Juan Carlos Juárez García
Expediente 848/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 17 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 848/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 28/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Juan Carlos Juárez García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Incidental
INC. 848/2022. MESA-6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. 1. Estado de autos. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, en esta fecha, causó ejecutoria la sentencia ahí emitida; en consecuencia, deja de surtir efectos la suspensión definitiva concedida a la parte quejosa. 2. Archivo del expediente. En esas condiciones y toda vez que no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu) y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en vigor a partir del día siguiente, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. 3. Destino del original del expediente (depurable). Se comunica a las partes que por haberse concedido la suspensión definitiva a la parte quejosa respecto de los actos reclamados, conforme en el punto 7.1.1., 2, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, el original de este expediente será DEPURABLE; por ello, con fundamento en el artículo 18 del citado Acuerdo General, el original de este expediente será depurable una vez que transcurran tres años, conservándose en el archivo de este órgano jurisdiccional durante dicho plazo; y fenecido dicho plazo, dentro de los noventa días siguientes, deberá depurarse este expediente y, en oportunidad, remitirse el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. 4. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL. 848/2022. MESA-6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. 1. Estado de autos. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación secretarial que antecede, que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión contra la sentencia engrosada el treinta de septiembre de dos mil veintidós, en la que se negó la protección constitucional a la parte quejosa, sin que se hubiere interpuesto el aludido recurso contra dicho fallo. 1.1. Causa ejecutoria la sentencia. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. 2. Plazo de diversas partes. Resulta innecesario jurídicamente hacer pronunciamiento respecto al plazo respectivo para las autoridades responsables; parte tercera interesada y para la agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado; dado que, como se precisó, en la sentencia emitida se negó la protección constitucional a la parte quejosa; por tanto, ningún agravio les genera, pues carecen de legitimación para inconformarse. 3. Devolución de disco compacto. Devuélvase a la autoridad responsable, ***********, el disco versátil digital que remitió como prueba. 4. Incidente de suspensión. Además, como se advierte que este juicio se tramitó con incidente de suspensión; por tanto, acuérdese lo conducente en dicho cuaderno incidental. 5. Publicación de los datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales; por tanto, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 6. Se ordena archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu) y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 6.1. Destino. Al haberse negado a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), este expediente es DEPURABLE; por tanto, una vez transcurrido el plazo de tres años, contados a partir de la fecha de este proveído, procédase a lo dispuesto en el penúltimo y último párrafo del artículo 18 del acuerdo mencionado. 6. 2. Archivo reciente. Conforme al artículo 18, del Acuerdo en cita, se comunica a las partes que, este expediente será conservado en este Juzgado durante tres años y, cumplido tal plazo, dentro de los noventa días siguientes este órgano jurisdiccional depurará el expediente y, una vez terminado el proceso de depuración se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que el mismo es depurable. 7. Instrucción (certificación). Asimismo, se le instruye para que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 8. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA PRAL.848/2022.MESA-6 Visto para resolver el juicio de amparo 848/2022, de este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante demanda de amparo presentada por comparecencia el dieciocho de julio de dos mil veintidós, el licenciado Jesús Blanco Méndez, defensor particular de Juan Carlos Juárez García ante este Juzgado, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal a favor de este último, contra actos de la juez de Control del Distrito Judicial de Sola de Vega, Oaxaca y de otras autoridades, que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. En proveído de dieciocho de julio de dos mil veintidós se registró la demanda de amparo con el expediente 848/2022; se admitió a trámite la misma, se dio intervención a la agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En auto de dos de agosto de dos mil veintidós se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada de iniciales Z.K.P.R., por conducto de su asesora jurídica; quien quedó emplazada el nueve de agosto de este año, y le tuvo apersonándose mediante escrito recibido en la misma fecha. Previo los diferimientos respectivos, se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo sexto transitorio del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013, en sus numerales segundo, fracción XIII, números 1, 2 y 3, así como el cuarto, fracción XIII, segundo párrafo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza penal y porque, a decir de la parte quejosa, el acto tendrá ejecución en un lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Con base en lo anterior, se arriba a la conclusión que, de la lectura integral efectuada a la demanda de amparo presentada por comparecencia, así como de las constancias que integran el juicio, se advierte que la parte quejosa reclama: De la 1) juez del Circuito Judicial Sierra Sur, sede Sola de Vega, Oaxaca: La orden de extracción de muestra biológica de sangre para perfil genético comparativa a perfil localizado en vitamina P30, emitida el dieciocho de julio de dos mil veintidós en la causa penal 21/2022. Del 2) director del Instituto de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca; 3) agente del Ministerio Público adscrita a la Vicefiscalía General de Control Regional de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y 4) comisionado de la Policía Estatal de Oaxaca: La ejecución de esa orden. Lo anterior, acorde con la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte -SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección- Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, registro 1003226, página 1511, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Al rendir el informe justificado solicitado, las autoridades responsables, a) juez de Control del Circuito Judicial Sierra Sur, sede Sola de Vega, Oaxaca y b) agente del Ministerio Público adscrita a la Vicefiscalía General de Control Regional de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, aceptaron la existencia de los actos reclamados que se les atribuyen. Al respecto, esencialmente, manifestaron que, a petición de la institución ministerial antes referida, el dieciocho de julio de dos mil veintidós la primera de las mencionadas autorizó la extracción de muestra biológica de sangre del quejoso Juan Carlos Juárez García para perfil genético comparativa a perfil localizado en vitamina P30 en la causa penal 21/2022. Por su parte, las diversas responsables ejecutoras, c) director del Instituto de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y d) comisionado de la Policía Estatal de Oaxaca, por conducto del director de Asuntos Jurídicos de esa institución, negaron el acto que se les reclama; sin embargo, al haber aceptado el acto reclamado la autoridad ordenadora, su negativa se desvirtúa por ser evidente que el acto de ejecución si existe. Lo anterior, se corrobora con el disco versión digital en formato DVD que remitió la juez de Control del Circuito Judicial Sierra Sur, sede Sola de Vega, Oaxaca y que contiene el registro de audio y video de la audiencia de dieciocho de julio de dos mil veintidós celebrada en la causa penal 21/2022 de su estadística, y en la cual se advierte que determinó autorizar la extracción de muestra biológica de sangre del quejoso Juan Carlos Juárez García para perfil genético comparativa a perfil localizado en vitamina P30; el cual merecen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2º. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1ª./43/2013 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, agosto de 2013, tomo 1, página 703, registro 2004362, del rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". CUARTO. Causal de improcedencia. Sea que las partes lo aleguen o no, en el caso, se examinará si opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, al haberse analizado y valorado previamente todas y cada una de las constancias que conforman este juicio, se concluye que no se actualiza algún motivo de improcedencia de manera obvia y objetiva, ni se advierte que las partes hubieren hecho valer alguna, por lo que procede el estudio del fondo del asunto. QUINTO. Concepto de violación. La parte quejosa formuló conceptos de violación que se tienen por reproducidos y no se transcriben, dado que no existe disposición en la Ley de Amparo que obligue a ello, y por encontrar sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, página 830, del rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". SEXTO. Estudio de fondo. Cabe mencionar que, de conformidad con lo establecido en el numeral 76 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional puede abordar el estudio de los motivos de disenso en forma conjunta o separada o en diverso orden al propuesto, así como los razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión, efectivamente, planteada, con la salvedad de no cambiar los hechos expuestos en la demanda. También se precisa que, de ser procedente, opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación, incluso ante la ausencia de éstos en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, al tratarse la parte quejosa del imputado en el proceso penal de origen. Así, si del estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, en suplencia de la queja, se advierte alguna irregularidad que debiera ser subsanada se realizará el pronunciamiento correspondiente; caso contrario, es decir, de no advertirse algún aspecto que beneficie al imputado en suplencia de sus argumentos, este órgano jurisdiccional no emitirá pronunciamiento alguno. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 67/2017 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 44, Julio de 2017, Tomo I, página 263, registro digital 2014703, del rubro siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013)". Ahora, de la lectura de la demanda de amparo por comparecencia se advierte que, en esencia, la parte quejosa manifestó que la orden emitida para la extracción de muestra biológica de sangre para perfil genético comparativa a perfil localizado en vitamina P30 vulnera sus derechos fundamentales establecidos en los artículos 1º, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues se autorizó a pesar de su oposición, vulnerando su intimidad personal, su derecho a la no autoincriminación y a su integridad física; además, que esa autorización no es proporcional, pues la juez está obligada a verificar que esa prueba sea lo menos gravosa a favor del imputado y, en el caso, ya existe la denuncia de la víctima Z.K.P.R., de siete de febrero de dos mil veintidós, rendida ante el Ministerio Publico, en el cual hay un señalamiento directo y categórico contra él, por lo cual, afirma, ya existen otros medios de pruebas con los cuales se puede identificar su probable responsabilidad. Resultan infundados los citados conceptos de violación, mismos que se estudiarán de manera conjunta dada la estrecha relación que entre sí guardan. Así, para el debido conocimiento del asunto, resulta necesario mencionar los siguientes antecedentes de los actos reclamados de forma sucinta y que obran en el disco remitido por la autoridad responsable, a saber: A. El dieciocho de julio de dos mil veintidós se llevó a cabo la audiencia incidental en la causa penal 21/2022, instruida contra Juan Carlos Juárez García por el delito de violación, cometido en agravio de la víctima de iniciales Z.K.P.R. y se procedió a la individualización de las partes (minuto 00:00:25, archivo 012726_2022_P01, A5 INCIDENTES 18-07-2022). B. En la referida audiencia la agente del Ministerio Público adscrita a la Vicefiscalía General de Control Regional de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca solicitó la autorización a la juez de Control del Distrito Judicial de Sola de Vega, Oaxaca para la toma de muestra biológica de sangre en el cuerpo del imputado Juan Carlos Juárez García, con la finalidad de determinar su perfil genético y realizar una comparativa a perfil localizado en las muestras de dos prendas de vestir, una consistente en un short y la otra en un bikini en las cuales se determinó la presencia de la vitamina P30 (minuto 00:02:51, archivo 012726_2022_P01, A5 INCIDENTES 18-07-2022). C. El agente del Ministerio Público procedió a fundamentar su solicitud, en los términos siguientes (minuto 00:05:50, archivo 012726_2022_P01, A5 INCIDENTES 18-07-2022): a) Señaló que la juez de Control del Distrito Judicial de Sola de Vega, Oaxaca resulta competente para emitir dicha autorización. b) Que existe un auto de vinculación a proceso de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, dictada en la causa penal 21/2022, instruida contra Juan Carlos Juárez García por el delito de violación cometido en agravio de la víctima de iniciales Z.K.P.R. c) Mencionó que la solicitud de la toma de muestra o extracciones de sangre, se encuentra establecida en el artículo 252, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, misma que prevé cuáles son los actos de investigación que requieren autorización previa del juez de control, cuando la persona requerida, excepto la víctima u ofendido, se niegue a proporcionar la misma. d) Explicó que en la carpeta de investigación existe registro de la negativa por parte del imputado Juan Carlos Juárez García para la toma de fluidos de dieciséis de julio de dos mil veintidós. e) Narró los hechos constitutivos de delito y por lo cuales fue vinculado a proceso a Juan Carlos Juárez García en la causa penal 21/2022, entre las que destaca, en lo sustancial, que: La victima de iniciales Z.K.P.R. fue concubina de Juan Carlos Juárez García y junto con su hijo vivían en un domicilio de la población de Sola de Vega, Oaxaca; sin embargo, debido a la violencia que sufría decidió terminar con esa relación. El seis de febrero de dos mil veintidós, aproximadamente a las once y media de la noche, la victima Z.K.P.R. se encontraba con su menor hijo en su domicilio, cuando escuchó que azotaban la puerta, identificando que era Juan Carlos Juárez García, quien la amenazó para que abriera la puerta, por lo cual procedió a abrir la misma, y le empezó a reclamar sobre la persona que la iba a dejar a su casa por las noches, le apretó el brazo, le quitó el celular y la empujó a la cama. Con motivo de lo anterior su hijo salió corriendo hacia la puerta, pero el imputado lo fue atraer, lo acostó en la cama y lo durmió, diciéndole a la víctima que no se levantara de la cama o le iba ir muy mal a su hijo. Una vez que se durmió su hijo, el imputado Juan Carlos Juárez García se paró de la cama, se quitó su pantalón, así como ropa interior y empezó a decirle a la víctima Z.K.P.R. que iba a ser suya, que se callara o si no los mataba ahí mismo, por lo que la víctima le dijo que: "no por favor, aquí está mi hijo, no quiero", pero el imputado le dijo: "cállate", le apretó su muslo izquierdo, le bajó su short y le encimó su cuerpo, le abrió las piernas y le introdujo su pene en la vagina, metiéndolo y sacándolo varias veces; al mismo tiempo le besó el cuello, los hombros y los pechos, le mordió en su pómulo izquierdo, diciéndole "nunca te voy a dejar en paz, no te voy a dejar tranquila, sino vas a ser mía no vas a ser de nadie, no voy a permitir que nadie se te acerque, tu eres mía y solo mía"; sin que la víctima pudiera defenderse por temor a despertar a su hijo. Con motivo de lo anterior, la victima presentó equimosis en el brazo izquierdo, escoriaciones en el muslo derecho, edema en mejilla izquierda y signos de penetración vaginal reciente, así como de la valoración psicológica respectiva presentó un trastorno de estrés postraumático. f) También, señaló los antecedentes de investigación con que cuenta la carpeta de investigación, a saber: Denuncia de siete de febrero de dos mil veintidós de la víctima Z.K.P.R. de los hechos antes narrados. Dictamen médico de lesiones ginecológico y proctológico e informe de zonas erógenas de siete de febrero de este año a nombre de la víctima Z.K.P.R., en la cual se concluyó, en esencia, que presentaba signos de penetración vaginal reciente y antigua y que presentaba lesiones en tejidos blandos. Acta de entrevista de siete de febrero de este año, realizada a la víctima Z.K.P.R. ante el agente Estatal de Investigaciones, mediante el cual dicha ateste refirió presentarse de forma voluntaria con la finalidad de entregar la ropa que tenía puesta el día de los hechos que denunció, consistente en un short liso, color rojo sin marca y una ropa interior calzón rosa tipo bikini, sin marca; esto, a fin de que se realizara las pruebas periciales correspondientes y obraran en la carpeta de investigación, mismas que fueron remitidas al agente del Ministerio Público mediante cadena de custodia. Dictamen químico de veintitrés de marzo de este año, en el que se determinó la presencia de la proteína P30 en los hisopos con muestras tomadas en las prendas antes descritas, previa remisión de las mismas con las formalidades de ley (short liso, color rojo sin marca y una ropa interior calzón rosa tipo bikini, sin marca), y que la muestra de proteína P30 es identificada en los casos en los que se localiza la presencia de semen. También se especificó que esas muestras fueron entregadas a la mesa de control para ser remitidos al laboratorio de genética mediante cadena de custodia. Con motivo de esa remisión, se obtuvo el oficio con terminación 027/2022, de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, firmado por el Alan Raúl Toral Antonio, perito en criminalista adscrito al Instituto de Servicios Periciales, en el cual realizó la búsqueda y señalización de zona a muestrear (toma de muestra representativa y corte de las prendas) y remitió los mismos al área de genética forense para su estudio. Dictamen en genética de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, en el cual se emitió el dictamen en genética, consistente en determinar el perfil genético de los indicios relativos a las prendas que, en su momento, exhibió la víctima, ahora indicios 01-A y 01-B, mismos que fueron registradas e identificadas, respectivamente. Previo los tramites biológicos respectivos, se concluyó que se obtuvo el perfil genético de dos contribuyentes, el cual es apto para realizar futuras confrontas; asimismo, que dicha información quedó resguardada en el laboratorio forense para futuras consultas. Informe de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, firmado por la perito químico bióloga Mónica Herrera Hurtado adscrita al Instituto de Servicios Periciales, quien comunicó que para la obtención del perfil genético es preferente contar con una muestra biológica, consistente en sangre fijada en tarjeta FTA o, en su defecto, un hisopo con cabeza de esponja con muestra de carrillo interno bucal. Además, se narró la forma de obtención de esas muestras, mencionando que el menos invasivo es el de raspado de carrillo interno bucal, pero por la situación epidemiológica actual ocasionada por el Covid-19, no es recomendable para evitar riesgos a la salud y se sugirió la punción capilar para obtener la muestra sanguinea. Constancia de dieciséis de julio de dos mil veintidós, mediante el cual se hizo constar que se entabló comunicación con el imputado Juan Carlos Juárez García en compañía de su abogado, a quien se le explicó el procedimiento para la toma de muestra biológica; refiriendo que no era su deseo otorgar su consentimiento para esa toma de muestra; además, obra firma y una leyenda, en la cual se estampó lo manifestado por aquél. D. Después de los antecedentes narrados, la agente del Ministerio Público investigadora argumentó que existían motivos para inferir que en el cuerpo de Juan Carlos Juárez García había evidencia necesaria, pues su señalamiento fue directo por parte de la víctima como la persona que le impuso la cópula en contra de su voluntad y que de la mecánica en que sucedió esa agresión sexual se advertía que el imputado eyaculó en el cuerpo de la víctima, por lo cual en los indicios consistentes en el short liso, color rojo sin marca y una ropa interior calzón rosa tipo bikini, sin marca, había evidencia de la proteína P30 y ante el señalamiento directo del imputado Juan Carlos Juárez García se infería que había evidencia necesaria en su cuerpo. Además, que la toma de muestra solicitada no ponía en peligro la salud o la vida del imputado, tampoco vulneraba su integridad como persona, pues estaría asistido de su defensor o persona de confianza, ni el procedimiento para la toma de muestra afectaba su intimidad, al no ser necesario la exhibición de diversa parte del cuerpo más íntima; siendo este dato de prueba necesario para realizar la confronta y determinar la responsabilidad penal del quejoso (minuto 00:32:47, archivo 012726_2022_P01, A5 INCIDENTES 18-07-2022). E. En uso de la voz otorgada al defensor de la parte quejosa, argumentó, esencialmente, que de autorizarse esa prueba se estaría vulnerándose sus derechos humanos, consistente en la presunción de inocencia, el derecho a la intimidad, el derecho a la no autoincriminación, dignidad humana, integridad física, por lo cual su autorización constituiría una prueba ilícita; además, de que existen otras pruebas para acreditar el hecho penal y la probable responsabilidad de la persona quien le impuso la copula a la víctima, por lo que no es necesaria; asimismo, el imputado Juan Carlos Juárez García, en uso de voz, reiteró su oposición (minuto 00:42:30, archivo 012726_2022_P01, A5 INCIDENTES 18-07-2022). F. La juez responsable determinó autorizar la toma de muestra de sangre del imputado Juan Carlos Juárez García por parte del Ministerio Publico, toralmente, en los términos siguientes (minuto 01:17:01, archivo 012726_2022_P01, A5 INCIDENTES 18-07-2022): Consideró que el acto de investigación era idóneo, ya que tenía la finalidad de realizar una confronta entre las muestras obtenidas de las prendas de vestir que ofreció la víctima, las cuales refirió portaba en el momento de los hechos denunciados y en los que ya hay información suficiente para dar la posibilidad de hacer esa confronta. Señaló que, en el caso concreto, el acto de investigación solicitado por el Ministerio Público era idóneo para poder corroborar la hipótesis de hechos narrados de la víctima. En relación a la necesidad también estimó que era necesario, tomando en consideración que no existía otro acto de investigación menos lesivo o menos invasivo, igual de eficiente que permitiera obtener esta información, esto, al tratarse de hechos que se realizan en la clandestinidad y que no era posible corroborarlos a través de otra vía. Respecto a la proporcionalidad alegada por el defensor, que adujo vulneraba el derecho del imputado a la presunción de inocencia, a su intimidad, a la no autoincriminación, consideró que atendiendo a los fines que busca el proceso, entre ellos, el esclarecimiento de los hechos y garantizar con ello el derecho que tiene la victima a conocer la verdad y tener acceso a la justicia, los mismos no se vulneraban. En cuanto a la no autoincriminación, estimó que ese derecho se le respetó, pues refirió que durante la toma de la muestra el imputado estará en presencia de su defensor, quien en todo momento velaría que la información que se obtenga pueda ser confortada y garantizada. G. Finalmente, se señaló a las diecisiete horas del dieciocho de julio de este año para la toma de la muestra de sangre en el cuerpo de Juan Carlos Juárez García (minuto 01:23:50, archivo 012726_2022_P01, A5 INCIDENTES 18-07-2022) Hecha la anterior reseña, se estima apegada a derecho la determinación de la autoridad judicial responsable, en la que se autorizó la extracción de muestra biológica de sangre para perfil genético comparativa a perfil localizado en vitamina P30 en el cuerpo de Juan Carlos Juárez García, por lo siguiente: En principio, se estima que al ordenar la toma de muestra biológica para la obtención del perfil genético del aquí quejoso, no se somete a éste a tratos crueles, inhumanos o degradantes, ya que, para ello, es necesario que éstos acarreen sufrimientos de una especial intensidad o provoquen una humillación o sensación de envilecimiento que alcance un nivel determinado y distinto, lo cual al tomar una muestra de sangre no existe. Lo anterior, pues el grado de fuerza a emplear para la extracción estará dado por el principio de proporcionalidad, es decir, una relación de razonabilidad entre la muestra que se requiere para el resultado que se desea obtener, siguiendo el criterio del mínimo daño o injerencia posible en el sujeto del que se recolecta la muestra. Luego, la fuerza a emplearse estará en relación directa con el tipo de examen que corresponda realizar y la forma en que se extraerá la muestra para ese examen, la cual, según manifestación de la juez responsable, sería una toma de muestra sanguínea. Entonces, a la luz de las consideraciones expuestas, no se advierte dato alguno en el sentido de que al tomarle la muestra sanguínea al aquí quejoso, le ocasionaría sufrimientos de una especial intensidad o le provocarían una humillación o sensación de envilecimiento que alcance un nivel determinado y distinto, para considerar que al obtener su muestra sanguínea se somete al aquí quejoso a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Por otro lado, en relación al derecho fundamental a la intimidad y/o privacidad, resulta importante destacar que éste se refiere a la existencia de un ámbito propio y reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás, necesario -según las pautas de nuestra cultura- para mantener una calidad mínima de vida humana, que resulta inmune frente a toda indagación o búsqueda que sobre el propio cuerpo quisiera imponerse contra la voluntad de la persona. Con lo que queda así protegido por el ordenamiento el sentimiento de pudor personal o recato, en tanto responda a estimaciones y criterios arraigados en la cultura de la propia comunidad. Entonces, no pueden entenderse como intromisiones forzadas en la intimidad o privacidad, aquellas actuaciones que, por las partes del cuerpo humano sobre las que se operan o por los instrumentos mediante los que se realizan, no constituyen, según un sano criterio, violación del pudor o recato de la persona; puesto que la intimidad personal o privacidad puede llegar a ceder en ciertos casos y en cualquiera de sus diversas expresiones ante exigencias públicas, pues no es éste un derecho de carácter absoluto, sino que acepta limitaciones, siempre y cuando sean debidas y legítimas; o bien, como lo señala el Pleno del Alto Tribunal de la República Mexicana, que si bien no son absolutos, sólo por ley podrá justificarse su intromisión, siempre que medie un interés superior, permitiendo así la intromisión o limitación a la intimidad en ciertos casos. Lo anterior encuentra sustento en la tesis P. LXVII/2009 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, materia civil, tomo XXX, diciembre de 2009, página 7, registro digital 165821, del rubro siguiente: "DERECHOS A LA INTIMIDAD, PROPIA IMAGEN, IDENTIDAD PERSONAL Y SEXUAL. CONSTITUYEN DERECHOS DE DEFENSA Y GARANTÍA ESENCIAL PARA LA CONDICIÓN HUMANA. En la noción del interés público o superior, como concepto legitimador de las intromisiones en la intimidad, debe considerarse la relevancia o trascendencia que implica dicha intromisión, por ende, no es exigible a una persona que soporte pasivamente dicha intromisión, cuando el conocimiento que arroje como resultado de la revisión corporal a los imputados es trivial o irrelevante para el interés público. En ese sentido, el interés que tiene la población, y muy especialmente la víctima de la comisión de un hecho delictivo e incluso sus familiares, estriba en conocer la verdad de los hechos, que el delito no quede impune, se sancione al culpable y, en su caso, obtener la víctima la reparación del daño, de conformidad con los artículos 1, numeral 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 20, apartado C, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, si la autorización judicial sobre tomas de muestras biológicas en un proceso del orden penal, tiene como finalidad esclarecer hechos relacionados con la comisión de una conducta típica de un delito, la información que se obtenga a través de las revisiones corporales a través de la toma de muestras biológicas a las personas imputadas es relevante para el interés social y orden público, pues, precisamente, conduciría al conocimiento pleno de la verdad que se investiga, en este caso, la comisión de un delito. Lo anterior encuentra sustento en la siguiente tesis 1a. XLII/2010, sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, Marzo de 2010, página 923, registro digital 165051, de rubro: "DERECHO A LA INTIMIDAD O VIDA PRIVADA. NOCIÓN DE INTERÉS PÚBLICO, COMO CONCEPTO LEGITIMADOR DE LAS INTROMISIONES SOBRE AQUÉL". Entonces, se estima, la finalidad de la toma de muestra de sangre está directamente vinculada con el deber constitucional que incumbe a la representación social de allegarse todos los datos de prueba necesarios para el esclarecimiento de los hechos materia de investigación, pues, precisamente, debido al interés social que representa, tiene una fuerte carga probatoria, ya que sobre ella pesa la formulación de imputación y posterior acusación contra la persona señalada como probable responsable en la comisión de un hecho que la ley señala como delito; y que dicho deber se encuentra contenido en las disposiciones legales que regulan su actuación, como la Constitución Federal y leyes secundarias de la materia penal. Cabe recordar que los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Federal sólo pueden ceder ante los límites que la propia Constitución expresamente imponga o ante los que de manera mediata o indirecta se infieran de la misma al resultar justificados por la necesidad de preservar otros derechos o bienes jurídicamente protegidos; de donde se desprende que todo acto o resolución que limite derechos fundamentales ha de asegurar que las medidas limitadoras sean necesarias para conseguir el fin perseguido, ha de atender a la proporcionalidad entre el sacrificio del derecho y la situación en la que se halla aquel a quien se le impone y, en todo caso, ha de respetar el contenido o núcleo esencial del derecho fundamental, mismo que, en el caso en concreto, se trata de la integridad física. Así, es inconcuso que la orden de extracción de muestra biológica de sangre en el cuerpo del quejoso Juan Carlos Juárez García para perfil genético comparativa a perfil localizado en vitamina P30, emitida por la juez del Circuito Judicial Sierra Sur, sede Sola de Vega, Oaxaca, en la audiencia de dieciocho de julio de dos mil veintidós, en ningún momento vulnera el derecho a la intimidad o a no ser molestado en su persona privada, ya que su redacción condiciona el límite o restricción a dicho derecho fundamental, a que exista una ponderación sobre la necesidad de la medida, la molestia que pudiera causar, la afectación a la intimidad del examinado y demás circunstancias que fueran relevantes. Máxime que dichos derechos no son absolutos; esto es, pueden ser limitados por virtud de una determinación judicial. En otro tenor, debe mencionarse que el derecho a la intimidad es un derecho fundamental del gobernado, pues se instituye como la base y condición para el disfrute de otros derechos y el desarrollo integral de la personalidad, actualmente protegida en los artículos 1º, último párrafo; 2º, apartado A, fracción II; 3º, fracción II, inciso c), y 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Respecto del tema, es de señalarse que la Primera Sala del Alto Tribunal de la Nación sostuvo que la dignidad humana no es una simple declaración ética, sino que se trata de una norma jurídica que contiene un derecho fundamental a favor de la persona y por el cual se establece el mandato constitucional a todas las autoridades, e incluso particulares, de respetar y proteger la dignidad de todo individuo, entendida ésta -en su núcleo más esencial -como el interés inherente a toda persona, por el solo hecho de serlo, a ser tratada como tal y no como un objeto, a no ser humillada, degradada, envilecida o cosificada. Lo anterior se encuentra reflejado en la jurisprudencia 1a./J. 37/2016, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, página 633, registro digital 2012363, que dice: "DIGNIDAD HUMANA. CONSTITUYE UNA NORMA JURÍDICA QUE CONSAGRA UN DERECHO FUNDAMENTAL A FAVOR DE LAS PERSONAS Y NO UNA SIMPLE DECLARACIÓN ÉTICA". Puntualizado lo anterior, debe decirse que la orden de toma de muestra biológica para la obtención de sangre, emitida por la juez responsable en la audiencia de dieciocho de julio de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 21/2022, de ninguna manera vulnera la intimidad del quejoso, ni genera un acto de molestia de la persona a quien se dirige la toma de muestra biológica; ya que son medidas de inspección, registro o tratamiento sobre la interioridad del cuerpo humano, que se practican sobre una persona, limitadas por la prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes, aunque puedan restringirse -bajo condicionamientos constitucionales- derechos fundamentales como a no ser molestado en su persona o intimidad, con el fin exclusivo de constatar o revelar hechos que sirven de fuente o medio de prueba en un proceso judicial. Por ende, dichas revisiones corporales se sobreponen a la voluntad del individuo cuando se efectúan mediante autorización judicial; lo que en este caso sucedió; su naturaleza es de carácter jurídico-probatoria, porque su finalidad es comprobar o descartar hechos materia de investigación por parte del Ministerio Público, o bien de carga probatoria. Tampoco se vulnera el derecho fundamental del imputado a la no autoincriminación, por las razones que enseguida se exponen. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el derecho fundamental de no autoincriminación, previsto en el artículo 20, apartado B, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en la facultad con que cuenta el sujeto a declarar, en presencia de su defensor, o abstenerse de hacerlo, cuando las autoridades competentes inquieran sobre su participación en hechos presuntamente delictivos, o bien, a no verse compelido por cualquier otra autoridad para rendir una declaración, verbal o escrita, que lo pudiera incriminar en hechos de esa naturaleza, dado que de ser así, ésta no tendría valor probatorio alguno. Pero del mismo modo, implica la prohibición de realizar inferencias negativas a partir del silencio. Al respecto, se cita la jurisprudencia 1a. I/2016 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 26, Enero de 2016, tomo II , página 967, registro digital: 2010734, cuyo rubro dice: "DERECHO A LA NO AUTOINCRIMINACIÓN. IMPLICACIONES QUE DERIVAN DE RESPETAR SU EJERCICIO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 20, APARTADO A, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA PENAL DEL 18 DE JUNIO DE 2008)". Luego, aun cuando el quejoso pueda considerar que la orden de toma de muestra biológica para la obtención de sangre, emitida por la juez responsable en la audiencia de dieciocho de julio de dos mil veintidós, puede constituir una prueba contra sí mismo, porque se le obliga a aportar dato de prueba que puede llegar a incriminarlo; lo cierto es que el precepto 252, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales no vulnera el derecho fundamental de no auto incriminación, porque ni de su redacción, ni de sus alcances se obtiene que obligue al individuo a hacer manifestaciones, decir o hacer declaraciones verbales o escritas que pudieran comprometer una sentencia condenatoria en su contra, ni permite interpretación en el sentido de que de negarse a hacerse la toma de muestras voluntariamente conllevaría a la aceptación tácita del hecho imputado; pues únicamente dota al juzgador de la facultad de autorizar la toma de muestras cuando la persona requerida se haya negado. Todo lo anterior sobre la base de un deber constitucional a cargo de la institución del Ministerio Público, de investigar con eficacia los hechos que la ley señale como delitos, para que no quede impune el responsable, y la víctima pueda acceder al conocimiento de la verdad y a la reparación del daño. Aunado a que el texto legal descrito con anterioridad no tiene como finalidad la desmejora de las condiciones jurídicas del quejoso; por el contrario, busca la verdad de los hechos materia de investigación, de manera que el resultado del estudio que se practique sobre las muestras biológicas recabadas pueden llegar a contradecir, esto es, destruir la teoría del caso de la fiscalía y abonar favorablemente a la defensa del imputado. Por otro lado, tampoco se vulnera el derecho fundamental del imputado de presunción de inocencia, por lo siguiente. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la presunción de inocencia, cuando se entiende como regla de tratamiento del imputado, consiste en establecer la forma en la que debe tratarse a una persona que está sometida a proceso penal; vista desde esta óptica, la finalidad de la presunción de inocencia es impedir la aplicación de medidas judiciales que impliquen una equiparación de hecho entre imputado y culpable y, por tanto, cualquier tipo de resolución judicial que suponga la anticipación de la pena. En esta lógica, la presunción de inocencia comporta el derecho a ser tratado como inocente en tanto no haya sido declarada la culpabilidad de un individuo por virtud de una sentencia judicial y se haya seguido un proceso con todas las garantías. Al respecto, se cita la jurisprudencia 1a. XCIV/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2003347, del rubro siguiente: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN SU VERTIENTE DE REGLA DE TRATO PROCESAL". Así entendida, la presunción de inocencia no aplica al procedimiento probatorio (la prueba entendida como actividad), sino al momento de la valoración de la prueba (entendida como resultado de la actividad probatoria). En esta cuestión radica la plena vigencia del principio de presunción de inocencia, en tanto implica en general que nadie será considerado culpable hasta la existencia de sentencia firme que determine su plena responsabilidad en la comisión del delito atribuido; esto es, corresponde a la autoridad competente desvirtuar la inocencia probando la ilicitud de la conducta, lo que opera a partir de que inicia la investigación hasta la resolución final. De ahí que el principio de presunción de inocencia exija que para imponer una sanción sea indispensable la certeza de la culpabilidad, ya que si lo que motiva es sancionar cierta conducta, ante la duda de su existencia no existe razón para imponerla. Así se tiene que, por un lado, el principio de presunción de inocencia constituye el derecho a recibir la consideración y el trato de "no autor o no partícipe" en hechos de carácter delictivo o análogos a éstos y determina, por ende, el derecho a que no se apliquen las consecuencias o los efectos jurídicos relacionados a hechos de tal naturaleza en las relaciones jurídicas de todo tipo y, por otro, requiere de actividad probatoria de autoridad competente que la destruya de forma clara y rotunda. Bajo esos parámetros, la orden de extracción de muestra biológica de sangre combatida no puede considerarse violatoria del principio de presunción de inocencia, pues es, precisamente, este derecho fundamental el que produce una inmediata consecuencia procesal, que consiste en desplazar la carga de la prueba en el órgano acusador; es a él al que en un procedimiento contradictorio, con participación y audiencia del interesado inculpado, debe suministrar, recoger y aportar los elementos probatorios a través de los medios comunes que sirvan de soporte al supuesto de hecho cuya clasificación como delito se pretende. Lo que el Ministerio Publico pretende realizar con el desahogo de la citada prueba, en tanto afirma que es necesario la obtención del perfil genético del aquí quejoso, para realizar confrontas con otros perfiles que se tienen en la carpeta de investigación, los cuales obtuvieron a través de víctima Z.K.P.R., quien, de forma voluntaria, compareció ante el agente Estatal de Investigaciones para entregar la ropa que tenía el día de los hechos que denunció, consistente en un short liso, color rojo sin marca y una ropa interior calzón rosa tipo bikini, sin marca, y en los cuales se localizaron muestras de perfiles biológicos; de ahí la importancia de recabar dicha prueba; entonces, su desahogo no puede considerarse violatoria del principio de presunción de inocencia. En consecuencia, al resultar infundados los conceptos de violación, aun suplidos en la deficiencia de la queja, procede negar el amparo solicitado. Negativa de amparo que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos a las autoridades señaladas como ejecutoras por no impugnarse por vicios propios. SÉPTIMO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE: PRIMERO. La Justicia Federal no ampara ni protege a Juan Carlos Juárez García, contra el acto reclamado al 1) juez del Circuito Judicial Sierra Sur, sede Sola de Vega, Oaxaca, consistente en la orden de extracción de muestra biológica de sangre para perfil genético comparativa a perfil localizado en vitamina P30, emitida el dieciocho de julio de dos mil veintidós en la causa penal 21/2022; y su ejecución atribuida al 2) director del Instituto de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca; 3) agente del Ministerio Público adscrita a la Vicefiscalía General de Control Regional de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y 4) comisionado de la Policía Estatal de Oaxaca; por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe; hasta el día de hoy, treinta de septiembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado.
- Principal
PRAL.848/2022.MESA-6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de septiembre de dos mil veintidós. 1. Estado de autos. Vistos los autos, de los que se advierte que en proveído de veintiséis de agosto de este año se agregó el informe justificado de la autoridad responsable, agente del Ministerio Público adscrita a la Vicefiscalía General de Control Regional de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, con sede en Reyes Mantecón; acuerdo que se notificó a las partes por lista de acuerdos el veintinueve de agosto de este año. 2. Diferimiento de la audiencia. Por tanto, dado que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días que debe mediar entre la notificación a las partes del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, y a fin de no dejarlos en estado de indefensión, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, y se fijan las nueve horas con veintiséis minutos del veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, para su celebración. Tiene sustento a lo anterior, la jurisprudencia 54/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, tomo XI, abril del año 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro 191995 del rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO". Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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