Juan Carlos Gonzalez Rejon

Expediente 1400/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1400/2017
Año
2017
Actuaciones
6
Última actuación
03/01/2018

Partes del expediente

  • Juan Carlos Gonzalez Rejon

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    MESA I. Toda vez que de la cuenta que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el acuerdo pronunciado en este juicio de amparo el siete de diciembre de dos mil diecisiete; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma; se declara que el expresado proveído que SOBRESEYÓ fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el punto Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Igualmente, en cumplimiento al Punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el presente juicio de amparo en el que se sobreseyó, no obra documento original y no se tramitó el incidente de suspensión relativo por no haberse solicitado, se ubica dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del punto referido, y por tanto, ES DESTRUIBLE; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del Primer Párrafo del Punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él. ...

  2. Principal

    MESA I.Vista la razón actuarial levantada por el Actuario adscrito a este Juzgado, de la que se advierte que el día once de diciembre del año en curso, no le fue posible notificar a la parte quejosa ... el contenido de la resolución de siete de diciembre de los corrientes, toda vez que al constituirse al domicilio señalado para tal fin, fue atendido por una persona del sexo femenino de aproximadamente cuarenta años de edad, a quien le hizo saber el motivo de su comparecencia y le manifestó que dicho predio se trata del quinientos veintiséis, pero no conoce a su buscado ... ni reciben notificaciones a su nombre, aunado a que dicho predio opera como laboratorio oftalmológico. En tal virtud, dada la imposibilidad de realizar a la parte quejosa de manera personal la notificación de la resolución de siete de diciembre de los corrientes, a pesar de que el Actuario adscrito se constituyó correctamente en la calle y colonia señalados para oír y recibir notificaciones, realícese dicha notificación por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, incluyendo las subsecuentes que deban ser personales. ...

  3. Principal

    MESA I. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, así como las constancias que acompañó al mismo, de las que se advierte que en el juicio laboral 862/2016, se ha llevado el procedimiento por toda la secuela legal correspondiente, hasta dictar el laudo respectivo, mismo que el quince de septiembre de dos mil diecisiete, se elevó a categoría de laudo el proyecto de resolución correspondiente al citado juicio reclamatorio laboral. Ahora bien, se trae a colación que el acto que Juan Carlos González Rejón reclamó en su demanda de amparo, consistió en que la autoridad responsable, a partir del veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, paralizó de manera incongruente el proceso del juicio laboral de origen, al no dictar ningún acuerdo hasta la fecha de la presentación de la demanda. ... El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclama la paralización del procedimiento en el Juicio laboral 862/2016, a partir del veinticuatro de abril del año en curso, por parte de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, al no dictar ningún acuerdo hasta la fecha de presentación de la demanda. Sin embargo, de las constancias que el Presidente de la Junta responsable adjuntó a su informe con justificación, se advierte que el procedimiento del citado juicio laboral, se ha llevado por toda su secuela legal correspondiente, hasta dictar el laudo respectivo el veinticinco de agosto del año en curso, y el quince de septiembre del propio año la autoridad responsable elevó a categoría de laudo el proyecto de resolución en forma de laudo, correspondiente al juicio laboral de mérito; mismo que fue notificado al aquí quejoso Juan Carlos González Rejón, por conducto de su apoderado, el cuatro de diciembre de dos mil diecisiete. Dichas documentales, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que la Junta responsable emitió el laudo correspondiente, de modo que, ha quedado insubsistente la inactividad procesal atribuida a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, mediante la emisión del laudo respectivo. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable al no seguir con la secuela procesal correspondiente en el juicio laboral de origen dentro del plazo que la ley establece, lo que en el caso se subsana con el dictado del laudo pronunciado por tal autoridad. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Asimismo, resulta necesario destacar, que para este órgano jurisdiccional no pasa desapercibida la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: ... En base a ello, no obsta que le recaiga el carácter de tercero interesado a CONSTRUACERO DEL CENTRO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, y que no haya sido emplazado en este juicio de amparo, pues ello no impide a este Juzgador pronunciarse en el sentido de decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, dado que la presente resolución en nada agravia a sus posibles derechos vinculados directamente con las peticiones que la parte quejosa solicita en el ocurso de mérito. ....

  4. Principal

    MESA I. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, así como las constancias que acompañó al mismo, de las que se advierte que en el juicio laboral 862/2016, se ha llevado el procedimiento por toda la secuela legal correspondiente, hasta dictar el laudo respectivo, mismo que el quince de septiembre de dos mil diecisiete, se elevó a categoría de laudo el proyecto de resolución correspondiente al citado juicio reclamatorio laboral. Ahora bien, se trae a colación que el acto que Juan Carlos González Rejón reclamó en su demanda de amparo, consistió en que la autoridad responsable, a partir del veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, paralizó de manera incongruente el proceso del juicio laboral de origen, al no dictar ningún acuerdo hasta la fecha de la presentación de la demanda. ... El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclama la paralización del procedimiento en el Juicio laboral 862/2016, a partir del veinticuatro de abril del año en curso, por parte de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, al no dictar ningún acuerdo hasta la fecha de presentación de la demanda. Sin embargo, de las constancias que el Presidente de la Junta responsable adjuntó a su informe con justificación, se advierte que el procedimiento del citado juicio laboral, se ha llevado por toda su secuela legal correspondiente, hasta dictar el laudo respectivo el veinticinco de agosto del año en curso, y el quince de septiembre del propio año la autoridad responsable elevó a categoría de laudo el proyecto de resolución en forma de laudo, correspondiente al juicio laboral de mérito; mismo que fue notificado al aquí quejoso Juan Carlos González Rejón, por conducto de su apoderado, el cuatro de diciembre de dos mil diecisiete. Dichas documentales, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que la Junta responsable emitió el laudo correspondiente, de modo que, ha quedado insubsistente la inactividad procesal atribuida a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, mediante la emisión del laudo respectivo. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable al no seguir con la secuela procesal correspondiente en el juicio laboral de origen dentro del plazo que la ley establece, lo que en el caso se subsana con el dictado del laudo pronunciado por tal autoridad. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Asimismo, resulta necesario destacar, que para este órgano jurisdiccional no pasa desapercibida la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: ... En base a ello, no obsta que le recaiga el carácter de tercero interesado a CONSTRUACERO DEL CENTRO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, y que no haya sido emplazado en este juicio de amparo, pues ello no impide a este Juzgador pronunciarse en el sentido de decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, dado que la presente resolución en nada agravia a sus posibles derechos vinculados directamente con las peticiones que la parte quejosa solicita en el ocurso de mérito. ....

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · 12,065 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano