Juan Carlos Grandados Aguilar
Expediente 832/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 832/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 16/12/2020
Partes del expediente
- Juan Carlos Grandados Aguilar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
III.- Ahora bien, en consideración a que la parte quejosa y el Agente del Ministerio Público adscrito a este órgano jurisdiccional, dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no recurrieron el auto de diecinueve de noviembre del año en curso, por la cual se sobreseyó el presente asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación ha causado estado. Por otra parte, del estado procesal del presente juicio de amparo se evidencia que se encuentra totalmente concluido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito.
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III.- en consideración a que la parte quejosa y el Agente del Ministerio Público adscrito a este órgano jurisdiccional, dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no recurrieron el auto de diecinueve de noviembre del año en curso, por la cual se sobreseyó el presente asunto, se declara que dicha determinación ha causado estado. Por otra parte, del estado procesal del presente juicio de amparo se evidencia que se encuentra totalmente concluido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito.
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IV.- Visto el oficio de cuenta por el cual el Director General de Desarrollo Carretero de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes solicita se remita copia del acuerdo de siete de octubre de dos mil veinte ya que el mismo no fue anexado al oficio de tres de noviembre de dos mil veinte. agréguese a los autos y como lo solicita reenviase copia autorizada del auto de referencia para que surta los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, se comisiona a los Actuarios Judiciales adscritos para que remitan por correo electrónico a la administración del edificio anexo del Poder Judicial de la Federación en Toluca, Estado de México, la lista derivada de la notificación del presente auto, así como las subsecuentes determinaciones que se dicten durante el periodo de esta contingencia, para que aquélla coloque en un espacio de fácil acceso la misma, a fin de que pueda ser consultada por quienes acudan sin contar con una cita.
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III.- SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO INSERTO EN EL CITATORIO DE VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE PASADO, Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE ESTE AÑO, QUE EN SÍNTESIS SEÑALA: iii.- Por recibido el comunicado de cuenta por medio del cual el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, por sí y en representación del propio Tribunal, rinde informe justificado y remite copia certificada del escrito recibido el doce de agosto de dos mil veinte y proveído de nueve de noviembre actual, relativos al expediente laboral 811/2010; asimismo, hace del conocimiento el diverso juicio de amparo promovido en dicho expediente. De igual forma, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley de Amparo, tómese conocimiento de lo informado para los efectos legales correspondientes y téngase por cumplido el requerimiento formulado en auto admisorio relativo a informar los juicios de amparo relacionados, dado lo cual, se deja sin efectos el apercibimiento decretado. Así las cosas, precisa destacar que en el presente juicio el quejoso Juan Carlos Granados Aguilar, reclama la abstención del Tribunal responsable de emitir pronunciamiento alguno respecto del escrito presentado donde se solicitó dictar requerimiento y/o embargo para dar cumplimiento al laudo emitido en el expediente laboral 811/2010. No obstante lo anterior, de las constancias remitidas por la responsable como complemento a su informe justificado, se desprende que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, dictó auto el nueve de noviembre de dos mil veinte, en el expediente laboral 811/2010, donde atendió el escrito presentado el doce de agosto del mismo año, por la parte actora, señalando las catorce horas del veintiséis de noviembre de dos mil veinte, para llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo contra el demandado Ayuntamiento Constitucional de Huixquilucan, Estado de México. A las constancias remitidas por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, se les otorga pleno valor probatorio por reunir los requisitos establecidos en el párrafo segundo del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°. Por tanto, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en atención a los siguientes razonamientos jurídicos. El dispositivo legal en comento dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. ." Es pertinente señalar que los efectos del acto reclamado no cesan, sino cuando la autoridad deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. Ahora, en términos de lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley de Amparo, la sentencia que proteja al solicitante del amparo tendrá por objeto restituirlo en el cabal goce del derecho violado, se restablecerán las cosas al estado en que se encontraban antes de la trasgresión cometida, si el acto reclamado es de carácter positivo; y si es de naturaleza negativa, el efecto de la protección consistirá en obligar a la autoridad a que actúe en el sentido de respetar el derecho infringido y cumplir con lo que el mismo exija. El quejoso aduce que la autoridad Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, viola sus derechos humanos al abstenerse de emitir el acuerdo que en derecho corresponda a efecto de ejecutar el laudo dictado en el expediente laboral 811/2010 y ordenar las diligencias necesarias para lograr su cumplimiento; sin embargo, la responsable remitió copia certificada del auto de nueve de noviembre de dos mil veinte, donde atendió el ocurso presentado por la parte actora y dictó auto de requerimiento de pago y embargo para cubrir diversas prestaciones en su favor. Lo antes narrado, evidencia que han cesado los efectos del acto reclamado, pues el Tribunal responsable emitió el acuerdo correspondiente respecto de la promoción presentada el doce de agosto de dos mil veinte, por la parte actora en el expediente laboral 811/2010; por tanto, el presente juicio de amparo deviene improcedente, pues aun cuando al momento de la presentación de la demanda existía la omisión reclamada, a la fecha, ésta ha cesado. Lo anterior es así, tomando en consideración que de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el caso de que a la parte agraviada, se le concediera la protección constitucional solicitada, sus efectos serían, por tratarse de un acto negativo, los de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho consagrado en nuestra ley fundamental y, por ende, atendiera el escrito presentado por la parte actora, emitiendo el acuerdo que conforme a derecho procediera, de tal manera que si eso ya aconteció, es inconcuso que el acto de autoridad reclamado ya no agravia a la solicitante del amparo, pues la violación que en determinado momento pudo cometerse en contra de sus derechos fundamentales, ya fue reparada, como si se le hubiere concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. En ese sentido, al configurarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la ley en cita. Sin que obste a lo anterior, que el sobreseimiento se decrete fuera de audiencia, pues al surgir en el procedimiento una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional porque de estimarse lo contrario, implicaría el retardo en la impartición de la justicia, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se precisa que este juzgador de amparo considera innecesario dar vista a la parte quejosa con la actualización de la causa de improcedencia analizada, en términos del segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, toda vez que atendiendo a los motivos que la originaron no existe la mínima posibilidad de que dicha causal supere el obstáculo relativo a su sobreveniencia, ya que sólo provocaría retraso en la impartición de justicia máxime que la referida vista tiene como finalidad privilegiar el derecho humano de audiencia, cuyo ejercicio no se justifica al no producirle perjuicio la causa de improcedencia advertida, porque materialmente obtuvo la pretensión por la que promovió el juicio de amparo. Las anotaciones respectivas háganse en el libro de gobierno y comuníquese a las partes que la fecha para la audiencia constitucional prevista para las diez horas con quince minutos del siete de diciembre de dos mil veinte, se deja insubsistente, por las consideraciones expuestas anteriormente.
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