Juan Carlos Helguera Cantoran

Expediente 1454/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1454/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
23/01/2019

Partes del expediente

  • Juan Carlos Helguera Cantoran

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintitrés de enero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito presentado por **** autorizado de la parte quejosa, atento a su contenido y como lo solicita, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el numeral 2° de esta última, hágasele la devolución de los documentos que anexó a su escrito de demanda, dejando en su lugar copia certificada y entréguese previa razón que por su recibo se deje en autos. Notifíquese.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a once de enero de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la ley de la materia, se declara que dicho proveído que desechó la demanda, ha causado estado. Hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con apoyo en el diverso artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Entonces, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción I, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir de la notificación del presente proveído, dado que no obran documentos originales, ni es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General citado y carece de valor institucional e histórico. Notifíquese.

  3. Principal

    CITATORIO...SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA...EL AUTO QUE PRECEDE, MISMO QUE A LA LETRA DICE: Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de garantías promovida por ***, por propio derecho, contra actos de Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE con el número 1454/2018; fórmese expediente impreso y electrónico. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de garantías, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Así, del análisis íntegro de la demanda de garantías, es factible para este Juzgado Federal determinar con exactitud la intención del promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En tal sentido, se tiene que el impetrante de garantías reclama a través de esta instancia constitucional: *** Al respecto, se advierte que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas." Del precepto en cita se advierte que, por una parte, la acción constitucional es improcedente cuando se combaten resoluciones emitidas en los juicios de amparo y, por otra, cuando se reclamen aquellas determinaciones en ejecución de las mismas. En ese sentido, respecto a la primera hipótesis, la improcedencia tiene como finalidad evitar la promoción de juicios de amparo infinitos contra actos emitidos en otro procedimiento de la misma naturaleza, partiendo en esencia de que el actuar de la autoridad de control constitucional se encuentra sujeto a la interposición de los medios de impugnación que la propia ley de la materia contempla y no mediante un nuevo y autónomo juicio de garantías. Por cuanto al segundo supuesto, se colige que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclaman determinaciones dictadas en ejecución de las resoluciones pronunciadas en las controversias constitucionales, por lo que en lo conducente se puede mencionar que la ejecución de una resolución de amparo no sólo se refiere al caso de una sentencia protectora, sino también a aquellos supuestos en los que al negar el amparo o decretar el sobreseimiento, existe algún mandato por cumplir. Por tanto, si el acto reclamado fue objeto de una determinación definitiva en la resolución del juicio constitucional anterior, o si constituye su consecuencia lógica y jurídica inmediata en virtud de que tal cuestión ya fue motivo de controversia y decisión, lo examinado y resuelto adquiere firmeza procesal y tiene como objeto la irrevocabilidad de los efectos de la sentencia, ya que contra ella ningún recurso procede que permita modificarla, dado que el efecto de todas las resoluciones dictadas en un juicio de amparo es que no puedan ser impugnadas en otro diverso juicio de garantías. Así, la prohibición de ejercer la acción de amparo contra resoluciones dictadas en los procedimientos de la misma naturaleza, no sólo se limita a la resolución definitiva, sino también a cualquier determinación inmersa en él, por ende, tanto las resoluciones de trámite como las de fondo no son susceptibles de ser reclamadas mediante otro juicio de garantías, ya que ello provocaría juicios interminables. En ese contexto, se evidencia que la finalidad de la improcedencia del juicio de amparo por los motivos referidos, es que lo resuelto por las autoridades jurisdiccionales federales sobre una misma cuestión, no sea objeto de controversia y decisión en dos o más sentencias de amparo, pues si así fuera se produciría una infinidad de juicios sobre la misma materia en demérito de la seguridad jurídica. Al respecto, conviene exponer que el fin perseguido con la norma no es el que se pudiera deducir de sus términos gramaticales, que llevarían a su actualización en todos los casos en que el acto reclamado se emitiera teniendo como base lo ordenado en una resolución proveniente de un juicio constitucional, sin importar el alcance de esta última ni la medida en que vinculó a la autoridad responsable, sino que este motivo de improcedencia se da sólo cuando las cuestiones que se plantean en la nueva demanda de garantías fueron objeto de una decisión directa y definitiva en la resolución del juicio constitucional anterior o si constituyen su consecuencia lógica y jurídica inmediata, aunque la autoridad responsable se apoye en nuevos fundamentos y razones para sostener su criterio respecto a lo ya resuelto por las autoridades jurisdiccionales federales, pues es evidente que la intensión del legislador con el establecimiento de la improcedencia referida, fue evitar que una misma cuestión concreta pudiera ser objeto de controversia y decisión en dos o más sentencias de amparo, con el peligro de producir una cadena interminable de juicios sobre la misma materia, en detrimento de la seguridad que se requiere para lograr la armonía social, es decir, tanto la razón de la ley como el propósito perseguido, son semejantes a los de la institución de la cosa juzgada, pero ajustados a la estructura jurídica sobre la que prevalece el juicio de amparo. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia XXI.1o. J/15 emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en la página 867 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI (marzo de dos mil), Novena Época, del título y contenido siguientes: IMPROCEDENCIA. INTELECCIÓN DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO. Si se toma en cuenta la finalidad que se persigue con la norma, su razón legal y la aplicación constante y uniforme hecha por los tribunales federales, el correcto sentido del artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, en lo que toca a la improcedencia del juicio de garantías contra resoluciones dictadas en ejecución de las determinaciones emitidas en los juicios de amparo, no es el que se pudiera deducir de una vista inicial de sus términos gramaticales, que llevarían a la actualización de esa hipótesis normativa en todos los casos en que el acto reclamado se emitiera teniendo como base lo ordenado en ese sentido en una resolución proveniente de un juicio constitucional, sin importar el alcance de esta última ni la medida en que vinculó a la autoridad responsable, sino que este motivo de improcedencia se da sólo cuando las cuestiones que se plantean en la nueva demanda de garantías fueron objeto de una decisión directa y definitiva en la resolución del juicio constitucional anterior o si constituyen su consecuencia lógica y jurídica inmediata, aunque la autoridad responsable se apoye en nuevos fundamentos y razones para sostener su criterio respecto a lo ya resuelto por las autoridades jurisdiccionales federales, pues es evidente que lo que quiso evitar el legislador ordinario con el establecimiento de la improcedencia referida, fue que una misma cuestión concreta pudiera ser objeto de controversia y decisión en dos o más sentencias de amparo, con el peligro de que se produjera una cadena infinita de dichos juicios sobre la misma materia, en demérito de la seguridad que se requiere para lograr la armonía social; es decir, que tanto la razón de la ley como el propósito perseguido, son semejantes a los de la institución de la cosa juzgada, pero ajustados a la estructura jurídica sobre la que se levanta el juicio de amparo. Por su parte, el 192 de la Ley de Amparo prevé: Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga. Ahora, del numeral antes citado, se advierte que las ejecutorias de amparo deben ser cumplidas puntualmente y notificadas sin demora a las partes cuando se haya concedido el amparo; por lo que se requerirá a las autoridades responsables su cumplimiento, pudiéndose ampliar el plazo tomando en cuenta su complejidad o dificultad; apercibiéndoles que de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá una multa y además se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el caso, el impetrante señala como acto reclamado la resolución de tres de diciembre del año en curso, en el que se condena al aquí quejoso al pago de la cantidad de $*** por concepto de pensiones alimenticias no cubiertas a su acreedora alimentaria de iniciales*** las que corresponden del período de mayo de dos mil dieciséis a mayo de dos mil dieciocho, en el incidente de Ejecución de Sentencia Definitiva, derivado del expediente *** Ahora bien, se impone destacar que el acto reclamado en la presente demanda, guarda estricta relación con el cumplimiento a la ejecutoria dictada en el diverso juicio de amparo *** del índice de este órgano jurisdiccional, el que se ordena tener a la vista, como un hecho notorio, del que se obtiene lo siguiente: 1. Mediante escrito presentado el treinta y uno de mayo del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad y turnado el mismo día a este Juzgado de Distrito ***por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Sala Familiar del Tribunal de Justicia del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, señalando como acto reclamado el siguiente: *** 2. Seguido el juicio en todas sus etapas, el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, este Juzgado Décimo determinó conceder el amparo, para el efecto de que la Sala Familiar Responsable, dejara insubsistente la resolución de ocho de mayo de dos mil dieciocho, dictada en el Toca Familiar ***, y en su lugar dictará otra, conforme a los lineamientos contenidos en la resolución de dicho amparo. 3. Inconforme con tal determinación el impetrante de garantías interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia referida, misma que tocó conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo, residente en esta ciudad, quien le asignó el número de amparo en revisión civil ***. 4. Es así que mediante ejecutoria de ocho de noviembre del presente año el Tribunal Colegiado referido, determinó modificar la sentencia recurrida y resolvió amparar al impetrante de garantías para el siguiente efecto: 1. Deje insubsistente la resolución de ocho de mayo de dos mil dieciocho, dictada en el toca familiar ***. 2. Proceda a dictar otra, en la cual reitere aquellas cuestiones ya dilucidadas y compense la cantidad entregada a la menor acreedora, a la cantidad total adeudada por concepto de pensión alimenticia, para determinar que el remanente adeudado por el deudor alimentario corresponde a $*** en los términos establecidos en la parte final del considerando sexto de este ejecutoria de amparo." Lo anterior, es así toda vez que en términos de lo establecido por el artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden ser invocados por el propio tribunal aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes, de ahí que adquieren esa categoría los hechos de que se tenga conocimiento por razón de su propia actividad y, en vía de consecuencia, para un Juez de Distrito adquieren tal calidad los diversos asuntos que ante él se hayan tramitado, circunstancias que se corroboran como ya se dijo, de los autos que integran el juicio constitucional ***. *** HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." En las narradas condiciones, se advierte que la resolución de tres de diciembre de dos mil dieciocho, dictada por la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, en el que ordena compensar la cantidad entregada a la menor acreedora, a la cantidad total adeudada por concepto de pensión alimenticia, para determinar que el remanente adeudado por el deudor alimentario corresponde a $*** se emitió en cumplimiento a lo ordenado en el diverso juicio de amparo ***, del índice de este juzgado, entonces, se pone de manifiesto la improcedencia invocada. Luego, en caso de aceptar la admisión de la demanda pretendida, sería tanto como permitir la inconveniencia de un medio de control constitucional sobre otro medio de control de igual índole que está en trámite o ha sido concluido; lo que prohíbe expresamente la Ley de Amparo en su artículo 61, fracción IX, al establecer que el juicio es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. En este caso, se destaca, que si bien no se reclama una resolución dentro de un juicio de amparo, sí se reclama una determinación emitida en cumplimiento a una ejecutoria de amparo, de donde se considera que rige similar razón para estimar improcedente el amparo. Sirve de apoyo en cuanto a la improcedencia de un amparo sobre otro, la tesis 1a. CCLXXVI/2015 10a., sustentada por la Primera Sala, visible en la página 307, libro 22, septiembre de 2015, Tomo I, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, la cual es del tenor literal siguiente: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO, NO TRANSGREDE EL DERECHO DEL GOBERNADO A CONTAR CON UN RECURSO EFICAZ. Al establecer el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que el juicio de garantías es improcedente en contra de resoluciones dictadas en ejecución de sentencias de amparo, se refiere a aquellas resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el juzgador de amparo les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, esto es, les fija lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de jurisdicción, sino que debe emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal. La improcedencia deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico llevado a cabo en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. En ese orden de ideas, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, no es inconstitucional por inconvencional, ya que no contradice los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en particular, el derecho a contar con un recurso eficaz, pues la norma en cuestión no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo atendiendo a razones de seguridad jurídica y de cosa juzgada. Por las mismas razones, la medida legislativa que se impugna también cumple con un postulado previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en procurar una justicia expedita y pronta, que asegure la correcta y funcional administración de justicia. Así también por analogía, la jurisprudencia VII.1o.A. J/37 emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, visible en la página 2025 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII abril de dos mil ocho), del título y contenido siguientes: AMPARO DIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA SENTENCIA EMITIDA POR UNA SALA METROPOLITANA O REGIONAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, EN CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DICTADOS EN LA EJECUTORIA DE UN JUICIO DE GARANTÍAS UNIINSTANCIAL. Si un Tribunal Colegiado de Circuito al dictar ejecutoria en un juicio de amparo directo concede la protección de la Justicia Federal, de manera lisa y llana, contra una sentencia definitiva emitida por una Sala Metropolitana o Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a fin de que la deje insubsistente, y en su lugar dicte una nueva, sin devolverle jurisdicción, pero señalándole la forma y términos para ello, es claro que de acuerdo con el artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, que en lo conducente dice: "El juicio de amparo es improcedente: ... II. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas.", aquélla no goza de libertad para pronunciar esa nueva resolución, sino que está obligada a sujetarse a los lineamientos de la ejecutoria del juicio de garantías uniinstancial y, por tal motivo, es improcedente contra ella el amparo directo. Asimismo, es aplicable al caso la diversa jurisprudencia identificada con el número 1751 emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en la página 2003 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, tomo II, Novena Época, de la sinopsis siguiente: ACTOS DERIVADOS DE OTRO JUICIO DE GARANTÍAS. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS. De conformidad con lo establecido por el artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, es improcedente el juicio de garantías, contra una resolución dictada en estricto apego y en cumplimiento de la ejecutoria que resolvió el juicio constitucional, cuando sus considerandos se ajustan a los lineamientos de la resolución que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, por la razón de que los argumentos planteados en el nuevo juicio, ya fueron objeto de controversia y decisión en un juicio de garantías anterior, por tanto, debe evitarse que una misma cuestión sea resuelta en dos o más sentencias de amparo, porque implicaría una cadena interminable de juicios constitucionales, que impediría la firmeza de la cosa juzgada. Pues bien, atento a lo relatado, en el caso se surte plena e indubitablemente la causal de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que amerita DESECHAR DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de garantías que nos ocupa en términos de lo dispuesto en el numeral 113 del ordenamiento legal en cita. Finalmente, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***, toda vez que cuenta con registro de cedula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Notifíquese personalmente.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro · 7,641 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano