Juan Carlos Jacquez Leyva
Expediente 1189/2014 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 9 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1189/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 25/11/2015
Partes del expediente
- Juez Primero de Primera Instancia Penal del Partido Judicial de Ensenada
- Juan Carlos Jacquez Leyva
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de veintiuno de octubre de dos mil quince, en el cual se declaró cumplido el fallo protector. En consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, considerando que ninguna de las partes hizo alguna manifestación al respecto. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo a la parte quejosa, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la suspensión definitiva del acto reclamado. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo
- Principal
En cumplimiento al auto de cinco de diciembre de dos mil catorce, dictado dentro del presente juicio de garantías y, con fundamento en los artículos 26, 27 y 29 de la Ley de Amparo, en Ensenada, Baja California, siendo las nueve horas del veintidós de octubre de dos mil quince, el suscrito licenciado Fernando Priorio Nagel, Actuario Judicial del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, hago constar que, procedo a notificar personalmente por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado, y por lista en una página electrónica del Poder Judicial de la Federación, a la tercero interesada MARÍA ADRIANA DÍAZ PATRÓN, el auto de veintiuno de octubre de dos mil quince, que dice: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que mediante oficio registrado con los folios 26141 y 26142 (fojas 428 a 456), la autoridad responsable Juez Primero Penal del Partido Judicial de esta ciudad, manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo; ahora bien, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de los procedimientos de amparo es de orden público, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a determinar si tal ejecutoria está cumplimentada o no, aun cuando las partes no hayan desahogado la vista ordenada sobre el particular, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Apoya la anterior determinación, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, tomo XI-marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, cuya sinopsis es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Igualmente resulta aplicable, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la tesis IX.1o.6 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 883, tomo III-marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, que dice: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO. Los artículos 104, 105, 106 y 107 de la Ley de Amparo, que se refieren a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, no prevén ningún caso de excepción. Por el contrario, se advierte que el espíritu de estas disposiciones legales, es el de que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios; estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas." EFECTO DE LA SENTENCIA AMPARADORA En la demanda de amparo la parte quejosa señaló como autoridad responsable, en lo que interesa, a la Juez Primero de lo Penal del Partido Judicial de esta ciudad, de quien reclamó el auto de término constitucional pronunciado en contra del quejoso dentro de la causa penal 618/2013. Ahora bien, mediante resolución firmada el diecisiete de febrero de dos mil quince (fojas 210 a 230), este órgano jurisdiccional negó el amparo solicitado por la parte quejosa; sin embargo, inconforme con tal determinación, la parte quejosa interpuso recurso de revisión y mediante ejecutoria pronunciada el veintisiete de agosto del año en curso, en el amparo en revisión 219/2015, el Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, determinó revocar la resolución emitida por este órgano judicial, y en su lugar, concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Los efectos de la concesión de amparo fueron precisados en la referida ejecutoria, por lo que la autoridad responsable quedó constreñida a cumplir con lo siguiente: "[.] lo procedente es revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo y protección de la justicia federal, para que la autoridad responsable deje sin efectos el punto de formal prisión dictado el trece de agosto de dos mil catorce, en la causa penal 618/2013, y en su lugar emita otra en la que dicte auto de libertad con las reservas de ley a JUAN CARLOS JACQUEZ LEYVA, por la comisión del delito de DESPOJO, previsto por el artículo 226, fracción I, del Código Penal del Estado de Baja California, al no acreditarse el dolo en su conducta en los términos que lo exige el artículo 14, fracción I, de la codificación en cita, en relación con el penúltimo párrafo de dicho numeral.[.]" ACTO DE LA AUTORIDAD EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO Por oficios que constan a foja (fojas 428 a 456), la autoridad responsable informó que dejó insubsistente la resolución del auto de término constitucional de trece de agosto de dos mil catorce, pronunciada en la causa penal 618/2013, instruida contra el ahora quejoso; hecho lo anterior, en dos de octubre de la presente anualidad, pronunció la resolución en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, de la cual remitió copia certificada, cuyo primer punto resolutivo, es del tenor siguiente: "[.] PRIMERO.- Siendo las 14:25 horas del día de hoy, se decreta AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR CON LAS RESERVAS DE LEY, a favor del inculpado JUAN CARLOS JACQUEZ LEYVA, al no haberse comprobado el cuerpo del delito de DESPOJO, del cual lo acusa el C. Agente del Ministerio Público, cuyas circunstancias ya quedaron precisadas.. [.]" ANÁLISIS EVALUATIVO Así, con apego a los lineamientos establecidos en la ejecutoria motivo de análisis, en principio, la autoridad responsable dejó insubsistente el acto reclamado y en la nueva resolución argumentó sólidamente que al no existir una conducta dolosa de usurpar un derecho ajeno por parte del indiciado en virtud de tener el desconocimiento de la posesión anterior del inmueble por parte de la ofendida María Patricia Díaz Patrón no se puede actualizar el elemento del dolo del ilícito en estudio, si como tampoco la furtividad independientemente de que el indiciado entrara a poseer el inmueble cuando no se encontraba en el mismo la ofendida, máxime que el indiciado se le dio posesión del inmueble en cuestión por la parte vendedora a plena luz del día. Lo anterior conllevó a determinar -previo análisis de las pruebas que constan en la causa penal de origen- a tener por no acreditados los elementos del cuerpo del delito que se le atribuye, y su probable responsabilidad en la comisión del ilícito que se le imputa; además, otorgó valor probatorio a cada una de las pruebas examinadas, tanto en lo individual como en conjunto, lo que dio lugar a pronunciarse con libertad de jurisdicción y resolvió en el sentido de decretar auto de libertad por falta de elementos para procesar con la reservas de ley a favor del inculpado como probable responsable del delito de despojo. En las relatadas circunstancias y una vez analizada la ejecutoria de mérito, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN EL PRESENTE ASUNTO, sin exceso ni defecto, pues es inconcuso que la autoridad responsable, acató el núcleo de la ejecutoria. VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo.
- Principal
Se notifica por lista a la parte quejosa el auto de veintiuno de octubre de dos mil quince, que dice: "Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que mediante oficio registrado con los folios 26141 y 26142 (fojas 428 a 456), la autoridad responsable Juez Primero Penal del Partido Judicial de esta ciudad, manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo; ahora bien, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de los procedimientos de amparo es de orden público, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a determinar si tal ejecutoria está cumplimentada o no, aun cuando las partes no hayan desahogado la vista ordenada sobre el particular, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Apoya la anterior determinación, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, tomo XI-marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, cuya sinopsis es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Igualmente resulta aplicable, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la tesis IX.1o.6 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 883, tomo III-marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, que dice: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO. Los artículos 104, 105, 106 y 107 de la Ley de Amparo, que se refieren a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, no prevén ningún caso de excepción. Por el contrario, se advierte que el espíritu de estas disposiciones legales, es el de que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios; estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas." EFECTO DE LA SENTENCIA AMPARADORA En la demanda de amparo la parte quejosa señaló como autoridad responsable, en lo que interesa, a la Juez Primero de lo Penal del Partido Judicial de esta ciudad, de quien reclamó el auto de término constitucional pronunciado en contra del quejoso dentro de la causa penal 618/2013. Ahora bien, mediante resolución firmada el diecisiete de febrero de dos mil quince (fojas 210 a 230), este órgano jurisdiccional negó el amparo solicitado por la parte quejosa; sin embargo, inconforme con tal determinación, la parte quejosa interpuso recurso de revisión y mediante ejecutoria pronunciada el veintisiete de agosto del año en curso, en el amparo en revisión 219/2015, el Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, determinó revocar la resolución emitida por este órgano judicial, y en su lugar, concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Los efectos de la concesión de amparo fueron precisados en la referida ejecutoria, por lo que la autoridad responsable quedó constreñida a cumplir con lo siguiente: "[.] lo procedente es revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo y protección de la justicia federal, para que la autoridad responsable deje sin efectos el punto de formal prisión dictado el trece de agosto de dos mil catorce, en la causa penal 618/2013, y en su lugar emita otra en la que dicte auto de libertad con las reservas de ley a JUAN CARLOS JACQUEZ LEYVA, por la comisión del delito de DESPOJO, previsto por el artículo 226, fracción I, del Código Penal del Estado de Baja California, al no acreditarse el dolo en su conducta en los términos que lo exige el artículo 14, fracción I, de la codificación en cita, en relación con el penúltimo párrafo de dicho numeral.[.]" ACTO DE LA AUTORIDAD EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO Por oficios que constan a foja (fojas 428 a 456), la autoridad responsable informó que dejó insubsistente la resolución del auto de término constitucional de trece de agosto de dos mil catorce, pronunciada en la causa penal 618/2013, instruida contra el ahora quejoso; hecho lo anterior, en dos de octubre de la presente anualidad, pronunció la resolución en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, de la cual remitió copia certificada, cuyo primer punto resolutivo, es del tenor siguiente: "[.] PRIMERO.- Siendo las 14:25 horas del día de hoy, se decreta AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR CON LAS RESERVAS DE LEY, a favor del inculpado JUAN CARLOS JACQUEZ LEYVA, al no haberse comprobado el cuerpo del delito de DESPOJO, del cual lo acusa el C. Agente del Ministerio Público, cuyas circunstancias ya quedaron precisadas.. [.]" ANÁLISIS EVALUATIVO Así, con apego a los lineamientos establecidos en la ejecutoria motivo de análisis, en principio, la autoridad responsable dejó insubsistente el acto reclamado y en la nueva resolución argumentó sólidamente que al no existir una conducta dolosa de usurpar un derecho ajeno por parte del indiciado en virtud de tener el desconocimiento de la posesión anterior del inmueble por parte de la ofendida María Patricia Díaz Patrón no se puede actualizar el elemento del dolo del ilícito en estudio, si como tampoco la furtividad independientemente de que el indiciado entrara a poseer el inmueble cuando no se encontraba en el mismo la ofendida, máxime que el indiciado se le dio posesión del inmueble en cuestión por la parte vendedora a plena luz del día. Lo anterior conllevó a determinar -previo análisis de las pruebas que constan en la causa penal de origen- a tener por no acreditados los elementos del cuerpo del delito que se le atribuye, y su probable responsabilidad en la comisión del ilícito que se le imputa; además, otorgó valor probatorio a cada una de las pruebas examinadas, tanto en lo individual como en conjunto, lo que dio lugar a pronunciarse con libertad de jurisdicción y resolvió en el sentido de decretar auto de libertad por falta de elementos para procesar con la reservas de ley a favor del inculpado como probable responsable del delito de despojo. En las relatadas circunstancias y una vez analizada la ejecutoria de mérito, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN EL PRESENTE ASUNTO, sin exceso ni defecto, pues es inconcuso que la autoridad responsable, acató el núcleo de la ejecutoria. VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo"
- Principal
En cumplimiento al auto de cinco de diciembre de dos mil catorce, dictado dentro del presente juicio de garantías y, con fundamento en los artículos 26, 27 y 29 de la Ley de Amparo, en Ensenada, Baja California, siendo las nueve horas del siete de octubre de dos mil quince, el suscrito licenciado Fernando Priorio Nagel, Actuario Judicial del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, hago constar que, procedo a notificar personalmente por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado, y por lista en una página electrónica del Poder Judicial de la Federación, a la tercero interesada MARÍA ADRIANA DÍAZ PATRÓN, el auto de seis de octubre de dos mil quince,que dice: Se ordena agregar a los autos los oficios de cuenta, suscritos por la Juez Primero Penal de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, y anexo, los cuales se relacionan con el cumplimiento a la ejecutoria que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes con los oficios de cuenta por el plazo de tres días a efecto que manifiesten lo que a su interés convenga; apercibidas que de no hacerlo, considerando los elementos que obren en el expediente, así como los datos aportados por la autoridad responsable se resolverá respecto de dicho cumplimiento.
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