Juan Carlos Hernández Pulido

Expediente 1908/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 1 actuación registrada, la última del 6 de noviembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1908/2015
Año
2015
Actuaciones
1
Última actuación
06/11/2015

Partes del expediente

  • Juan Carlos Hernández Pulido

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cinco de noviembre de dos mil quince Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de garantías en que se actúa y la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido la sentencia terminada de engrosar el nueve de octubre de dos mil quince; atento a lo narrado, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia, en la que determinó en el primer punto resolutivo sobreseer, en el segundo negar, y en el tercero, conceder el amparo y protección de la justicia federal, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Por consiguiente, se procede a acordar lo siguiente: LINEAMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA. La ley en comento prevé en sus artículos 192 y 193, el procedimiento que el Juez de Distrito debe llevar a cabo para lograr el puntual cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Bajo ese contexto, el Pleno del Alto Tribunal señala en la jurisprudencia P./J.54/2014(10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de dos mil catorce, Tomo I, página diecinueve, registro 2007918, Décima Época, el procedimiento de cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo, a saber: I. El procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. II. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumpla la sentencia de amparo, tiene tres excepciones: 1) Se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) Si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) Se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. III. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. IV. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. V. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. VI. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. VII. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. III. REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, este juzgador requiere al Director de Desarrollo Urbano, Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos del Ayuntamiento de Ayala, Morelos, y al Tesorero Municipal (JESÚS ORLANDO PACHECO AGUILAR) del Ayuntamiento de Ayala, Morelos, para que dentro del término de veinte días, siguientes a las que reciba el oficio en el que se les transcribe el presente acuerdo, informen a este juzgado sobre el cumplimiento que hayan dado a la ejecutoria de amparo, debiendo remitir las constancias que así lo justifiquen. Cabe precisar que el término de veinte días, se fija en virtud de que, para la devolución de las cantidades por concepto de las contribuciones que se declararon inconstitucionales, las autoridades responsables deben realizar una secuencia actos para la entrega de las sumas a reintegrar; asimismo, se puntualiza que dentro de dicho plazo las autoridades deberán realizar todos los actos necesarios para cumplir con la ejecutoria, considerando que ya tienen conocimiento de los actos reclamados, de sus antecedentes, de que tienen acceso al expediente de amparo para revisar constancias del juicio y de que fueron notificadas de la sentencia como se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos; razón por la cual, el término señalado es improrrogable. En el entendido de que la concesión del amparo fue para los siguientes efectos: Se desincorporen de la esfera jurídica de la parte quejosa, hasta en tanto no sean reformados, los artículos 9 de la Ley del Ingresos del Municipio de Ayala, Morelos, para el ejercicio fiscal dos mil catorce, y 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del referido Estado. Como consecuencia de la declaratoria de inconstitucionalidad de los mencionados preceptos, y en razón de la inconstitucionalidad que le asiste al cobro por impuesto adicional municipal consignado en las facturas con números de folio A 229, A 230, A 231, A 232 y A 233 expedidas por la Tesorería del Municipio de Ayala, Morelos, se ordena reintegrar a la parte quejosa el pago que realizó por concepto de dichas contribuciones $337,759.34 (trescientos treinta y siete mil setecientos cincuenta y nueve pesos 34/100 moneda nacional). En el entendido que se deberá restituir a la parte quejosa el pago que realizó por concepto de dichas contribuciones $337,759.34 (trescientos treinta y siete mil setecientos cincuenta y nueve pesos 34/100 moneda nacional), debidamente actualizado, pero sin que ello obligue al pago de intereses, toda vez que el pago de aquéllos tiene como finalidad sancionar a la autoridad por el incumplimiento oportuno del deber de una devolución, es decir, tienen una naturaleza indemnizatoria, tal como lo dispone el artículo 32 del Código Fiscal del Estado de Morelos. Por último, se deberán dejar sin efectos las tarjetas de calificación para pago de derechos con números de folio 0340/2014, 0341/2014, 0342/2014, 0343/2014 y 0344/2014 -sin que ello implique la cancelación de las licencias de construcción y uso de suelo concedidas, así como de la aprobación de planos-, y se deberán emitir unas nuevas en las que se subsanen los vicios formales aquí anotados, y no se apliquen los artículos 9 de la Ley del Ingresos del Municipio de Ayala, Morelos, para el ejercicio fiscal dos mil catorce, y 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del referido Estado; en el entendido de que en el supuesto de que el cálculo de derechos arroje una cantidad menor de la que se había asentado en las tarjetas reclamadas, se deberá realizar la devolución correspondiente a la quejosa. No se soslaya que la parte quejosa solicitó que el amparo se concediera para el efecto de que la responsable no reiterara el acto reclamado, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo; sin embargo, tal supuesto únicamente se actualiza respecto de actos emitidos en forma unilateral por un órgano de la administración pública, cuyos efectos son directos e inmediatos, toda vez que cualquier acto administrativo que recae a una solicitud de parte interesada -como ocurre en el caso concreto en que la parte quejosa solicitó licencia de construcción, licencia de uso de suelo y aprobación de planos-, de considerar que contiene un vicio que lo torna inconstitucional, debe subsanarse a través de un nuevo acto, pues de lo contrario se haría nugatorio el derecho del quejoso, el cual debe ser respetado por la autoridad. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. IV. REQUERIMIENTO AL SUPERIOR JERÁRQUICO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Asimismo, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo tercer párrafo, se requiere a los superiores jerárquicos de las autoridades responsables, para que les ordenen cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Bajo ese panorama, se requiere al Presidente Municipal de Ayala, Morelos (JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL), y al Ayuntamiento de Ayala, Morelos, por conducto de los integrantes del Cabildo de dicho Ayuntamiento (Síndico Municipal, JOSÉ ISABEL MEDINA CENTENO y Regidores GERARDO ALCÁNTARA MOLINA, ISAÍAS PÉREZ CHÁVEZ, GUILLERMO LUGO CABRERA, SOSIMO BARRETO SOLÍS, FERNANDO VILLALOBOS ARANDA, ESTEBAN MARCO ANTONIO FUENTES MALPICA, JOSÉ LUIS VERGARA LEANA,THALIA NÁJERA ABÚNDEZ, MARIA DE LOURDES LÓPEZ TOVAR ), en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable, Tesorero Municipal de Ayala, Morelos, para que dentro del término de VEINTE DÍAS, contados a partir del momento en que esté notificado de este acuerdo, acredite la orden girada a la citada autoridad responsable, para que ésta cumpla con la ejecutoria de amparo. Se apercibe, en el sentido que de incumplir con este mandato judicial, se le impondrá la multa a que alude el artículo 194 de la Ley de Amparo, que puede ir de los cien a los mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, acorde a lo dispuesto por los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, con independencia que puede incurrir en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Finalmente, se agrega a los autos para que obre como legalmente corresponda, el acuse de recibo relativo a la notificación del oficio y autoridad responsable que en él se citan, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma la licenciada Aletia González Huerta, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargada del despacho, en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación por licencia oficial, autorizada mediante circular CCJ/ST/6021/2015, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, el tres de noviembre de dos mil quince, ante la Secretaria Blanca Fuentes Sánchez que autoriza y da fe. Jfcc

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