Juan Carlos Guzmán Sánchez

Expediente 1468/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1468/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
09/11/2023

Partes del expediente

  • Juan Carlos Guzmán Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    En la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, a las diez horas con diez minutos del nueve de noviembre de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, Aracely del Rocío Hernández Castillo, Jueza Sexto de Distrito en el Estado, asistida de Rogelio Javier Salazar Zavala, Secretario que autoriza y da fe, la declara abierta sin la asistencia de las partes. Acto continuo, el Secretario hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran el escrito inicial de demanda, el auto por el que se admitió a trámite la demanda de amparo, el informe justificado rendido por la autoridad responsable y el pedimento formulado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado. Asimismo, el secretario certifica y hace constar que el veintiséis de octubre de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el informe justificado signado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, determinación que fue notificada por medio de lista el veintisiete de octubre siguiente, por lo que al día de hoy no ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 117, segundo párrafo, de la ley de Amparo, para que las partes se impongan de su contenido, ya que dicho término transcurre del treinta y uno de octubre al catorce de noviembre del año en curso, previo descuento de los días inhábiles. Acuerdo. No obstante lo anterior, en el caso a estudio, la celebración de la presente audiencia, no desatiende la jurisprudencia número 54/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo XI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, correspondiente al mes de abril del año 2000, bajo el rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO". Toda vez que la finalidad del diferimiento es que las partes estén en aptitud de ofrecer pruebas que desvirtúen lo plasmado en el informe justificado, sin embargo, en el caso particular, se reclaman actos de carácter omisivo, y por lo tanto estos se apreciarán tal como aparezcan acreditados ante la responsable, de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Amparo, por lo que es innecesario consecuentemente el diferimiento de esta audiencia. A lo que la Juez acuerda: Téngase hecha la relación que antecede para los efectos legales a que haya lugar y tómese en consideración al momento de resolver. Etapa de pruebas. Abierto el periodo probatorio, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas documentales de las partes las que ofrecieron en el presente juicio, sin que haya necesidad de relacionarlas en este acto. Apoya lo anterior la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 185, tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas.". Probanza que se desahoga por su propia y especial naturaleza, la cual será tomada en consideración al momento de dictar la resolución; por lo que al no haber diversas pruebas ofrecidas por las partes ni pendientes de desahogo, se cierra el periodo probatorio. Etapa de alegatos. Acto continuo, se abre el periodo de alegatos, en el que con fundamento en el artículo 124 de la ley de amparo, se tienen reproducidas las manifestaciones formuladas por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, por lo que al no haber diversos formulados por las partes, por lo tanto, se declara cerrada dicha etapa. Con lo anterior, se da por concluida la audiencia y se declaran vistos los autos para dictar resolución. S E N T E N C I A V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 1468/2023-II. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el seis de octubre de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad, turnado ese mismo día a este Juzgado, Juan Carlos Guzmán Sánchez por conducto de su apoderado jurídico Jonatan Chávez Castillo, solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, de quien reclamó: ".IV.- ACTO DE AUTORIDAD QUE SE RECLAMA: a).- La Omisión consistente en la conducta pasiva de no emitir la Resolución (laudo) dentro del expediente laboral que promueve el quejoso en contra de JABONERA POTOSINA, S.A. DE C.V., bajo el número de expediente 6262/2020/9.". SEGUNDO. Trámite. El nueve de octubre de dos mil veintitrés, se admitió la demanda, se requirió a la autoridad señalada como responsable su respectivo informe con justificación, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación la intervención que corresponde; no se ordenó la apertura del incidente de suspensión por no haberlo solicitado la parte quejosa; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual una vez integrado el presente asunto, tuvo verificativo conforme al acta que antecede y concluye con el dictado de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado resulta legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 1°, 103, fracción I y 107, de la Constitución General de la República; 35 de la Ley de Amparo; 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como los puntos primero, fracción IX y cuarto fracción IX, del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, en virtud de tratarse de actos omisivos cuyas consecuencias tienen ejecución dentro del territorio en el que ejerce jurisdicción este órgano de amparo. SEGUNDO. Oportunidad de la presentación de la demanda. En el caso, la omisión reclamada implica un no hacer por parte de la autoridad responsable, y como tal, es de tracto sucesivo porque la violación se actualiza de momento a momento, por tratarse de un hecho continuo que no se agota una vez producido, sino hasta en tanto cese la omisión de que se trata; por tanto, no está sujeto al plazo de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, sino que puede reclamarse en cualquier momento. Lo anterior encuentra sustento en la tesis III.5o.C.21 K del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federacio´n y su Gaceta, Novena E´poca, Tomo XXI, mayo de 2005, pa´gina 1451, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, TE´RMINO PARA INTERPONERLA TRATA´NDOSE DE ACTOS NEGATIVOS Y OMISIVOS. En los primeros la autoridad se rehu´sa o rechaza expresamente obrar a favor de la pretensio´n del gobernado; en tanto que en los omisivos se abstiene de contestar la peticio´n del particular ya sea en forma afirmativa o negativa. En ese contexto, se afirma que contra los actos negativos si´ corre el te´rmino que prescribe el arti´culo 21 de la Ley de Amparo, en la medida de que el gobernado resiente una afrenta con la actitud de la autoridad de no complacerlo en los te´rminos que e´ste pretende, situacio´n que se consuma en el instante de la negativa y es lo que da la pauta para establecer, a partir de que se tenga conocimiento del mismo, el plazo a que alude el referido precepto; lo que no sucede con los actos omisivos, puesto que la abstencio´n de actuar por parte de la autoridad, que es lo que produce el perjuicio, no se consuma en un solo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento, razo´n por la cual en esta clase de actos no corre el te´rmino de referencia". TERCERO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede determinar cuál es el acto que constituye la materia de estudio del juicio de amparo, para lo cual debe tenerse presente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance o contenido; b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial; y, c) Además de los datos que se adviertan de la demanda de amparo, se puede tomar en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo la intención del quejoso, sin precisiones que generen oscuridad o confusión. Sobre el particular se invocan las tesis P./J. 40/2000 y P. VI/2004, sustentadas por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de los títulos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Con base en estas premisas, de la lectura íntegra del escrito de demanda, así como de las constancias que obran en autos, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a impugnar de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, la omisión de dictar laudo en el expediente laboral 06262/2020/9. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierta la omisión reclamada de la autoridad responsable, por así manifestarlo expresamente su Presidente al rendir su informe de ley. Tiene aplicación la jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 231, del Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo texto es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". QUINTO. Improcedencia. Previamente al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya que se trata de una cuestión de orden público, cuyo estudio es preferente, conforme a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado en la tesis de jurisprudencia II.1o. J/5, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página noventa y cinco, del Tomo VII, Mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo sumario es del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En esa tesitura, se advierte que las partes no invocaron causal de improcedencia alguna, por lo que no procede entrar al estudio de las causales de improcedencia, además de que a criterio del suscrito no se advierte alguna que sea de obvia y objetiva constatación. SEXTO. Conceptos de violación. Al no advertirse la actualización de alguna causal de improcedencia, procede el estudio del concepto de violación, el que no se transcribira´ de acuerdo con la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacio´n, visible en la pa´gina ochocientos treinta, del tomo XXXI, mayo de dos mil diez, Novena E´poca, del Semanario Judicial de la Federacio´n y su Gaceta, que indica: "CONCEPTOS DE VIOLACIO´N O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIO´N.- De los preceptos integrantes del capi´tulo X "De las sentencias", del ti´tulo primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligacio´n para el juzgador que transcriba los conceptos de violacio´n o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresio´n de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibicio´n para hacer tal transcripcio´n, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las caracteri´sticas especiales del caso, sin deme´rito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". SÉPTIMO. Estudio de la omisión reclamada. Calificación de los conceptos de violación. En sus conceptos de violación la parte quejosa aduce, sustancialmente, que se viola en su perjuicio el artículo 17 constitucional al no desarrollarse el procedimiento laboral de origen en los términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, puesto que no se ha emitido el laudo correspondiente en el juicio laboral 06262/2020/9. El concepto de violación formulado se estima fundado. Marco Constitucional. El artículo 17, párrafo segundo, de la Carta Magna establece: "Artículo 17. [.] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. [.]". Del precepto trascrito con anterioridad se advierte que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia en forma rápida y expedita, por tribunales previamente establecidos, mismos que tienen la obligación inherente de resolver los juicios que se ventilen ante ellas en los términos que establece la ley que en su caso se deba aplicar. Marco Normativo. Por su parte, los artículos 885, 886, 887 y 888 de la Ley Federal del Trabajo, determinan: "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos.." "Artículo 886.- Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas." "Artículo 887.- Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas." "Artículo 888.- La discusión y votación del proyecto de laudo se llevarán a cabo en sesión de la Junta, certificando el secretario la presencia de los participantes que concurran a la votación, de conformidad con las normas siguientes: I. Se dará lectura al proyecto de resolución y a los alegatos y a las observaciones formulados por las partes; II. El Presidente pondrá a discusión el negocio con el resultado de las diligencias practicadas; y III. Terminada la discusión, se procederá a la votación, y el Presidente declarará el resultado..." De la interpretación sistemática de los artículos anteriores, se desprende que una vez que declare cerrada la instrucción, dentro de los diez días siguientes se formulará un proyecto que deberá reunir los requisitos citados en líneas precedentes, tales como, un extracto de la demanda y su contestación, así como los hechos controvertidos y de los aceptados por las partes y finalmente deberá contener una relación de las probanzas rendidas, la apreciación de las mismas, para finalmente, dictarse el laudo respectivo. Caso Concreto. En el caso, la parte quejosa aduce que la autoridad responsable viola en su perjuicio la garantía que consagra en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no se ha emitido el laudo en el juicio laboral 06262/2020/9 del índice de la responsable. Argumento que es fundado, pues del análisis a la documental remitida por la responsable se advierte que no se ha formulado el proyecto de laudo correspondiente en el juicio laboral de origen y, por ende, no se ha fijado fecha y hora para la discusión y votación del mismo. En efecto, de la constancia remitida por la autoridad responsable, se advierte que el veintiuno de abril de dos mil veintitrés se declaró cerrada la instrucción, sin que aparezca posterior actuación en cuanto al dictado del laudo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, se debió haber formulado el proyecto de laudo correspondiente dentro de los diez días siguientes, sin que esto hubiese acontecido, contraviniendo con dicho actuar los tiempos y/o términos, estipulados por los artículos 885 al 888 de la ley en cita, proceder con el que viola la garantía de seguridad jurídica consagrada en el artículo 17 constitucional, ya que dicho precepto está encaminado a asegurar que las autoridades encargadas de administrar justicia, lo hagan de manera pronta, completa e imparcial, por lo que al no haber formulado el dictamen de laudo dentro del término de diez días, una vez cerrada la instrucción, y por ende, no haber fijado la audiencia de discusión y votación del mismo, en los términos que marcan los artículos en cita, la autoridad señalada como responsable, viola la garantía constitucional anteriormente descrita. Decisión. En consecuencia, es evidente que, ante tal omisión por parte de responsable, resultan fundados los conceptos de violación expresados por el quejoso Juan Carlos Guzmán Sánchez por conducto de su apoderado jurídico Jonatan Chávez Castillo, por lo que procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal. Precisión. Como se determinó en la parte conducente de la audiencia constitucional celebrada en este día, no pasa inadvertido, el hecho de que a la fecha no ha transcurrido el plazo de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa se imponga del contenido el informe justificado rendido por la autoridad responsable. Ello, pues atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, es decir, la omisión por parte de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, de dictar laudo en el juicio laboral 06262/2020/9, el diferimiento de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy acarrearía un detrimento al derecho fundamental de justicia pronta establecido a favor de la parte quejosa en el artículo 17 constitucional. Además, el diferimiento de la audiencia constitucional ningún beneficio generaría a la parte quejosa atendiendo el sentido del fallo, por lo que debe ponerse por encima el derecho sustantivo violado por la autoridad responsable -pronta impartición de justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal-, al derecho procesal derivado de una ley secundaria (Ley de Amparo). OCTAVO. Efectos del fallo protector. Con fundamento en los artículos 74, fracción V y 77 de la Ley de Amparo, se precisa que el efecto de la concesión del amparo y la protección de la Justicia de la Unión, es para que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, dentro del plazo de tres días a que sea notificada de que esta sentencia causó ejecutoria -como lo establece el artículo 192 de la ley de la materia- realice lo siguiente: Con plenitud de jurisdicción dicte el laudo dentro del expediente laboral 06262/2020/9 de su índice; de conformidad con las disposiciones establecidas en los artículos 885, 886, 887 y 890 de la Ley Federal del Trabajo, y lo haga del conocimiento de la parte quejosa. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73 al 79, 117, 119 y 124, de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Juan Carlos Guzmán Sánchez por conducto de su apoderado jurídico Jonatan Chávez Castillo, contra la omisión que reclamó de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, por las razones expuestas en el considerando séptimo de esta sentencia y para los efectos que se especifican en el último considerando de esta resolución. Notifíquese por medio de lista; por oficio a la autoridad responsable y Agente del Ministerio Público de la adscripción.

  2. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiséis de octubre de dos mil veintitrés. Requerimiento Visto el estado de autos, a efecto de dar seguimiento a la ejecutoria de amparo, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Director General del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", para que, dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, rinda ante este juzgado: 1. Informe con relación al seguimiento del tratamiento del quejoso Juan Valentín González Botello, respecto de su padecimiento (Síndrome de Guillian Barré). 2. Informe el estado actual que guarda la salud del aludido quejoso en cuanto a su padecimiento de Síndrome de Guillian Barré, y 3. Las valoraciones calendarizadas que se encuentran pendientes de realizar. Apercibimiento. En caso de que la autoridad citada no de cumplimiento al requerimiento que antecede, dentro del plazo concedido, sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I, 238 y 258 del ordenamiento legal en cita; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su cargo y su consignación. Notifíquese por medio de lista; y por oficio al Director General del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto".Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    SE ORDENA NOTIFICAR POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO

  4. Principal

    Visto el estado de autos, y de una consulta a la causa penal *** del índice del Juzgado Séptimo del Ramo Penal, que acompañó al informe justificado y al Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE), se advierte que con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo en el presente asunto, se promovió el juicio de amparo *** del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, siendo aquél expediente *** el juicio génesis de los actos reclamados, donde el aquí quejoso es parte. De lo anterior, se estima que el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, es quien debe conocer del presente juicio de amparo, por conocimiento previo del expediente de donde derivan los actos reclamados. Por tanto y en consideración de lo anterior, se ordena remitir los autos del presente asunto, al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado. En virtud de lo anterior se deja sin efectos la fecha y hora programada en este asunto para la celebración de la audiencia constitucional. Fórmese el cuaderno de antecedentes con copia certificada y del presente proveído; y, en su oportunidad, archívese el presente como concluido. Finalmente agréguese a los autos el escrito de cuenta signado electrónicamente por el autorizado en términos amplios de la parte quejosa, mediante el cual formula alegatos, mismo que se ordena remitir al aludido Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, para que provea lo que en derecho corresponda, por las razones expuestas con antelación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, tercero interesada y representante especial; por medio de lista; y por medio de oficio a las autoridades responsables; a los terceros interesados, al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado; y a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción.

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