Juan Carlos López García
Expediente 405/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 10 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 405/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 14/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Juan Carlos López García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, catorce de junio de dos mil veintitrés. Visto el contenido de la razón actuarial que antecede, mediante la cual el fedatario judicial adscrito a este Juzgado Federal, asienta la imposibilidad de notificar personalmente a la parte quejosa y/o autorizados la resolución de ocho de junio del presente año, por las razones que expone en la misma. En consecuencia, procédase a notificar la resolución en cita por lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, en términos de lo dispuesto por el inciso a), fracción III, del artículo 27 de la Ley de Amparo, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, hasta en tanto designe nuevo domicilio cierto y actual en esta ciudad para tales efectos. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el acto reclamado por el quejoso en el presente juicio de amparo consiste en: "I.- El ilegal ordenamiento de la Medida de protección establecidas por el Artículo 137 Fracción I,III, V y VIII del Código Nacional de Procedimientos Penales otorgado a favor de la señora ******************** dentro de la Carpeta de Investigación marcada como Numero Único de Caso ******************** librada por la autoridad Responsable y ordenadora con lo que se generó un estado de indefensión al habérseme privado de la casa que ocupo como domicilio conyugal así como al no permitirme poder sacar ninguna de mis cosas personales ni mucho menos ropa ni documentos que me son útiles para mi trabajo y son indispensables como sustento por lo que desde ese momento se me deja en un total estado de indefensión. Violando mis Garantías Individuales consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Acto que fue confirmado por la autoridad responsable, de cuyo contenido se advierte que la medida de protección reclamada fue por el término de sesenta días a partir de su notificación, lo cual, bajo protesta de decir verdad la parte quejosa manifestó que fue el veintidós de febrero del año en curso. En atención a lo anterior, se provee lo siguiente: SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA En la especie, del acto reclamado por la quejosa, se considera actualizada la causal de improcedencia prevista en En el caso, a juicio de quien aquí resuelve, se estima que sobreviene la causal de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que indica: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVI. Contra actos consumados de un modo irreparable; ." En relación con la porción normativa reproducida, debe decirse que, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, los actos consumados se pueden clasificar atendiendo a su naturaleza y efectos en: a). Actos consumados de modo reparable; y b). Actos consumados de modo irreparable. Los primeros, son aquéllos que, a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias, pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable; de ahí que sí proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable, son aquellos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas; razón por la cual resulta improcedente el juicio de amparo intentado en su contra. Es decir, que los actos consumados son aquéllos que han producido en forma total todos sus efectos o cuya finalidad perseguida se ha obtenido con todas sus consecuencias jurídicas. En esa tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo, debe atender a la reparabilidad física y material de estos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido. Atento a lo anterior, se puede concluir que los actos consumados de modo irreparable son aquellos que han producido todos sus efectos, de manera tal que no es posible restituir al quejoso en el goce del derecho humano violado, lo cual lleva a estimar improcedente la acción de amparo, dado que para el caso en que se otorgara la protección constitucional solicitada, la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos, al no ser materialmente posible reparar la violación de que se trate. Sobre el tema, resulta ilustrativa la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ACTOS CONSUMADOS DE MODO IRREPARABLE. La disposición de la Ley de Amparo que se refiere a actos consumados de un modo irreparable, alude a aquellos en que sea físicamente imposible volver las cosas al estado que tenían antes de la violación." En el caso concreto, de las documentales que la parte quejosa anexo a su escrito de demanda, así como, de su propio dicho de bajo protesta de decir verdad, se aprecia que el veintidós de febrero de dos mil veintidós, quedó notificado de las medidas de protección por una temporalidad de sesenta días dictadas en el carpeta de investigación ******************** a favor de ********************, de acuerdo a lo previsto por las fracciones I,III, V y VIII, del artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistentes en: "I.- Prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima u ofendido. III. Separación inmediata del domicilio V.- La prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u ofendido o a personas relacionados con ellos. VIII.-Auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales, al domicilio en donde se localice o se encuentre la víctima y ofendido en el momento de solicitarlo." Medidas de protección que de acuerdo con el invocado artículo 137, se imponen cuando se estima que el imputado representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima u ofendido, la cual de conformidad con el diverso 139 del mismo Código, tendrá una duración máxima de sesenta días naturales, prorrogables hasta por treinta días. Ahora, como se advierte del contenido de la resolución impugnada, las medidas de protección decretadas por la representación social, a favor de la víctima ********************, fueron establecidas con una duración de sesenta días; mismas que fueron notificadas al aquí quejoso el veintidós de febrero del presente año. Sin que, por otra parte, se advierta que dichas medidas de protección hayan sido prorrogadas; y aún para el caso de que hubieran sido prorrogadas, los noventa días también ya habrían transcurrido, tomando como referencia la fecha en que se dicta esta sentencia. Así entonces, es de afirmarse que en el caso, ha sido consumado de manera irreparable el acto reclamado; lo anterior es así, ya que la medida de protección decretada objeto de análisis en el presente juicio fue otorgada por una temporalidad de sesenta días, sin que se tenga conocimiento de que haya sido ampliada. Por lo que, al haberse consumado la violación reclamada, ya que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir a la parte quejosa en el goce del derecho que estimó vulnerado, como establece el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, al ser física y materialmente imposible reintegrarle, en el plazo aludido; es que se hace improcedente el juicio de amparo, toda vez que la sentencia respectiva carece de efectos prácticos. Sirve apoyo por las consideraciones que la sustentan, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, cuyo rubro y texto dice: "PRISIÓN PREVENTIVA IMPUESTA EN LA AUDIENCIA INICIAL DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL. EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE CUANDO SE AGOTA LA VIGENCIA DE DICHA MEDIDA CAUTELAR POR EL SOLO TRANSCURSO DEL TIEMPO. El artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos consumados de modo irreparable; dicha causa se actualiza cuando los actos reclamados han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de su derecho fundamental violado, lo que torna improcedente el amparo dado que, para el caso en que se otorgara la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, al no ser materialmente posible reparar la violación de que se trata. Ahora bien, cuando en la audiencia inicial del sistema penal acusatorio y oral, el Juez de control imponga por un tiempo determinado la medida cautelar consistente en la prisión preventiva y el imputado la reclame en un juicio constitucional, ésta debe entenderse consumada de modo irreparable en el momento en que su vigencia se agote por el solo transcurso del tiempo. Esto es así, ya que, aun cuando se considerara inconstitucional la privación de la libertad de la que fue objeto el quejoso, no podría restituírsele en el goce de ese derecho por el periodo del que fue privado de él, al ser material y jurídicamente imposible retrotraer el tiempo." En ese orden, se concluye que el acto en cita, se ha consumado de manera irreparable, por lo que aun cuando se declarara la ilegalidad de éste, la protección constitucional no podría materializarse conforme al artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En tal virtud, se considera actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia en estudio, ya que ningún elemento podría desvirtuar su configuración, pues el mero transcurso del tiempo es el que consumó de modo irreparable el acto reclamado; de ahí que resulte materialmente imposible retrotraer en el tiempo cualquier efecto restitutorio que pudiera darse a la ejecutoria de amparo, pues como se ve, la afectación derivada de las medidas de protección decretadas por la representación social, a favor de la ofendida, no podría repararse, aun cuando se otorgue la protección constitucional, considerando para ello que no se pueden restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia que se estudia, con fundamento en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables. Por otro lado, cabe abundar que la causa de improcedencia por la que se sobresee el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia. Apoya lo expuesto la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para llevar a cabo la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CINCO DE JULIO DEL DOS MIL VEINTITRÉS, dado el sentido del presente proveído. Notifíquese personalmente.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, dos de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, toda vez que no obra en autos el informe justificado ni la constancia de notificación de la siguiente autoridad: 12193/2023 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN PONIENTE EN APAN HIDALGO. (FORÁNEO) (AUTORIDAD RESPONSABLE) Mismo que contiene el proveído de quince de marzo del presente año, por el cual se le requirió su informe justificado. Para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CINCO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, toda vez que no obra en autos el informe justificado de la siguiente autoridad: 12193/2023 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN PONIENTE EN APAN HIDALGO. (FORÁNEO) (AUTORIDAD RESPONSABLE) Mismo que contiene el proveído de quince de marzo del presente año, por el cual se le requirió su informe justificado. En consecuencia, se requiere al superior jerárquico Subprocuradora Poniente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, para que dentro del término improrrogable de veinticuatro horas requiera al Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General de Investigación y Litigación Poniente en Apan Hidalgo, para que rinda su informe justificado. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y artículo 260, fracción II, de la Ley de la Materia, se le impondrá una multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, al resolver el fondo del asunto (entendiéndose días de Unidad de Medida y Actualización). Para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y en su lugar se fijan las DOCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DOS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese.
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