Juan Carlos González Ramírez
Expediente 1153/2014 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de febrero de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1153/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/02/2015
Partes del expediente
- Juan Carlos González Ramírez
Actuaciones
- Principal
México, Distrito Federal, a cuatro de febrero de dos mil quince. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 86 de la Ley de Amparo, concede a las partes para interponer el recurso de revisión contra la sentencia dictada por este juzgado en el juicio de garantías en que se actúa, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2° de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. Consecuentemente, conforme al Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción IV, se establece que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, consecuentemente transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental y que no constan documentos originales. Por otra parte, ya que del estado de autos, se advierte que el Juez Tercero de Primera Instancia en Proceso Escrito en Justicia para Adolescentes para el Distrito Federal remitió copia certificada de diversas constancias que integran el expediente 129/2010, por lo que fue aperturado el anexo I; y, ya que en esta fecha se ordenó el archivo del presente juicio de amparo, es innecesario que dichas documentales continúen a disposición de éste juzgado federal; por tanto, devuélvase el referido anexo a dicha autoridad, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 1153/2014-II, promovido por propio derecho por Juan Carlos González Ramírez. ANTECEDENTES 1. Del acto reclamado. El quejoso tiene el carácter de sentenciado dentro de la causa penal 116/2010 del índice del Juzgado Trigésimo Sexto Penal del Distrito Federal. Con ese carácter, solicitó al juez de la causa el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Con motivo de lo anterior, la autoridad responsable emitió la resolución de 29 de octubre de 2014, en la que determinó que no había lugar a concederle dicho beneficio. Esta resolución constituye el acto reclamado en este juicio de amparo. 2. Del trámite del juicio de amparo. Presentación de la demanda: 21 de noviembre de 2014. Admisión de la demanda sin incidente de suspensión: 24 de noviembre de 2014 (foja 4) Emplazamiento al Ministerio Público adscrito a este juzgado: 25 de noviembre de 2014 (foja 6), quien no formuló pedimento. Emplazamiento a las autoridades responsables: 25 de noviembre de 2014 (foja 9) Audiencia constitucional: 23 de diciembre de 2014 (foja 115) CONSIDERACIONES PRIMERO. COMPETENCIA Este Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en razón de que el acto que se reclama es de naturaleza penal y las autoridades responsables residen en el lugar en el que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LITIS. De conformidad con el artículo 74 de la Ley de Amparo, el acto reclamado es la resolución emitida por el Juez Trigésimo Sexto Penal del Distrito Federal, el 29 de octubre de 2014 dentro de la causa penal 116/2010, por la que determinó improcedente otorgar al quejoso el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. El juez responsable, al rendir su informe justificado, aceptó la la existencia del acto reclamado. Lo que se corrobora con las copias certificadas relativas a la causa penal 116/2010, que en apoyo a su informe remitió, a las que se les concede valor probatorio pleno por ser documentales públicas. CUARTO. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. No se advierte ninguna causal de improcedencia de las previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que procede el estudio de fondo del acto reclamado. QUINTO. ANÁLISIS DE FONDO. Antes de abordar el análisis de fondo del presente asunto, cabe mencionar que de las constancias allegadas a este sumario constitucional se advierten los siguientes antecedentes del acto reclamado. 1. El juez responsable, mediante sentencia de 14 de junio de 2009 emitida en la causa penal 116/2010, condenó al quejoso Juan Carlos González Ramírez a 7 años y 3 meses de prisión, por el delito de robo agravado. En esa sentencia, se negó al quejoso el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. (Fojas 13 a 30 del cuaderno de autos) 2. La Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, mediante sentencia de segunda instancia de 30 de agosto de 2010, emitida dentro del toca penal 1065/2010, confirmó la sentencia de primera instancia y expresamente negó al quejoso el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena (fojas 33 a 61 de autos) 3. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, mediante ejecutoria de 25 de enero de 2011 dentro del amparo directo 521/2010, concedió el amparo al quejoso respecto de la sentencia de segunda instancia, para el único de efecto de que con plenitud de jurisdicción determinara el grado de culpabilidad que le correspondía al quejoso (fojas 67 y 68 de autos) 4. La Sala Penal, en cumplimiento a la mencionada ejecutoria, dejó insubsistente la sentencia reclamada y el 3 de febrero de 2011 emitió una nueva resolución purgando el vicio formal aludido por el Tribunal Colegiado de mérito, condenando al quejoso a 6 años, 7 meses y 15 días de prisión. En dicha resolución de segunda instancia, la Sala responsable, de nueva cuenta, determinó negar al quejoso el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena (fojas 67 a 96 de autos) 5. Dicha sentencia causó ejecutoria el 10 de febrero de 2011 (fojas 98 y 99 de autos) 6. El quejoso, el 16 de octubre de 2014, solicitó al juez del proceso que le concediera el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. 7. Por tal motivo, dicho juez penal, mediante resolución de 29 de octubre de 2014 (acto reclamado), determinó que no había lugar a acordar de conformidad la solicitud del quejoso, básicamente bajo el argumento de que no cumplía con los requisitos del artículo 89 del Código Penal para el Distrito Federal, porque había sido condenado a una pena de prisión mayor a 5 años. Dicha resolución constituye el acto reclamado dentro de este juicio de amparo, la cual no es violatoria de derechos porque está debidamente fundada y motivada, como enseguida se verá. El artículo 89 del Código Penal para el Distrito Federal prevé los requisitos que deben concurrir para que sea otorgado el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, a saber: I. Que la duración de la pena impuesta no exceda de cinco años de prisión; II. Que en atención a las condiciones personales del sujeto, no haya necesidad de sustituir las penas, en función del fin para el que fueron impuestas; y III. Que el sentenciado cuente con antecedentes personales positivos y un modo honesto de vida. El juez considerará además la naturaleza, modalidades y móviles del delito. En ese contexto, el mencionado artículo al contener expresamente la palabra "concurrir" los requisitos, debe entenderse como que deben reunirse todos y cada uno de éstos a fin de que sea otorgado el beneficio de mérito. En sentido contrario, si alguno de estos requisitos no está satisfecho, no es procedente otorgar dicho beneficio, esto es, si el quejoso al momento de emitirse la sentencia no cumpliera con al menos uno de esos requisitos, dicha circunstancia sería suficiente para que se le negara tal beneficio, como en la especie ocurrió, pues el peticionario de amparo fue sentenciado a una pena de prisión que excede los 5 años, lo que implica que en el caso en particular no concurren los requisitos previstos en el artículo 89 del Código Sustantivo para esta ciudad, lo que como ya se dijo, era indispensable para otorgarle el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena; por tanto, el juez de la causa al no satisfacerse dicho requisito tampoco estaba obligado a analizar si en la especie se satisfacían los restantes, pues se reitera, bastaba con que no se actualizara alguno de éstos para negar el beneficio. Ahora, con independencia de que el quejoso cumpliera o no con los mencionados requisitos al momento de emitirse el acto reclamado, debe decirse que tampoco es legalmente factible que solicite en cualquier momento el beneficio de mérito, pues existe disposición legal expresa en el código penal para el distrito federal, que establece que si en la sentencia de primera o segunda instancia existe análisis y pronunciamiento relativo a la concesión o no del beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena; no es el caso promover incidente para tal propósito, al ya existir resolución sobre ese punto, como a continuación se explica. El artículo 89 del Código Penal para el Distrito Federal establece los requisitos de procedencia de la suspensión condicional de la ejecución de la pena impuesta, a saber: - Que la duración de la pena impuesta no exceda de cinco años de prisión. - Que en atención a las condiciones personales del sujeto, no haya necesidad de sustituir las penas, en función del fin para el que fueron impuestas. - Que el sentenciado cuente con antecedentes penales positivos y un modo honesto de vida. - Además, el juez deberá considerar la naturaleza, modalidades y móviles del delito. Por su parte, el artículo 92 del mismo ordenamiento legal, prevé que el sentenciado que considere que al dictarse la sentencia, en la que no hubo pronunciamiento sobre la sustitución o suspensión de la pena, reunía las condiciones fijadas para su obtención y que está en aptitud de cumplir con los requisitos de su otorgamiento, podrá promover el incidente respectivo ante el juez de la causa. De una interpretación gramatical, lógica y armónica de ambos preceptos, se advierte que para el pronunciamiento de la condena condicional, el legislador previó que el juzgador, en el ejercicio de esa facultad, determine si la otorga o no sólo en dos momentos y en ciertas condiciones, a saber: a) Al dictar la sentencia de primera o segunda instancia, ya sea a petición de parte o de oficio. b) Mediante la vía incidental después de dictada la sentencia de primer o segunda instancia, pero sólo en caso de que no exista pronunciamiento alguno de ese beneficio por parte del condenado o del tribunal. Esto es, si en la sentencia de primera o segunda instancia ya existe análisis y pronunciamiento relativo a la concesión o no de tal beneficio, no es el caso promover el incidente de que se trata, al ya existir resolución sobre ese punto. Así es, por regla general, para que se pudiera promover dicho incidente después de dictada la sentencia de primera o segunda instancia, sería necesario que, por inadvertencia del quejoso o del tribunal, no se haya hecho ningún pronunciamiento respecto de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Lo que en la especie no ocurrió, pues como ya se mencionó, mediante resolución dictada en segunda instancia dentro del toca penal 1065/2010, se negó al quejoso el beneficio de que se trata. En ese sentido, debe precisarse que el otorgamiento de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, constituye una facultad discrecional de la autoridad jurisdiccional que debe realizar en función de un juicio de valoración en el que aprecie las peculiaridades y condiciones dadas al momento en que haga dicho pronunciamiento, pues esa fue la intención del legislador al establecer que el sentenciado que considere que al momento de dictarse la sentencia reunía las condiciones fijadas para su obtención, podrá promover el incidente respectivo; y en la especie, ese juicio de valoración ya fue realizado por el Tribunal de Alzada en la sentencia en la que determinó negarle el beneficio a Juan Carlos González Ramírez, además de que, como ya se dijo, no se advierte la existencia de alguna causa que permita concluir que el juez natural pudo resolver de manera distinta a la realizada. Apoya lo anterior por la razones que la sustentan, la jurisprudencia 1a./J. 123/2011 (9a); Materia Común; visible en la página dos mil doscientos veintiséis, Libro IV, Tomo 3 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Décima Época; enero de dos mil doce; sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "CONDENA CONDICIONAL. CONTRA SU DENEGACIÓN EN SENTENCIA DEFINITIVA DE SEGUNDA INSTANCIA PROCEDE EL AMPARO DIRECTO. SI ESA DENEGACIÓN SE DA EN VÍA INCIDENTAL, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 90, FRACCIONES I Y X DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL). De la interpretación gramatical y lógica del citado precepto, se advierte que para el pronunciamiento sobre la condena condicional, el legislador previó que el juzgador, en el ejercicio de esa facultad, determine si la otorga o no en dos momentos: a) al dictar la sentencia de primera o de segunda instancia, ya sea a petición de parte o de oficio; y, b) mediante la vía incidental después de dictada la sentencia de primera o de segunda instancia; oportunidad que obedece a la inadvertencia del condenado o del tribunal. De lo anterior deriva que si en la apelación de la sentencia definitiva se confirma la decisión del juzgador sobre tal beneficio, no es el caso de promover el incidente de que se trata al ya existir resolución sobre ese punto. Así, la fracción X del artículo 90 del Código Penal Federal, conforme a la cual el incidente tiene lugar por inadvertencia del sentenciado o de los tribunales, se da cuando no hubo pronunciamiento al respecto en primera ni en segunda instancias. En consecuencia, cuando en la sentencia definitiva de primera instancia exista pronunciamiento sobre el beneficio de la condena condicional, procede recurrirla en la apelación, y contra la sentencia ejecutoria el acusado puede acudir al juicio de amparo directo. En cambio, cuando el sentenciado solicita el beneficio de la condena condicional en vía incidental, contra la resolución del juez procede apelación, pero en este caso, en contra de lo que se resuelva en la segunda instancia, procede amparo indirecto en cualquier tiempo por tratarse de una interlocutoria". Atentas las consideraciones anteriores, se reitera que ya existe un pronunciamiento en sentencia y ante la alzada respecto del beneficio peticionado por el amparista, lo que tornó improcedente la concesión del aludido beneficio de suspensión condicional de la ejecución de la pena; es decir, ya existía un juicio de valoración por parte de la autoridad jurisdiccional a fin de determinar si de acuerdo a las circunstancias dadas en ese momento Juan Carlos González Ramírez, cumplía o no con los requisitos previstos en el artículo 89 del mismo ordenamiento legal y estar en posibilidades de otorgarle el referido beneficio. Sin que pase inadvertida la manifestación del quejoso en el sentido que la suspensión condicional de la ejecución de la pena aplica respecto del resto de la pena que le queda por cumplir y que bajo esa circunstancia la pena de prisión que le fue impuesta ya no excede de 5 años. No obstante, tal manifestación es infundada porque como ya se dijo, a fin de determinar la procedencia o no del beneficio aludido, el juez debe realizar una valoración de las peculiaridades y condiciones dadas al momento en que haga dicho pronunciamiento, pues esa fue la intención del legislador al establecer que el sentenciado que considere que al momento de dictarse la sentencia reunía las condiciones fijadas para su obtención, y no en función del tiempo de prisión que le reste por compurgar al momento de solicitar el beneficio. Estimar lo contrario implicaría que una vez que el quejoso compurgara la mayoría de la pena impuesta, estuviera en aptitud de solicitar el beneficio, lo que atentaría contra lo previsto en la norma, pues el artículo 92 del Código Penal para el Distrito Federal establece dos momentos para realizar pronunciamiento en este aspecto, a saber; al momento de emitirse sentencia definitiva y posteriormente vía incidental pero sólo en caso de que en ésta no se hubiera hecho ese pronunciamiento. Por tanto, atentas las consideraciones anteriores, procede NEGAR el amparo solicitado. SEXTO. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Finalmente, aun cuando las partes no hicieron uso del derecho previsto en el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo a la oposición a la publicación de sus datos personales en la consulta o publicación de la presente sentencia, de conformidad con el artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución. Por lo expuesto y con apoyo en lo dispuesto por los artículos del 73 al 79 de la Ley de Amparo, se emite la siguiente: RESOLUCIÓN: PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a Juan Carlos González Ramírez, contra la resolución emitida por el, Juez Trigésimo Sexto Penal del Distrito Federal, el 29 de octubre de 2014 en la causa penal 116/2010, por los fundamentos y razones expresados en el considerando quinto de este fallo constitucional. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución, en términos del considerando último. Notifíquese personalmente y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
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