Juan Carlos Lopez Cruz
Expediente 1417/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 12 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1417/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 28/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Juan Carlos Lopez Cruz
- Junta Especial número treinta y dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con domicilio conocido sito en la calle carbonera, numero 902, Trinidad de las Huertas, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de abril de dos mil veintidós. En atención a la certificación secretarial, se declara consentido el acuerdo de veinticuatro de marzo del año en curso, que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este asunto, al no haberse interpuesto el recurso de inconformidad previsto en el artículo 201, fracción I de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la depuración de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Incidental
MESA I-B. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de abril de dos mil veintidós. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva solicitadas; y que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que alude el séptimo transitorio del referido acuerdo en relación con lo dispuesto por el capítulo 7.5. punto 2 relativo al tratamiento del incidente de suspensión original del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de destrucción. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en razón que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
MESA I-B. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de marzo de dos mil veintidós. De este sumario se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto por el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo prescrito por los arábigos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que tal fallo ha causado ejecutoria. Ahora, la protección constitucional se otorgó para los efectos de que la Junta Especial Federal Treinta y Dos de Conciliación y Arbitraje realice lo siguiente: De no llevarse a cabo la emisión del dictamen del perito de la parte demandada en el juicio J32/157/2017 fijada para las once horas del veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, por alguna cuestión que amerite su diferimiento, deberá de atender a los plazos establecidos de la Ley de la Materia; para su reagendización. Por tanto, con fundamento en lo previsto por el arábigo 192 de la Ley de Amparo requiérase a la Junta Especial Federal Treinta y Dos de Conciliación y Arbitraje para que dentro del plazo de tres días cumpla la ejecutoria de amparo en los términos apuntados, para lo cual deberá remitir copias certificadas ordenadas, legibles y completas de las constancias que acrediten su acato al fallo protector. Se apercibe a la referida autoridad que si no actúa como se indica en la sentencia dictada en este asunto, este Juzgado de Distrito impondrá en su contra una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, en términos de lo previsto por los dispositivos 192 y 258 de la Ley de Amparo, al momento en el que incurra en la conducta sancionada y, de ser el caso, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, en turno, para que en el momento procesal oportuno proponga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el supuesto de que proceda, la destitución del cargo de los servidores públicos respectivos y, posteriormente, la consignación ante las autoridades jurisdiccionales correspondientes. Dígasele que en términos de lo señalado por el normativo 195 de la Ley de Amparo, si el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo es injustificado, no la exime de responsabilidad, pero podrá tomarse en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Además, de incurrir en una conducta contumaz se evidenciaría que trata de eludir el cumplimiento de la sentencia dictada en este sumario. Notifíquese.
- Principal
"MESA I-B. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a las trece horas con cincuenta minutos del veintiuno de febrero de dos mil veintidós, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, junto con el secretario de acuerdos, Gamaliel Sánchez Cruz, procede a celebrar la audiencia constitucional del presente juicio de amparo, sin la comparecencia de las partes. Relación de constancias. A continuación, el secretario hace una relación de las constancias que obran en el expediente relativo, entre las que se encuentran las siguientes: (i) demanda de amparo, (ii) auto de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, donde se admite a trámite la demanda de amparo (ii) informe justificado (iii). Acto seguido, el Juez Quinto de Distrito en Estado de Oaxaca, tiene por hecha la relación de constancias; por tanto, se ordena pasar a la siguiente etapa de la audiencia. Etapa probatoria. En esta etapa se hace relación de las documentales exhibidas por la parte quejosa y la autoridad responsable, las cuales con fundamento en el artículo 119 de la citada Ley de Amparo, se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, por lo que no habiendo más pruebas que relacionar se cierra el período probatorio para pasar a la etapa de alegatos. Etapa de alegatos. En esta etapa de la audiencia se hace constar que ninguna de las partes formuló alegato alguno; por lo que no habiendo diligencias pendientes por desahogar, se da por concluida la presente audiencia y se procede a dictar la sentencia siguiente: S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 1417/2021, promovido por**********, en contra de determinación de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, en el expediente laboral J32/157/2017 del índice de la Junta Especial número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje. El problema jurídico en el presente asunto exige analizar en caso de que se cumplan los presupuestos procesales correspondientes para el dictado de fondo si la Junta Especial número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, viola en su perjuicio los derechos constitucionales establecidos en los artículos 8°, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al haber señalado las once horas del veintiocho de febrero de dos mil veintidós, para que el perito de la parte demandada emitiera su dictamen respecto de la prueba pericial de caligráfica, grafoscopía y dactiloscopia. I. ANTECEDENTES Según consta en autos, en la juicio laboral J32/157/2017 que se tramita en la Junta Especial número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en donde **********, demandó de Elmex Superior Sociedad Anónima de Capital Variable, diversas prestaciones. Durante la tramitación del juicio, en audiencia pública de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, se discernió e l cargo de perito en materia de caligrafía, grafoscopía y dactiloscopia de la parte demanda, para cual se señalaron las doce horas con treinta horas del día dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, para que el actor compareciera al local de la junta federal para los ejercicios caligráficos solicitados para el desahogo de dicha probanza. Sin embargo, el aquí quejoso no compareció a dicha audiencia, motivo por el cual, el dieciocho de noviembre de ese año, se ordenó el desahogo de dicho probatorio con los elementos que obraran en el sumario, señalando como fecha para presentación del dictamen, las once horas del veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Situación esta última que causó inconformidad al quejoso, por lo cual acude a esta instancia constitucional a cuestionar la determinación de la autoridad responsable. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Juan Carlos López Cruz, promovió el presente juicio de amparo mediante escrito presentado el diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca. Señaló como autoridad responsable a la Junta Especial número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, y como acto reclamado, la determinación emitida el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, en el expediente laboral J32/157/2017 del índice de la responsable. La parte quejosa precisó que se vulneraron sus derechos fundamentales establecidos en los artículos 8°, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La demanda fue remitida a este Juzgado de Distrito por razón de turno, donde quedó registrada con el número 1417/2021 y fue admitida el veinte de diciembre de dos mil veintiuno. La audiencia constitucional se llevó acabo en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 48, 49 y 55, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013; por tratarse de un asunto de naturaleza civil, y el acto reclamado se atribuye a una autoridad residente en Oaxaca de Juárez, lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama de la Junta Especial número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje: ( La determinación emitida en el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, en el expediente J32/157/2017, en la parte que señaló las once horas del veintiocho de febrero de dos mil veintidós, para que el perito de la parte demandada emita el dictamen pericial en caligrafía, grafoscopía y dactiloscopia. V. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. La Presidenta por Ministerio de Ley de la Junta Federal número 32 de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje, aceptó la existencia del acto reclamado. Esa confesión se estima suficiente para tener por acreditada la certeza o existencia de la determinación reclamada. Por tanto, se le tiene como plenamente probado en términos de la Tesis Jurisprudencial número 305, que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, visible en la foja 206 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse ésta como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Además, tal aseveración se corroboró con la copia certificada de la audiencia de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós celebrada en el expediente laboral J32/157/2017 que adjuntó dicha autoridad a su informe justificado y que adquiere valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. VI. ESTUDIO DE LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Al no advertirse causa de improcedencia que hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional advierta de oficio, procede analizar el fondo de la inconstitucionalidad planteada, para lo cual se tienen por transcritos los conceptos de violación que expresó el quejoso, por no existir precepto alguno en la Ley de Amparo que obligue a su literal transcripción en la sentencia, aunado a que dicha omisión no lo deja en estado de indefensión, porque no se le priva de la oportunidad de recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. VII. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Resulta innecesaria la transcripción de los conceptos de violación, al no existir dispositivo legal alguno que imponga esa obligación, máxime que a fin de cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad los mismos habrán de ser analizados al momento de estudiar la constitucionalidad de los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, página ochocientos treinta, cuyo rubro y texto indican: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." VIII. ESTUDIO DEL ASUNTO Es fundado, en suplencia de la queja, el concepto de violación que hace valer la quejosa en su libelo constitucional y suficiente para conceder el amparo y protección de la justicia federal, ya que aduce que la juez responsable viola en su perjuicio su derecho fundamental previsto en el numeral 17 Constitucional, ya que ha sido omisa en administrar justicia en los plazos y términos de ley. A fin de justificar tal aseveración, es oportuno destacar que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: "Art. 17.- [.]. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. [.]." Conforme al numeral transcrito, el derecho de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: a) Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes. b) Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto se resuelva si le asiste o no razón sobre los derechos que le garantice la tutela jurisdiccional que ha solicitado. c) Justicia imparcial, que significa que el juzgado emita una resolución no solo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido. d) Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno para la prestación de ese servicio público. Lo anterior, se desprende del criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 227 del Apéndice (actualización 2002), Tomo I, Jur. Acciones de Inconstitucionalidad y C.C. Tesis: 3. Materia(s): Constitucional. Novena Época, del rubro y texto siguientes: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." Conforme a lo anterior, se advierte que el legislador estableció como obligación a cargo de las autoridades, la de expedir justicia de manera pronta, es decir, dentro de los términos, plazos y condiciones que fijen las leyes, principio que rige la actividad jurisdiccional, y que en el caso en estudio no se ha respetado. Así pues, conforme el precepto constitucional citado, los órganos jurisdiccionales no pueden ni deben retardar su función de administrar justicia, en razón que es obligación, impartirla en forma rápida y expedita, lo que implica que deben procurar los asuntos a su cargo en un plazo prudente, y en su caso, dictar las medidas necesarias para llevar a cabo cada etapa en el procedimiento en un plazo razonable. En el caso concreto, el peticionario del amparo reclama la determinación emitida en la audiencia de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, específicamente, en la parte en la que señalaron las once horas del veintiocho de febrero de dos mil veintidós, para que el perito de la parte demandada, emitiera su dictamen en materia pericial de Caligrafía, grafoscopía y dactiloscopia, dentro del expediente laboral J32/157/2017, porque considera que no se le está respetando su derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional. El suscrito estima que asiste la razón al solicitante de la protección constitucional al argumentar en lo esencial, que la responsable transgredió en su perjuicio la garantía consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; pues tal como se manifestó en la demanda de amparo y se aceptó en el informe justificado si bien señaló fecha para recibir el dictamen pericial de la parte actora y para efecto señaló las once horas del veintiocho de febrero de dos mil veintidós, la responsable no justificó ni fundamentó el porqué de la lejanía de la nueva fecha (poco más de tres meses); lo que sin duda contraviene los principios de impartición de justicia pronta, consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a favor de los gobernados, que se traduce en la obligación ineludible de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. No se soslaya que la responsable trató de justificar tanto en su informe justificado, los motivos por los que señaló una fecha lejana para el desahogo de la audiencia. Empero, lo cierto es que, al momento de emitir la determinación recurrida, no emitió cuales eran las justificaciones para ello. De ahí es que se evidencia que la autoridad responsable violó en perjuicio de la parte quejosa, el derecho humano contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues de los antecedentes citados se advierte que con su actuar ha sido omisa en administrar justicia en los plazos de ley, señalando el desahogo de la audiencia de ley en el expediente laboral J32/157/2017, un plazo de poco más de tres meses sin justificación ni motivación alguna. En relatadas conclusiones, la actuación destacada conculca flagrantemente el derecho sustantivo del quejoso a que se le administre justicia de manera pronta y expedita, en los plazos y términos que fija la ley, pues tal acto es contrario a la obligación constitucional y legal que tienen los órganos jurisdiccionales a actuar con diligencia y eficazmente en la administración de justicia. Las actuaciones reseñadas dan cuenta de que la actuación del Tribunal de Enjuiciamiento no se apega a lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que desde luego vulnera los derechos fundamentales de acceso a la justicia de la parte solicitante del amparo, en específico, en lo relativo al principio de justicia pronta que deben observar todas las autoridades encargadas de resolver las controversias ante ellas planteadas. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, Abril de 2007, página 124, con registro 172759, de rubro y texto siguientes: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos -desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos." IX. DECISIÓN En consecuencia, toda vez que ha quedado demostrada la inconstitucionalidad del acto reclamado, se concede a Juan Carlos López Cruz, la protección constitucional solicitada. X. EFECTOS DE LA CONCESIÓN Ahora bien, en razón que la concesión del amparo y protección de la justicia federal al directo quejoso, conllevaría a requerir a la autoridad responsable para que deje sin efecto la determinación de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno y en su lugar dicte una nueva atendiendo a los plazos que establezca la ley de la materia; sin embargo, en atención a la relativa cercanía del día y hora señalada para que el perito de la parte demandada emita su dictamen en materia de caligrafía, grafoscopía y dactiloscopia -28 de febrero de 2022- se constriñe a la autoridad responsable Junta Especial Federal número 32 de Conciliación y Arbitraje a que una vez que cause ejecutoria la presente determinación, realice lo siguiente: De no llevarse a cabo la emisión del dictamen del perito de la parte demandada en el juicio J32/157/2017 fijada para las once horas del veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, por alguna cuestión que amerite su diferimiento, deberá de atender a los plazos establecidos de la Ley de la Materia; para su reagendización. En mérito de lo expuesto, fundado y motivado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo se: RESUELVE ÚNICO. Se concede el amparo y protección de la justicia federal a Juan Carlos López Cruz, por los argumentos que se esgrimen en el apartado VIII de este fallo y para los efectos señalados en el diverso apartado X. Notifíquese."
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