Juan Carlos López Gracia

Expediente 122/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
122/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
28/04/2021

Partes del expediente

  • Juan Carlos López Gracia

Actuaciones

  1. Principal

    Vista; la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, al haber transcurrido el término de cinco días a que alude el artículo 98 de la Ley de Amparo, en términos del diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de la propia ley invocada, para interponer recurso de queja en contra del proveído en el que se desechó la demanda de amparo, sin que los impetrantes hubiesen ejercido ese derecho; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de referencia HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese el presente asunto como concluido. En términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación; se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio en el que se desechó la demanda de amparo. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. En virtud de lo anterior, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación; acorde a lo dispuesto en el citado artículo 21 del mismo ordenamiento legal.

  2. Principal

    Visto el escrito de la parte quejosa; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes y como lo solicita, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvansele las constancias a que hace referencia en el escrito que se provee, previo su cotejo y compulsa; déjese en el sumario copia certificada de ellas y hágase entrega al promovente, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos para debida constancia. En el entendido que, para poder ingresar de manera física a este órgano jurisdiccional y recoger las copias solicitadas, deberá generar una cita mediante la obtención del Código QR, a través del procedimiento automatizado disponible en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, disponible en dicho portal del micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales" de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021.

  3. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. CUMPLIMIENTO A PREVENCIÓN Visto; el escrito de la parte quejosa, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, esto es manifiesta bajo protesta de decir verdad el acto reclamado señalado, esto es [...] "El ilegal e indebido permiso y/o licencia y/o autorización de construcción emitido de manera verbal por las responsables en favor de un particular, para realizar la construcción de una barda de aproximadamente cuarenta metros de largo, la cual está siendo edificada precisamente en el límite del lado NOROESTE de nuestras fracciones de terreno de las que somos propietarios, ubicadas en el Fraccionamiento Playa Nova en la Congregación de la Vigueta, perteneciente al Municipio de Tecolutla, Veracruz, causándonos daños y perjuicios de modo inminente e irreparable, ya que con la ejecución de dicho permiso, se nos cerraría la entrada y la salida de nuestros terrenos, el cual cuenta con una puerta ubicada sobre ese lado NOROESTE y que nos da acceso a la segunda planta de nuestro inmueble y en donde también se encuentra colocado el medidor de electricidad instalado por la Comisión Federal de Electricidad, y que además se está construyendo en un espacio destinado al libre tránsito de personas y vehículos, por lo cual no solo se afectaría a los suscritos, sino a los demás vecinos. Acto que se reclama con todos sus efectos y consecuencias que con motivo de su emisión se originen, ya que debido a su emisión además de estar construyendo la barda antes mencionada, también han cerrado con candado la calle ubicada precisamente en el lado NOROESTE de las fracciones de terreno que adquirimos, la cual es destinada desde hace más de treinta años al tránsito de las personas y vehículos, en razón de que esa zona es zona turística, que da acceso y salida de la carretera federal a la playa, constituyendo una vía pública, la cual está dotada de servicios públicos, pues cuenta con red de energía eléctrica, y alumbrado público, y al cerrarla, a consecuencia como se dijo del permiso otorgado por las responsable (sic), están impidiendo el libre tránsito y acceso a nuestros inmuebles por esa calle, la cual además no solo sirve como entrada y salida a los a suscritos, sino también a los demás predios contiguos." [...] Agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes y en tal virtud se provee: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Ahora bien, el artículo 113 de la ley de la materia, establece que el Juez de Distrito, debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro: 188643 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIV, Octubre de 2001 Materia(s): Constitucional Tesis: P./J. 128/2001 Página: 803 CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa". Bajo esta perspectiva, se considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los Tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." El precepto transcrito consagra uno de los principios rectores del juicio de amparo, que es el de definitividad, consistente en que el juicio de amparo sólo procede contra actos definitivos, esto es, contra los que ya no proceda recurso, juicio o medio de defensa alguno por el que puedan ser revocados, modificados o nulificados; ello, con las excepciones contempladas en el mismo numeral y que operan a tal carga procesal en tratándose de actos administrativos. Dicho principio supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que si existiendo dicho medio ordinario de impugnación el quejoso no lo interpone, el amparo deviene improcedente. Así, el principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia administrativa, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los promuevan, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Si pasando por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos administrativos no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública. Una vez que se ha señalado la razón jurídica de la existencia del principio de definitividad, cabe destacar que además de los anteriores extremos, la norma constitucional también alude a título de excepción, que no será necesario agotar algún recurso, juicio o medio de defensa legal cuando la ley que los establezca exija mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto que los que la Ley de Amparo requiere como condición para decretar la suspensión de los actos reclamados. Ahora, en el caso de la lectura íntegra del escrito de demanda, así como del escrito aclaratorio, se advierte que el acto reclamado se hace consistir en: "El ilegal e indebido permiso y/o licencia y/o autorización de construcción emitido de manera verbal por las responsables en favor de un particular, para realizar la construcción de una barda de aproximadamente cuarenta metros de largo, la cual está siendo edificada precisamente en el límite del lado NOROESTE de nuestras fracciones de terreno de las que somos propietarios, ubicadas en el Fraccionamiento Playa Nova en la Congregación de la Vigueta, perteneciente al Municipio de Tecolutla, Veracruz, causándonos daños y perjuicios de modo inminente e irreparable, ya que con la ejecución de dicho permiso, se nos cerraría la entrada y la salida de nuestros terrenos, el cual cuenta con una puerta ubicada sobre ese lado NOROESTE y que nos da acceso a la segunda planta de nuestro inmueble y en donde también se encuentra colocado el medidor de electricidad instalado por la Comisión Federal de Electricidad, y que además se está construyendo en un espacio destinado al libre tránsito de personas y vehículos, por lo cual no solo se afectaría a los suscritos, sino a los demás vecinos. Acto que se reclama con todos sus efectos y consecuencias que con motivo de su emisión se originen, ya que debido a su emisión además de estar construyendo la barda antes mencionada, también han cerrado con candado la calle ubicada precisamente en el lado NOROESTE de las fracciones de terreno que adquirimos, la cual es destinada desde hace más de treinta años al tránsito de las personas y vehículos, en razón de que esa zona es zona turística, que da acceso y salida de la carretera federal a la playa, constituyendo una vía pública, la cual está dotada de servicios públicos, pues cuenta con red de energía eléctrica, y alumbrado público, y al cerrarla, a consecuencia como se dijo del permiso otorgado por las responsable (sic), están impidiendo el libre tránsito y acceso a nuestros inmuebles por esa calle, la cual además no solo sirve como entrada y salida a los a suscritos, sino también a los demás predios contiguos." De lo arriba transcrito se desprende que el acto reclamado consiste en el permiso, licencia o autorización por parte de las autoridades responsables para realizar la construcción de una barda en el Fraccionamiento Playa Nova en la congregación de la Vigueta, perteneciente al Municipio de Tecolutla, Veracruz; acto reclamado del cual, se considera que el juicio de amparo es improcedente, pues previo a acudir a esta instancia constitucional, la parte quejosa debió agotar el juicio contencioso administrativo previsto por el artículo 280, fracción II, del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz-Llave. El artículo antes citado establece: "Artículo 280. Procede el juicio contencioso en contra de: (.) II. Actos administrativos que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar la autoridad, que afecten derechos de particulares; (.)". Ahora bien, en relación a los actos administrativos, los artículos 2, fracciones I, IV y VI y 260, del Código antes citado, disponen: "Artículo 2. Para efectos del presente Código, se entenderá por: I. Acto administrativo: declaración unilateral de voluntad, externa, particular y ejecutiva, emanada de la Administración Pública, que tiene por objeto crear, transmitir, reconocer, declarar, modificar o extinguir una situación jurídica concreta para la satisfacción del interés general; (.) IV. Administración pública: Las dependencias, centralizadas y entidades paraestatales del Poder Ejecutivo; las dependencias centralizadas y entidades paramunicipales de los ayuntamientos del Estado, así como las áreas o unidades administrativas de los Organismos Autónomos, en los términos que establezcan las leyes; (.) (.) VI. Autoridad: Los servidores públicos, estatales o municipales, así como las personas físicas o morales de carácter privado que realicen funciones derivadas de la concesión de un servicio público que, con fundamento en la ley, realizan actos administrativos que afectan la esfera jurídica del gobernado, susceptibles de exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades; (.)". "Artículo 260. Los interesados afectados por los actos o resoluciones definitivos de las autoridades, así como por los dictados en el procedimiento administrativo de ejecución, podrán, a su elección, interponer el recurso de revocación previsto en este Código o intentar el juicio contencioso ante el Tribunal. El recurso de revocación tendrá por objeto que el superior jerárquico de la autoridad emisora confirme, modifique, revoque o anule el acto administrativo recurrido." De los numerales antes expuesto, se advierte que el acto administrativo es toda declaración unilateral de voluntad, externa, particular y ejecutiva, emanada de cualquier servidor público estatal o municipal, que tiene por objeto crear, transmitir, reconocer, declarar, modificar o extinguir una situación jurídica concreta para la satisfacción del interés general; Bajo ese contexto, el acto que se reclama se encuentra comprendido dentro de los actos administrativos y por ende, puede ser modificado, revocado o nulificado a través del juicio contencioso administrativo que establece el numeral 280 antes citado. De modo que, en observancia al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, previamente a la presentación de su demanda debió agotar en su caso, el juicio contencioso establecido por la ley que rige el acto; por lo que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Ello, sin que se esté en alguna de las hipótesis de excepción previstas en el artículo 61 fracción XX citado, pues es factible la suspensión del acto reclamado mediante la interposición de citado juicio contencioso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Esto es así, pues basta con remitirse al contenido de los artículos 296, 305, 305 Bis, 306, 308, 309 y 310 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, para verificar que tratándose del juicio contencioso administrativo, se puede solicitar la suspensión del acto impugnado, la cual debe resolverse en el término de veinticuatro horas y podrá otorgarse mientras no se haya dictado sentencia, siempre y cuando no se contravengan disposiciones de orden público ni se deje sin materia el juicio. Asimismo, dicha suspensión tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, hasta en tanto se dicte sentencia definitiva, o bien, dar efectos restitutorios, según sea el caso; además, establece el otorgamiento de una garantía que tiene por objeto reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se causaren, si no obtuviere sentencia favorable en el juicio. Los artículos en cita, son del tenor siguiente: "Artículo 296. Dentro de los tres días siguientes a la presentación de la demanda, se dictará acuerdo sobre su admisión. En el mismo acuerdo se admitirán o desecharán las pruebas ofrecidas y, en su caso, se dictarán las providencias necesarias para su desahogo. Tratándose de la suspensión deberá resolverse dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la presentación de la demanda." "Artículo 305. Iniciado el juicio contencioso administrativo, podrán decretarse todas las medidas cautelares necesarias o la suspensión del acto impugnado, para el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentren, en tanto se dicte sentencia. No se otorgarán las medidas cautelares ni la suspensión, si se sigue perjuicio al interés público, si se contravienen disposiciones de orden público o se deja sin materia el juicio. [.] La suspensión del acto impugnado se decretará dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la presentación de la demanda y las medidas cautelares se decretarán de plano, ambos casos a cargo de la Sala Unitaria, en el mismo acuerdo en que se admita la demanda y podrá solicitarlas el actor en el escrito de demanda, o en cualquier momento mientras se encuentre en trámite el juicio ante la Sala Unitaria que conozca el asunto. Cuando se otorguen las medidas cautelares o la suspensión del acto, se comunicarán sin demora a la autoridad demandada para su inmediato cumplimiento." "Artículo 305 Bis. La suspensión del acto impugnado se decretará de oficio o a petición de parte en cualquier momento del juicio, mientras no se haya celebrado la audiencia. Sólo procederá la suspensión de oficio cuando se trate de multa excesiva, confiscación de bienes y actos que de llegar a consumarse hagan imposible restituir al actor en el pleno goce de sus derechos." "Artículo 306. La suspensión podrá concederse con efectos restitutorios, siempre que proceda el otorgamiento de la medida cautelar genérica, cuando se trate de actos que afecten a particulares de escasos recursos económicos, o bien, cuando a criterio de la sala sea necesario otorgarle estos efectos con el objeto de conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular. La suspensión podrá ser revocada o modificada por la sala, en cualquier momento del juicio, previa vista que se conceda a los interesados en un plazo de tres días, si varían las condiciones en las cuales se otorgó. [.]" "Artículo 308. En los casos en que proceda la suspensión pero pueda ocasionar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el actor otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se causaren, si no obtuviere sentencia favorable en el juicio. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos de terceros no estimables en dinero, la Sala que conozca del asunto fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión otorgada quedará sin efecto si el tercero otorga, a su vez, caución bastante para que las cosas se mantengan en el estado en que se encontraban al momento de la violación y para pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al actor, en el caso de que éste obtenga sentencia favorable. Para que surta efecto, la caución que ofrezca el tercero deberá cubrir previamente el costo de la que hubiese otorgado el actor." "Artículo 309. En los casos en que la suspensión sea procedente, se concederá en forma que no impida la continuación del procedimiento administrativo en el que se haya emitido el acto impugnado hasta dictarse resolución que ponga fin al mismo, a no ser que la continuación del procedimiento deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al actor." "Artículo 310. El acuerdo en el que se conceda la suspensión del acto impugnado, surtirá sus efectos desde la fecha de su otorgamiento y tendrá vigencia incluso durante la substanciación del recurso de revisión ante la Sala Superior del Tribunal. El acuerdo en que se niegue la suspensión dejará expedita la facultad de la autoridad demandada para la ejecución del acto impugnado, aun cuando se interponga el recurso de revisión; pero si la Sala Superior revoca el acuerdo recurrido y concede la suspensión, esta surtirá sus efectos de manera inmediata." (Énfasis añadido) De esta manera, la medida cautelar prevista en el juicio contencioso administrativo no exige mayores requisitos ni mayor plazo para proveer sobre su procedencia que la Ley de Amparo; por lo que no se está en la hipótesis de excepción que señala el artículo 61 fracción XX de esta última. En consecuencia, antes de acudir al juicio de amparo y en observancia del principio de definitividad que lo rige, la parte quejosa debe agotar el juicio contencioso administrativo previsto en el artículo 280 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, a través del cual puede ser modificado, revocado o nulificado el acto que impugna. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia de rubro y contenido siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2020596 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo I Materia(s): Común, Administrativa Tesis: 2a./J. 126/2019 (10a.) Página: 326 JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PREVISTO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO Y LOS REQUISITOS PREVISTOS PARA SU OTORGAMIENTO SON, EN ESENCIA, IGUALES A LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE AMPARO. La excepción al principio de definitividad prevista en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Federal y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, encuentra su justificación constitucional en el derecho humano a un recurso rápido, sencillo y efectivo establecido en el diverso 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el propio 107 mencionado. Por tanto, si en una legislación se prevén mayores requisitos, menores alcances o plazos más largos para el otorgamiento de la suspensión del acto impugnado que los establecidos en la Ley de Amparo, tal circunstancia se erige en una excepción al principio de definitividad y, por tanto, es innecesario agotar el recurso previsto en dichas legislaciones a efecto de hacer procedente el juicio de amparo. En este sentido, sí existe la obligación de agotar el juicio contencioso administrativo previsto en el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave antes de acudir al juicio de amparo, en razón de que los alcances que se dan a la suspensión en éste son, en esencia, similares a los que otorga el juicio contencioso administrativo, aunado a que el citado Código no prevé mayores requisitos para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado que los exigidos en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado. Además, por lo que hace a los alcances de la suspensión prevista en el referido Código, no pueden entenderse menores a los establecidos en la Ley de Amparo, en virtud de que en ambos ordenamientos se permite al juzgador tomar todas la medidas necesarias y establecer los efectos que considere pertinentes para mantener las cosas en el estado en que se encuentren para preservar la materia del juicio, y le permiten restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva, es decir, en ambos casos es posible otorgar efectos restitutorios a la suspensión decretada." De igual forma, tampoco se está en la hipótesis de excepción a que se refiere el párrafo segundo de la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo; esto es, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución, o bien, cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Lo anterior, porque si bien es cierto que la parte quejosa aduce reclamar la expedición de una autorización, permiso verbal, pues lo manifestó expresamente: [...] El ilegal e indebido permiso y/o licencia y/o autorización de construcción emitido de manera verbal por las responsables en favor de un particular, para realizar la construcción de una barda de aproximadamente cuarenta metros de largo, la cual está siendo edificada precisamente en el límite del lado NOROESTE de nuestras fracciones de terreno de las que somos propietarios, ubicadas en el Fraccionamiento Playa Nova en la Congregación de la Vigueta, perteneciente al Municipio de Tecolutla, Veracruz, causándonos daños y perjuicios de modo inminente e irreparable, ya que con la ejecución de dicho permiso, se nos cerraría la entrada y la salida de nuestros terrenos, el cual cuenta con una puerta ubicada sobre ese lado NOROESTE y que nos da acceso a la segunda planta de nuestro inmueble y en donde también se encuentra colocado el medidor de electricidad instalado por la Comisión Federal de Electricidad, y que además se está construyendo en un espacio destinado al libre tránsito de personas y vehículos, por lo cual no solo se afectaría a los suscritos, sino a los demás vecinos. [...] Lo cierto es que en la propia demanda de amparo, afirman que las responsables les hicieron saber que: "había una autorización de construcción a favor de un particular. así como que "había un permiso de construcción emitido a favor de un particular.", y las expresiones en cuanto a que el acto administrativo no se encuentra debidamente fundado las hacen derivar del hecho de desconocer el documento que lo contiene, al no haber sido proporcionado por las autoridades administrativas, ni haberles dado mayor información; de tal manera, la parte quejosa reclama un acto administrativo cuyo contenido manifiestan desconocer y por ello afirman que carece de fundamentación. Asimismo, el propio Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, establece la procedencia del juicio contencioso administrativo, sin que sea necesario remitirse a reglamento alguno; incluso, no se trata de violaciones directas a la constitución pues no se impugna un acto legislativo. Así las cosas, se considera que antes de acudir al juicio de amparo y en observancia del principio de definitividad que lo rige, la parte quejosa debió agotar el juicio contencioso administrativo previsto en el artículo 280 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, a través del cual pudo ser modificado, revocado o nulificado, el acto que reclama, sin que se encuentre en alguna de las hipótesis de excepción que establece el propio artículo 61 fracción XX de la ley de la materia. En el anterior contexto, cabe concluir que si la parte promovente no agotó el medio de impugnación ordinario; es inconcuso que inobservó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, por lo que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, en consecuencia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XX, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 113 del mismo ordenamiento. Se invoca la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro: 187016 Instancia: Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XV, Mayo de 2002 Materia(s): Común Tesis: I.6o.C. J/37 Página: 902 AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes.

  4. Principal

    Vista; la demanda de amparo promovida por Juan Carlos López Gracia y Arisbé Arguelles Estrada, por propio derecho, contra actos del Titular del Ayuntamiento Municipal de Tecolutla, Veracruz y otras autoridades, por violación a los artículos 1°, 8° y 16 Constitucionales. Fórmese expediente, anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 122/2021, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). PREVENCIÓN DE LA DEMANDA Antes de proveer sobre la admisión de la demanda y para tener mayores elementos para emitir un pronunciamiento sobre tópicos como la suspensión e integrar, en su caso, debidamente la litis en torno a la totalidad de autoridades responsables y conocer la intención del disconforme, es necesario prevenir a los impetrantes del amparo, por diversa irregularidad en el ocurso constitucional que a continuación se precisa. En principio, resulta conveniente citar lo establecido en los artículos 108, fracción IV, y 114 de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; (.)" "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: (.) IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y (.)" Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada." De dichos numerales se aprecia que el Juez de Distrito que conozca de una demanda, cuando advierta que existe una ? irregularidad en la misma, por haberse omitido alguno de los requisitos que establece el numeral 108 o si no se hubiese expresado con precisión el acto reclamado, deberá prevenir al promovente para el efecto de que llene los requisitos omitidos o haga las aclaraciones correspondientes, en el entendido de que también puede prevenirse cuando se trate de demandas oscuras y/o confusas en algunos de sus requisitos. Al respecto, los solicitantes del amparo señalan como autoridades responsables las siguientes: Por su parte, específicamente en el capítulo denominado actos reclamados, los promoventes indicaron lo siguiente: ""El ilegal e indebido permiso y/o licencia y/o autorización de construcción emitido de manera verbal por las responsables en favor de un particular, para realizar la construcción de una barda de aproximadamente cuarenta metros de largo, la cual está siendo edificada precisamente en el límite del lado NOROESTE de nuestras fracciones de terreno de las que somos propietarios, ubicadas en el Fraccionamiento Playa Nova en la Congregación de la Vigueta, perteneciente al Municipio de Tecolutla, Veracruz, causándonos daños y perjuicios de modo inminente e irreparable, ya que con la ejecución de dicho permiso, se nos cerraría la entrada y la salida de nuestros terrenos, el cual cuenta con una puerta ubicada sobre ese lado NOROESTE y que nos da acceso a la segunda planta de nuestro inmueble y en donde también se encuentra colocado el medidor de electricidad instalado por la Comisión Federal de Electricidad, y que además se está construyendo en un espacio destinado al libre tránsito de personas y vehículos, por lo cual no solo se afectaría a los suscritos, sino a los demás vecinos. Acto que se reclama con todos sus efectos y consecuencias que con motivo de su emisión se originen, ya que debido a su emisión además de estar construyendo la barda antes mencionada, también han cerrado con candado la calle ubicada precisamente en el lado NOROESTE de las fracciones de terreno que adquirimos, la cual es destinada desde hace más de treinta años al tránsito de las personas y vehículos, en razón de que esa zona es zona turística, que da acceso y salida de la carretera federal a la playa, constituyendo una vía pública, la cual está dotada de servicios públicos, pues cuenta con red de energía eléctrica, y alumbrado público, y al cerrarla, a consecuencia como se dijo del permiso otorgado por las responsable (sic), están impidiendo el libre tránsito y acceso a nuestros inmuebles por esa calle, la cual además no solo sirve como entrada y salida a los a suscritos, sino también a los demás predios contiguos." A lo que agregaron: Por otra parte, en el capítulo de antecedentes del acto reclamado, refieren lo siguiente: ????? En tanto, en el apartado de sus conceptos de violación, la parte quejosa manifestó: . En consecuencia, con fundamento en los artículos 108 fracción IV1 y 114, fracción II2, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a los promoventes para que dentro del término de CINCO DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído y bajo protesta de decir verdad, cumplan con lo siguiente: Precisen de manera clara cuál es el acto que reclaman, esto es: a) Los actos señalados en el capítulo relativo a "Actos Reclamados", transcritos en líneas precedentes; o bien, b) La falta de contestación a los escritos presentados el once de marzo de dos mil veintiuno, a través de los cuales les solicitaron a las autoridades responsables informaran si existe licencia o permiso de construcción de la barda que aluden, otorgado a alguna persona; así como que se suspenda su construcción; y, realicen la visita de verificación prevista en los artículos 127 y 128 de la Ley que Regula las Construcciones Públicas y Privadas del Estado de Veracruz. Sirven de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias siguientes: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común 1 "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; " 2 "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: (.) II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley;" Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Época: Novena Época Registro: 200588 Instancia: Segunda Sala Tipo de tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: III Tesis: 2a./J. 30/96 Página: 250 "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la demanda de amparo debe ser interpretada en una forma integral, de manera que se logre una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente formal, pues la armonización de todos los elementos de la demanda, es lo que permite una correcta resolución de los asuntos. Ahora bien, entre los requisitos que debe contener una demanda de amparo, de acuerdo con lo establecido por el artículo 116 de la ley de la materia, se encuentra el relativo a la expresión de la autoridad o autoridades responsables (fracción III), por lo cual, en los casos en que del análisis integral de la demanda, el Juez advierta con claridad la participación de una autoridad no señalada como responsable en el capítulo correspondiente, debe prevenir a la parte quejosa, con el apercibimiento relativo, en términos de lo previsto en el primer párrafo del artículo 146 de la Ley de Amparo, para que aclare si la señala o no como responsable, ya que de omitir esa prevención, incurre en una violación a las normas que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, que trasciende al resultado de la sentencia, por lo que en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe ordenarse su reposición." APERCIBIMIENTO Apercibidos que de no cumplir con lo ordenado, en el término y en las condiciones apuntadas, se tendrán como actos reclamados los señalados en el capítulo correspondiente a "Actos Reclamados", transcritos en líneas precedentes. COPIAS DEL ESCRITO ACLARATORIO En el entendido de que deberán exhibir seis copias de su escrito aclaratorio de demanda, con la finalidad de entregarlas a cada una de las partes en el presente juicio de amparo, las que deberán distribuirse de la manera siguiente: tres para las autoridades responsables, una para la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado de Distrito y finalmente dos más para la formación del incidente de suspensión solicitado. Para sustentar lo anterior, cobran aplicación las jurisprudencias siguientes: "Época: Novena Época Registro: 177046 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXII, Octubre de 2005 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 106/2005 Página: 170 COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS. La sanción procesal impuesta a las partes por no exhibir las copias para el trámite del juicio de amparo consiste en tener por no interpuesta la demanda de garantías y sólo procede cuando el promovente ya fue requerido por el órgano jurisdiccional correspondiente para que exhiba las copias omitidas. Ahora bien, así como la garantía de acceso a la justicia o a la tutela jurisdiccional engendra un deber negativo para que los órganos del Estado no obstaculicen a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas, dicha garantía también implica un deber positivo consistente en facilitarles el acceso a la justicia. En ese tenor, aunque pudiera pensarse que la Ley de Amparo establece claramente cuántas copias debe exhibir el promovente del juicio de garantías y, por ende, que el uso de expresiones como "las copias omitidas", "las copias de ley" u otras similares es suficiente para considerar correcto el requerimiento del juzgador, resulta evidente que para facilitar el acceso a la justicia y dar mayor seguridad jurídica a los gobernados, al realizar el requerimiento respectivo, el órgano jurisdiccional debe precisar el número exacto de copias o tantos que deben exhibirse para el trámite del juicio de amparo, ya sea del escrito de demanda, del que desahoga la prevención, o de ambos, pues no debe soslayarse el hecho de que quien lo promueve no siempre es abogado o está correctamente asesorado por un especialista en la materia jurídica, por lo que podría suceder que, a pesar de haber sido requerido, el promovente cometiera el error de no acompañar las copias suficientes, lo que traería como consecuencia que se tuviera por no interpuesta la demanda de amparo, con la consecuente imposibilidad de acceder a la justicia constitucional." "Época: Novena Época Registro: 189977 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIII, Abril de 2001 Materia(s): Común Tesis: P./J. 36/2001 Página: 79 DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Se apercibe a los promoventes, que de no exhibir la totalidad de las copias solicitadas, es decir, para el caso de faltarles dos, no se tramitará incidente de suspensión, ello, de conformidad con la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro: 186297 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVI, Agosto de 2002 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 86/2002 Página: 245 DEMANDA DE AMPARO. CUANDO SE OMITE PRESENTAR LAS COPIAS NECESARIAS PARA LA FORMACIÓN DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, EL INCUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN DE EXHIBIRLAS NO DA LUGAR A TENER POR NO INTERPUESTA AQUÉLLA, SINO EXCLUSIVAMENTE A POSTERGAR LA APERTURA DE DICHO INCIDENTE. El artículo 146 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en lo que interesa, que si no se exhiben las copias que señala el artículo 120, el Juez de Distrito mandará prevenir al promovente para que las presente dentro del término de tres días, y si no lo hace así, tendrá por no interpuesta la demanda, cuando el acto reclamado sólo afecte al patrimonio o derechos patrimoniales del quejoso, y que fuera de esos casos, transcurrido el término señalado sin haberse dado cumplimiento a la providencia relativa, dicho Juez mandará correr traslado al Ministerio Público, por veinticuatro horas, y en vista de lo que éste exponga, admitirá o desechará la demanda, dentro de otras veinticuatro horas, según sea procedente. Ahora bien, el objeto de la prevención a que alude el precepto referido, es auxiliar al quejoso en el planteamiento y exposición de su demanda, a fin de procurar su acceso a la justicia, por lo que dicho artículo no se debe interpretar en forma aislada, sino de manera sistemática y acorde con lo dispuesto en los numerales 120 y 141 de la ley citada, que establecen, respectivamente, que con la demanda de amparo deben exhibirse copias en número suficiente para emplazar a las autoridades responsables, al tercero perjudicado, si lo hubiere, y al Ministerio Público, así como dos copias más para formar el incidente de suspensión, si ésta se pidiere, y no debiera otorgarse de plano, conforme a la ley, y que si cuando al presentarse la demanda no se hubiese promovido el incidente de suspensión, el quejoso podrá promoverlo en cualquier tiempo, mientras no se dicte sentencia ejecutoria. En congruencia con lo anterior, si al promoverse el juicio de garantías se solicita la suspensión del acto reclamado y el Juez de Distrito que conoce del asunto requiere a la parte quejosa para que presente dos copias más del escrito inicial de demanda, debe concluirse que las copias que se solicitan son las necesarias para la formación del incidente de suspensión, por lo que el efecto jurídico que produce la falta de desahogo de dicha prevención, será el de postergar la apertura del incidente de suspensión hasta en tanto se exhiban las copias requeridas, sin que el desacato constituya obstáculo para tramitar el juicio de garantías en lo principal cuando con las copias presentadas con la demanda sea posible emplazar a las autoridades responsables, al tercero o terceros perjudicados, si los hubiere, y al Ministerio Público." COPIAS RESTANTES DE LA DEMANDA En tanto se provee lo conducente, consérvense en la secretaría de este juzgado las ocho copias de la demanda de amparo y sus anexos, sin que se estime necesario por el momento agregarse a los presentes autos. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Fortunato Rodríguez Santiago, toda vez que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, tal como se advierte de la certificación secretarial de cuenta; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, en términos del segundo párrafo del citado numeral a Perla Yajaira Domingo Terán, al no contar con su cédula profesional registrada en el sistema computarizado de mérito. En virtud de que los impetrantes del amparo señalan como domicilio los estrados, notifíqueseles los autos que se dicten en el presente asunto, aún los de carácter personal, por lista de acuerdos, en términos de los artículos 27, fracción III, inciso a) y 29 de la ley de la materia, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad. En lo conducente, cobra aplicación por su sentido y consideraciones, la tesis siguiente: "Época: Novena Época Registro: 195064 Instancia: Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VIII, Diciembre de 1998 Materia(s): Común Tesis: XXII.1o.22 K Página: 1067 NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL. Del contenido de los artículos 28, fracción III, 29, fracción III y 30, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se colige que por domicilio o casa para oír y recibir notificaciones, en el lugar de residencia del Juez o tribunal que conozca del asunto, debe entenderse el señalamiento que haga el quejoso de un lugar diverso a los estrados, hipótesis en la cual, si la autoridad judicial ordena una notificación personal, el actuario debe apegarse a las formalidades a que alude la fracción I del artículo 30 de dicha ley; empero, si señala como tal los estrados del tribunal, por analogía, se estará a lo que prevé la primera parte de la fracción II del propio dispositivo legal, en el sentido de que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la notificación se hará por lista; puesto que la forma de notificar por estrados, acorde con lo que preceptúa el numeral 28, fracción III, de la ley de la materia, es a través de una lista que se coloca en las oficinas del tribunal o juzgado, en un lugar visible al público." Se tiene por señalado el correo electrónico proporcionado por los impetrantes, y agréguese como información de contacto para que los actuarios adscritos a este juzgado federal puedan entablar comunicación no procesal, y acordar previamente la realización de las notificaciones personales, con el objeto de asegurar el éxito de la diligencia, de conformidad con los artículos 22 y 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021. EXHORTO PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON LAS PARTES De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021, se invita a las partes a que: a) De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, lo que significa que no podrá practicarse ninguna notificación a través de estos medios, únicamente son para establecer contacto. El contenido de estos contactos deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DENTRO DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL Se precisa a las partes, que en caso de que deseen consultar el expediente electrónico en los equipos de cómputo que están a su disposición en este órgano jurisdiccional, deberán generar una cita a través de un proceso automatizado disponible en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el que se les otorgará un Código QR que permitirá a éstas y, en su caso, a otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresar al órgano jurisdiccional, plenamente identificadas y registradas, dicho código podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso, en el entendido de que la cita durará un máximo de veinticinco minutos, de conformidad con los artículos 3, 6 , fracción II, y 8, del referido Acuerdo General 21/2020. DIGITALIZACIÓN Y EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En observancia a los Acuerdos Generales conjuntos 1/2009 y 1/2013 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, así como el diverso Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, el cual en el transitorio tercero precisa que queda derogado el Título Cuarto, De los servicios electrónicos del CJF, del Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y al artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las constancias indispensables para su debida integración. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite a las partes y a sus autorizados la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de los acuerdos que obran en el presente juicio. INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS Con apoyo en el artículo 2°, fracción VI, del referido Acuerdo General 21/2020, se instruye al personal de este juzgado para que se realice la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos, asimismo, en caso de detectar alguna omisión, lo hagan saber a la titular para ordenar que se subsane de inmediato. RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con lo establecido en los artículos 18, 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 9º, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, -que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1º, 2º, fracción V, 3º, fracción X; 4º, 7º, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete -que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1º, fracción l, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Cuarto y Séptimo transitorios del decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · 3,372 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano