Juan Carlos Hernandez Rosales
Expediente 90/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 90/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Juan Carlos Hernandez Rosales
Actuaciones
- Principal
III. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán; atento a su contenido, se le tiene informando que dicho Tribunal determinó confirmar la competencia planteada por este órgano jurisdiccional, para conocer de la demanda de amparo promovida por Juan Carlos Hernández Rosales y Berenice Villegas Rodríguez, de la cual deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa. Ahora, al no existir promoción pendiente por acordar, archívese el presente cuaderno de antecedentes como asunto concluido. Háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con el punto cuarto del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo, fracción I, del capítulo quinto del mencionado acuerdo (así como el Manual Para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Diciembre 2012"), se estima que el presente cuaderno, es de aquéllos susceptibles de destrucción, transcurridos seis meses, contados a partir de la presente determinación, pues no contiene información reservada ni se considera de relevancia documental que amerite su conservación.
- Principal
III. En veintidós de marzo de dos mil dieciocho, el Secretario da cuenta al Juez, con un oficio registrado en el libro de correspondencia con el consecutivo 4398. Conste.Uruapan, Michoacán, veintidós de marzo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán, mediante el cual acusa recibo del comunicado 2569, de veintisiete de febrero pasado; asimismo, informa que previo a aceptar la competencia planteada por este Juzgado, se requirió a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Jiquilpan, Michoacán, para que en el término de diez días, contados a partir de la recepción del oficio respectivo, cumpla con lo previsto en el artículo 178 de la Ley de Amparo. Circunstancia de la que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes.
- Principal
III. En veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, el Secretario da cuenta al Juez, con lo siguiente: a) La demanda de amparo promovida por Juan Carlos Hernández Rosales y Berenice Villegas Rodríguez, registrada en el libro de correspondencia común con el consecutivo 3175, y en el diverso libro de gobierno con el progresivo 90/2018-III. b) Asimismo, el licenciado Mario Alvez Cuevas, secretario adscrito a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, con residencia en Uruapan, CERTIFICA y hace constar, que una vez revisado el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", de este juzgado, no se advierte que los quejosos hayan promovido diversas demandas de amparo ante este Tribunal, como se obtiene de las constancias que al efecto se anexan. Conste. Uruapan, Michoacán, veintisiete de febrero de dos mil dieciocho. Vista la materia de la cuenta, se acuerda lo siguiente: Téngase a JUAN CARLOS HERNÁNDEZ ROSALES y BERENICE VILLEGAS RODRÍGUEZ, promoviendo demanda de amparo, por su propio derecho, contra actos del Juez de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Jiquilpan, Michoacán. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 90/2018-III. Apreciado íntegramente el libelo de garantías, este Juzgado carece de competencia legal para conocer de la demanda y se ordena remitirla al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, en turno, con residencia en Morelia, Michoacán, al reclamarse la sentencia que pone fin al juicio de origen. Así se considera porque el artículo 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: . V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: . c) En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común. En los juicios civiles del orden federal las sentencias podrán ser reclamadas en amparo por cualquiera de las partes, incluso por la Federación, en defensa de sus intereses patrimoniales, y ." También debe precisarse que sobre el tema de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer de los juicios de amparo en vía directa, los artículos 170, fracción I y 179, de la ley de la materia, previenen: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II.". "Artículo 179. El presidente del tribunal colegiado de circuito deberá resolver en el plazo de tres días si admite la demanda, previene al quejoso para su regularización, o la desecha por encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia." De los preceptos transcritos, es claro que el juicio de amparo se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, conforme a la distribución de competencias que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, sea que la violación se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma, que afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En efecto, los artículos anteriores contienen los requisitos de procedencia del juicio de garantías en la vía directa y la competencia del órgano jurisdiccional a quien corresponde conocer y resolver del mismo, previstos en la Ley Suprema y su legislación reglamentaria. Así, de acuerdo con el texto legal citado, el aspecto fundamental que debe atenderse para establecer con precisión cuándo se está en presencia de una resolución que hubiere puesto fin al juicio, es que la determinación impugnada del órgano jurisdiccional paralice definitivamente la prosecución del juicio, ocasionando su conclusión, lo que se actualiza en el caso, toda vez que los quejosos señalan como acto reclamado la sentencia definitiva dictada el treinta y uno de enero del año en curso, dentro del juicio ordinario civil 839/2017, que promovió en su contra Magdalena Esquivel Cuevas, por lo que es claro que con tal determinación el juicio ya no seguirá su curso. Así las cosas, debe puntualizarse que la determinación reclamada, constituye un acto jurisdiccional, que pone fin al juicio. Máxime que de las propias manifestaciones realizadas por los peticionarios de amparo se advierte que fueron debidamente emplazados al mencionado contradictorio, y a pesar de haber sido de manera extemporánea, dieron contestación a la demanda. En ese contexto, debe indicarse que ese acto es únicamente competencia de los Tribunales Colegiados, como lo indica la fracción V del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el diverso 179 de la ley de la materia; por lo que, lógico es que este órgano de control constitucional carece de competencia legal para conocer y resolver del presente asunto Es aplicable a lo anterior, la siguiente tesis: Tesis: P./J. 6/2015 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2008791 1 de 1 Pleno Libro 17, Abril de 2015, Tomo I Pag. 95 Jurisprudencia(Común) TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor. En ese entendido, por los motivos anteriormente expuestos, es inconcuso que en la especie no procede el amparo indirecto, en contra del acto reclamado, en razón de que éste tiene el carácter de definitivo, ya que no existe cuestión alguna que resolver después de lo determinado por el juez responsable en el juicio de origen; de ahí que, de conformidad con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, declara carecer de competencia legal para conocer de la referida demanda y se estima que quien debe conocer de su contenido, lo es el Tribunal Colegiado en Materia Civil, del Décimo Primer Circuito, en turno, con residencia en Morelia, Michoacán. Por tanto, sin hacer pronunciamiento sobre la admisión o desechamiento de dicho escrito inicial, remítase el presente expediente junto con las correspondientes copias de demanda, al órgano jurisdiccional de alzada, situado en la capital del Estado; y con copia certificada de las respectivas constancias fórmese cuaderno de antecedentes. Solicítese respetuosamente al referido órgano colegiado, informe a este juzgado sobre la determinación que en particular emita, respecto de la competencia que se declina en su favor; asimismo, se ordene a quien corresponda, acuse el recibo de estilo. Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se designa como representante común al primero de los quejosos, esto es, a Juan Carlos Hernández Rosales, sin perjuicio de ser sustituido por la diversa promovente. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza desde éste momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 16 Constitucional, en relación con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley mencionada, indíquese a las partes que toda información que tiene en resguardo el Poder Judicial de la Federación es pública, de conformidad con lo dispuesto por los preceptos 1, 3, 5, 6, 7 y 8 del citado reglamento, por ende, los expedientes podrán ser consultados por cualquier persona, con las salvedades a que se refiere tal disposición; de la misma manera, hágase del conocimiento de la parte quejosa que tiene el derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 97, 110 y 113 de la citada ley federal, como reservada o confidencial; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, legalmente computados, manifieste por escrito si está de acuerdo con que se especifique su nombre y datos personales, al hacerse la publicación de las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria; en la inteligencia de que la falta de aceptación expresa, conlleva su oposición para que el fallo respectivo se publique con tales datos. Por otra parte, toda vez que los impetrantes de garantías manifiestan lo siguiente: ".señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el número 30 de la calle Magma número 50 de esta ciudad de Uruapan, Michoacán." Por tanto, tomando en consideración que dicho domicilio resulta impreciso, al no advertirse la colonia en que se encuentra, ni el número es exacto, dígaseles que hasta en tanto aclaren dicha circunstancia, las notificaciones que deban hacérseles, incluso las de carácter personal, se les realizarán por medio de la lista, de acuerdo con el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Ténganse como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, de conformidad con la última parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Ramón Barragán Díaz y María Teresa Cárdenas Gutiérrez, toda vez que en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se constató que no se encuentran registradas cédulas profesionales que los acrediten como licenciados en derecho, como se advierte de las constancias que al efecto se anexan. Apoya lo anterior, la tesis siguiente: Tesis: I.11o.A.4 A Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 175204 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXIII, Abril de 2006 Pag. 1188 Tesis Aislada(Administrativa) SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA. El sistema informático establecido por el Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 24/2005, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2005, tiene por objeto que efectuada la inscripción de la cédula de licenciados en derecho ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, surta sus efectos; sin embargo, requiere para su efectividad que el profesional autorizado en términos amplios del segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo, haya registrado los datos de su cédula con fecha anterior a aquella en que intente hacer valer en beneficio de su autorizante algún medio de defensa establecido por la citada ley. Por ello, si de la consulta a dicho sistema se acredita que el registro se efectuó con posterioridad a la promoción, resulta evidente que al momento de presentar el medio de defensa carecía de legitimación en el procedimiento, atento a que este presupuesto procesal debió estar previamente acreditado porque no puede ser convalidado. Se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para en caso necesario, practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación del presente juicio.
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