Juan Carlos Limón Cota
Expediente 1683/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1683/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Juan Carlos Limón Cota
Actuaciones
- Principal
"...CAUSA ESTADO Y SE ORDENA ARCHIVO DEFINITIVO..."
- Principal
CON FUNDAMENTO EN LA FRACCION I, INCISO B, DEL ARTICULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA EN VIA DE NOTIFICACION PERSONAL AL QUEJOSO JUAN CARLOS LIMON COTA, EL AUTO DE DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Auto. Hermosillo, Sonora, doce de diciembre de dos mil dieciocho. Personería Se tiene por recibido el escrito presentado por Juan Carlos Limón Cota, por su propio derecho, por el cual promueven juicio de amparo, contra actos de la Coordinadora Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad y otra autoridad. Desechamiento Ahora, del contenido del escrito inicial de demanda se advierte un motivo indudable y manifiesto de improcedencia que necesariamente lleva a desecharla, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, en la inteligencia de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible que se forme una convicción diversa, con independencia de los elementos que de manera eventual pudieran allegar las partes. Ilustra sobre el particular, la tesis 2a. LXXI/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 448 del Tomo XVI, Julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada.". Así es, en la especie, el promovente señaló como autoridad y acto reclamado el siguiente: "4.- ACTO RECLAMADO: Bajo protesta de decir verdad declaro que el acto reclamado de la autoridad responsable COORDINADORA EJECUTIVA DE SUSTANCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, lo constituye el auto de fecha nueve de noviembre de dos mil dieciocho, que contiene a su vez, la determinación de la improcedencia de decretar la extinción de la instancia por caducidad, al acordar no ha lugar a la petición realizada, dentro del expediente RO/227/16, del índice de la propia autoridad responsable." En esas condiciones, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del numeral 61 y en correlación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...)XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: (.)V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;(.)" De los preceptos transcritos se infiere, que para la procedencia del juicio de amparo indirecto, concretamente en cuanto a la hipótesis enunciada (107, fracción V de la Ley de Amparo), es necesario que los actos de autoridad que se combaten, sean de imposible reparación, entendiéndose como tales, aquellos que sus consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte, es decir, los actos para ser calificados como de imposible reparación necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, o sea, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Las anteriores consideraciones se encuentran en la tesis P./J. 1/2016, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15 del Tomo I, abril de 2016, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Gaceta, Decima Época, de rubro y texto siguientes: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo." En efecto, el acto que en este juicio se reclama, es la determinación de nueve de noviembre de este año, dictada en el expediente RO/227/16, en la que la autoridad responsable determinó no declarar la caducidad de la instancia, situación que en su caso, podría implicar una violación procesal, pues impacta únicamente en el procedimiento de dicho juicio, y que pudiera no trascender al resultado de fallo. En efecto, el acto reclamado no afecta los derechos sustantivos del solicitante del amparo consagrados por la constitución ni tiene efectos de imposible reparación en virtud de que los actos que tienen esa característica, son aquellos que sus consecuencias afectan directamente alguno de los derechos sustantivos del gobernado (el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, entre otros) y que tutela la Constitución General de la República por medio de las garantías para su protección; o bien, afectan los establecidos en los tratados internacionales en los que México es parte. En todo caso, el acto reclamado pudiera derivar en una violación a las leyes que norman el procedimiento, que solo impacta al quejoso en el juicio y no se materializa en una afectación a un derecho sustantivo, sino únicamente en el ámbito procesal; además, dicha violación es susceptible de no transcender al fallo definitivo pues el solicitante de amparo podría resultar vencedor en el juicio de origen, caso en el que, no resentiría ningún perjuicio por la resolución recurrida. Por consiguiente, al no encontrarse satisfecho el requisito que el numeral 107, fracción V de la Ley de Amparo, exige para que sea procedente el juicio de amparo en contra de los actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, es indudable que, en el caso, se actualiza el motivo de improcedencia en estudio; y, lo que procede es desechar de plano la demanda de amparo, por su manifiesta e indudable improcedencia, de conformidad con el ordinal 113 de la ley de la materia.
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