado De San Luis; la aplicación de los artículos 40, fracción I, inciso a), y 93, de la Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí, publicado en Periódico Oficial del Estado el dieciséis de marzo de dos mil diecisiete. Acto materializado, según el dicho del quejoso, en el recibo de pago FOLIO 11-12187202, expedido el trece de marzo de dos mil veinte (foja 23). CUARTO. Actos inexistentes. La Dirección General de Ingresos y Dirección de Recaudación y Política Fiscal dependiente de la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado De San Luis, al rendir sus informes justificados, por conducto del Procurador Fiscal del Estado, aceptó la existencia de los actos reclamados (foja 63). Sin embargo, tal negativa está desvirtuada con las constancias del presente expediente, porque las referidas autoridades responsables no desplegaron ninguna acción para hacer efectivas las cantidades amparadas en el recibo de pago FOLIO 11-12187202, expedido el trece de marzo de dos mil veinte (foja 23) sino que ello derivo del pago voluntario de la contribución impugnada, reflejado en el recibo de entero referido, cuya imagen digitalizada se inserta a continuación: Lo anterior revela la falta de actuación por parte de las referidas autoridades responsables ejecutoras, pues el reclamo deriva del pago voluntario de la carga tributaria tildada de inconstitucional -autoliquidación-, lo que robustece la inexistencia decretada. Orienta a la anterior consideración, la tesis de jurisprudencia 35, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 3609, del Tomo II. Procesal Constitucional 2. Amparo contra leyes Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Procedencia del amparo indirecto contra leyes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-septiembre 2011, del tenor siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora." Al quedar demostrada la inexistencia del acto de aplicación reclamado, procede sobreseer en este juicio de amparo, por lo que hace a los actos reclamados de Dirección General de Ingresos y Dirección de Recaudación y Política Fiscal dependiente de la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado De San Luis, en términos del artículo 64, fracción IV, de la Ley de Amparo. QUINTO. Certeza de actos. Por otra parte, son ciertos los actos reclamados al Congreso del Estado (fojas 81 a 91), y Gobernador del Estado de San Luis Potosí (fojas 59 a 61), en sus respectivos ámbitos de competencia, el inicio, discusión, aprobación, expedición, promulgación y publicación, de los artículos 40, fracción I, inciso a), y 93, de la Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí, publicado en Periódico Oficial del Estado el dieciséis de marzo de dos mil diecisiete; pues así se desprende de las manifestaciones vertidas en sus informes justificados correspondientes. Además, la certeza de tales actos deriva del hecho de que se trata de actos legislativos, los cuales no son objeto de prueba. Cobra aplicación, la tesis localizable en la página 15, Volumen 65, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguientes: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." Así como la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, página 260, del tenor siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no pueda argüir desconocerlo." Certeza que se corrobora con las documentales que respectivamente allegaron al juicio las autoridades responsables en mención, a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición de su numeral 2°, al tratarse de documentos expedidos por funcionarios públicos, en ejercicio de sus atribuciones. SEXTO. Improcedencia. La parte quejosa cuestiona la constitucionalidad de los artículos 40, fracción I, inciso a), y 93, de la Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí, publicado en Periódico Oficial del Estado el dieciséis de marzo de dos mil diecisiete. Tal impugnación, según dicho del promovente, surge con motivo del primer acto de aplicación, el cual afirma está materializado con el recibo de pago FOLIO 11-12187202, de trece de marzo de dos mil veinte, expedido por la Dirección de Recaudación y Política Fiscal de la Dirección General de Ingresos, de la Secretaría de Finanzas del estado de San Luis Potosí. En libelo, el quejoso sostiene que el siete de marzo de dos mil veinte, ante la fe del Notario Público número 26, con ejercicio en esta ciudad, se protocolizó el instrumento veintiocho mil trescientos ochenta y cuatro, tomo quinientos sesenta y siete, relativo al contrato de compraventa celebrado por Andrés de los Santos Pizzuto, como vendedor y Juan Carlos López Rodríguez como comprador, lo que está acreditado con la copia certificada del referido instrumento que obra agregada a fojas 19 a 22. Asimismo, el promovente afirma que derivado de la traslación contenida en el instrumento notarial citado, el trece de marzo de dos mil veinte, realizó el pago de la contribución impuesta en los artículos 40, fracción I, inciso a), y 93, de la Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí, publicado en Periódico Oficial del Estado el dieciséis de marzo de dos mil diecisiete; lo que está consignado en el el recibo de pago FOLIO 11-12187202. En ese orden, sostiene que el referido recibo de pago constituye el primer acto de aplicación de la ley reclamada. Precisado lo anterior, en el presente juicio se reclama una ley con motivo de su aplicación concreta, entonces, previamente debe analizarse si la instancia constitucional procede respecto el acto de aplicación impugnado, pues de lo contrario, traería como consecuencia el sobreseimiento en función de la norma reclamada, ya que ésta no puede desvincularse del acto que concierne a su aplicación. Apoya lo expuesto, la tesis 348, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 4034, del Tomo II, Procesal Constitucional 2. Amparo contra leyes, Primera Parte -SCJN Sexta Sección- Sentencias en amparo contra leyes y sus efectos, Materia Constitucional, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- Septiembre 2011, que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." Actualización de una causa de improcedencia respecto del acto referido como el primero de aplicación de la norma reclamada. En el caso, quien hoy resuelve, de oficio advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo y fracción invocada informan la improcedencia del juicio de amparo contra actos que no afecten la esfera jurídica del quejoso. Conforme al citado numeral y al artículo 107, fracción I, de la Carta Magna, para la procedencia del juicio de amparo se requiere que el acto reclamado a autoridad del orden jurisdiccional, incida de manera directa e inmediata sobre la esfera jurídica del gobernado. Esa afectación requiere de la demostración, por parte de quien acude en demanda de amparo, de la titularidad y afectación de un derecho con motivo del acto desplegado por la autoridad responsable, de tal manera que, si no se acredita el menoscabo directo e inmediato de ese derecho, no habrá interés jurídico para ejercer la acción constitucional. Cobra aplicación a las anteriores consideraciones la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 225, tomo XXVII, Enero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Acto de aplicación La parte quejosa para demostrar la aplicación de la norma reclamada, aportó como prueba toral el recibo FOLIO 11-12187202, de trece de marzo de dos mil veinte, cuya imagen digitalizada será insertada a continuación para una mejor apreciación, el cual obra agregado a fojas 23 y 74: La documental cuya imagen fuer insertada en forma digital es insuficientes para demostrar que el quejoso Juan Carlos López Rodríguez realizó el pago descrito en el referido recibo, por conceptos de "4312 Inscripción Inst. Jurídicos Re" y "4319 Asistencia Social", pues según lo en él asentado, dicho pago lo realizó un tercero, una persona moral, a saber: "A A DE SAN LUIS S.A. DE C.V. ASL090121AJ8" Sin que en los autos exista prueba que acredite que entre la persona moral que realizó y el aquí quejoso existe alguna relación, o bien, que el FOLIO 11-12187202, corresponde al pago de la inscripción del instrumento generado el siete de marzo de dos mil veinte, ante la fe del Notario Público número 26, con ejercicio en esta ciudad, instrumento veintiocho mil trescientos ochenta y cuatro, tomo quinientos sesenta y siete, relativo al contrato de compraventa celebrado por Andrés de los Santos Pizzuto, como vendedor y Juan Carlos López Rodríguez como comprador. Entonces, tal documento, para los efectos del presente juicio de amparo, es insuficiente para demostrar que el FOLIO 11-12187202, corresponde a la inscripción del instrumento celebrado por el aquí quejoso. Lo expuesto está robustecido con el oficio SF/DGI/SRPF/DCI-196/2020, que se adjuntó como prueba en el informe justificado rendido por el Procurador Fiscal, signado por el Director de Recaudación y Política Fiscal de la Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosí, en el que dicha autoridad afirmó que no existe registro de que el aquí quejoso Juan Carlos López Rodríguez, haya realizado algún pago por dicho concepto (foja 73). Por tanto, es inconcuso que en el presente juicio el quejoso no aportó prueba que revele la existencia del acto en que sostiene le fue aplicada la ley reclamada, lo que impone el sobreseimiento del presente juicio de amparo. En las relatadas condiciones, al estar demostrada la improcedencia del juicio de amparo indirecto instaurado por el quejoso respecto del acto de aplicación, en el que adujó le fue aplicado en los artículos 40, fracción I, inciso a), y 93, de la Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí, publicado en Periódico Oficial del Estado el dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, de acuerdo con lo señalado por la fracción V del artículo 63, en relación con lo establecido por los ordinales 63, fracción IV, 61, fracción XXIII, 61, fracción XIV, en relación con el ordinal 107, fracción I, inciso d), interpretado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, igual consideración -sobreseimiento- rige respecto del estudio de dicha norma, ya que no pueden desvincularse del acto de aplicación, en virtud de que éste es precisamente el que causa perjuicio al particular, y no el ordenamiento general por sí solo, considerado en abstracto. Lo anterior, encuentra sustento en la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 27 del Semanario Judicial de la Federación, tomo 217-228 Primera Parte, de la Séptima Época, que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL ACTO DE APLICACION. DETERMINA EL SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO. Cuando se promueve el juicio de garantías contra una ley o un reglamento con motivo de actos de aplicación, no puede desvincularse el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, pues éste es precisamente el que causa perjuicio al particular y no la ley o el reglamento por sí solos, considerados en abstracto. La vinculación estrecha entre el ordenamiento y el acto de aplicación impide examinar al primero prescindiendo del otro, salvo cuando se trata de leyes autoaplicativas, pues la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación comprende a la ley o reglamento. En consecuencia, si se actualiza la hipótesis del artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, respecto del acto de aplicación de la ley y los reglamentos impugnados, procede sobreseer en el juicio respecto de dicho acto, con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de la materia, y al ser improcedente el juicio respecto del acto de aplicación debe también decretarse el sobreseimiento respecto de los ordenamientos en los que se apoya." Así como la tesis 149, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 3750, del Tomo II. Procesal Constitucional 2. Amparo contra leyes Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Procedencia del amparo indirecto contra leyes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, que dice: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 65, 73, 74, 76, y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 528/2020-9, promovido por Fermín Eduardo García Flores, apoderado de Juan Carlos López Rodríguez, contra los actos y autoridades precisados en el considerando tercero, por los motivos expuestos en los considerandos cuarto y sexto de esta sentencia. Notifíquese.

  3. Principal

    Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio del que se observa que el informe justificado rendido por la Presidenta de la Directiva del Congreso del Estado de San Luis Potosí, no fue rendido con la anticipación de ocho días a que alude el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes se impongan de su contenido; en estas condiciones, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar, se fijan las ONCE HORAS CON DIECISÉIS MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, para que tenga verificativo.... En el entendido de que el desahogo de la misma será de acuerdo a los lineamientos y especificaciones fijados en el diverso acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil veinte. Se reitera a las partes que su asistencia a tal audiencia no es obligatoria, dado que la ley de la materia lo establece como una posibilidad, no como una carga procesal. Notifíquese.

  4. Principal

    Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Informe justificado Agréguese a los autos para que obren como corresponda, el informe justificado rendido por la Presidenta de la Directiva del Congreso del Estado de San Luis Potosí; en el cual reconoce la existencia del acto reclamado, consistentes en la discusión aprobación y expedición de los artículos 40 fracciones I, inciso a), y 93 de la Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí, publicado en el Periódico Oficial del Estado el dieciséis de marzo de dos mil diecisiete. Vista informe Con el contenido del mismo, dese vista a las partes para todos los efectos legales procedentes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de dar nueva cuenta en la audiencia constitucional. Delegados y domicilio Como lo solicita la responsable, ténganse como delegados a los profesionistas que señala, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de la materia, y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa. Correo y teléfono Como lo insta la autoridad de mérito se le tiene proporcionando como medio de contacto alterno, el correo institucional electrónico y teléfonos siguientes: ajuridicos@congresosanluis.gob.mx 44 41 34 69 74 a cargo de Graciela Navarro Castorena 44 41 71 49 75 a cargo de Noé Yair López García. Lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

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