Juan Carlos López González

Expediente 943/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 35 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
943/2022
Año
2022
Actuaciones
35
Última actuación
31/10/2023

Partes del expediente

  • Juan Carlos López González
  • Juez Séptimo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California

Actuaciones

Las 4 más recientes de 35.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos los escritos de cuenta, firmados al parecer por el quejoso ********************, mediante el cual pretende designar autorizados y acceso al expediente electrónico; sin embargo, se advierte que las firmas que obran estampadas en los ocursos de cuenta son notoriamente distintas a la plasmada en el escrito inicial de demanda, lo que se aprecia en la siguiente gráfica: Firma contenida en la demanda de amparo. Firma del ocurso registrado con folio 15759 que se atiende. Firma del ocurso registrado con folio 15763 que se atiende. Por tanto, requiérase a la parte quejosa para que en el acto de la notificación, o bien, dentro del término de tres días hábiles, legalmente computado, se presente a este órgano jurisdiccional debidamente identificado y manifieste si reconoce como suya la firma plasmada en los escritos que se agregan. Ello es así, ya que la firma es el signo gráfico mediante el cual las personas manifiestan su voluntad en los actos que realizan en forma escrita; por lo que resulta ser relevante su identidad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 385, enero a junio de 1989, tomo III, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUELEGALMENTE CORRESPONDA." Apercibida que de no hacerlo así, sin ulterior acuerdo se tendrán por no presentados los ocursos de cuenta. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en cinco de septiembre de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el presente juicio de garantías; en cons ecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes y toda vez que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, se ordena su archivo conforme al artículo 214 de la Ley de Amparo. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 15, del Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transparencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo de referencia. Asimismo, se establece que el expediente principal por haberse sobreseído, es susceptible de destrucción en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 20, fracción I), del referido acuerdo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 34 del Acuerdo General mencionado. Por otra parte, en términos del artículo 17, fracción III, inciso b), de dicho Acuerdo General, se indica que al haberse concedió la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, el cuaderno incidental es conservable, motivo por el cual, debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá ser transferido. Asimismo, se ordena estampar en la carátula del incidente de suspensión, el sello con la leyenda "conservable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 34 del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.

  3. Principal

    VISTOS, los autos del expediente número 943/2022-C, a fin de resolver en sentencia lo relativo al juicio de amparo promovido por Juan Carlos López González, por propio derecho, así como en su carácter de representante legal de la moral JMMV REALTY GROUP, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, contra actos del Juez Séptimo Civil de esta ciudad y de otra autoridad, y; RESULTANDO: Primero. Mediante escrito depositado el dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la entonces Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, Juan Carlos López González, por propio derecho, así como en su carácter de representante legal de la moral JMMV REALTY GROUP, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE,, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades que a continuación se precisan: Autoridades responsables: ( Juez Séptimo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California ( Actuario adscrito al Juzgado Séptimo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California Escrito inicial de demanda "IV.- ACTOS RECLAMADOS. De la autoridad responsable Juez Séptimo Civil reclamo: El acuerdo de fecha veintitrés de agosto de dos mil veintidós, dictado en el juicio sumario civil 1100/2022 del índice del Juzgado Séptimo Civil del Partido Judicial de Tijuana, mediante el cual el Juez responsable ADMITE LA PRUEBA PERICIAL consistente en el informe que sirva rendir el Perito en Arquitectura Arquitecto Marco Antonio Gudiño Godínez, en relación al inmueble ubicado en la calle Covarrubias 0 vivienda número 7, los Altos, con una superficie de terreno de 153.13 metros cuadrados y de construcción 118.550; prueba ofrecida por la parte actora. Sin que dicha prueba haya sido ofrecida atendiendo los requisitos que prevé el Código Adjetivo aplicable al Estado de Baja California. La FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN en su determinación de fecha veintitrés de agosto de dos mil veintidós, dictado en el juicio sumario civil 1100/2022 del índice del Juzgado Séptimo Civil del Partido Judicial de Tijuana, toda vez que el Juez responsable ordena que el hoy quejoso quien tiene la posesión del inmueble ubicado en la calle Covarrubias 0 vivienda número 7, los Altos, con una superficie de terreno de 153.13 metros cuadrados y de construcción 118,550 otorgue el acceso al inmueble en comento para efecto de que el perito en arquitectura lleve a cabo los estudios correspondientes en relación a la prueba pericial señalada en el párrafo anterior. De la autoridad responsable Secretario Actuario adscrito al Juzgado Séptimo Civil, reclamo: La notificación de la determinación de fecha veintitrés de agosto de dos mil veintidós, dictada por su Superior Jerárquico en el juicio sumario civil 1100/2022 del índice del Juzgado Séptimo Civil del Partido Judicial de Tijuana. Escrito de ampliación: ". 3. El acuerdo de fecha diez de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio sumario civil 1100/2022 del índice del Juzgado Séptimo Civil del Partido Judicial de Tijuana, mediante el cual el Juez responsable admite la sustitución del Perito en Arquitectura Arquitecto Marco Antonio Gudiño Godínez, por el de nombre Arquitecto Lisardo Robledo Osvaldo, para el desahogo de la prueba pericial consistente en el informe que sirva rendir en relación al inmueble objeto de la Litis; prueba ofrecida por la parte actora. Sin que la petición de sustitución de perito haya sido conforme a los requisitos que prevé la normatividad. La FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN en su determinación de fecha diez de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio sumario civil 1100/2022 del índice del Juzgado Séptimo Civil del Partido Judicial de Tijuana, toda vez que el Juez responsable ordena que el hoy quejoso quien tiene la posesión del inmueble ubicado en la calle Covarrubias 0 vivienda número 7, los Altos, con una superficie de terreno de 153.13 metros cuadrados y de construcción 118.550, otorgue el acceso al inmueble en comento para efecto de que el perito en arquitectura lleve a cabo los estudios correspondientes en relación a la prueba pericial señalada en el párrafo anterior, transgrediendo el derecho a la inviolabilidad del domicilio del hoy quejoso. [.] De la autoridad responsable Secretario Actuario adscrito al Juzgado Séptimo Civil, reclamo: 7. La notificación de la determinación de fecha diez de febrero de dos mil veintitrés, dictada por su Superior Jerárquico en el juicio sumario civil 1100/2022 del índice del Juzgado Séptimo Civil del Partido Judicial de Tijuana. 8. La ejecución de la diligencia ordenada en el acuerdo de fecha diez de febrero de dos mil veintitrés, dictada por su Superior Jerárquico en el juicio sumario civil 1100/2022 del índice del Juzgado Séptimo Civil del Partido Judicial de Tijuana, consistente en constituirse en compañía de las partes al domicilio del inmueble materia de la Litis, para que el perito en arquitectura LISARDO ROBLEDO OSVALDO pueda realizar los estudios necesarios sobre los puntos que versa su probanza y estar en aptitud de rendir el peritaje correspondiente." (sic) Segundo. La referida demanda se turnó a este Juzgado entonces denominado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana; en auto de veintidós de diciembre de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el escrito, se ordenó su registro con el número de expediente 943/2022-C, se ordenó formar el expediente físico y electrónico, desechándola por considerarse improcedente, de conformidad con los numerales 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Tercero. Inconforme con el desechamiento de la demanda, el autorizado de la parte quejosa promovió recurso de queja en su contra, tocándole conocer de éste por razón de turno al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con residencia en esta ciudad, quien determinó declararla fundada y en cumplimiento a ésta en auto de catorce de febrero de este año, se previno a la parte promovente del amparo a fin de que acreditara su personalidad en este juicio, por lo que hecho lo anterior en auto de seis de marzo del año en curso, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se reconoció el carácter de tercero interesado a Rafael Galicia González, se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En proveído de catorce de febrero de este año, se hizo saber a las partes la nueva denominación de este Juzgado. En auto de ocho de junio de dos mil veintitrés, previo desechamiento y posterior queja parcialmente fundada, se tuvo por ampliada la demanda de amparo, por cuanto hace a los actos reclamados consistentes en El auto de diez de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio sumario civil 1100/2022 del índice de la autoridad responsable únicamente en lo conducente a: La sustitución de perito en materia de arquitectura; y, El requerimiento realizado a la parte quejosa notificado el quince de febrero de dos mil veintitrés, para que otorgue acceso al diestro sustituto al inmueble materia del juicio natural. Tercero. Seguida la secuela procesal, previos diferimientos, se llevó a cabo la audiencia constitucional sin la asistencia de las partes, en términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es legalmente competente para resolver el juicio de amparo en que se actúa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numerales 1, 2, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; precepto 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, en los artículos 12 y 13 del Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio; y al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de enero de dos mil veintitrés, por tratarse de actos que derivan de un juicio sumario civil cuya ejecución tiene lugar en la ciudad de Tijuana, esto es, en la demarcación en la que este Juzgado ejerce jurisdicción por razón de territorio. Segundo. Precisión de los actos reclamados. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados es necesario precisar cuáles son estos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es preciso efectuar un análisis conjunto de la demanda, por ser un todo considerado. En el caso concreto y específico, de una lectura íntegra de la demanda de amparo y de su ampliación, se advierte que los actos reclamados destacados consisten en: El acuerdo de fecha veintitrés de agosto de dos mil veintidós, dictado en el juicio sumario civil 1100/2022 del índice del Juzgado Séptimo Civil del Partido Judicial de Tijuana, mediante el cual el Juez responsable admite la prueba pericial y su notificación. El auto de diez de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio sumario civil 1100/2022 del índice de la autoridad responsable únicamente en lo conducente a: La sustitución de perito en materia de arquitectura; y, El requerimiento realizado a la parte quejosa notificado el quince de febrero de dos mil veintitrés, para que otorgue acceso al diestro sustituto al inmueble materia del juicio natural (reiterando lo acordado el veintitrés de agosto de dos mil veintidós). Tercero. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Juez Séptimo Civil y Actuario adscrito al Juzgado Séptimo Civil, ambos de esta ciudad, ya que así lo manifestaron al rendir su informe justificado inicial y no obstante de que no rindieron su informe en relación a la ampliación de demanda, éstos se tienen por ciertos, dado que de las constancias recibidas enviadas por el Juez responsable adjuntas a su informe justificado y a su oficio con número de folio 4562, se advierte su existencia. Tiene aplicación la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Certeza que como se precisó se encuentra corroborada con las copias certificadas del juicio ordinario de prescripción positiva 1100/2022, enviadas por la Juez Séptimo Civil de esta ciudad, señalada como responsable, documentales que tienen valor probatorio pleno al ser un documento público, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. Sirve de apoyo la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, que es del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cuarto. Causales de improcedencia. Antes de entrar al estudio del asunto planteado, lo procedente es analizar las causas de improcedencia, ya que es cuestión de orden público y por ende, de estudio preferente, pues el examen en comento puede realizarse aún de oficio, acorde a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, no obstante la certeza de los actos reclamados, quien resuelve considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, de la referida ley de la materia; que a la letra señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de laguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De la interpretación armónica de los citados artículos, en sentido contrario, permite establecer que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Ahora, para una mejor comprensión del asunto, resulta conveniente resaltar algunos antecedentes del juicio de origen que sirvan para dar claridad a este fallo. El nueve de agosto de dos mil veintidós, el hoy tercero interesado Rafael Galicia González, presentó juicio de rescisión de contrato por vicios redhibitorios, en contra de la parte demandada, hoy quejosa, JMMV REALTY GROUP SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE y Juan Carlos López González. En auto dictado el veintitrés de agosto de dos mil veintidós, se radicó la demanda bajo el número de expediente 1100/2022, ante el Juzgado Séptimo Civil de esta ciudad, mediante el cual se ordenó emplazar a juicio a los codemandados, se señaló fecha para la audiencia de conciliación, pruebas y alegatos, se admitieron los medios probatorios ofrecidos por la parte actora, entre ellos, la prueba pericial a cargo del perito en arquitectura Marco Antonio Gudiño Godinez; se previno a la parte demandada para que dentro del término de tres días designara perito de su parte y se le apercibió que de no hacerlo, el Juzgador procedería a nombrar uno en su rebeldía. El veintisiete de octubre de dos mil veintidós, se emplazó a juicio a los codemandados y se les corrió traslado con las copias conducentes, entre ellas, el auto de veintitrés de agosto del año próximo pasado. En el auto de ocho de diciembre de dos mil veintidós, se tuvo a la parte demandada, hoy quejoso, Juan Carlos López González, apersonándose al juicio de origen, objetando documentos, interponiendo la reconvención en contra de la parte actora y ofreciendo diversos medios probatorios. En el auto de diez de febrero de dos mil veintitrés, se tuvo al hoy tercero interesado Rafael Galicia González, en su carácter de parte actor en el juicio principal y demandado en reconvención, sustituyendo al perito Marco Antonio Gudiño Godínez, por el arquitecto Lisardo Robledo Osvaldo, para que desahogue la prueba pericial por él ofrecida. Siendo el primero y el último de los auto referidos, la materia de este juicio de amparo. Ahora, la Ley de Amparo prevé que debe entenderse por "actos de imposible reparación", siendo los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que México sea parte; es decir, sus consecuencias deben de ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender el resultado del fallo; además, que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas. Sobre esa base, se evidencia que existen actos dentro del juicio que afectan derechos meramente adjetivos o procesales, que no pueden considerarse de imposible reparación, por lo que el amparo indirecto en su contra de modo inmediato es improcedente, ya que deben reservarse para ser reclamados junto con la resolución definitiva que se pronuncie en el juicio, a través del amparo directo, como violación procesal. Ahora, como se dijo, el primero de los actos reclamados es el acuerdo de fecha veintitrés de agosto de dos mil veintidós dictado en el juicio sumario civil 1100/2022 del índice del Juzgado Séptimo Civil del Partido Judicial de Tijuana, mediante el cual el Juez responsable admite la prueba pericial en materia de arquitectura ofrecida por la parte actora, hoy tercero interesado. La parte quejosa, demandada en el juicio natural, asevera que con dicha probanza se violentan sus derechos sustantivos de posesión y propiedad; sin embargo, de las documentales enviadas por el Juez responsable se advierte que esto no es así, tomando en cuenta que si bien al admitirse dicha probanza se autorizó la intromisión de personas al domicilio materia del juicio de origen, dicho suceso se trata de un acto de molestia legalmente justificado, lo cual no implica violación a su intimidad, vida privada o domicilio, ya que tales actos no son tendentes a revelar formas de vida o aspectos personales de la parte quejosa, ni tampoco en realizar acciones que afecten o modifiquen el bien inmueble, sino están dirigidos, en lo medular, a que el perito a cargo, bajo su experiencia y sólo en vía de observación, desahogue los puntos materia de la pericial en relación con el inmueble afecto, para poder determinar los daños que, en su caso y bajo su pericia, se adviertan del mismo, lo cual se encuentra directamente relacionado con la acción que ejercitó la parte actora en el juicio natural (recisión de contrato por vicios redhibitorios). No pasa desapercibido lo indicado por el Primer Tribunal Colegiado al resolver la queja 249/2022, ya que en ella, si bien revocó el desechamiento de la demanda que dio origen a este juicio, lo cierto es que consideró que debían esperarse las constancias del acto reclamado a fin de determinar si la orden para dar acceso al perito, violaba en perjuicio de los quejosos su derecho a la intimidad, lo cual en el caso ya quedó claro, dado que la moral quejosa es una empresa que se dedica al negocio inmobiliario y el quejoso Juan Carlos López González, fue demandado en el juicio natural en su carácter de vendedor. Observándose que el oferente de la prueba (actor en el juicio natural) es el comprador de un inmueble del que indica no ha sido puesto en posesión y que además presenta vicios ocultos; de lo que se deduce que el quejoso López González, no habita el domicilio, ya que el mismo se construyó para su venta, atendiendo al giro de la persona moral quejosa, aunado a que evidentemente la persona moral carece de intimidad que pueda ser violentada con el desahogo de la prueba pericial, ya que para ello, tendría que habitar alguien tal domicilio, lo cual no ocurre como se indicó. Orienta a lo anterior, por su sentido, el siguiente criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y texto: "DERECHO A LA PRIVACIDAD O INTIMIDAD. ESTÁ PROTEGIDO POR EL ARTÍCULO 16, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Dicho numeral establece, en general, la garantía de seguridad jurídica de todo gobernado a no ser molestado en su persona, familia, papeles o posesiones, sino cuando medie mandato de autoridad competente debidamente fundado y motivado, de lo que deriva la inviolabilidad del domicilio, cuya finalidad primordial es el respeto a un ámbito de la vida privada personal y familiar que debe quedar excluido del conocimiento ajeno y de las intromisiones de los demás, con la limitante que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece para las autoridades. En un sentido amplio, la referida garantía puede extenderse a una protección que va más allá del aseguramiento del domicilio como espacio físico en que se desenvuelve normalmente la privacidad o la intimidad, de lo cual deriva el reconocimiento en el artículo 16, primer párrafo, constitucional, de un derecho a la intimidad o vida privada de los gobernados que abarca las intromisiones o molestias que por cualquier medio puedan realizarse en ese ámbito reservado de la vida". De igual manera, resulta útil al tema, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y texto: "DERECHO A LA VIDA PRIVADA. SU CONTENIDO ES VARIABLE TANTO EN SU DIMENSIÓN INTERNA COMO EXTERNA. El contenido del derecho a la intimidad o vida privada está destinado a variar, legítima y normalmente, tanto por motivos que podemos llamar internos al propio concepto como por motivos externos al mismo. La variabilidad interna de la noción de privacidad alude al hecho de que el comportamiento de sus titulares puede influir en la extensión de su ámbito de protección. No se trata sólo de que el entendimiento de lo privado cambie de una cultura a otra y que haya variado a lo largo de la historia, sino que forma parte del derecho a la privacidad, como lo entendemos ahora, la posibilidad de que sus titulares modulen, de palabra o de hecho, su alcance. Algunas personas comparten con la opinión pública, con los medios de comunicación o con un círculo amplio de personas anónimas, informaciones que para otras se inscriben en el ámbito de lo que preservan del conocimiento ajeno. Aunque una pauta de conducta de este tipo no implica que la persona en cuestión deje de ser titular del derecho a la privacidad, ciertamente disminuye la extensión de lo que de entrada puede considerarse incluido dentro de su ámbito de protección. Por su parte, la variabilidad externa deriva de la existencia de fuentes externas de límites al derecho, y alude a la diferencia normal y esperada entre el contenido prima facie de los derechos fundamentales y la protección real que ofrecen en los casos concretos, una vez contrapesados y armonizados con otros derechos e intereses, que pueden apuntar en direcciones distintas e incluso opuestas a las que derivan de su contenido normativo. Así, aunque una pretensión pueda en principio relacionarse con el ámbito generalmente protegido por el derecho, si la misma merece prevalecer en un caso concreto, y en qué grado, dependerá de un balance de razones desarrollado de conformidad con métodos de razonamiento jurídico bien conocidos y masivamente usados en los estados constitucionales contemporáneos. Como han expresado canónicamente los tribunales constitucionales y de derechos humanos del mundo, ningún derecho fundamental es absoluto y puede ser restringido siempre que ello no se haga de manera abusiva, arbitraria o desproporcional". De lo que anterior queda evidenciado que el hecho de que el perito en compañía de las partes ingrese momentáneamente y en una fecha y hora específica, en el domicilio materia de la pericial, con el propósito de desahogar los puntos a tratar en la referida probanza que le es encomendada (únicamente respecto a lo que bajo su pericia observe), dada la naturaleza y forma del planteamiento, así como el carácter transitorio del medio de convicción a desahogar, no puede considerarse trasgresor de los derechos fundamentes de la parte quejosa que puedan tornarse de imposible reparación, puesto que bajo el planteamiento de la pericial ofrecida no se advierte que con su desahogo pueda sufrir alteración o modificación el inmueble sobre el que versará ésta o que ante dicha admisión se transgredan aspectos personales de la parte quejosa. Lo mismo debe decirse del proveído de diez de febrero de dos mil veintitrés, en el que se sustituyó al perito originalmente propuesto, ya que ello sólo incide en la persona que, en su caso emitirá el dictamen relativo, lo que únicamente tiene un efecto en el proceso. Por lo anterior, se advierte que los actos combatidos no están comprendidos dentro de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, por no tratarse de actos que tengan una ejecución de imposible reparación, ya que no producen de manera directa e inmediata afectación alguna a cualquiera de los derechos fundamentales de la parte quejosa, tutelados por la Constitución Federal, sino únicamente efectos intraprocesales, cuyas consecuencias pueden extinguirse en la realidad sin haber generado afectación alguna a sus derechos fundamentales y sin dejar huella en su esfera jurídica con el hecho de que dentro del juicio civil 1100/2022, el Juez responsable -en su caso-, emita sentencia que no sea contraria a los intereses de la parte promovente; pero de resultarle adversa, puede repararse mediante la vía de amparo directo, tal como lo dispone el artículo 172 de la ley de la materia, en el que puede alegar como violación procesal las determinaciones que aquí reclaman, por haber trascendido al resultado del fallo. Por tanto, el juicio de amparo promovido en esta vía constitucional, deviene improcedente al no considerarse los actos reclamados como de aquellos que causen perjuicios irreparables a la parte quejosa y, por tanto, en términos del artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis que de rubro, texto y datos de identificación son los siguientes: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. SU IMPUGNACIÓN EN AMPARO DIRECTO DEBE REALIZARSE A PARTIR DE LO RESUELTO POR EL TRIBUNAL DE APELACIÓN, AL HACERSE CARGO DE LOS AGRAVIOS RELATIVOS EN LA SENTENCIA DEFINITIVA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). El Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla prevé la posibilidad de que el tribunal de alzada se ocupe de cuestiones procesales, lo cual puede conducirle a ordenar la reposición del procedimiento de primer grado. Por tanto, el análisis de los conceptos de violación que se relacionen con infracciones adjetivas, debe realizarse en función de las consideraciones por las que la autoridad responsable dé respuesta a los respectivos agravios hechos valer en el recurso de apelación interpuesto tanto contra el procedimiento sustanciado, como respecto del fallo dictado por el Juez de primera instancia, y no mediante la apreciación directa de la resolución o actuación que podría configurar la violación procesal alegada. Ello es así, porque acorde con el artículo 382 del código en cita, quien recurre un fallo de primer grado tiene la posibilidad de hacer valer como motivos de inconformidad las violaciones procesales cometidas durante el trámite del juicio, además de las sustanciales al procedimiento y las vinculadas con el fondo de la resolución adoptada. De tal suerte, si en los conceptos de violación de un amparo directo en el que se reclama un fallo emitido en un procedimiento civil, sustanciado al tenor del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, en el que se hacen planteamientos relacionados con las violaciones procesales a que alude el artículo 172 de la Ley de Amparo, y estas cuestiones fueron llevadas al conocimiento del tribunal de apelación, a través de la expresión de agravios procesales -sin haber tenido oportunidad el afectado de alegarlo en primera instancia-, y sobre el particular la autoridad de segundo grado se pronunció calificándolos, su análisis corresponde efectuarlo a partir de lo resuelto en la sentencia emitida sobre el particular, constitutiva del acto reclamado en la vía directa, lo cual posibilita a no ocuparse de la legalidad de la resolución intermedia en que se pudiera contener la alegada violación procesal, pues ésta fue llevada a la litis de apelación y sobre ella existe un pronunciamiento en la sentencia terminal. En cambio, si se estuviera en un escenario distinto, el Tribunal Colegiado, al atender los conceptos de violación, podría establecer su inoperancia, para el caso de que hubiese existido la posibilidad legal de que el afectado recurriera la violación procesal objeto de cuestionamiento y no lo hiciera y, a pesar de ello, alegada que fuera en agravios, el tribunal de apelación se hubiera hecho cargo de éstos; sin perjuicio de lo que, si el asunto lo permite, advierta en suplencia de la queja deficiente." (Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil Del Sexto Circuito, Registro digital: 2014767, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Décima Época; Materias(s): Común; Tesis: VI.2o.C. J/23 (10a.); Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 44, Julio de 2017, Tomo II, página 976; Tipo: Jurisprudencia) Quinto. Considerando que las partes en el juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo expuesto y fundado, se Resuelve Primero Se sobresee en el presente juicio promovido por Juan Carlos López González, por propio derecho y como representante legal de la moral JMMV REALTY GROUP SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en el considerando tercero y por los motivos expuestos en el considerando cuarto de la presente resolución. Segundo. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, hoy cinco de septiembre de dos mil veintitrés, en que las labores del Juzgado lo permitieron, asistida de María Elizabeth Reyes Moreno, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Incidental

    Tijuana, Baja California, ocho de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días hábiles otorgado a la parte quejosa, en acuerdo de veinte de julio del año en curso, para que exhibiera la garantía que se le fijó en resolución de trece de marzo del año en curso, con el objeto de que continuara surtiendo efectos la suspensión definitiva concedida, sin que a la fecha lo hubiere hecho. En consecuencia, con fundamento en el artículo 136 de la Ley de Amparo, gírese oficio a las autoridades responsables haciéndoles saber que dado lo anterior, quedan expeditas sus facultades para ejecutar los actos reclamados dentro del juicio de garantías del que emana este incidente de suspensión. Notifíquese.

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