Juan Carlos Hernández Villavicencio

Expediente 1094/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1094/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
24/01/2022

Partes del expediente

  • Juan Carlos Hernández Villavicencio

Actuaciones

  1. Principal

    intégrese el oficio suscrito por la Juez Primero Civil de Partido de Salamanca, Guanajuato, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho de este índice. Ahora en el estudio de las constancias remitidas por el juez oficiante y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días para recurrir el proveído en el que se desechó la demanda de amparo. Consecuentemente, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído.-

  2. Principal

    agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio suscrito por la Juez Segundo Civil de Partido de Salamanca, Guanajuato, a través del cual devuelve diligenciado el despacho 1424-D/2021-VIII (2117), del índice de este juzgado; en atención a las constancias que remite se tiene notificada a la parte quejosa del proveído de treinta de noviembre del año en curso. Dese de baja la referida comunicación del libro de gobierno correspondiente. Ahora bien, del estado de los autos, se advierte que el promovente cumplió oportunamente con la prevención que se le formuló el treinta de noviembre pasado, por lo que vista la demanda, promovida por Juan Carlos Hernández Villavicencio, en representación de José Inés García Páramo, se provee: Causa de improcedencia De conformidad con dispuesto por el artículo 112 de la Ley de Amparo, este juzgado tiene la obligación de examinar el escrito de demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo deberá desechar de plano, de conformidad con el artículo 113 del citado ordenamiento legal, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Tal norma impone la obligación de examinar con todo detenimiento la demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Acto reclamado La parte quejosa reclama la resolución de veintinueve de octubre del año en curso, dictada en el toca 508/2021, en el cual la Décima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato confirmó la determinación emitida por el Juez de Oralidad Familiar de Salamanca, Guanajuato, dentro del juicio familiar 1039/2021, respecto de desechar el incidente de nulidad de actuaciones promovido por el actor -aquí quejoso-, el cual planteó por considerar que era indebido que la demandada Lilia Flores Cárdenas, actuando por propio derecho y en representación del acreedor alimentista José Manuel García Flores, otorgara mandato judicial a un profesionista dentro de la audiencia preliminar, cuando este último es mayor de edad, y ella no acreditó tal calidad. Causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Al respecto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estos dos últimos interpretados a contrario sensu, toda vez que el acto reclamado no causa una afectación de imposible reparación. Los artículos invocados establecen textualmente lo siguiente: De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]. De la Ley de Amparo: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]. El acto reclamado no es de imposible reparación, porque su posible incorrección sólo inobservaría normas de fuente procesal, no sustantiva; por tanto, únicamente afectaría derechos adjetivos susceptibles de repararse en la sentencia que se dicte en ese proceso. Por ende, esa actuación es intraprocesal porque puede repararse en definitiva si el quejoso obtiene una sentencia favorable en el juicio civil de origen, de manera que, al final, las violaciones que combate no le produzcan algún perjuicio. Entonces, los actos reclamados no revisten el carácter de uno de imposible reparación para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues sus consecuencias no afectan directa e inmediatamente alguno de los derechos fundamentales de la persona tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es decir, sólo tiene consecuencias o produce efectos de carácter formal o intraprocesal, que pueden quedar subsanados con el solo hecho de que quien se dice afectado obtenga un fallo favorable a sus intereses. En efecto, los actos procesales únicamente tienen una ejecución de imposible reparación, cuando, como consecuencia de ello se afecta de manera cierta e inmediata alguno de los derechos fundamentales del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad y la propiedad, entre otros; de modo que esa afectación no pueda repararse con el hecho de obtener una resolución favorable, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho humano de que se trate, ya que en estos casos específicos la justicia federal debe intervenir sin demora a través del juicio de amparo indirecto, porque las consecuencias de la violación no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese resolución favorable a sus intereses; por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. Es por ello que la razón de ser de dichos derechos encuentra su fin último en la obtención de una resolución favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal se reparan y desaparecen en la realidad jurídica, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse ningún derecho sustantivo; es decir, en estos casos, en el momento en que se producen las violaciones del procedimiento, no se afecta de manera irremediable algún derecho público subjetivo, sino que tan sólo hace surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado y por esta razón, es necesario esperar hasta el dictado de la resolución definitiva. Bajo esa tesitura, la resolución de veintinueve de octubre del año en curso, dictada en el toca 508/2021, en el cual la Décima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato la cual confirmó la determinación tomada por el Juez de Oralidad Familiar de Salamanca, Guanajuato, dentro del juicio familiar 1039/2021, respecto de desechar el incidente de nulidad de actuaciones promovido por el quejoso, no es susceptible de reclamarse en vía de amparo indirecto, pues no es un acto cuya ejecución sea de imposible reparación y, en todo caso, sólo implica la infracción de derechos adjetivos con efectos intraprocesales, ya que el motivo de su inconformidad versa en que en el juicio de origen la demandada Lilia Flores Cárdenas actúa en representación del acreedor alimentista José Manuel García Flores, lo que se circunscribe a un aspecto de legitimación en el proceso. Circunstancia que no afecta derechos sustantivos del quejoso y puede ser reparada de obtener una resolución favorable en el proceso de origen. Así, la resolución reclamada no puede considerarse un acto de imposible reparación en términos del artículo 107, fracción V, de la ley de la materia. En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, el último precepto interpretado a contrario sensu; se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Juan Carlos Hernández Villavicencio. en representación de José Inés García Páramo, en términos del diverso 113 de dicha ley. Con fundamento artículo 27, fracción II, 116, segundo párrafo, ambos de la Ley de Amparo, 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al primer ordenamiento, 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, gírese despacho al Juez de Partido Civil en turno de Salamanca, Guanajuato; para que por su conducto y en auxilio de las labores de este juzgado, ordene a quien corresponda se constituya en el domicilio ubicado en calle Madero, número 303-1, colonia Bellavista, en Salamanca, Guanajuato y notifique al promovente el presente acuerdo. Asimismo, deberá requerirlo para que dentro del término de tres días, contado a partir de la notificación de este proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Irapuato, Guanajuato, apercibido de que de no hacerlo, las futuras, incluyendo las de carácter personal, sin ulterior acuerdo, se le harán por lista de acuerdos, tal y como lo previene el numeral 26, fracción III, de la ley de la materia. Para llevar a cabo la diligencia solicitada, se autoriza la habilitación de días y horas inhábiles de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la ley de la materia. Se faculta al juzgador haga uso de los medios legales necesarios para el cumplimiento de lo solicitado, así como para que se practiquen cuantas diligencias sean necesarias y autorice a quien corresponda se constituya en cualquier domicilio que se obtenga o cuente con él a fin de llevar a cabo la diligencia encomendada. Hecho lo anterior deberá remitir a la brevedad posible las constancias que acrediten el cumplimiento a lo ordenado.

  3. Principal

    Visto lo de cuenta, toda vez que en esta fecha se dictó un acuerdo en el juicio de amparo indirecto 126/2021-VI, donde se ordenó su archivo como asunto concluido, aunado a que en resolución interlocutoria de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados. Por tanto, en términos de lo que dispone el Acuerdo General del Peno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, se establece: a) Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, el cual deberá conservarse en este órgano jurisdiccional por el término de tres años, contados a partir del presente acuerdo. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, deberá depurarse y terminado tal proceso, se deberá transferir a la Dirección General de Archivo y Documentación. b) Con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), el duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un plazo de seis meses, contado a partir de la emisión del presente acuerdo, previa acta correspondiente.

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