Juan Carlos Juárez Tinajero

Expediente 1710/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1710/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
26/05/2023

Partes del expediente

  • Juan Carlos Juárez Tinajero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Se declara ejecutoriada la sentencia y se ordena el archivo del expediente

  2. Principal

    SENTENCIA...se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Juan Carlos Juárez Tinajero, contra el acto que reclamó del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad, que fuera precisado en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el último del presente fallo. Notifíquese.

  3. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos para que obre como en derecho corresponda el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con sede en esta ciudad, al que adjunta copia certificada del diverso 15724/2022 dirigido al Titular de la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Tamaulipas, mediante el cual requiere para que en el término de tres días hábiles justifique la inclusión en nómina con el salario correcto de Araceli Fuentes Gómez, con la finalidad de cumplir el laudo dictado en el expediente laboral 332/E/2012, así como la ejecutoria dictada en el presente juicio. Asimismo, la autoridad oficiante manifiesta que no ha obtenido respuesta al cumplimiento del laudo, por lo que solicita a este órgano jurisdiccional se vincule al Titular de la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Tamaulipas. En atención a lo anterior, y toda vez que el estado procesal que guarda el presente asunto revela que en la sentencia dictada en este juicio el trece de febrero de dos mil diecinueve, se concedió la protección constitucional para el efecto siguiente: ".para el efecto de que la autoridad responsable realice en forma pronta y expedita el trámite y conclusión del procedimiento de ejecución del laudo, dictado dentro del juicio laboral 332/E/2012, y se cubra la cantidad adeudada a la parte trabajadora, observando los plazos y términos legales, lo cual implica el deber de llevar a cabo los actos subsecuentes a los reclamados, necesarios para tal fin." Determinación que se declaró ejecutoriada por acuerdo de cuatro de marzo de dos mil diecinueve, y en el propio acuerdo se requirió el cumplimiento del fallo a la autoridad responsable. Sin embargo, no obstante los requerimientos efectuados al Tribunal responsable dicha sentencia no ha sido cumplida, lo que a decir de la responsable, se debe a que el Titular de la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Tamaulipas, no ha incluido en nómina con el salario correcto a la aquí quejosa. En tal virtud, como lo pide la autoridad responsable en el escrito de cuenta, y a fin de que no se siga retardando el cumplimiento de la sentencia de amparo, con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo, se vincula como autoridad al Titular de la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad. En consecuencia, con fundamento en los artículos 193 y 197 de la Ley de Amparo, se requiere a dicha autoridad para que dentro del plazo de tres días contados a partir del siguiente al de la notificación del presente proveído, justifique ante este juzgado el cumplimiento que dio al laudo dictado dentro del expediente laboral número 332/E/2012, materia de la sentencia de amparo, esto es, la inclusión en nómina de la quejosa con el salario correcto y completo como Jefe de Enseñanza con la clave E-0451 en el nivel C de carrera magisterial, lo que deberá acreditar con las constancias correspondientes. Se apercibe a dicha autoridad que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior dentro del plazo concedido, se le impondrá -a su titular- una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258, en relación con el diverso arábigo 238, de la ley invocada y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. No es obstáculo para el requerimiento anterior, el que la referida autoridad no figure como responsable en este juicio, pues ésta, en razón de sus funciones debe tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo emitida en el mismo. Sirve de apoyo a lo considerado la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con los siguientes datos: Décima Época, Registro: 2007911, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 59/2014 (10a.), Página: 5, que dice: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo.". Así como la diversa la tesis de Jurisprudencia 1ª./J.57/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 144, del Tomo XXV del mes de mayo de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que literalmente dispone: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica.". Notifíquese.

  4. Principal

    ...agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado por auto de ocho de septiembre del presente año, remite copia certificada de la diligencia actuarial de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, en la que se advierte se llevó a cabo la reinstalación de la aquí quejosa Alma Delia Ortiz Arroyo, en cumplimiento al laudo condenatorio emitido dentro del expediente laboral 733/E/2014. Por tanto, téngasele a la citada autoridad responsable informando el cumplimiento a la ejecutoria de amparo; y dese vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a su interés convenga. Por otro lado, con fundamento el artículo 192 de la Ley de la Materia, requiérase a la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días contados a partir de que le sea notificada el presente proveído, informe a este Juzgado si ya quedó cumplido el laudo en su totalidad, o en su caso, precise qué prestaciones quedan pendientes por cubrir a la parte quejosa; asimismo, para que remita copia certificada del proveído recaído a la diligencia de reinstalación de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, suscrita por el Actuario de su adscripción. Lo anterior dentro de los autos del expediente laboral 733/E/2014, lo que deberá justificar con las constancias correspondientes, o bien manifieste el impedimento que tenga para ello. Bajo el apercibimiento de que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá a su titular una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258, en relación con el diverso arábigo 238 de la ley invocada, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa corriéndole traslado con el oficio que se provee y anexo.

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