Juan Carlos López Robles

Expediente 514/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
514/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
22/10/2020

Partes del expediente

  • Juan Carlos López Robles

Actuaciones

  1. Principal

    V... Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que no interpuso recurso de queja en el término de cinco días a que se refieren los artículos 97 fracción I, inciso a) y 98 ambos de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que ha causado estado el auto por el cual se desechó la demanda. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente asunto. De conformidad con el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de destrucción; por lo tanto, una vez transcurridos más de tres años a partir de esta fecha, procédase a ello, conforme a los lineamientos que establece el acuerdo en cuestión ...

  2. Principal

    V... Naucalpan de Juárez, Estado de México; seis de octubre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede de la cual se advierte que la parte quejosa no desahogó la prevención formulada el dos de septiembre de dos mil veinte, por lo que se hace efectivo el apercibimiento y se tiene por no presentada la demanda por lo que hace a las personas que Juan Carlos López Robles adujo representaba, por lo que se provee lo conducente únicamente por lo que hace a dicho quejoso, por propio derecho. Ahora, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Así, de la lectura integral del escrito inicial y de desahogo, se advierte que se debe desechar la demanda, al suscitarse la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. La fracción de referencia, alude a que el juicio se tornará improcedente, cuando se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales resulte procedente algún recurso, juicio o medio de defensa legal, a través del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, o bien, que deban ser revisados de oficio, de conformidad con las leyes por las cuales se rijan, siempre y cuando, atento a los ordenamientos que prevean dichos medios de defensa, se suspendan los efectos de los actos impugnados, sin que se exijan mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder su suspensión; ello, con independencia de que el acto sea susceptible de ser suspendido de acuerdo a la propia ley de la materia. En la inteligencia de que no existirá tal obligación de agotar tales medios de defensa cuando el acto reclamado carezca de fundamentación. Es decir, el amparo en materia administrativa únicamente será procedente cuando previamente se hayan agotado los recursos o medios de defensa legales que pudieren revocar, modificar o nulificar el acto reclamado; sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la ley de la materia para el otorgamiento de la suspensión; salvo la excepción prevista por la propia ley de la materia, como cuando el acto reclamado adolezca de fundamentación; todo ello, atendiendo al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Ahora bien, el promovente reclama el oficio 22202001010002L/1510/2020, de once de agosto del presente año, signado por el Director General Jurídico y Consultivo, mediante el cual se dio contestación a un escrito de petición formulado al Gobernador del Estado de México. En este sentido, conforme a lo analizado previamente a la instauración de este juicio de amparo, el quejoso debió agotar los recursos previstos por el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que en los artículos 186, 187, 229, 230 fracciones I, II y III, 231, 254 y 255, no prevén mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado. En ese orden de ideas, resulta evidente que en la especie no se cumplió con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, ya que el promovente no agotó el recurso administrativo de inconformidad, ni el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, tal como lo establecen los numerales aludidos; por lo que resulta manifiesto e indudable que se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere la precitada fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. En ese contexto, el juicio contencioso o los recursos previstos en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, deben agotarse antes de promover el presente juicio, al no establecer dicho ordenamiento mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión, salvo que se actualice alguna excepción al principio de definitividad, lo que en el caso no acontece, pues se reclama la contestación al derecho de petición que formuló; además, en el oficio que se reclama se citaron diversos artículos para sustentar la respuesta otorgada al quejoso, por lo cual dicho acto no carece en forma total de fundamentación. En ese tenor, el hecho de que el acto reclamado pudiera ser de imposible reparación, no implica que deba dejar de cumplir con el principio de definitividad. Lo anterior, porque la irreparabilidad de un acto se relaciona con la afectación que produce en el conjunto de derechos del gobernado, concepto que es autónomo e independiente a la regla de definitividad que se analiza, que tiene que ver con la inexistencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en su contra en la ley aplicable. Por lo expuesto, es innegable que el quejoso no se ubica en la excepción al principio de definitividad en materia administrativa, toda vez que si bien puede promoverse en forma inmediata el juicio de amparo, sin agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley señale, cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República, pero sólo cuando se plantea exclusivamente ese tipo de violaciones, y no así cuando el estudio de constitucionalidad del acto reclamado depende del análisis previo de su aspecto de legalidad. Sostener el criterio contrario, propiciaría el abuso del juicio, haciendo nugatorio el principio de definitividad que consagra el artículo 61, fracción XX de la Ley reglamentaria de los Artículo 103 y 107 Constitucionales, pues bastaría aducir alguna o algunas violaciones directas a la Constitución Federal, para hacer procedente el juicio biinstancial obligando a la autoridad judicial que debe conocer de aquél, al estudio de las violaciones de mera legalidad, sin que antes hayan sido materia de análisis en el recurso o medio de defensa correspondiente; es decir, sin que hayan quedado establecidas esas conculcaciones con el carácter de definitivas. Así, al poner de manifiesto que la parte quejosa hace valer cuestiones de legalidad o violaciones indirectas a la Constitución Federal, es evidente que no opera excepción alguna al principio de definitividad en términos de lo señalado en la fracción aludida. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción 61, fracción XX de la Ley de Amparo, se desecha la demanda. Finalmente, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la información gubernamental es pública y los particulares tendrán acceso a ella y consecuentemente el Poder Judicial de la Federación como órgano del Estado está obligado a publicar las sentencias que emita una vez que hayan causado ejecutoria, hágase saber a las partes el derecho que tienen para oponerse a que se incluyan sus datos personales cuando se realice la publicación de que se habla; comuníqueseles que en caso de que llegaren a oponerse a la inclusión de sus datos personales, tal solicitud será calificada por la unidad administrativa que los tenga bajo su resguardo, quien determinará si es procedente o no, por contener información que se considere reservada, y en el primer supuesto, la versión pública de la sentencia aparecerá sólo con sus nombres sin incluir sus datos personales; y finalmente, infórmeseles que en caso de que la sentencia pudiera afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable a los interesados al publicarse la sentencia ejecutoria únicamente se insertarán sus nombres sin sus datos personales, y en tal caso, no se requiere de su oposición expresa.

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