Juan Carlos Lara Tosca

Expediente 116/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
116/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
05/03/2021

Partes del expediente

  • Juan Carlos Lara Tosca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, CINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos; agréguese el oficio signado por la Actuaria Judicial del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, con transcripción del proveído de uno de marzo del presente año, en el que se informa que el referido Tribunal aceptó la competencia declinada y se avoca al conocimiento; correspondiéndole el diverso 86/2021 de su índice. En ese contexto, como no existe diligencia pendiente por practicar archívese el presente asunto como totalmente concluido, y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA 8 VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA Visto; con el escrito aclaratorio de demanda de cuenta, se tiene a EDGAR FERNANDO MARQUEZ HERNANDEZ, en su carácter de endosatario en procuración del quejoso JUAN CARLOS LARA TOSCA, desahogando la prevención que se le formuló en proveído de ocho de febrero de dos mil veintiuno; esto es, exhibe copia certificada del auto de inicio de fecha veinte de enero de dos mil veinte, con el cual acredita la personalidad en el presente asunto; por lo tanto se le tiene, solicitando el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama del Juez Quinto de lo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Tabasco, que estima violatorios de los artículos 5, 14, 16 y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. INCOMPETENCIA. Ahora bien, es oportuno señalar que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido, al efecto resulta preciso citar la tesis de jurisprudencia P./J.40/200, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo XI, abril de 200, página 32, materia común, con número de registro 192097, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Atento a lo anterior, del estudio de la demanda que nos ocupa, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: "[.] La resolución de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, emitida en el expediente 59/2020 del índice del Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Tabasco, correspondiente al Juicio Ejecutivo Mercantil, mediante la cual emitió sentencia definitiva. [.]" Al respecto, cabe precisar lo dispuesto por los artículos 34 y 170, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, mismos que, en lo que interesa, establecen lo siguiente: "ARTÍCULO 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo [.]". "ARTÍCULO 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderán por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin a juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieren a la libertad del imputado podrán ser impugnados por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquéllas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso que la ley permita la renuncia de los recursos [.]" (Énfasis añadido). De lo anterior se desprende que los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer de los juicios de amparo directo, mismos que proceden, entre otras cosas, en contra de las sentencias definitivas que decidan el juicio principal, poniendo fin al mismo. Luego, si en el caso que nos ocupa, el promovente se duele de la sentencia definitiva de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, emitida en el expediente 59/2020 del índice del Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Tabasco, correspondiente al Juicio Ejecutivo Mercantil, resulta inconcuso que corresponde conocer de la presente demanda de amparo, a un Tribunal Colegiado de Circuito. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 78/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 428, Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto rezan: Tipo: "RECURSO NO IDÓNEO. LA SENTENCIA EMITIDA EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL SE CONSTITUYE EN DEFINITIVA PARA EFECTOS DEL AMPARO DIRECTO, CUANDO POR RAZÓN DE LA CUANTÍA ES IRRECURRIBLE, CONFORME AL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, AUNQUE SE HAGA VALER LA APELACIÓN Y ÉSTA SE DESECHE. Acorde con los artículos 46 y 158 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales no proceda recurso ordinario alguno por el que puedan ser modificadas o revocadas; ello, dada su naturaleza de medio extraordinario de defensa ante la falta de recursos ordinarios por virtud de los cuales el gobernado pueda impugnar la sentencia que le agravia. De esta manera, si el artículo 1339 del Código de Comercio, excluye la procedencia del recurso de apelación contra sentencias que decidan el juicio en lo principal, cuyo valor del negocio sea inferior a una determinada cuantía, resulta inconcuso que las emitidas en juicios ejecutivos mercantiles, que por razón de cuantía son irrecurribles, se constituyen en definitivas para efectos del juicio de amparo directo; de ahí que la circunstancia de que una de las partes interponga en su contra el recurso de apelación previsto en el citado artículo 1339 y que el juez de la instancia determine no admitirlo, desecharlo o tenerlo por no interpuesto, no constituye un obstáculo para que, en el plazo previsto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, proceda el juicio de amparo directo promovido contra dicha sentencia." Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 107, en relación con los diversos 34 y 170, todos de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se DECLARA LEGALMENTE INCOMPETENTE para conocer de la demanda de amparo promovida por EDGAR FERNANDO MARQUEZ HERNANDEZ, MANUEL ANTONIO ORTIZ PÉREZ y LUIS JESÚS MERAZ CABRERA, en su carácter de endosatarios en procuración de JUAN CARLOS LARA TOSCA. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, en su oportunidad y previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo, remítase el presente juicio de amparo y sus respectivas copias, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, para la substanciación de la misma, previa copia certificada que obre en autos, solicitando atentamente que informe su decisión a este Juzgado. Cobra aplicación a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 40/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo V, junio de 1997, página 6, materia común, con número de registro 198401, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA ANTE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. ÉSTE, EN NINGÚN CASO, DEBE DESECHARLA, SINO DECLARAR SU INCOMPETENCIA Y REMITIRLA AL JUZGADO DE DISTRITO CORRESPONDIENTE. Conforme a lo dispuesto en los artículos 158 de la Ley de Amparo y 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Tribunales Colegiados de Circuito conocerán del juicio de amparo directo en los términos de lo señalado en el artículo 107, fracciones V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio, entendiéndose, en términos del artículo 46 de la ley de la materia, por sentencias definitivas, las que decidan el juicio en lo principal, y por resoluciones que ponen fin al juicio, aquellas que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún medio de defensa ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. Por tanto, ante la presentación de una demanda de amparo de la que deba conocer un Juez de Distrito, el Tribunal Colegiado deberá ajustar su actuación a lo previsto por el artículo 47, tercer párrafo, de la referida ley reglamentaria, declarando su incompetencia de plano y remitiendo la demanda de cuenta, con sus anexos, al Juzgado de Distrito correspondiente, no pudiendo, en consecuencia, ni siquiera por economía procesal, desechar la demanda por estimar que ésta es improcedente, habida cuenta de que las cuestiones de procedencia o improcedencia del juicio de amparo corresponde decidirlas únicamente al tribunal competente. Además, si bien es cierto que compete al Tribunal Colegiado conocer del amparo indirecto en grado de revisión, según se advierte de los artículos 83, 84 y 85 de la ley en cita, también lo es que su competencia no es absoluta, pues sólo opera cuando se plantean cuestiones de legalidad, dado que si se controvierten aspectos de constitucionalidad, el conocimiento del recurso compete a la Suprema Corte, de modo que con la alteración de la competencia que implicaría esa facultad para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, el Tribunal Colegiado estaría decidiendo la competencia del máximo tribunal en segunda instancia." [Énfasis añadido]. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Atento a lo previsto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; y, 1, 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, publicado en la Tercera Sección del Diario Oficial de la Federación, el diez de octubre de dos mil dieciocho, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado. Además de que, aun cuando no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información legalmente reservada o confidencial que se encuentre en los supuestos de los numerales 1, 3, 24, fracción VI, 111, 112, 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    MESA 8 Con fundamento en el artículo 27 Inciso C) de la Ley de Amparo, notifico el acuerdo de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, a la parte quejosa, en virtud de no haberse presentado dentro de los dos días hábiles siguientes, tal y como le fue indicado en el aviso, acuerdo que en lo conducente dice:------VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA Visto; con el escrito aclaratorio de demanda de cuenta, se tiene a EDGAR FERNANDO MARQUEZ HERNANDEZ, en su carácter de endosatario en procuración del quejoso JUAN CARLOS LARA TOSCA, desahogando la prevención que se le formuló en proveído de ocho de febrero de dos mil veintiuno; esto es, exhibe copia certificada del auto de inicio de fecha veinte de enero de dos mil veinte, con el cual acredita la personalidad en el presente asunto; por lo tanto se le tiene, solicitando el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama del Juez Quinto de lo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Tabasco, que estima violatorios de los artículos 5, 14, 16 y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. INCOMPETENCIA. Ahora bien, es oportuno señalar que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido, al efecto resulta preciso citar la tesis de jurisprudencia P./J.40/200, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo XI, abril de 200, página 32, materia común, con número de registro 192097, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Atento a lo anterior, del estudio de la demanda que nos ocupa, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: "[.] La resolución de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, emitida en el expediente 59/2020 del índice del Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Tabasco, correspondiente al Juicio Ejecutivo Mercantil, mediante la cual emitió sentencia definitiva. [.]" Al respecto, cabe precisar lo dispuesto por los artículos 34 y 170, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, mismos que, en lo que interesa, establecen lo siguiente: "ARTÍCULO 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo [.]". "ARTÍCULO 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderán por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin a juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieren a la libertad del imputado podrán ser impugnados por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquéllas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso que la ley permita la renuncia de los recursos [.]" (Énfasis añadido). De lo anterior se desprende que los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer de los juicios de amparo directo, mismos que proceden, entre otras cosas, en contra de las sentencias definitivas que decidan el juicio principal, poniendo fin al mismo. Luego, si en el caso que nos ocupa, el promovente se duele de la sentencia definitiva de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, emitida en el expediente 59/2020 del índice del Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Tabasco, correspondiente al Juicio Ejecutivo Mercantil, resulta inconcuso que corresponde conocer de la presente demanda de amparo, a un Tribunal Colegiado de Circuito. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 78/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 428, Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto rezan: Tipo: "RECURSO NO IDÓNEO. LA SENTENCIA EMITIDA EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL SE CONSTITUYE EN DEFINITIVA PARA EFECTOS DEL AMPARO DIRECTO, CUANDO POR RAZÓN DE LA CUANTÍA ES IRRECURRIBLE, CONFORME AL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, AUNQUE SE HAGA VALER LA APELACIÓN Y ÉSTA SE DESECHE. Acorde con los artículos 46 y 158 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales no proceda recurso ordinario alguno por el que puedan ser modificadas o revocadas; ello, dada su naturaleza de medio extraordinario de defensa ante la falta de recursos ordinarios por virtud de los cuales el gobernado pueda impugnar la sentencia que le agravia. De esta manera, si el artículo 1339 del Código de Comercio, excluye la procedencia del recurso de apelación contra sentencias que decidan el juicio en lo principal, cuyo valor del negocio sea inferior a una determinada cuantía, resulta inconcuso que las emitidas en juicios ejecutivos mercantiles, que por razón de cuantía son irrecurribles, se constituyen en definitivas para efectos del juicio de amparo directo; de ahí que la circunstancia de que una de las partes interponga en su contra el recurso de apelación previsto en el citado artículo 1339 y que el juez de la instancia determine no admitirlo, desecharlo o tenerlo por no interpuesto, no constituye un obstáculo para que, en el plazo previsto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, proceda el juicio de amparo directo promovido contra dicha sentencia." Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 107, en relación con los diversos 34 y 170, todos de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se DECLARA LEGALMENTE INCOMPETENTE para conocer de la demanda de amparo promovida por EDGAR FERNANDO MARQUEZ HERNANDEZ, MANUEL ANTONIO ORTIZ PÉREZ y LUIS JESÚS MERAZ CABRERA, en su carácter de endosatarios en procuración de JUAN CARLOS LARA TOSCA. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, en su oportunidad y previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo, remítase el presente juicio de amparo y sus respectivas copias, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, para la substanciación de la misma, previa copia certificada que obre en autos, solicitando atentamente que informe su decisión a este Juzgado. Cobra aplicación a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 40/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo V, junio de 1997, página 6, materia común, con número de registro 198401, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA ANTE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. ÉSTE, EN NINGÚN CASO, DEBE DESECHARLA, SINO DECLARAR SU INCOMPETENCIA Y REMITIRLA AL JUZGADO DE DISTRITO CORRESPONDIENTE. Conforme a lo dispuesto en los artículos 158 de la Ley de Amparo y 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Tribunales Colegiados de Circuito conocerán del juicio de amparo directo en los términos de lo señalado en el artículo 107, fracciones V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio, entendiéndose, en términos del artículo 46 de la ley de la materia, por sentencias definitivas, las que decidan el juicio en lo principal, y por resoluciones que ponen fin al juicio, aquellas que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún medio de defensa ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. Por tanto, ante la presentación de una demanda de amparo de la que deba conocer un Juez de Distrito, el Tribunal Colegiado deberá ajustar su actuación a lo previsto por el artículo 47, tercer párrafo, de la referida ley reglamentaria, declarando su incompetencia de plano y remitiendo la demanda de cuenta, con sus anexos, al Juzgado de Distrito correspondiente, no pudiendo, en consecuencia, ni siquiera por economía procesal, desechar la demanda por estimar que ésta es improcedente, habida cuenta de que las cuestiones de procedencia o improcedencia del juicio de amparo corresponde decidirlas únicamente al tribunal competente. Además, si bien es cierto que compete al Tribunal Colegiado conocer del amparo indirecto en grado de revisión, según se advierte de los artículos 83, 84 y 85 de la ley en cita, también lo es que su competencia no es absoluta, pues sólo opera cuando se plantean cuestiones de legalidad, dado que si se controvierten aspectos de constitucionalidad, el conocimiento del recurso compete a la Suprema Corte, de modo que con la alteración de la competencia que implicaría esa facultad para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, el Tribunal Colegiado estaría decidiendo la competencia del máximo tribunal en segunda instancia." [Énfasis añadido]. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Atento a lo previsto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; y, 1, 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, publicado en la Tercera Sección del Diario Oficial de la Federación, el diez de octubre de dos mil dieciocho, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado. Además de que, aun cuando no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información legalmente reservada o confidencial que se encuentre en los supuestos de los numerales 1, 3, 24, fracción VI, 111, 112, 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    MESA 9 VILLAHERMOSA, TABASCO, OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos; agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública, Delegación Tabasco, con sede en esta ciudad, mediante el cual comunica que designa al licenciado Daniel Santos Gómez López, con la finalidad de no dejar en estado de indefensión y continuar con la representación legal de la menor de iniciales R.B.O., en el presente juicio. Con motivo de lo anterior, requiérase al licenciado Daniel Santos Gómez López, para que se constituya en las instalaciones que ocupa este órgano jurisdiccional en la hora y fecha señaladas en la cita agendada mediante el programa Agenda OJ la cual será agregada al expediente para constancia y una copia será entregada con el oficio que derive del presente acuerdo, la cual contendrá un código QR, que deberá presentar al momento de ingresar al juzgado, así como una identificación oficial vigente. Lo anterior, para que acepte y proteste el cargo conferido; en el entendido que de no cumplir con lo solicitado, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 259 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 237, fracción I, del propio ordenamiento invocado, se le impondrá una multa de 50 (cincuenta) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos); la que resulta de multiplicar por cincuenta la cantidad de $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintiuno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, al día siguiente, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintiuno. Notifíquese.

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