Juan Carlos Hernández García
Expediente 570/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 570/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Juan Carlos Hernández García
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa, impugnara el auto dictado en este juicio el veintinueve de septiembre de dos mil veinte. Causa estado. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, se declara que dicho proveído en la que se decretó el sobreseimiento del presente juicio fuera de la audiencia constitucional, ha causado estado; para todos los efectos legales; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Archivo. Por otra parte, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente.
- Principal
Se notifica por medio de lista a la parte quejosa el proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veinte que en lo conducente dice: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado que rinde la Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Visto su contenido, se advierte que dicha autoridad manifiesta: "[.] NO ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO. - Por lo que hace al supuesto retardo en fijar fecha de audiencia de Conciliación, demanda y excepciones, pues de autos del juicio ordinario laboral número 05099/2020/13, se advierte con fecha 10 diez de septiembre de la presente anualidad se emitió el auto correspondiente, cabe señalar que si bien, como lo refiere el ahora quejoso la demanda fue recibida el mes de junio de esa misma anualidad, también lo es que esta Junta Local de Conciliación y Arbitraje estaba suspendida en la mayor parte de su actividad jurisdiccional [.]" En esa virtud, se advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Para explicar lo anterior es menester precisar el acto reclamado de la manera siguiente. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten los actos reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda de amparo de mérito, se colige, que la parte quejosa reclama la omisión de la responsable de no señalar fecha para la audiencia bifásica dentro de los quince días que marca la Ley Federal del Trabajo. Por ello, si del contenido del informe justificado agregado en este proveído se advierte, que la junta responsable ha dictado el acuerdo respectivo, es inconcuso que se actualiza la referida hipótesis de improcedencia del juicio de amparo. Se explica. Marco normativo. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" Interpretación en abstracto del marco normativo. En torno a dicha causa de improcedencia, se precisa que los efectos de un acto no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye de forma total e incondicional todos los efectos del acto que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. Caso concreto. Ahora bien, del escrito inicial de demanda y sus anexos, así como de la constancia remitida por la Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado junto a su informe justificado, se advierte lo siguiente: En tres de junio de dos mil veinte, la parte quejosa presentó demanda laboral ante la responsable, en el juicio ordinario laboral 05099/2020/13. A la fecha en que se presentó la demanda -uno de septiembre de dos mil veinte-, aún seguía la autoridad responsable sin acordar la demanda laboral. Finalmente, la mencionada responsable dictó el proveído de diez de septiembre de la presente anualidad, en el que tuvo por recibida y radicada la citada demanda, la cual se tramitó bajo el consecutivo 05099/2020/13, por el cual quedó registrada, asimismo señaló las diez horas con treinta minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veinte, para que se lleve a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro del citado expediente. En este orden de ideas, se aprecia que el acto de que se duele la parte quejosa y que constituye la materia de violación a sus derechos humanos fue subsanado; pues al emitirse el acuerdo de diez de septiembre del presente año, en el que se tuvo por recibida y radicada la demanda la demanda laboral y, en consecuencia la responsable fijó fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, cesó la afectación reclamada. Luego, con el dictado de tal determinación se deriva una situación jurídica que destruye definitivamente la que dio motivo al amparo, toda vez que se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados. No escapa a la atención del suscrito, el hecho de que del informe y de las constancias que la autoridad responsable allegó a este asunto, no se advierte que tal circunstancia se haya hecho del conocimiento a la parte quejosa, sin embargo, como en la especie se reclama, principalmente, violación al artículo 17 Constitucional, por no haberse acatado las disposiciones de expedir justicia pronta y expedita; debe decirse que con la emisión de la determinación referida se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho humano infringido. Se afirma lo anterior, pues el artículo en comento no contempla el requisito de formalidad relativo a la notificación de la determinación correspondiente, como sí lo tutela el diverso 8 de la Constitución General de la República. Lo anterior evidencia que el acto y sus consecuencias jurídicas ya no agravian a la parte quejosa, pues al dictar el acuerdo respectivo, motiva como consecuencia necesaria que ya no produzca efectos jurídicos, restableciéndose las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional alegada. Decisión. Consecuentemente, al actualizarse el motivo de improcedencia indicado de manera notoria y evidente, de conformidad con lo establecido en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia este juicio. Al respecto, es dable citar la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la Contradicción de tesis 26/2002-PL, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE". Sin efecto audiencia constitucional. Por las consideraciones antes precisadas, hágase del conocimiento de las partes que se deja sin efecto la audiencia constitucional programada para las once horas con veinte minutos del ocho de octubre de dos mil veinte. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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