Juan Carlos Herrera Romero
Expediente 128/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 10 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 128/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 18/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Juan Carlos Herrera Romero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación que antecede que el plazo previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir la sentencia dictada en este juicio en la que se negó el amparo, le ha transcurrido a la parte quejosa, quien en su caso podría impugnarla, al ser contraria a sus intereses; con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme al diverso numeral 2 de la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria. En consecuencia, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y envíese al archivo. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina lo siguiente: - El expediente principal es depurable de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV, del artículo vigésimo primero, en razón de que el veintiocho de junio de dos mil diecinueve, se negó la protección federal, virtud a ello, en su oportunidad deberá conservarse dicha resolución y la demanda. Asimismo, como se hizo constar en la certificación de cuenta, obran documentos originales. De conformidad con el segundo párrafo del punto Décimo Primero, en relación con el último párrafo del punto Vigésimo Primero, ambos del Acuerdo General antes mencionado, al advertirse que el presente juicio no actualiza alguno de los supuestos previstos en el último de los puntos indicados ni se observa que se trate de archivo de carácter histórico o se haya emitido alguna resolución de trascendencia jurídica, política, social o económica; por tanto, el presente asunto no es de relevancia documental. Devuélvase al Juez Mixto de Primera instancia de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, el anexo que acompañó a su informe justificado y el cual se formó en tomo por separado. Finalmente, de autos se desprende que la parte tercero interesado acompañó a su escrito presentado el veintiséis de abril del año en curso, documentos originales; prevéngasele para que acuda a este juzgado dentro del plazo de noventa días a recogerlos, apercibido que en caso de no hacerlo, se le dará el mismo destino que al expediente.
- Principal
* Notifíquese personalmente. (IV)
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que aún no transcurre el plazo concedido a las partes en proveído de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, para que se impongan del contenido del complemento de informe justificado rendido por la autoridad responsable, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. En consecuencia, a fin de que el citado plazo transcurra en su integridad, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan las nueve horas con veinte minutos del dos de abril de dos mil diecinueve, para su celebración.(IV)
- Principal
Agréguense a los autos los escritos de cuenta; en atención a su contenido, se tiene al tercero interesado José de Jesús Cardona Ambríz compareciendo al presente juicio de amparo en términos del artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, téngasele señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa en el escrito de cuenta. Téngase como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones, en términos del artículo 12, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, a Jesús Iván Villaseñor Alvarado, Alonso Casarín de la Puente y Sergio Pavel Durón de la Cruz, por no haber acreditado encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados, conforme al sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. De igual manera, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen formuladas las manifestaciones a manera de alegatos, los cuales serán analizados al momento de dictar la resolución respectiva. -No ha lugar dar vista al Ministerio Público- Por otra parte, el tercero interesado solicita se dé vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, dado que considera que la conducta del quejoso es dolosa, por mentir en cuanto a que refiere que las facturas no le han sido entregadas al adjudicatario, lo que ya aconteció, con lo cual, el promovente agrega, el peticionario de amparo pretende obtener una ventaja procesal. No ha lugar a acordar de conformidad la petición, en términos del artículo 251, fracción I, de la Ley de Amparo, en virtud de que, hasta el momento en que se encuentra el presente juicio, para este juzgador no obran datos objetivos que permitan advertir la existencia de actos que puedan resultar constitutivos de algún delito contemplado en el precepto invocado en el párrafo anterior. Lo anterior es así, en virtud de que el tercero interesado hace descansar su petición en el argumento de que el quejoso miente al manifestar que no le han sido entregadas las facturas a su parte -motivo de la orden de otorgamiento de bienes al tercero interesado en el juicio de origen- y que por tal motivo, su conducta es dolosa, con lo que, al parecer del ahora promovente, el quejoso pretende una ventaja procesal indebida. Sin embargo el quejoso, en su escrito aclaratorio -foja dieciséis- manifiesta que "por ser bienes muebles los adjudicados a la tercero interesada es por eso que no existe en su caso escritura de adjudicación." De ahí la falta de datos objetivos que permitan a este juzgador afirmar que le consta tener conocimiento de actos que puedan resultar constitutivos de algún delito contemplado en el precepto invocado, en atención a lo dispuesto en los ordinales 261 de la Ley de Amparo y 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales; motivo por el cual, en este estadio se deviene innecesario dar vista al representante social. Máxime que la petición del tercero interesado se hace descansar, esencialmente, en lo eventual infundado de los motivos de disenso expuestos en la demanda, sin que en esta fase procesal sea factible calificarlos de esa manera pues ello, de ser procedente, será motivo de análisis al dictar la sentencia en la presente instancia constitucional. Sirve de apoyo, por las razones que informa, jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.), aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, difundida el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, en el Semanario Judicial de la Federación, intitulada: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA." De la citada jurisprudencia deriva que si bien existe obligación para el juzgador de amparo, de dar vista al Ministerio Público, con hechos que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, sea que los advierta de oficio o que se lo hagan valer las partes; sin embargo, tal obligación está determinada a que el propio juzgador realice un juicio racional y valorativo de las constancias de autos del juicio de amparo, para establecer al menos de manera presuntiva que esos hechos "podrían" resultar constitutivos de alguno de dichos delitos, pues así se infiere de la exigencia prevista en el párrafo segundo del artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Al margen de lo anterior, en todo caso, el tercero interesado tiene expeditos sus derechos para hacerlos valer en la vía que corresponda. -Ofrecen pruebas- Finalmente, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza, las pruebas que refiere, las cuales serán relacionadas en la audiencia constitucional.(IV)
Quedan 6 actuaciones en este expediente
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