Juan Carlos Lopez Luna

Expediente 864/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 11 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
864/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
11/04/2023

Partes del expediente

  • Juan Carlos Lopez Luna
  • Lic. Blanca Estrella Hernandez Solis, Juez de Control Especializado En Ejecucion del Poder Jucial, En Tecate, Baja California

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, once de abril de dos mil veintitrés. Imposibilidad actuarial. Vista la constancia actuarial de cuenta, se advierte la imposibilidad que tuvo la fedataria judicial para notificar el auto de treinta de marzo del año en curso, al quejoso Juan Carlos López Lunas, toda vez que al constituirse en las instalaciones del Centro de Reinserción Social El Hongo I, en la ciudad de Tecate, Baja California, le fue informado que el citado impetrante fue puesto en libertad el siete de marzo pasado. Atento a ello, y toda vez que de los autos no se advierte un diverso domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones en está cuidad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27 fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena realizarle por lista la notificación del proveído de treinta de marzo del año en curso, del presente acuerdo y los subsecuentes, aun las de carácter personal, en términos del numeral 26, fracción III de la ley de la materia. Notifíquese.

  2. Principal

    SE NOTIFICA AL QUEJOSO JUAN CARLOS LOPEZ LUNA EL AUTO DE TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRES POR LISTA EN TERMINOS DEL ARTICULO 26, FRACCION III DE LA LEY DE AMPARO MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICETranscurrió plazo. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del sobreseimiento fuera de audiencia dictado el veinte de febrero de dos mil veintitrés, sin que lo hubiera hecho. Causa estado Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada resolución ha causado estado; en consecuencia, dense los avisos de rigor. Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que no obra la notificación por oficio a la tercero interesada ********************, en su carácter de Fiscal adscrita a la Unidad de Ejecución de la Fiscalía General del Estado, Fiscalía Regional Tecate, del proveído de veinte de febrero de la presente anualidad, ya que el presente asunto se sobreseyó fuera de audiencia y dicho sentido no le causa ningún perjuicio. Se ordena expedir oficio. Sin perjuicio de lo anterior y atendiendo a la certificación de cuenta, se ordena expedir el oficio correspondiente dirigido a la tercero interesada en cuestión, a efecto de que tenga conocimiento del proveído de veinte de febrero de dos mil veintitrés. Certificación. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte que se ha incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 25 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Archivo. Por lo tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido... Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso a) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse decretado el sobreseimiento fuera de audiencia respecto de todos los actos reclamados, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Devolución de disco compacto a la autoridad responsable. Finalmente, se estima que resulta innecesario el resguardo del disco compacto remitidos por la autoridad responsable Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvase el mismo a la autoridad responsable, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, treinta de marzo de dos mil veintitrés. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del sobreseimiento fuera de audiencia dictado el veinte de febrero de dos mil veintitrés, sin que lo hubiera hecho. Causa estado. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada resolución ha causado estado; en consecuencia, dense los avisos de rigor. Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que no obra la notificación por oficio a la tercero interesada ********************, en su carácter de Fiscal adscrita a la Unidad de Ejecución de la Fiscalía General del Estado, Fiscalía Regional Tecate, del proveído de veinte de febrero de la presente anualidad, ya que el presente asunto se sobreseyó fuera de audiencia y dicho sentido no le causa ningún perjuicio. Se ordena expedir oficio. Sin perjuicio de lo anterior y atendiendo a la certificación de cuenta, se ordena expedir el oficio correspondiente dirigido a la tercero interesada en cuestión, a efecto de que tenga conocimiento del proveído de veinte de febrero de dos mil veintitrés. Certificación. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte que se ha incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 25 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Archivo. Por lo tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso a) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse decretado el sobreseimiento fuera de audiencia respecto de todos los actos reclamados, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Devolución de disco compacto a la autoridad responsable. Finalmente, se estima que resulta innecesario el resguardo del disco compacto remitidos por la autoridad responsable Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvase el mismo a la autoridad responsable, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, veinte de febrero de dos mil veintitrés. Sin mayor proveído. Agréguese a los autos el oficio que remite el Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, sin que sea el caso dictar mayor proveído, toda vez que en auto de dieciséis de febrero de la presente anualidad, se acordó sobre su contenido. Admisión de medios probatorios. Ahora, con fundamento en la interpretación sistemática de los numerales 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene por admitido y desahogado dada su propia y especial naturaleza, el disco compacto que contiene el registro de audio y video de la audiencia de diez de febrero de dos mil veintitrés, desahogada en el cuaderno de ejecución ********************, sin necesidad de desahogar diligencia para su reproducción... Resguardo de objeto. Ahora, a fin de evitar el daño del disco compacto, resguárdese en la secretaría de este juzgado y queda a disposición de las partes para su consulta; en el entendido que si es su deseo imponerse del mismo, su reproducción se realizará en las instalaciones que ocupa este recinto judicial. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, del estudio íntegro de las constancias que remitió el Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, se advierte que en el caso se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; lo que permite sobreseer fuera de audiencia en el presente asunto. De una interpretación sistemática de lo dispuesto por la referida fracción del artículo citado, permite establecer que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del motivo de afectación, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional. La improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, consistente en la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Bajo esa óptica, en el caso concreto, la actualización de la referida causa de improcedencia significa que la omisión de fijar fecha y hora para resolver sobre el beneficio de libertad condicionada, ha cesado. Es así, porque de las constancias que remitió el Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, se desprende lo siguiente: a) Que la defensora pública del quejoso ********************, presentó escrito dentro del cuaderno de ejecución ********************, en el que pidió se le otorgara el beneficio de libertad condicionada y solicitó se señalara fecha y hora para resolver la misma (foja 29). b) El veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, el Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, emitió acuerdo en el que, entre otras cosas, tuvo por recibida dicha petición y, en lo que importa, señaló las diez horas con treinta minutos del dieciocho de enero de dos mil veintitrés para resolver sobre la petición en comento (fojas 30 a 31). c) El dieciséis de enero del año en curso, en los autos del referido expediente ********************, difirió la audiencia relativa a la petición de libertad condicionada para las doce horas del diez de febrero de dos mil veintitrés (fojas 65 y 66). d) Luego, del contenido del dicto compacto de cuenta, se obtiene que mediante audiencia de diez de febrero de dos mil veintitrés, la defensora pública del quejoso y el quejoso solicitaron el diferimiento de la audiencia para resolver la solicitud de libertad condicionada, señalándose las doce horas del siete de marzo del año en curso (10:59:42 a 11:02:42). De lo anterior, se advierte, que en efecto, el juez de ejecución atento a la petición del quejoso, realizó lo siguiente: Con la petición del quejoso y con fundamento en los artículos 24, 25, 100, 102, 103, 136, 137 y 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, por auto de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, giró oficio al Director de Evaluación y Supervisión de Medidas y Beneficios en Libertad, en Mexicali, Baja California; y, Directores del Centro de Reinserción Social del Hongo I y II, en Tecate, Baja California, a efecto de que un término de diez días remitieran diversa información. Así también, en el citado proveído fijó las diez horas con treinta minutos del dieciocho de enero de dos mil veintitrés, para que tuviera verificativo la audiencia en la que el sentenciado y su defensa estuvieran en aptitud de hacer los planteamientos que estimaran conducentes para resolver la petición de beneficio preliberacional solicitado por el ahora quejoso. De lo informado, se advierte que si bien a la fecha de la presentación de la demanda que dio origen a este juicio -dieciséis de noviembre de dos mil veintidós- el juez responsable había incurrido en la omisión de acordar lo conducente a la petición del quejoso, también es cierto que la solicitud elevada por el impetrante del amparo ya fue acogida por la responsable durante la instauración del presente procedimiento, pues dicha autoridad señaló fecha y hora para resolver la petición de libertad condicionada solicitada, es decir, ha dado el trámite conducente para emitir una resolución en el momento procesal oportuno. Y si bien la audiencia de diez de febrero de esta anualidad fue diferida, ellos se debió a la petición de la defensora pública y el sentenciado. En tales condiciones; es inconcuso que cesaron los efectos del acto reclamado en esta vía constitucional, pues la omisión que motivó la presentación del amparo se destruyó en todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo... Lo anterior, atendiendo a que el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando durante éste se materialice un supuesto de improcedencia, y conforme a la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puede sobreseerse en el juicio fuera de audiencia cuando la causa de improcedencia sea manifiesta (cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de forma que con ninguna prueba se desvirtúe) e indudable (cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio). Ante lo expuesto, al haberse actualizado en la especie la causa de improcedencia referida, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo, con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, de la Ley de Amparo.... Como corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causal de sobreseimiento y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia y sobreseimiento), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los Tratados Internacionales, puesto que así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), que reza: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente e asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no deja de ser menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que, entre otras cosas, sólo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando estos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo... Audiencia constitucional. Por lo expuesto y fundado en este proveído, se ordena dejar sin efectos la hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese; y personalmente al quejoso

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