Juan Carlos Haces Hidalgo
Expediente 288/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 1 actuación registrada, la última del 10 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 288/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 10/03/2021
Partes del expediente
- Juan Carlos Haces Hidalgo
Actuaciones
- Principal
2.- Cuestión previa. En atención a la certificación de cuenta, de la que se advierte que la demanda de amparo se depositó el cuatro de marzo de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, habilitado temporalmente con motivo de la pandemia ocasionada por el virus SARS CoV-2, conocido como covid-19, registrada en dicha Oficina con el número de folio 679595; y turnada a este Juzgado hasta el nueve de marzo de dos mil veintiuno, como se advierte del sello de recepción de la Oficialía de Partes. Lo que se precisa para el solo efecto de cumplir con el plazo previsto en el artículo 112 de la Ley de Amparo. Por lo anterior, se provee en los siguientes términos. Demanda de amparo. Vista la demanda de amparo, ..Registro. Fórmese el expediente de amparo y anótese su ingreso en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Incompetencia. Presupuesto procesal de competencia. La competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de garantías y consolidaría una violación procesal cardinal. Situación jurídicamente inadmisible, porque la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, conforme al artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Las reglas de competencia de los Jueces de Distrito se encuentran en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 35, 37 y 48 de la Ley de Amparo se analiza la competencia legal para conocer del asunto, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo indirecto. ..La competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, debido a que define, aparte de qué juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta la revisión y resultar cierta la violación, implicaría la reposición del procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, y la remisión de los autos al juez competente. Para que un juez tenga competencia respecto de un asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, la vía y el territorio. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a.- Competencia por territorio; b.- Competencia por materia; c.- Competencia por razón de la vía; y, d.- Competencia auxiliar. Competencia por territorio. Resulta conveniente tomar en consideración lo que establece el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: ..VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; .. Este artículo de la Carta Magna dispone que el juicio de amparo se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, destacando que para efectos de su tramitación, entre otros requisitos, se limitará al informe de la autoridad señalada como responsable; por ende, atendiendo a una interpretación teleológica de dicho dispositivo constitucional, no puede quedar al arbitrio del quejoso el que una demanda de amparo sea presentada ante cualquier Juez de Distrito para efectos de que tramite el juicio y dicte la sentencia correspondiente. En tal sentido, la competencia por razón del territorio se encuentra delimitada por criterios de tipo geográfico y está relacionada con la potestad soberana que tiene el Estado para administrar justicia a través de una serie de actos encaminados a la solución de un litigio o controversia mediante la aplicación de la ley general a ese caso concreto, en una específica área, demarcación o espacio físico previamente delimitado. Tales criterios se encuentran en los artículos 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al establecer que el territorio de la República se dividirá en el número de circuitos que mediante acuerdos generales determine el Consejo de la Judicatura Federal y que en cada uno de los circuitos el Consejo de la Judicatura Federal establecerá también mediante acuerdos generales, el número de tribunales colegiados y unitarios de circuito y de juzgados de distrito, así como su especialización y límites territoriales. Además, debe analizarse el artículo 37 de la Ley de Amparo que prevé las reglas de competencia plasmadas en principio por el recién transcrito precepto constitucional, en el siguiente sentido: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Como se advierte de la anterior transcripción, la Ley de Amparo establece tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: I. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; II. Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente el Juez ante quien se presente la demanda; y III. Que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito ante quien se presente la demanda. La finalidad de dichas reglas al fijar la competencia de los Jueces de Distrito en función de la ejecución material de los actos o resolución reclamada radica en que el gobernado pueda acudir de inmediato al más cercano, que no es otro que el del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado, o bien, ante cualquiera de los Jueces de Distrito con jurisdicción en los lugares en que el acto haya comenzado a ejecutarse y siga ejecutándose, pues de esa manera se obtiene una inmediata defensa en contra del acto de autoridad, deteniendo la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son susceptibles de ser suspendidos conforme a la propia Ley de Amparo; finalidad que queda de manifiesto con lo dispuesto en el último párrafo del precepto en cita, donde se establece que si el acto no requiere ejecución material será competente el Juez de Distrito donde se presente la demanda. Análisis particular de la competencia por materia. En la especie, se ejercita la acción constitucional de amparo contra las siguientes autoridades y por los actos que se señalan: 1.- Del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Papalotla de Xicotencatl, Tlaxcala, se reclama la emisión de las órdenes de cobro por concepto de Derecho de Alumbrado Público. 2.- De la Gerencia en Tlaxcala de la Comisión Federal de Electricidad se reclaman los cobros efectuados por concepto de Derecho de Alumbrado Público. Se concluye, que dichos actos fueron llevados a cabo en el Estado de Tlaxcala, por lo que resulta inconcuso que los actos reclamados tendrán ejecución en un lugar distinto al en que ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. Luego resulta evidente que el caso se actualiza la hipótesis prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la ley de amparo que establece: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. En efecto, el dispositivo legal transcrito señala que es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, por tanto, este órgano jurisdiccional carece de competencia por razón de territorio para conocer de la presente demanda de amparo, en virtud de que los actos reclamados tienen ejecución en el Estado de Tlaxcala, ya que es ahí donde se ordenó la emisión de las ordenes de cobro y los cobros efectuados a la hoy quejosa, y por tanto, en donde se llevan a cabo materialmente los actos de que se duele la parte promovente. ..Conclusión. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 48 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, el suscrito se declara de plano legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo, con independencia de que el juicio de amparo sea o no procedente y se reúnan o no los requisitos que prevé el artículo 108 de la Ley de Amparo. Por lo que, en términos de lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo se ordena remitir el expediente original al Juez de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, en turno, a quien se estima competente para conocer de la misma, por los motivos apuntados con anterioridad; solicitándole el acuse de recibo correspondiente y, en su caso, informe si acepta o no la competencia planteada. Fórmese cuaderno de antecedentes. Domicilio. Toda vez que la promovente señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la jurisdicción de este órgano de control constitucional, se tiene como tal las listas que se publican en los estrados de este Juzgado Federal. Autorizados. Se tiene como autorizado(s) en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a la(s) persona(s) que señala y que tenga(n) debidamente registrada(s) su(s) cédula(s) profesional(es) en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; así como a la(s) persona(s) autorizada(s) en términos restringidos. Uso de medios electrónicos.Se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, ... Se habilitan días y horas inhábiles. Se faculta a los Actuarios Judiciales, a fin de que puedan practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aún en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio de amparo. Digitalización. Procédase, en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. Transparencia. .. hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Notifíquese.
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