Juan Carlos Irigoyen Castillo
Expediente 793/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 793/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 08/06/2017
Partes del expediente
- Juan Carlos Irigoyen Castillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, ocho de junio de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, como consta en la certificación secretarial que antecede, que ha transcurrido el plazo de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión; en consecuencia, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, para todos los fines legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo y archívese el presente asunto como concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, será susceptible de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el oficio del Delegado en el Estado de Puebla de la Procuraduría Federal del Consumidor, mediante el cual rinde su informe justificado, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Ahora, de las constancias que obran dentro del presente juicio de garantías y en específico de las constancias remitidas por la autoridad responsable con que justifica su informe, las que adquieren pleno valor probatorio en términos de los artículos 79, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el quejoso Juan Carlos Irigoyen Castillo, señaló como acto reclamado la omisión de registrar, dar contestación y notificar el acuerdo correspondiente a su petición de veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, y la omisión de hacer el requerimiento respectivo a la tercero interesada. El Delegado en el Estado de Puebla de la Procuraduría Federal del Consumidor, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado; manifestando además que el cinco de abril de dos mil diecisiete, radicó el escrito de queja presentado por el quejoso Juan Carlos Irigoyen Castillo bajo el número PFC.PUE.B.3/000776-2017, notificándolo el dieciséis de mayo actual, requiriendo además a la tercero interesada para que rinda su informe por escrito, remitiendo las autoridad responsable las constancias correspondiente. En ese sentido, esta autoridad advierte que respecto de los actos reclamados al Delegado en el Estado de Puebla de la Procuraduría Federal del Consumidor, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de garantías, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Establecido lo anterior, resulta importante reiterar que Juan Carlos Irigoyen Castillo acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra la omisión de registrar, dar contestación y notificar el acuerdo correspondiente a su petición de veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, y la omisión de hacer el requerimiento respectivo a la tercero interesada. Así, de las constancias remitidas por las responsables a las cuales se otorgó valor probatorio pleno en términos de los artículos 79, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el cinco de abril de dos mil diecisiete, radicó el escrito de queja presentado por el quejoso Juan Carlos Irigoyen Castillo bajo el número PFC.PUE.B.3/000776-2017, notificándolo el dieciséis de mayo actual, requiriendo además a la tercero interesada para que rinda su informe por escrito, remitiendo las autoridad responsable las constancias correspondiente. Bajo esa óptica, es dable concluir que cesaron los efectos de la omisión de la que se duele el peticionario de amparo, toda vez que los efectos de dicha omisión desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna de dicha afectación. Al respecto es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de epígrafe y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En las relatadas condiciones, como se dijo, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en la fracción V del artículo 63 íbidem, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, respecto de los actos que Juan Carlos Irigoyen Castillo reclamó del Delegado en el Estado de Puebla de la Procuraduría Federal del Consumidor. En tales condiciones, se deja sin efecto las nueve horas con veintiocho minutos del veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. Notifíquese, y personalmente al quejoso.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el oficio del Delegado en el Estado de Puebla de la Procuraduría Federal del Consumidor, mediante el cual rinde su informe justificado, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Ahora, de las constancias que obran dentro del presente juicio de garantías y en específico de las constancias remitidas por la autoridad responsable con que justifica su informe, las que adquieren pleno valor probatorio en términos de los artículos 79, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el quejoso Juan Carlos Irigoyen Castillo, señaló como acto reclamado la omisión de registrar, dar contestación y notificar el acuerdo correspondiente a su petición de veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, y la omisión de hacer el requerimiento respectivo a la tercero interesada. El Delegado en el Estado de Puebla de la Procuraduría Federal del Consumidor, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado; manifestando además que el cinco de abril de dos mil diecisiete, radicó el escrito de queja presentado por el quejoso Juan Carlos Irigoyen Castillo bajo el número PFC.PUE.B.3/000776-2017, notificándolo el dieciséis de mayo actual, requiriendo además a la tercero interesada para que rinda su informe por escrito, remitiendo las autoridad responsable las constancias correspondiente. En ese sentido, esta autoridad advierte que respecto de los actos reclamados al Delegado en el Estado de Puebla de la Procuraduría Federal del Consumidor, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de garantías, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Establecido lo anterior, resulta importante reiterar que Juan Carlos Irigoyen Castillo acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra la omisión de registrar, dar contestación y notificar el acuerdo correspondiente a su petición de veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, y la omisión de hacer el requerimiento respectivo a la tercero interesada. Así, de las constancias remitidas por las responsables a las cuales se otorgó valor probatorio pleno en términos de los artículos 79, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el cinco de abril de dos mil diecisiete, radicó el escrito de queja presentado por el quejoso Juan Carlos Irigoyen Castillo bajo el número PFC.PUE.B.3/000776-2017, notificándolo el dieciséis de mayo actual, requiriendo además a la tercero interesada para que rinda su informe por escrito, remitiendo las autoridad responsable las constancias correspondiente. Bajo esa óptica, es dable concluir que cesaron los efectos de la omisión de la que se duele el peticionario de amparo, toda vez que los efectos de dicha omisión desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna de dicha afectación. Al respecto es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de epígrafe y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En las relatadas condiciones, como se dijo, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en la fracción V del artículo 63 íbidem, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, respecto de los actos que Juan Carlos Irigoyen Castillo reclamó del Delegado en el Estado de Puebla de la Procuraduría Federal del Consumidor. En tales condiciones, se deja sin efecto las nueve horas con veintiocho minutos del veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. Notifíquese, y personalmente al quejoso.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito del quejoso Juan Carlos Irigoyen Castillo, por medio del cual expone diversas manifestaciones a manera de alegatos; en consecuencia, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas sus manifestaciones, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en la audiencia constitucional. Notifíquese.
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