Juan Carlos Hernández Hurtado y Otros.
Expediente 367/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 367/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/05/2021
Partes del expediente
- Juan Carlos Hernández Hurtado y Otros.
- Juan Carlos Hernández Hurtado
Actuaciones
- Principal
Se declara que ha quedado firme el auto por el que se desechó la demanda intentada. Se ordena el archivo del presente expediente, en la inteligencia de que el mismo es susceptible de DESTRUCCIÓN.
- Principal
(AVISO) NOTIFICACIÓN POR LISTA. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, en esta fecha se notifica por medio de lista de acuerdos la resolución de DIEZ DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, a la PARTE QUEJOSA, cuya síntesis es del tenor siguiente: Se declara que ha quedado firme el auto por el que se desechó la demanda intentada. Se ordena el archivo del presente expediente, en la inteligencia de que el mismo es susceptible de DESTRUCCIÓN. Lo anterior, toda vez que no compareció a notificarse dentro de los dos días a que hace referencia el aviso que antecede.
- Principal
NPQL. Se tiene por recibida la demanda de amparo. Se estima que respecto del referido acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 6º y 15 de la Ley de Amparo, que indican: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley" "Artículo 6o. Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona. [.]". De los artículos transcritos se aprecia que la acción constitucional está reservada al sujeto que sufre una afectación directa en relación con el acto de autoridad que reclama, por ser titular de un derecho subjetivo, o cuando resiente una afectación por un interés legítimo, individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado transgrede sus derechos fundamentales tutelados en la Constitución y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De igual manera se aprecia, que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral, a quien afecte el acto reclamado, por su propio derecho, por conducto de su representante o apoderado legal, y en materia penal por quien haya sido designado como defensor en la causa de origen, o bien por cualquier persona, en los casos específicos previstos por la propia ley. Entonces, los preceptos citados acogen, entre otras cosas, el principio rector de agravio personal y directo, el cual estatuye que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone el ordinal 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Visto de esa manera, el juicio de amparo es improcedente cuando quien lo promueve no es la persona afectada por el acto impugnado, o bien, no demuestra tener la representación del quejoso directo o no acredita que éste se encuentra en una situación que le permita actuar en su favor, por así disponerlo la ley. Así, la falta de legitimación de quien ejerce la acción constitucional, puede observarse desde dos aspectos; el primero, respecto de la legitimación "ad causam", la que se proyecta sobre la base de que quien promovió el juicio de amparo es la persona que resintió de manera personal y directa el agravio que le causa el acto reclamado, y ser titular del derecho exigido, lo que en la doctrina se reconoce como "agravio personal y directo." El segundo se refiere a la legitimación "ad procesum" que se caracteriza por ser una formalidad procesal que se consolida siempre y cuando el que comparece al juicio tenga la representación para hacerlo en nombre del agraviado, en la inteligencia de que la normatividad de amparo es categórica al establecer que dicha figura jurídica se acreditará conforme la propia ley lo exija. En el caso, se desprende que la parte quejosa señala ser amigo del directo quejoso, quien sufre una afectación a su esfera jurídica por encontrase privado de su libertad como consecuencia de una orden de cateo y por haber sido detenido en flagrancia por el delito de posesión de arma de fuego. Asimismo, solicita que a pesar de que el acto que reclama no encuadra en alguno de los señalados en el artículo 15 de la ley de Amparo; se ordene la ratificación del quejoso para que exteriorice su voluntad. Sin embargo, no es posible actuar como lo solicita el promovente, toda vez que como él mismo lo manifiesta, los actos reclamados emanan de un procedimiento penal seguido en contra del directo quejoso, quien además según el dicho del promovente, cuenta con abogados particulares que lo están asistiendo, por tanto dicha representación no se le puede tener por reconocida al promovente, ni se puede ordenar la ratificación de la presente demanda de amparo, en virtud que el quejoso no se encuentra incomunicado, ni en una circunstancia de emergencia que merezca actuar de esa manera. En ese contexto, quien promueve, no acreditó que se encontrara facultado para representar al quejoso, o bien que el acto reclamado fuera de los que permiten la promocion del juicio de amparo por cualquier persona a favor del quejoso. Es decir, una relación de amistad es insuficiente para promover el juicio a nombre de un tercero, ello en razón que en el juicio de amparo se encuentra prohibida, tanto la gestión de negocios como el interés simple, lo que origina que se actualice la causa de improcedencia en estudio. Ahora bien, en virtud que quien promovió el presente juicio reconoce no tener la representación legal del quejoso, se considera que en el particular no se trata de un tema de personalidad sino de legitimación activa en la causa, por lo que no ha lugar a prevenir puesto que no existe forma de subsanar ese presupuesto procesal. Por consiguiente, se concluye que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el numerales 6º y 15, ambos de la Ley de Amparo y, por ende, resulta improcedente el ocurso constitucional. Por las razones anteriormente expuestas, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de garantías por notoriamente improcedente. Se reconoce como autorizados a quienes indicó. Se tiene por señalando el correo electrónico que informa, para que de ser necesario, se realicen comunicaciones no procesales. No obstante, si bien la parte quejosa proporciona domicilio para oír y recibir notificaciones en la residencia de juzgado, a efecto de evitar la exposición de los usuarios y personal adscrito a este juzgado al contagio derivado del virus Covid-1, con fundamento en el artículo 21, del citado Acuerdo General 21/2020, se ordena que las notificaciones subsecuentes, aun las de carácter personal, se practiquen por medio de lista que se publicará en el acceso del edificio en que se ubica este órgano jurisdiccional, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de acuerdo al contenido de los numerales 26, fracción III y 29 de la ley de la materia, sin perjuicio de que durante la tramitación del presente asunto se designe usuario para que se lleven a cabo, vía electrónica, las notificaciones que así lo ameriten. Se requiere a las partes para que proporcionen un usuario en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que pueda actuar de manera remota y se puedan realizar por ese medio las notificaciones personales; de igual manera, se le solicita que indique correo electrónico, número telefónico o servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se pueda entablar comunicaciones no procesales. Se habilitan días y horas inhábiles. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario. Se hace del conocimiento de las partes que pueden oponerse a la publicación de sus datos personales.
- Principal
(AVISO) NOTIFICACIÓN POR LISTA. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, en esta fecha se notifica por medio de lista de acuerdos la resolución de VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, a la PARTE QUEJOSA, cuya síntesis es del tenor siguiente: NPQL. Se tiene por recibida la demanda de amparo. Se estima que respecto del referido acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 6º y 15 de la Ley de Amparo, que indican: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley" "Artículo 6o. Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona. [.]". De los artículos transcritos se aprecia que la acción constitucional está reservada al sujeto que sufre una afectación directa en relación con el acto de autoridad que reclama, por ser titular de un derecho subjetivo, o cuando resiente una afectación por un interés legítimo, individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado transgrede sus derechos fundamentales tutelados en la Constitución y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De igual manera se aprecia, que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral, a quien afecte el acto reclamado, por su propio derecho, por conducto de su representante o apoderado legal, y en materia penal por quien haya sido designado como defensor en la causa de origen, o bien por cualquier persona, en los casos específicos previstos por la propia ley. Entonces, los preceptos citados acogen, entre otras cosas, el principio rector de agravio personal y directo, el cual estatuye que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone el ordinal 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Visto de esa manera, el juicio de amparo es improcedente cuando quien lo promueve no es la persona afectada por el acto impugnado, o bien, no demuestra tener la representación del quejoso directo o no acredita que éste se encuentra en una situación que le permita actuar en su favor, por así disponerlo la ley. Así, la falta de legitimación de quien ejerce la acción constitucional, puede observarse desde dos aspectos; el primero, respecto de la legitimación "ad causam", la que se proyecta sobre la base de que quien promovió el juicio de amparo es la persona que resintió de manera personal y directa el agravio que le causa el acto reclamado, y ser titular del derecho exigido, lo que en la doctrina se reconoce como "agravio personal y directo." El segundo se refiere a la legitimación "ad procesum" que se caracteriza por ser una formalidad procesal que se consolida siempre y cuando el que comparece al juicio tenga la representación para hacerlo en nombre del agraviado, en la inteligencia de que la normatividad de amparo es categórica al establecer que dicha figura jurídica se acreditará conforme la propia ley lo exija. En el caso, se desprende que la parte quejosa señala ser amigo del directo quejoso, quien sufre una afectación a su esfera jurídica por encontrase privado de su libertad como consecuencia de una orden de cateo y por haber sido detenido en flagrancia por el delito de posesión de arma de fuego. Asimismo, solicita que a pesar de que el acto que reclama no encuadra en alguno de los señalados en el artículo 15 de la ley de Amparo; se ordene la ratificación del quejoso para que exteriorice su voluntad. Sin embargo, no es posible actuar como lo solicita el promovente, toda vez que como él mismo lo manifiesta, los actos reclamados emanan de un procedimiento penal seguido en contra del directo quejoso, quien además según el dicho del promovente, cuenta con abogados particulares que lo están asistiendo, por tanto dicha representación no se le puede tener por reconocida al promovente, ni se puede ordenar la ratificación de la presente demanda de amparo, en virtud que el quejoso no se encuentra incomunicado, ni en una circunstancia de emergencia que merezca actuar de esa manera. En ese contexto, quien promueve, no acreditó que se encontrara facultado para representar al quejoso, o bien que el acto reclamado fuera de los que permiten la promocion del juicio de amparo por cualquier persona a favor del quejoso. Es decir, una relación de amistad es insuficiente para promover el juicio a nombre de un tercero, ello en razón que en el juicio de amparo se encuentra prohibida, tanto la gestión de negocios como el interés simple, lo que origina que se actualice la causa de improcedencia en estudio. Ahora bien, en virtud que quien promovió el presente juicio reconoce no tener la representación legal del quejoso, se considera que en el particular no se trata de un tema de personalidad sino de legitimación activa en la causa, por lo que no ha lugar a prevenir puesto que no existe forma de subsanar ese presupuesto procesal. Por consiguiente, se concluye que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el numerales 6º y 15, ambos de la Ley de Amparo y, por ende, resulta improcedente el ocurso constitucional. Por las razones anteriormente expuestas, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de garantías por notoriamente improcedente. Se reconoce como autorizados a quienes indicó. Se tiene por señalando el correo electrónico que informa, para que de ser necesario, se realicen comunicaciones no procesales. No obstante, si bien la parte quejosa proporciona domicilio para oír y recibir notificaciones en la residencia de juzgado, a efecto de evitar la exposición de los usuarios y personal adscrito a este juzgado al contagio derivado del virus Covid-1, con fundamento en el artículo 21, del citado Acuerdo General 21/2020, se ordena que las notificaciones subsecuentes, aun las de carácter personal, se practiquen por medio de lista que se publicará en el acceso del edificio en que se ubica este órgano jurisdiccional, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de acuerdo al contenido de los numerales 26, fracción III y 29 de la ley de la materia, sin perjuicio de que durante la tramitación del presente asunto se designe usuario para que se lleven a cabo, vía electrónica, las notificaciones que así lo ameriten. Se requiere a las partes para que proporcionen un usuario en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que pueda actuar de manera remota y se puedan realizar por ese medio las notificaciones personales; de igual manera, se le solicita que indique correo electrónico, número telefónico o servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se pueda entablar comunicaciones no procesales. Se habilitan días y horas inhábiles. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario. Se hace del conocimiento de las partes que pueden oponerse a la publicación de sus datos personales. Lo anterior, toda vez que no compareció a notificarse dentro de los dos días a que hace referencia el aviso que antecede.
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