Juan Carlos Guerrero Parra

Expediente 120/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
120/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
09/03/2018

Partes del expediente

  • Juan Carlos Guerrero Parra

Actuaciones

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, el suscrito Secretario Encargo del Despacho advierte que las partes NO INTERPUSIERON RECURSO DE REVISIÓN, dentro del término legal, contra el auto dictado en el presente juicio, mediante la cual se SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio constitucional; en consecuencia, se declara que el mismo HA CAUSADO ESTADO, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Finalmente, el suscrito Secretario Encargado del Despacho, ordena que notificado que sea el presente acuerdo, se archive este asunto como concluido.

  2. Principal

    En las relatadas condiciones, procede sobreseer fuera de audiencia en la presente litis constitucional de conformidad en lo dispuesto con el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, del cuerpo legal en comento. En vista de lo anterior, se deja insubsistente la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cincuenta minutos del veintiocho de febrero próximo.

  3. Principal

    Admisión. Visto lo de cuenta, con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 1, fracción I, 35, 107, 108, 112, 115 y, 117, de la Ley de Amparo, SE ADMITE la demanda de garantías que promueve JUAN CARLOS GUERRERO PARRA; contra actos del JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE COLIMA. Fórmese expediente; asimismo, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 120/2018-II-AE. Sin que se ordene la apertura del incidente de suspensión por no haberse solicitado expresamente, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 128, fracción I, de la ley en cita. Audiencia. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 del ordenamiento en consulta, se señalan para que tenga verificativo la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Requerimiento a Autoridades. De conformidad con los artículos 115 y 117 de la propia ley en comento vigente, PÍDASE A LA AUTORIDAD, RINDA SU INFORME CON JUSTIFICACIÓN, dentro del término de CINCO DÍAS contados a partir del siguiente en que reciba el oficio en el que se le solicita, en el que expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; acompañando copias certificadas COMPLETAS Y LEGIBLES, en su caso, de todas y cada una de las constancias del expediente de donde deriva el acto reclamado, incluyendo los documentos fundatorios y las pruebas que hubieren sido tomadas en consideración para la emisión del acto impugnado; apercibida que en caso de que no rinda el informe con justificación, o admitida la certeza del acto, lo haga sin remitir las constancias que se le solicitan, se hará acreedora a una multa prevista en el artículo 260, fracción II, del propio cuerpo legal. Cabe precisar que el acotamiento del plazo para la rendición del informe requerido, obedece a la naturaleza del acto reclamado -dilación procesal-, a fin de no transgredir en perjuicio del quejoso la garantía consagrada en el artículo 17 Constitucional; máxime que los numerales 115 y 117 de la Ley de Amparo, en su orden, establecen que la audiencia constitucional se celebrará dentro de los treinta días siguientes a la admisión de la demanda de garantías, y que las responsables tiene el deber de rendir su informe de ley dentro del plazo de quince días, respectivamente, entendidos como el tiempo máximo para cumplir tales formalidades, empero ello sin perjuicio de que se procure otorgar mayor efectividad en la integración del procedimiento en beneficio de la tutela de los derechos humanos de los gobernados, sin que con ello se violen las reglas del procedimiento. En términos de la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se hace del conocimiento a las autoridades en su carácter de responsables que en este juicio únicamente se les notificará, por medio de oficio, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban notificar por medio de oficio), y las restantes se le notificarán por medio de lista. De acuerdo con lo previsto en el artículo 64, párrafo primero, de la Ley de Amparo, hágase saber a las partes y autoridad responsable, el deber de informar a este juzgado, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna causal de improcedencia del juicio; bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se harán acreedoras a la multa prevista en el artículo 251 del cuerpo normativo en comento. Por ser parte en el juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5, fracción IV, y 26 fracción III, de la Ley de Amparo, notifíquese por lista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, el trámite del presente juicio, en el entendido que la copia de la demanda, queda a su disposición en la secretaría de este juzgado; asimismo se hace del conocimiento de dicha representante federal que sin promoción alguna podrá solicitar las copias que estime pertinentes, salvo las que solicite certificadas. Lo anterior, por no tratarse de un amparo indirecto promovido contra normas generales. Desde este momento, toda vez que este Juzgador tiene la obligación de vigilar que los juicios no queden paralizados, en atención al principio de celeridad procesal que contiene el artículo 17 de la Carta Magna, dígase al personal autorizado de la sección de actuaría de este juzgado, que se encuentra facultado para realizar las notificaciones que deriven de este juicio, aun en días y horas inhábiles con fundamento en los artículos 21, último párrafo, de la ley de la materia. Autorizados y Domicilio. Se tiene como autorizado de la parte quejosa, en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Ernesto Javier Briceño Brizuela, debido a que su cédula profesional si se encuentra inscrita en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que hace referencia el acuerdo general 24/05 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de fecha veintinueve de junio de dos mil cinco. En atención a lo dispuesto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2 de la misma se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa el que indica en su escrito de demanda. Por otra parte, se instruye al Secretario y al Oficial de trámite respectivos, para que se efectúe y corrobore el envío inmediato de los oficios relativos. En el entendido de que la responsabilidad tanto del envío efectivo del comunicado de referencia, la veracidad de los datos que se publiquen en la lista de acuerdos, así como la correcta y oportuna notificación de este proveído y del resto de las determinaciones que se emitan en el presente asunto, recae en el Actuario de la adscripción. Finalmente, con fundamento en lo estipulado en los artículos 1, 3°, 5, y 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 26, fracción I, 30, 34 y 47 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 2°, fracciones VIII, IX, XII, XIV, XV, XXI y XXII, 3°, 5° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el Acuerdo General 11/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma diversos Acuerdos Generales del propio consejo, con el objeto de actualizar atribuciones y procedimientos en materia de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, se hace del conocimiento de las partes que al dictarse la ejecutoria correspondiente se elaborará en versión pública a fin de proteger sus datos personales; sin que ello implique la supresión de sus nombres, al tratarse de un amparo en materia laboral que no encuadra en los supuestos de datos sensibles a los que alude el Acuerdo General 11/2017 de cinco de septiembre de dos mil diecisiete, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación.

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