Juan Carlos Hernandez Quero
Expediente 1038/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1038/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Juan Carlos Hernandez Quero
Actuaciones
- Principal
En la Ciudad de México, veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, en los que se advierte que ha transcurrido el plazo para recurrir el proveído de seis de noviembre de dos mil veinte, sin que se hubiese hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a), y 98, párrafo primero de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO EL AUTO QUE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 2 del Manual referido, toda vez que se trata de un expediente en el que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Aunado a lo anterior, este Juzgado Federal considera que el juicio en que se actúa no tiene ninguna relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido y el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Finalmente, toda vez que la parte quejosa también fue omisa en proporcionar un domicilio para oír y recibir notificaciones en la jurisdicción de este Juzgado Federal dentro del plazo que le fue otorgado, se hace efectivo el apercibimiento contenido en auto de seis de noviembre de dos mil veinte, y en consecuencia, con fundamento en el artículo 27 fracción II, de la Ley de Amparo, de ordena realizar la presente notificación así como las subsecuentes que deriven del presente asunto por medio de lista. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alonso Antonio Hernández Flores, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
En la Ciudad de México, seis de noviembre de dos mil veinte. Visto el oficio de cuenta suscrito por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante el cual remite la demanda de amparo del juicio de amparo 609/2020, de su índice, signada electrónicamente por Tobías Marciano Rojas Rojas, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, en virtud de que el órgano de su adscripción se declaró incompetente para conocer de dicha demanda, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1038/2020- II. Acúsese recibo de estilo. Asimismo, con fundamento en el artículo 21 y 22 del "Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo", publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de junio de dos mil veinte, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. En consecuencia, este Juzgado acepta la competencia para conocer del presente asunto. Ahora bien, como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, resulta necesario analizar si es procedente o no la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda sobre su admisión o desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, a la letra dispone: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Del dispositivo transcrito se advierte que el órgano jurisdiccional que conoce del juicio tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo y que de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los????? elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo, aplicada por analogía, la jurisprudencia visible en la página ochocientos noventa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, del rubro siguiente: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. Ahora bien, del análisis del escrito inicial de demanda, permite establecer que la demanda de amparo fue promovida de manera electrónica y se encuentra signada únicamente por Tobías Marciano Rojas Rojas, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, por lo cual, conviene imponerse del contenido de los artículos 3 y 6 de la Ley de Amparo, que son del tenor literal siguiente. Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley. Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. De los artículos transcritos se desprende que la demanda de amparo deberá ser promovida y firmada ya sea de manera electrónica el uso de la FIREL, la cual es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y que hace las veces de firma autógrafa o de manera autógrafa por parte de quien se encuentra agraviado por el acto reclamado, salvo en los casos que prevé la Ley de Amparo. En el caso concreto, la demanda de amparo se encuentra signada por Tobías Marciano Rojas Rojas, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, y por consiguiente carece de la firma de la parte directa??? agraviada, y de quien dice ser su representante, siendo que en el caso, no se promueve en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, toda vez que no se encuentra en alguno de los supuestos de excepción que prevé dicho precepto legal conforme al numeral 3 de la Ley de la materia; en esas condiciones, es indudable que no es procedente dar trámite a la demanda de amparo que nos ocupa. Esto, tiene una concepción de índole constitucional, si se parte del hecho que la fracción I, del artículo 107 constitucional vigente, rige el principio de instancia de parte agraviada, es decir si el agraviado del acto de autoridad es quien por derecho presenta una solicitud de amparo tiene la ineludible obligación en dicho escrito donde expresa su voluntad de promover el juicio constitucional de asentar la firma como vínculo que lo compromete a la prosecución del juicio que insta. De lo que se sigue, que ante la ausencia material de dicho requisito de forma en el documento que expresa la voluntad de quien insta el juicio de amparo en su calidad de parte agraviada, implica por sí sólo la falta de interés o libertad de que así sea. En el caso que nos ocupa, la demanda de amparo de mérito fue signada por Tobías Marciano Rojas Rojas, autorizado en términos amplios de la parte quejosa; siendo que no cuenta con la legitimación para hacerlo. En primer término, se impone destacar que de conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, presupuesto procesal indispensable para la procedencia de la acción constitucional, esto es, el acreditamiento pleno de la legitimatio ad procesum del agraviado, que puede efectuar por cualquier medio de prueba, por lo que se determina que en el caso concreto, no es suficiente que Tobías Marciano Rojas Rojas, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, pues el juicio de amparo sólo puede promoverlo la parte que con el acto reclamado sufra un agravio actual y no futuro e incierto, en forma directa e inmediata, ya sea en su persona, en sus derechos, en su familia, en su domicilio o en su patrimonio y dicha promoción la puede hacer por derecho propio o por medio de su representante, por su defensor, si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, o por medio de algún pariente o persona extraña, en los casos en que la Ley de Amparo lo permita expresamente, cumpliendo con los requisitos que amerite cada supuesto, y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su apoderado. En mérito de lo anterior, se advierte que Tobías Marciano Rojas Rojas, no se encuentra legitimado para promover el juicio en que se actúa, puesto que en todo caso, es a ésta última a quien le afecta el acto reclamado, y a quien, en términos de lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley de Amparo, podrá promover, en este caso, la demanda de amparo, dada la responsabilidad penal que, de la protesta de decir verdad, pudiera derivarse; de manera que es inconcuso que sólo Lina Marcela Lozano León podrá promover la demanda que se pretende, su representante legal o su apoderado.?? Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano. Época: Décima Época, Registro: 2018943, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 62, Enero de 2019, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 32/2018 (10a.), Página: 5. Al respecto, cabe destacar que el artículo 3 citado, prevé como excepción que en los casos en que la demanda se promueva en los términos del artículo 15 del mismo ordenamiento, no se requiere Firma electrónica; que en lo conducente, establece: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. De dicho precepto se obtiene que cuando la parte quejosa se encuentra imposibilitada para promover el juicio de amparo, puede hacerlo en su nombre cualquier persona, incluso un menor de edad, siempre que se trate de los siguientes supuestos: 1) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida; 2) Ataques a la libertad personal fuera de procedimiento; 3) Incomunicación; 4) Deportación o expulsión; 5) Proscripción o destierro; 6) Extradición; 7) Desaparición forzada de personas; 8) Alguno de los prohibidos por el artículo 22 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 9) La incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.?????? En el caso, del análisis integral de la demanda, se desprende que el acto reclamado lo constituye medularmente o siguiente: De la digitalización anterior, se tiene que lo que pretende reclamar es la orden que impide el ingreso o permanencia de la quejosa en territorio nacional. Por su parte, en el capítulo de antecedentes del acto reclamado, se advierte que la agraviada Lina Marcela Lozano León se encuentra fuera de territorio nacional, específicamente en Colombia, toda vez que en febrero pasado, fue regresada a su país de origen al tener irregularidades en su calidad migratoria y por consiguiente su legal estancia en territorio nacional. Además, en su capítulo de su suspensión, refiere solicitar la medida cautelar para el efecto de que se le permita a Lina Marcela Lozano León, el reingreso a territorio mexicano. De lo expuesto se concluye que el acto reclamado en el presente juicio de amparo, lo es el rechazo por parte de las autoridades migratorias, por medio del cual se impide el ingreso de Lina Marcela Lozano León, al territorio nacional. De lo anterior, se tiene que el acto reclamado en el presente asunto, no se encuentra en alguno de los supuestos de excepción previstos por el artículo 15 de la Ley de la materia, porque el rechazo por parte de la autoridad migratoria no pone en riesgo la vida, la integridad física, ni la libertad de la persona, en tanto que el extranjero es libre de regresar a su lugar de procedencia tan pronto como las condiciones fácticas lo permitan, sin más limitación que la de ingresar al territorio nacional; además, porque constituye un acto autónomo e independiente que encuentra sustento en el artículo 11 constitucional, que lo hace distinto de la deportación o expulsión, y en consecuencia, se requiere que la demanda de amparo sea promovida por la parte agraviada en el presente asunto. Tiene sustento lo expuesto en la jurisprudencia emitida por el Pleno de Circuito en Materia Penal del Primer Circuito, que establece: ACTA DE RECHAZO POR LA QUE LA AUTORIDAD MIGRATORIA DECRETA LA INADMISIBILIDAD A TERRITORIO NACIONAL DE UNA PERSONA EXTRANJERA. EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO. El acta de rechazo aludida constituye un acto administrativo derivado de un procedimiento de control migratorio que acontece en los lugares de tránsito internacional de personas, respecto del cual, no procede conceder la suspensión de oficio y de plano, al no estar comprendido en los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 15 y 126 de la Ley de Amparo, y, además, porque no pone en riesgo la vida, la integridad física, ni la libertad de la persona, en tanto que el extranjero es libre de regresar a su lugar de procedencia tan pronto como las condiciones fácticas lo permitan, sin más limitación que la de ingresar al territorio nacional; además, porque constituye un acto autónomo e independiente que encuentra sustento en el artículo 11 constitucional, que lo hace distinto de la deportación o expulsión, y bien puede atenderse a través de la suspensión ordinaria en el incidente correspondiente y conforme a la normativa aplicable. Época: Décima Época, Registro: 2013633, Instancia: Plenos de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo I, Materia(s): Común, Administrativa, Tesis: PC.I.P. J/28 P (10a.), Página: 658. Ante las relatadas consideraciones, toda vez que la demanda de amparo fue signada por Tobías Marciano Rojas Rojas, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, carece de legitimación para promover la??????? demanda de amparo, en consecuencia, SE DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, en términos de los artículos 107 de la Constitución Federal, así como 5, fracción I, 6 y 61, fracción XXIII, éstos últimos tres de la Ley de Amparo. No es impedimento para arribar a la presente determinación, que en la demanda de amparo se refiera que la quejosa cuenta con la nacionalidad mexicana, por haber contraído matrimonio con Juan Carlos Hernandez Quero el dos de agosto de dos mil diecinueve, toda vez que dicha circunstancia no es suficiente para tener por acreditada la nacionalidad mexicana, puesto que de conformidad con los artículo 2, 3, 19 y 20 de la Ley de Nacionalidad, para obtener la nacionalidad mexicana se debe realizar una solicitud ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, la que previo cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley aplicable, expedirá la carta de naturalización, documento con el que se acredita el otorgamiento de la nacionalidad mexicana a los extranjeros, y que resulta el instrumento jurídico idóneo para demostrar, que la agraviada efectivamente ostenta la misma. Al respecto, los referidos artículos son de contenido siguiente: "Artículo 2o.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: III. Carta de naturalización: Instrumento jurídico por el cual se acredita el otorgamiento de la nacionalidad mexicana a los extranjeros; y Artículo 3o.- Son documentos probatorios de la nacionalidad mexicana, cualquiera de los siguientes: I. El acta de nacimiento expedida conforme a lo establecido en las disposiciones aplicables; II. El certificado de nacionalidad mexicana, el cual se expedirá a petición de parte, exclusivamente para los efectos de los artículos 16 y 17 de esta Ley; III. La carta de naturalización; IV. El pasaporte; V. La cédula de identidad ciudadana; y (ADICIONADA, D.O.F. 12 DE ENERO DE 2005) VI. La matrícula consular que cuente con los siguientes elementos de seguridad: a) Fotografía digitalizada; b) Banda magnética, e c) Identificación holográfica. VII. A falta de los documentos probatorios mencionados en las fracciones anteriores, se podrá acreditar la nacionalidad mediante cualquier elemento que, de conformidad con la ley, lleve a la autoridad a la convicción de que se cumplieron los supuestos de atribución de la nacionalidad mexicana. Artículo 19.- El extranjero que pretenda naturalizarse mexicano deberá: I. Presentar solicitud a la Secretaría en la que manifieste su voluntad de adquirir la nacionalidad mexicana; II. Formular las renuncias y protesta a que se refiere el artículo 17 de este ordenamiento; La Secretaría no podrá exigir que se formulen tales renuncias y protestas sino hasta que se haya tomado la decisión de otorgar la nacionalidad al solicitante. La carta de naturalización se otorgará una vez que se compruebe que éstas se han verificado. III. Probar que sabe hablar español, conoce la historia del país y está integrado a la cultura nacional; y IV. Acreditar que ha residido en territorio nacional por el plazo que corresponda conforme al artículo 20 de esta Ley. Para el correcto cumplimiento de los requisitos a que se refiere este artículo, se estará a lo dispuesto en el reglamento de esta Ley. "Artículo 20.- El extranjero que pretenda naturalizarse mexicano deberá acreditar que ha residido en territorio nacional cuando menos durante los últimos cinco años inmediatos anteriores a la fecha de su solicitud, salvo lo dispuesto en las fracciones siguientes:??? II. La mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o mujer mexicanos, deberán acreditar que han residido y vivido de consuno en el domicilio conyugal establecido en territorio nacional, durante los dos años inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud. No será necesario que el domicilio conyugal se establezca en territorio nacional, cuando el cónyuge mexicano radique en el extranjero por encargo o comisión del Gobierno Mexicano. En el caso de matrimonios celebrados entre extranjeros, la adquisición de la nacionalidad mexicana por uno de los cónyuges con posterioridad al matrimonio, permitirá al otro obtener dicha nacionalidad, siempre que reúna los requisitos que exige esta fracción, y" En tales circunstancias, toda vez que en el caso, no se exhibió la carta de naturalización de Lina Marcela Lozano León, no se puede considerar que cuente con la nacionalidad mexicana. Ahora bien, toda vez que el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado federal; con apoyo en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los juzgados de Distrito, gírese atento exhorto, al Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, en turno, a fin de que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, se sirva notificar el presente proveído a la parte quejosa en el domicilio ubicado en Calle Melchor Ocampo, número 600-A (seiscientos- A), Colonia Centro, Ciudad de Oaxaca de Juárez en el Estado de Oaxaca; asimismo, les requiera para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este auto, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en la Ciudad de México, apercibida que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 27 fracción II, de la Ley de Amparo, se le harán las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal por medio de lista; solicitándole al juzgado exhortado que una vez que sea diligenciado, lo devuelva a este Juzgado de Distrito. Se autoriza en términos de la primera parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Tobías Marciano Rojas Rojas quien tiene inscrita su cédula profesional en el registro correspondiente, y téngase por autorizadas para oír y recibir notificaciones a las personas que menciona. Atento a lo manifestado por la parte quejosa, con fundamento en el artículo 22 del "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19"; téngase como forma especial y expedita de contacto para entablar comunicaciones no procesales el correo electrónico que señala, en el entendido que únicamente se tomará en consideración en caso de ser necesario entablar alguna comunicación de ese tipo, conforme a lo dispuesto en dicho Acuerdo General. Se hace de su conocimiento, que toda vez que no existe disposición legal que le prohíba a la parte quejosa o a sus autorizados utilizar el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias que integran el presente asunto, desde este momento, con apoyo en los??? artículos 278 y 279 del Código Federal invocado, se autoriza su uso en el presente sumario; previa razón que obre en autos de su utilización, así como de las fojas escaneadas o fotografiadas, en el entendido que la reproducción digital y uso de las constancias que se copien es bajo su más estricta responsabilidad. Ahora bien, conforme a lo determinado en el Acuerdo General 11/2017, del cinco de septiembre de dos mil diecisiete, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regulan los alcances de la protección del nombre de personas físicas o morales contenido en los distintos instrumentos jurisdiccionales, se determina que el presente asunto no guarda relación alguna con algún supuesto de información sensible, por lo que en la versión pública de este proveído y de los subsecuentes, así como en la lista de notificación respectiva, no deberá suprimirse el nombre de las partes. No obstante lo anterior, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 108 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, aunque las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales distintos del nombre. Notifíquese; y por exhorto a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alonso Antonio Hernández Flores, con quien actúa y da fe. Doy fe.
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