Juan Carlos López Fuentes

Expediente 813/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 30 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
813/2017
Año
2017
Actuaciones
30
Última actuación
12/07/2018

Partes del expediente

  • Promotora de Vivienda Chiapas (organismo público descentralizado).
  • Juan Carlos López Fuentes
  • Juan Carlos López Fuentes y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, doce de julio de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días que prevé en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes legitimadas manifestaran su inconformidad contra el auto de doce de junio de dos mil dieciocho (fojas 394 a 402), que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que ninguna de las partes se inconformó. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: DEPURAR EXPEDIENTE PRINCIPAL 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. De los autos del presente expediente no se advierte que existan documentos originales en los términos que señala el párrafo tercero del punto décimo primero del referido acuerdo. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no tiene especial transcendencia jurídica, política, histórica, ni documental, ni se encuentra dentro de los supuestos a que alude el segundo párrafo de la fracción V del artículo vigésimo primero del acuerdo citado en líneas que anteceden. DEPURAR CUADERNO ORIGINAL INCIDENTE 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la suspensión definitiva de los actos reclamados. DESTRUIR DUPLICADO INCIDENTE 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. TRANSFERENCIA 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; cinco de julio de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, mediante el cual solicita la expedición de copias certificadas de diversas constancias que integran el presente asunto. En consecuencia, como lo solicita el homologo federal, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, remítanse copia certificada de la papeleta de turno, auto admisorio, informes justificados, resolución constitucional y auto por el que causo ejecutoria. Por otra parte, respecto de las copias que solicita del diverso juicio de amparo ***, no ha lugar acordar de conformidad, toda vez que de una consulta realizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se advierte que el nombre del quejoso en dicho expediente es diferente al que informa la autoridad oficiante. Notifíquese.

  3. Principal

    Pronunciamiento: Toda vez que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada amparo de revisión 508/2017, por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, en sesión de treinta de abril de dos mil dieciocho, en forma total, sin excesos ni defectos, así procede declararlo, con fundamento en los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo; sin que las partes hubieren desahogado la vista que se les dio, como se observa de la certificación de cuenta. Vista: Para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes. Notifíquese.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO DE DOCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE DICE: "Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, doce de junio de dos mil dieciocho. 1) Antecedentes. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente del que se desprende:  Que el veinte de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 134 a 173), se dictó sentencia definitiva en la que se negó el amparo y protección solicitado por el quejoso****.  Mediante proveído de cinco de octubre de dos mil diecisiete, se tuvo por presentado el recurso de revisión que hizo valer por el quejoso ****, en contra de la sentencia dicta en el presente juicio (foja 204).  Por acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, se ordenó turnar los presentes autos al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, para la sustanciación del recurso de revisión citado (foja 226).  El once de mayo de dos mil dieciocho (fojas 338 a 340), se recibió el testimonio de la ejecutoria correspondiente a la sesión de treinta de abril de dos mil dieciocho, emitida en el amparo de revisión 508/2017, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, en la que se determinó revocar la resolución recurrida, y conceder el amparo solicitado por la parte quejosa, para los efectos ahí precisados (fojas 239 a 336).  En dicho proveído se requirió a la autoridad responsable 1. Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ocosingo, Chiapas, el cumplimiento de la misma (fojas 338 a 340).  Por telegrama recibido el dieciocho de mayo del año en curso (foja 345), se tuvo a la autoridad responsable informando que ****.  Así también, en proveído de treinta de mayo de la presente anualidad (foja 387), se recibieron las constancias con las que la responsable refirió haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada por la superioridad; con las que se ordenó dar vista a las partes para que en el término de tres días expresaran lo que a su derecho conviniera; término que transcurrió atento a la certificación que antecede, y sin que fuera desahogada la vista concedida. Con base a lo anterior, este órgano de control constitucional procede a resolver de acuerdo con las constancias que obran en autos, si el fallo protector se encuentra o no puntualmente cumplido en su totalidad, sin excesos ni defectos o si existe imposibilidad para cumplirlo. CONSIDERANDO PRIMERO.- Efectos de la ejecutoria de amparo: Conforme al texto de la ejecutoria de amparo en revisión 508/2017, por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, en sesión de treinta de abril de dos mil dieciocho, la protección de la Justicia Federal, se otorgó para que la autoridad responsable procediera de la siguiente manera: "[.] 1. El Juez responsable deje insubsistente la orden de aprehensión de quince de junio de dos mil diecisiete, dictada en la causa penal ****, por lo que refiere a los quejosos **** y en su lugar, emita una nueva resolución, la que con libertad de jurisdicción, podrá ser en el mismo sentido, purgue los vicios formales que le afectan, o en sentido diverso, en donde atienda los siguientes puntos: * En relación al cuerpo del delito y su calificativa: ? Realizar el estudio de todos y cada uno de los elementos conformadores del delito de referencia, así como los medios de prueba que demuestran cada uno los elementos corporales, los hechos obtenidos de dichas probanzas que revelaron la existencia de tales supuestos descriptivos del tipo, el juicio valorativo de éstas y la manera en que los hechos demostrados encuadraron en la hipótesis delictiva que se les atribuye al indiciado (aquí quejoso), debiendo establecerla correctamente; así como su calificativa. ? Realice el juicio de tipicidad correspondiente al ilícito de despojo agravado, para lo cual deberá: I. Precisar las pruebas con las que acredite cada uno de los elementos del cuerpo de los citados delitos; II. Extraer el indicio que le permita colegir su actualización. * En lo relativo a la probable responsabilidad penal del quejoso en la comisión del delito de despojo, el Juez responsable deberá: ? Expresar con precisión de manera separada las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tuvo en cuenta para la emisión del acto, siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, o dicho de otro modo, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa; es decir, deberá precisar las pruebas con las que se encuentra demostrada la probable responsabilidad del indiciado en grado de coautoría material, que conducta probablemente desplego en la comisión del injusto, el valor que tienen cada una de las pruebas, precisando el precepto legal que se los otorga, y que se obtiene de cada una de dichas pruebas; asimismo, deberá precisar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en el que llevó a cabo el mencionado delito y que participación tuvo el inculpado en el mismo; y ? Precisar la conducta que específicamente se le reprocha al inculpado, ahora recurrente. La concesión del amparo se hace extensiva respecto del acto de ejecución que los peticionarios de amparo les atribuyen a las autoridades señaladas como ejecutoras Encargado de la Plaza de la Policía Especializada adscrito al. Fiscal del Ministerio Público Investigador, al Jefe de Grupo de la Policía Especializada, adscrito al Fiscal del Ministerio Público Investigador y al Jefe de Grupo de la Policía Sectorial de Seguridad Pública del Estado de Chiapas; todos con residencia en Ocosingo, Chiapas; al no reclamarse por vicios.". SEGUNDO.- Acto de la autoridad. En ese sentido, de las constancias remitidas por la autoridad responsable 1. Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ocosingo, Chiapas, se desprende que en resolución de veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, dejó ****, dictada en contra de ****; asimismo, el veintiuno de mayo del año en curso, en la nueva resolución se negó la orden de captura solicitada por la Representación Social en contra de éste (fojas 358 a 385). TERCERO.- Análisis de cumplimiento. Ahora, procede determinar si la sentencia de amparo fue cumplida conforme a los efectos que el Primer Tribunal Colegiado señaló, haciendo el examen de las copias certificadas de la determinación remitida por la autoridad responsable, las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de lo previsto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con su artículo 2º. En lo que se refiere a que la autoridad responsable dejará sin efectos la orden de aprehensión reclamada; sí se llevó a cabo, pues mediante telegrama recibido el dieciocho de mayo del año en curso (foja 345), el Juez responsable informó que el dieciséis de mayo de este año, ordenó dejar insubsistente la orden de aprehensión librada en contra del aquí quejoso, el quince de junio de dos mil diecisiete en la causa penal 11/2017, de su índice. Asimismo, la responsable acreditó que el veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, dictó un nuevo auto de incoación en el que negó la orden de aprehensión solicitada por el Fiscal del Ministerio Público Investigador (fojas 358 a 385). Ahora, de la determinación aludida se advierte que en relación al cuerpo del delito y su calificativa, el Juez responsable realizó el estudio de los puntos precisados por la superioridad, en los siguientes términos: Realice el estudio de todos y cada uno de los elementos conformadores del delito de despojo, siendo estos; a) la ocupación de un inmueble ajeno; b) haga uso de él o de un derecho real que no le pertenezca; c) empleando violencia y furtividad, d) que sea cometido por más de cinco personas y e) quienes dirijan. En relación al elemento marcado con el inciso a) la ocupación de un inmueble ajeno, la responsable lo tuvo por acreditado con los siguientes medios de pruebas: 1. Copia certificada de la escritura pública cuatrocientos cincuenta y cuatro, volumen sesenta y cinco, de catorce de junio de dos mil once, mediante la cual se formalizó el contrato de compraventa a favor de "Promotora de vivienda Chiapas", de un predio rustico segregado del predio el Cortijo; 2. Escrito de querella presentada por el apoderado legal de "Promotora de vivienda Chiapas", el veintiuno de octubre de dos mil quince; 3. Declaraciones ministeriales de los testigos de cargo Javier Gómez López y Sebastián Díaz Hernández, de veinte de noviembre de dos mil quince; 4. Declaración ministerial de los testigos (de oídas) Gerardo Corzo García y Alejandro Grajales Ibarra, de diecinueve de noviembre de ese mismo año; 5. Inspección Ministerial en el lugar de los hechos, realizada el tres de diciembre de dos mil quince; y, 6. Fe ministerial de documentos de veintiuno de octubre de dos mil quince, en relación a diversas documentales. Ello es así, pues a decir de la autoridad, con la documental consistente en la copia certificada de la escritura pública cuatrocientos cincuenta y cuatro, volumen sesenta y cinco, de catorce de junio de dos mil once, mediante la cual se formalizó el contrato de compraventa a favor de "Promotora de vivienda Chiapas", de un predio rustico segregado del predio el Cortijo, se justificó qué quien tiene derecho a disponer de dicho inmueble, es el organismo público descentralizado denominado "Promotora de vivienda Chiapas", pero que sin su consentimiento fue despojada por el aquí quejoso y otras personas, como se advierte de la siguiente transcripción: Para justificar lo anterior, realizó la valoración de los siguientes medios de pruebas: 1. Declaraciones ministeriales de los testigos de cargo ****, de veinte de noviembre de dos mil quince; e, 2. Inspección Ministerial en el lugar de los hechos, realizada el tres de diciembre de dos mil quince. A los testimonios de ****, les otorgó valor probatorio en términos de los artículos 258, 259 y 550 Bis-23 del Código de Procedimientos Penales, ya que dichos atestes fueron quienes presenciaron a través de sus sentidos, al ser éstos quienes realizan actividades de vigilancia en dicho predio, como los sujetos activos ocuparon un inmueble ajeno que no les pertenece. Ahora, de la diligencia de inspección ministerial, a decir de la responsable ésta resultó trascendental para tener por acreditado el segundo elemento del delito que se analiza, pues a través de tal diligencia obtuvo que el inmueble materia de dicha inspección, se encuentra ocupado por diversas personas, distintas a su propietaria. De esa forma, la responsable concluyó que era más que evidente que los sujetos activos el día sábado diez de octubre de dos mil quince, aproximadamente a las diez horas con treinta minutos, decidieron ir la fraccionamiento la Ceiba, y con lujo de violencia desalojaron a las personas que se encontraban viviendo con la autorización de quien legalmente tiene ese derecho, para posesionarse de dicho fraccionamiento sin su permiso y haciendo uso del él; concluyendo que el resultado obtenido fue material, pues se había consumado al momento en que los sujetos activos encaminaron su conducta antijurídica para posesionarse del citado predio que no les pertenece. Siguiendo con el siguiente elemento que quedó marcado con el inciso c) empleando violencia y furtividad, el Juez responsable determinó lo siguiente: "Lo anterior en análisis de la probanzas antes esgrimidas el ilícito en estudio es evidente que los hoy indiciados, constituye una parte de la conducta delictiva y que resulta determinante para la obtención del resultado, con lo que se concreta que el medio comisivo es la violencia y furtividad, misma que consiste en la ocupación de un inmueble sin la autorización del poseedor, llevada a cabo de forma sorpresiva y mediante violencia por los agentes activos, con la finalidad de que el poseedor no pueda percatarse del momento de la ocupación y, por ende, no se oponga a su realización, tal y como queda comprobado especialmente con lo declarado por el testigo de cargo **** de fecha 20 de Noviembre del año 2015, quien manifestó: [.]". Para acreditar lo anterior, el Juez responsable tomó en consideración los testimonios de *****, a los que les otorgó valor probatorio en términos de los artículos 258, 259 y 550 Bis-23 del Código de Procedimientos Penales, pues los atestes fueron quienes presenciaron a través de sus sentidos, como los sujetos activos ocuparon un inmueble ajeno que no les pertenece, quienes se introdujeron con machetes, palos y piedras en manos, para hacer uso de la violencia tanto del predio materia de estudio, así como de los habitantes que se encontraban en el mismo, con el objeto de desalojarlos. Referente al elemento marcado con el inciso d) que sea cometido por cinco o más personas, el Juez responsable determinó: "Elemento de estudio del delito de despojo, el cual en autos se encuentra acreditado de manera principal con la manifestación de los testigos de cargo Javier Gómez López y Sebastián Díaz Hernández, quienes presenciaron justo en el momento en que los hoy inculpado junto con un grupo de personas se metieron al terreno materia de estudio, mismos testigos quien el primero de ellos ante el representante social manifestó [.]". Elemento que a juicio de la responsable, se acreditó mediante las declaraciones de Sebastián Díaz Hernández y Javier Gómez López, pues éstos fueron los que presenciaron los hechos y la forma en como se fue realizó la conducta de reproche acontecida el diez de octubre de dos mil quince, cuando los sujetos activos se introdujeron al predio denominado la Ceiba, con el objeto de desalojar a los habitantes con lujo de violencia; prueba a la que se le otorgó valor probatorio en términos de los artículos 258, 259 y 550 Bis-23 del Código de Procedimientos Penales. En relación a la calificativa marcada con el inciso e) quienes se dirija, el Juez responsable estableció que éste se encontraba debidamente acreditado con lo manifestado por los testigos de cargo Javier Gómez López y Sebastián Díaz Hernández, quienes presenciaron justo en el momento en que los inculpados junto con un grupo de personas se metieron al terreno materia de estudio; declaraciones a las que les otorgó valor probatorio pleno, debido a que tiene la edad, capacidad, criterio, probidad de los hechos sobre los cuales depusieron, además de que presenciaron los hechos a través de sus sentidos, pues ambos refirieron que algunos de los inculpados dirigían a las personas con quienes iban, siendo aproximadamente cincuenta, y que en forma conjunta despojaron a los habitantes del predio denominado la Ceiba. De lo anterior, es de obtenerse que la responsable realizó el estudio de cada uno de los elementos conformadores del delito de despojo, así como los medios de prueba con los que a su juicio se acreditó cada uno de ellos, el juicio valorativo de los mismos, la manera en que los hechos encuadraron en la hipótesis normativa, su calificativa, así como los datos indiciantes que advirtió de cada medio de prueba. Asimismo, la responsable realizó el juicio de tipicidad, ya que además de precisar las pruebas con las que se verificó la relación de todos los elementos que conforman la figura típica (despojo), estableció que con el actuar doloso, típico, antijurídico y culpable de los sujetos activos, incluyendo el del aquí quejoso, se afectó el bien jurídico tutelado por la norma penal, siendo este, la posesión o propiedad de la que gozaba Promotora de Vivienda Chiapas, previo a que acontecieran los hechos delictivos. Finalmente, en lo que se refiere a la probable responsabilidad del quejoso Juan Carlos López Fuentes, en la comisión del delito de despojo, el juez responsable estableció que si bien, las pruebas aportadas por el representante social fueron suficientes para tener por acreditado los elementos del cuerpo del ilícito de mérito, lo cierto es qte éste no motivó la participación que tuvo o que desplegó dicho inculpado en la comisión del aludido delito, pues a su juicio debió precisar todas aquellas circunstancias especiales, razones particulares o causas imputadas en forma pormenorizada, que haya tomado en consideración para acreditar su responsabilidad. En virtud de ello, al estimar que existió una deficiencia probatoria para acreditar la probable responsabilidad del quejoso Juan Carlos López Fuentes, en la comisión del delito de despojo, previsto en el numeral 305, fracción I, y sancionado por el penúltimo párrafo y agravado por el último párrafo del Código Penal del Estado de Chiapas, determinó negar la orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público. De ahí que no proceda seguir realizando el estudio de los efectos para los cuales fue concedido el amparo, respecto de la probable responsabilidad del quejoso. Pronunciamiento: Toda vez que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada amparo de revisión 508/2017, por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, en sesión de treinta de abril de dos mil dieciocho, en forma total, sin excesos ni defectos, así procede declararlo, con fundamento en los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo; sin que las partes hubieren desahogado la vista que se les dio, como se observa de la certificación de cuenta. Vista: Para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes. Notifíquese.

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