Juan Carlos Ibarra Moreno
Expediente 714/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 13 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 714/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 14/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Juan Carlos Ibarra Moreno
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, catorce de octubre de dos mil veintiuno. Téngase al Magistrado de la Sala Unitaria Civil de Tlalnepantla, Estado de México, acusando recibo del oficio 17600/2021, por el que se le remitieron diversas constancias relativas al toca 252/2021 y al expediente 415/2014. En atención a lo anterior se deja sin efectos el apercibimiento decretado en autos. Por otra parte, visto que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese. El cuaderno principal es susceptible de depuración, en términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en atención a que se negó la protección constitucional. El original del incidente de suspensión es depurable, en términos del artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido en líneas que anteceden en virtud de que la medida cautelar solicitada por la parte quejosa fue concedida. En términos del artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo General, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurridos más de seis meses a partir de esta fecha, en su oportunidad y previo desglose, este Juzgado Federal procederá a la destrucción del mismo, conforme a los lineamientos que establece ese Acuerdo. Además, de que este asunto no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo General. Notifíquese; hágase vía electrónica a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, cuatro de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita interpongan recurso de revisión contra la sentencia dictada el nueve de septiembre del año en curso, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que negó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión en este juicio, ha causado ejecutoria, lo anterior hágase del conocimiento de las partes. Realícense las anotaciones respectivas y glósense los cuadernos incidentales correspondientes. Por otra parte, se advierte que el Magistrado de la Sala Unitaria Civil de Tlalnepantla, Estado de México, remitió diversas constancias en apoyo a su informe justificado -tomos I, II, III, IV, V y VI-, consistentes en copia certificada del expediente 415/2014; en consecuencia, en obvio de dilaciones procesales devuélvanse a su lugar de origen. Solicítese el acuse de recibo correspondiente, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización; ello con fundamento en lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. Finalmente, visto el escrito del tercero interesado, dígase que deberá estarse a lo acordado en párrafos precedentes. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
V. En Naucalpan de Juárez, Estado de México, a las trece horas con cuatro minutos del nueve de septiembre de dos mil veintiuno, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 714/2021-V, promovido por **********, por derecho propio, ante la presencia de Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien da fe, procedió a celebrar la misma sin la asistencia personal de alguna de las partes. Acto seguido, la Secretaria hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en el expediente. El Juez de Distrito acuerda: Téngase por hecha la anterior relación secretarial para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período probatorio, la Secretaria da cuenta al Juez de Distrito con las pruebas de las autoridades responsables con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas y admitidas las documentales que adjuntaron a su informe justificado, las cuales obran por separados, las cuales se desahogan dada su propia y especial naturaleza y que deberán tomarse en consideración al momento de resolver el presente juicio de amparo. Sin más pruebas pendientes por desahogar se cierra este período. Abierto el período de alegatos, la Secretaria hace constar que mediante escrito con número de registro 9709 presentado el ocho de septiembre de dos mil veintiuno en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal, el tercero interesado Francisco Javier Bolaños Hurtado, realizó diversas manifestaciones en vía de alegatos. El Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo ténganse por vertidas dichas manifestaciones que hace valer en vía de alegatos, mismas que serán tomadas en consideración, al no existir alegatos que deban relacionarse, se cierra esta etapa. Sin diligencias pendientes por practicar. A continuación se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 714/2021-V, promovido por *********, contra actos de la Sala Unitaria Civil de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, y otra autoridad; y R E S U L T A N D O: I. Mediante escrito presentado el veinte de julio de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, remitido por razón de turno el veintiuno siguiente a este Juzgado Federal, Juan Carlos Ibarra Moreno, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Sala Unitaria Civil de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, y otra autoridad. II. En acuerdo del veintidós de julio de dos mil veintiuno, este juzgado admitió a trámite la demanda de amparo, registrándola con el número 714/2021-V; solicitó el informe con justificación a las autoridades responsables; dio la intervención legal al Representante Social de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento, y señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. Asimismo, se tuvo como terceros interesados a Francisco Javier Bolaños Hurtado y a Elizabeth López Pérez, quienes fueron emplazados a juicio y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo previsto en los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; pues en el caso los actos reclamados tendrían ejecución en un lugar donde este órgano tiene jurisdicción SEGUNDO. Fijación de la litis. A fin de fijar la litis constitucional y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados se hacen consistir en: La parte quejosa reclama de la Sala Unitaria Civil de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, la resolución del veintinueve de junio de dos mil veintiuno, dictada en el toca de apelación 252/2021, que confirmó la sentencia interlocutoria del veintisiete de abril de dos mil veintiuno, relativa al incidente complementario de liquidación de intereses moratorios en el juicio ejecutivo civil 415/2014, promovido por ********* y *********en contra de ******** y *********, y del Juez Cuarto de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, su ejecución. TERCERO. De acuerdo con la técnica jurídica que rige al juicio de amparo, lo procedente es pronunciarse ahora sobre la certeza o inexistencia de los actos tildados de inconstitucionales, pues por razón de método dicho proceder debe ocurrir en toda sentencia de amparo, y sólo en el caso de su existencia, lo aleguen o no las partes, el tribunal que conoce del procedimiento podrá estudiar las causas de improcedencia aducidas o las que en su criterio se actualicen para, por último y de ser procedente el juicio, entrar al análisis del fondo del asunto. Así las cosas, son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Sala Unitaria Civil de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y Juez Cuarto de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, toda vez que al rendir sus informes con justificación aceptaron los actos reclamados. Máxime que la existencia de los actos reclamados se acredita con las copias certificadas del toca de apelación 252/2021, y juicio ejecutivo civil 415/2014, que las autoridades responsables remitieron con sus informes justificados; documentos que cuentan con pleno valor probatorio, conforme a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2. CUARTO. El estudio de las causales de improcedencia del juicio de amparo debe realizarse de manera preferente al de fondo de la cuestión planteada, ya que su análisis es una cuestión de orden público, en acatamiento de la disposición contenida en el artículo 62 de la ley de la materia. En atención a que las partes no plantearon causas de improcedencia y que no se advierte, de oficio, que se actualice alguna, procede el análisis de fondo del asunto. QUINTO. El quejoso aduce, en lo esencial, que la Sala responsable violó en su perjuicio los derechos humanos contenidos en los artículos 1o.,14, 16, 17, 22, 29 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque no agotó los principios de exhaustividad y fundamentación y motivación, habida cuenta que declaró inoperantes los agravios hechos valer contra la interlocutoria que resolvió el tercer incidente de liquidación de intereses moratorios, en el que sostuvo que debió aplicarse lo dispuesto en el artículo 7.86 del Código Civil del Estado de México, que prevé que la cláusula penal no puede exceder ni en valor ni en cuantía a la obligación principal. Señala que la Sala responsable consideró inoperante el agravio relativo sobre la base de que dichos argumentos los debió haber planteado al momento de dar contestación a la demanda principal o, en su caso, al dar respuesta al primer incidente de liquidación de intereses. Y establece que, de haber aplicado el citado artículo la Sala tendría que haber considerado que los intereses moratorios pactados son usurarios y, por ende, que deben ser reducidos. Sobre el particular, cabe destacar que en la resolución reclamada a la Sala responsable, dicha autoridad declaró inoperante lo aducido por el ahora quejoso tocante a que los intereses moratorios pactados era usurarios, tras considerar que ese tópico debió ser invocado por los demandados al contestar su demanda o analizarse de oficio por el Juez de primera instancia en la sentencia de fondo, o, incluso, invocarse como agravio contra ese fallo, para que el Tribunal de Alzada lo examinara, lo que no ocurrió en la especie; de manera que no procedía analizar en la resolución reclamada este tema porque de hacerse se violentaría el principio de cosa juzgada que impera en los procedimientos. Lo que resulta correcto, pues los incidentes de liquidación tienen como fin primordial determinar con precisión la cuantía de ciertas prestaciones a las que quedaron obligadas las partes, que no se pudieron dilucidar en el fallo y que resultan indispensables para exigir su cumplimiento, así como llevar a cabo su ejecución, conforme a la sentencia de fondo, no siendo posible modificar, anular o rebasar lo decidido en ella, ni atentar contra los principios fundamentales del proceso, como el de la invariabilidad de la litis, una vez establecida, el de congruencia y cosa juzgada. En ese sentido, si en la sentencia de primera instancia, confirmada por el Tribunal de Alzada, se condenó al pago de intereses moratorios convencionales, sin que se haya determinado en dichos fallos, que la tasa pactada fuera excesiva o usuaria, la Sala responsable, en la resolución reclamada, no estaba facultada para introducir el examen de ese tópico, socapa de que fue materia de agravio en el recurso de apelación hecha valer contra la interlocutoria de primer grado que aprobó la liquidación correspondiente, porque de hacerlo y considerar usuraria la tasa en cuestión, podría haber modificado o rebasado lo decidido en la sentencia de fondo de primera instancia, y que constituye la verdad legal, al haber adquirido el carácter de cosa juzgada. Es decir, los incidentes de liquidación de una sentencia no pueden tener por objeto desconocer un derecho ya decidido en la sentencia definitiva, sino, en su caso, sólo la liquidación respectiva de lo que fue materia de juicio. Siendo así, fue correcto que la Sala responsable estimara inoperantes los agravios hechos valer sobre el particular, y, por ende, resultan infundados los conceptos de violación hechos valer. Es aplicable al caso la jurisprudencia 1a./J. 28/2017 (10a.) , Sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que a continuación se identifica y transcribe: "USURA. SU ANÁLISIS ENCUENTRA LÍMITE EN LA INSTITUCIÓN DE LA COSA JUZGADA. El derecho de propiedad se encuentra reconocido en el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; por tanto, si bien el juzgador como una forma de protección a ese derecho, al advertir indicios de un interés excesivo o desproporcionado derivado de un préstamo, está obligado a analizar de oficio la posible configuración de usura y, de ser el caso, actuar en consecuencia, lo cierto es que, por seguridad y certeza jurídica, esa obligación necesariamente encuentra límite en la institución de la cosa juzgada. Por ello, si bien al momento de emitir la sentencia correspondiente en cumplimiento a la obligación que se deriva del precepto convencional mencionado está obligado a analizar de oficio la posible configuración de usura y, de ser el caso, actuar en consecuencia, lo cierto es que una vez que la sentencia respectiva queda firme, esa decisión es inmutable y debe ejecutarse en sus términos; por ello, aunque el análisis de la usura puede efectuarse mientras la sentencia que condena a su pago se encuentre sub júdice, lo cierto es que una vez que la condena respectiva pierde esa característica y adquiere firmeza, necesariamente debe ejecutarse, pues ello es una consecuencia del derecho de acceso a una justicia completa y efectiva; de ahí que en la etapa de ejecución de la sentencia, el juzgador ya no puede introducir de manera oficiosa ni a petición de parte, el análisis de usura respecto de puntos o elementos que ya fueron determinados en la sentencia; y que por ende, constituyen cosa juzgada, por ello, la determinación que condenó al pago de los intereses a una tasa específica en monto porcentual, debe considerarse firme. Así, aunque los intereses se siguen devengando después de dictada la sentencia, ello no puede conducir a considerar que el control de usura pueda efectuarse respecto de éstos, pues no debe perderse de vista que la condena al pago de los intereses conforme a la tasa pactada, no sólo abarca a los intereses que ya se devengaron, sino que además comprende todos aquellos que se sigan generando hasta que se cumpla con el pago de la suerte principal". Corolario de lo expuesto, al resultar infundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso y dado que la resolución reclamada a la Sala responsable no es violatoria de los derechos humanos contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, procede negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, contra dicho acto; negativa que se extiende a los actos de ejecución atribuidos al Juez responsable, dado que no se impugnaron por vicios propios, sino sólo como consecuencia de la resolución de la Sala. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *********, contra los actos y autoridades que quedaron precisados en el considerando segundo, en términos de lo expuesto en el último considerando de la presente resolución Notifíquese y por lista electrónica. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria adscrita a este Juzgado Federal, quien da fe. Doy fe.
- Incidental
V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de cinco días concedido al quejoso ***********, para que otorgara la garantía que se le fijó en la interlocutoria del cinco de agosto de este año, y no lo hizo; con fundamento en el artículo 136 de la Ley de Amparo, se deja sin efectos la suspensión definitiva concedida. Comuníquese a las autoridades responsables, que queda expedita su jurisdicción para que obren conforme a derecho en relación a la ejecución del acto reclamado. No obstante lo anterior, mientras no se ejecute, el quejoso podrá exhibir la garantía, con lo cual, de inmediato, vuelve a surtir efectos la medida suspensional. Sirve de apoyo, la tesis I.15o.A.31 K del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Diciembre de 2007, materia Común, página 1823, de rubro: "SUSPENSIÓN. EL DERECHO DE EXHIBIR LA GARANTÍA EXIGIDA PARA QUE SURTA SUS EFECTOS NO SE PIERDE POR EL SOLO TRANSCURSO DEL PLAZO DE CINCO DÍAS FIJADO EN EL ARTÍCULO 139 DE LA LEY DE AMPARO". Finalmente, visto el escrito del tercero interesado *********, dígasele que su petición quedó acordada en líneas que anteceden. Notifíquese; hágase vía electrónica a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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