Juan Carlos Guerra Olguín

Expediente 992/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
992/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
27/12/2018

Partes del expediente

  • Juan Carlos Guerra Olguín

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa, no impugnó el proveído de cinco de diciembre de este año (fojas 3 a 7), por el que se desechó su demanda de amparo; por ende, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. En tal razón, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno que se lleva para tal efecto ante este Juzgado; y, hecho que sea lo anterior, archívese el expediente como asunto concluido. Por último, toda vez que se desechó la demanda de amparo, como lo establece la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción, sin que en el mismo se encuentren documentos originales que devolver a las partes; además, carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo cual, es clasificado como archivo reciente, debiendo ser enviado al archivo de este órgano jurisdiccional y conservado en el mismo por el término de tres años; una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  2. Principal

    Vista la razón actuarial de seis de los actuales, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo el Actuario de la adscripción para notificar personalmente al quejoso ***, el proveído de seis diciembre del año en curso (fojas 3 a 7), por el motivo que expone en la misma. En atención a ello, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, con fundamento en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena la notificación del mencionado proveído, la del presente acuerdo, y las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista de acuerdos que se fije en los estrados de este tribunal, hasta en tanto señale nuevo domicilio para tal efecto. Auto de 05/12/2018 Se recibe demanda telegráfica a nombre de Juan Carlos Guerra Olguín, contra actos del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, y otras autoridades. II. Formación de expediente. Fórmese expediente, y regístrese con el número progresivo 992/2018, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). III. Actos reclamados. En principio, conviene señalar que del estudio integral de la demanda telegráfica de amparo se advierte que el promovente reclama en esta instancia de las autoridades responsables, la orden de aprehensión o detención, dictada en su contra y su ejecución. IV. Desechamiento. Con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo, por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El precepto 113 de la Ley de Amparo, autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página cuatrocientos cuarenta y ocho, tomo XVI, julio de dos mil dos, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. En el caso concreto, del análisis del presente juicio de amparo este Juzgador considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 20, 108 y 159, todos de la Ley de Amparo, en virtud de que no se actualiza algún supuesto legal para la presentación de la demanda vía telegráfica. Para sustentar lo anterior, resulta necesario traer a colación el contenido de los numerales invocados, los que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 20. El juicio puede promoverse por escrito, comparecencia o medios electrónicos en cualquier día y hora, si se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En estos casos, cualquier hora será hábil para tramitar el incidente de suspensión y dictar las providencias urgentes a fin de que se cumpla la resolución en que se haya concedido. Para los efectos de esta disposición, los jefes y encargados de las oficinas públicas de comunicaciones estarán obligados a recibir y transmitir, sin costo alguno para los interesados, los mensajes en que se demande amparo por alguno de los actos enunciados, así como las resoluciones y oficios que expidan las autoridades que conozcan de la suspensión, fuera de las horas del despacho y a pesar de que existan disposiciones en contrario de autoridades administrativas." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación." "Artículo 159. En los lugares donde no resida juez de distrito y especialmente cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, el juez de primera instancia dentro de cuya jurisdicción radique la autoridad que ejecute o trate de ejecutar el acto reclamado, deberá recibir la demanda de amparo y acordar de plano sobre la suspensión de oficio conforme a las siguientes reglas: I. Formará por duplicado un expediente que contenga la demanda de amparo y sus anexos, el acuerdo que decrete la suspensión de oficio y el señalamiento preciso de la resolución que se mande suspender; las constancias de notificación y las determinaciones que dicte para hacer cumplir su resolución; II. Ordenará a la autoridad responsable que mantenga las cosas en el estado en que se encuentren o que, en su caso, proceda inmediatamente a poner en libertad o a disposición del Ministerio Público al quejoso y que rinda al juez de distrito el informe previo; y III. Remitirá de inmediato el original de las actuaciones al juez de distrito competente y conservará el duplicado para vigilar el cumplimiento de sus resoluciones, hasta en tanto el juez de distrito provea lo conducente, con plena jurisdicción. En caso de la probable comisión del delito de desaparición forzada, el juez de primera instancia procederá conforme lo establecido por el artículo 15 de esta Ley. Cuando el amparo se promueva contra actos de un juez de primera instancia y no haya otro en el lugar, o cuando se impugnen actos de otras autoridades y aquél no pueda ser habido, la demanda de amparo podrá presentarse ante cualquiera de los órganos judiciales que ejerzan jurisdicción en el mismo lugar, siempre que en él resida la autoridad ejecutora o, en su defecto, ante el órgano jurisdiccional más próximo." Las citadas disposiciones legales establecen que el juicio puede promoverse por escrito, comparecencia o medios electrónicos en cualquier día y hora, si se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En estos casos, cualquier hora será hábil para tramitar el incidente de suspensión y dictar las providencias urgentes a fin de que se cumpla la resolución en que se haya concedido. Para esos efectos, los jefes y encargados de las oficinas públicas de comunicaciones estarán obligados a recibir y transmitir, sin costo alguno para los interesados, los mensajes en que se demande amparo por alguno de los actos enunciados, así como las resoluciones y oficios que expidan las autoridades que conozcan de la suspensión, fuera de las horas del despacho y a pesar de que existan disposiciones en contrario de autoridades administrativas. En los lugares donde no resida juez de distrito y especialmente cuando se trate de los actos precisados, el juez de primera instancia dentro de cuya jurisdicción radique la autoridad que ejecute o trate de ejecutar el acto reclamado, deberá recibir la demanda de amparo y acordar de plano sobre la suspensión de oficio conforme a las reglas establecidas en el artículo 159 de la Ley de Amparo. En suma, se puede presentar la demanda de amparo en la forma en que lo realiza el quejoso, cuando la petición del juicio de amparo y de la suspensión sea respecto de actos que no admitan demora, siempre que el promovente encuentre algún inconveniente en la justicia local. Entendiendo por actos que no admiten demora, aquellos que importan peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación o destierro, o de alguno de los prohibidos por el referido artículo 22 constitucional. En lo referente a la inconveniencia de acudir a la justicia local, se debe entender como la circunstancia de que en el lugar donde tenga ejecución el acto comprendido como de aquellos que no admiten demora, no existan autoridades judiciales locales o que, existiendo en el lugar, se nieguen a recibir la demanda, o bien que por cualquier motivo, a juicio del quejoso, estimare que existe inconveniente en la justicia local para pedir el amparo y la suspensión del acto reclamado, mismo motivo que el quejoso debe externar en su petición al solicitar amparo vía telegráfica. Fuera de estos supuestos, el quejoso debe promover el juicio de amparo por escrito. Situaciones arriba indicadas, que en el caso no suceden, dado que de la lectura del telegrama allegado, se advierte que si bien la parte quejosa reclama la orden de aprehensión o detención y su ejecución; tales actos no actualizan la hipótesis legal establecida en el numeral 15 de la Ley de Amparo, dado que no se trata de aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación o destierro, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal; lo anterior es así, pues si bien refiere que reclama una orden de aprehensión o detención; por tanto, es claro, que el solicitante del amparo debió instar la demanda de mérito por escrito y no vía telegráfica, cumpliendo con los requisitos establecidos en el numeral 108 de la Ley de Amparo. Máxime que del telegrama que se provee se advierte que la parte quejosa es quien promueve el amparo, razón por la cual es dable suponer que no se encontraba en imposibilidad de presentar el original de su escrito respectivo; además, de que no se encuentra privada de la libertad, en tanto que precisa en el documento de mérito que se pretende ejecutar el acto reclamado. De tal suerte que todas las manifestaciones que se contienen en la comunicación del quejoso, no constituyen una excepción para la presentación de la demanda vía telegráfica, como lo pretende, es decir, el quejoso no cumplió con las obligaciones que la ley le impone para estar en posibilidad de presentar un amparo por la vía telegráfica. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis XXXI.2 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, consultable en la página mil doscientos treinta y cinco, del tomo XXXII, septiembre de dos mil diez publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, con número de registro 163834, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA VÍA TELEGRÁFICA. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE Y REQUISITOS QUE DEBE CONTENER. En las relatadas condiciones, se desecha la demanda de amparo, con base en el artículo 113, en relación con los diversos numerales 61 fracción XXIII, 20, 108 y 159, todos de la Ley de Amparo, por existir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo a lo antes expuesto. V. Domicilio y autorizado. Se tiene a la parte promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la calle Morelos, número 202 interior 1, en esta ciudad, y autorizando para oír y recibir notificaciones y que se imponga de autos a... VI. Días y horas hábiles. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias, se faculta a los Actuarios adscritos a este Juzgado, para practicar las notificaciones que se les ordenen en el asunto, aun en días y horas inhábiles, en términos del artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo. VII. Autorización de medios electrónicos. Atento a la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, desde este momento se faculta a las partes el uso de medios electrónicos, a fin de reproducir las constancias del presente asunto. VIII. Digitalización. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se comisiona al personal de este órgano jurisdiccional, para efectos de que digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporadas al expediente impreso. IX. Depuración. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente o recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capitulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. X. Transparencia Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los articulas 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte promovente.

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