Juan Carlos González Macías

Expediente 472/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
472/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
08/06/2022

Partes del expediente

  • Juan Carlos González Macías

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    apopan, Jalisco, ocho de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Regresa queja infundada. Téngase por recibido el oficio suscrito por la Actuaria Judicial adscrita al Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, mediante el cual remite copia certificada de la resolución pronunciada el veintiséis de mayo de dos mil veintidós, en los autos del toca de queja número ***2, del índice del tribunal colegiado, cuyo punto resolutivo es del tenor literal siguiente: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja, interpuesto en favor de ****, en contra del acuerdo dictado el siete de marzo de dos mil veintidós, por el Juez Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado, en el juicio de amparo 472/2022." Hágase del conocimiento de las partes la anterior determinación, efectúense las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y acúsese el recibo de estilo correspondiente. Archivo. En atención a lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno correspondiente y archívese como asunto concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía. Destino del cuaderno principal. Asimismo, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo 15 del citado acuerdo general. De igual forma, se destaca que en el presente asunto se desechó la demanda y no existen documentos originales, por lo que es susceptible de destrucción; por tanto, se realizará dicha circunstancia una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo 21, fracción d) del aludido acuerdo general. Notifíquese.

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Se califica cumplimiento. De la certificación secretarial que antecede, así como del estado de autos, se advierte que mediante acuerdo de uno de marzo de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa con las constancias que en cumplimiento al fallo protector aportó la autoridad responsable; lo anterior, para que dentro del término de tres días manifestara(n) lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento de que en caso de ser omisa(s), este órgano jurisdiccional se pronunciaría sobre el cumplimiento únicamente con las constancias que integran este expediente. Ahora bien, no obstante que el mencionado acuerdo se notificó a la parte quejosa el dos de marzo del año en curso, fue(ron) omisa(s) en emitir pronunciamiento al respecto. Sin embargo, toda vez que, en términos de los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, para estar en aptitud de determinar si la sentencia de amparo se encuentra cumplida, es necesario destacar las directrices establecidas en el fallo protector, y precisar los deberes impuestos en éste y, con base en ello, determinar si la autoridad señalada como responsable dio el cumplimiento esperado. En este orden de ideas, se tiene que este órgano jurisdiccional emitió sentencia el trece de julio de dos mil veintiuno, en la que sobreseyó el presente asunto, misma que fue recurrida en revisión y revocada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en la que concedió el amparo para los efectos siguientes: ".procede conceder la protección federal solicitada para el efecto de que el juez responsable en respeto a la garantía de audiencia y defensa de la quejosa, deje insubsistente lo actuado desde el acuerdo que admitió a trámite las diligencias de jurisdicción voluntaria para que se le dé la debida intervención a la quejosa en el indicado procedimiento en la que se le pretende declarar en estado de interdicción, establezca un sistema de apoyos y salvaguardias adecuado a su caso, que permita el pleno ejercicio de sus derechos como persona respecto de su persona y sus bienes; así como de intervención al Agente de la Procuraduría Social." Al respecto, por cuanto hace al cumplimiento, la autoridad responsable remitió diversas copias certificadas, entre las que destaca la determinación emitida el veintisiete de enero de dos mil veintidós, en el juicio 2/2021, del índice del Juzgado Segundo Civil del Décimo Partido Judicial, con sede en Autlán de Navarro, Jalisco, en la que siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo emitida por el Tribunal Colegiado, dejó insubsistente el proveído de once de enero de dos mil veintiuno, a fin dar la debida intervención a la quejosa en el procedimiento de origen, en el que se le pretendía declarar en estado de interdicción, previo el desahogo de evaluación médica llevada a cabo por perito capacitado, estableció un sistema de apoyos y salvaguardas adecuado, dando la intervención al Agente de la Procuraduría Social, asimismo, ordenó cancelar la medida precautoria concedida, consistente en la inscripción de demanda ante el Registro Público de la Propiedad y la abstención de movimientos respecto de la propiedad a nombre de la aquí quejosa, remitiendo los oficios correspondientes a las autoridades competentes. Constancias que, de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, este juzgador, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tienen valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedido por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Así, atento al marco fáctico que antecede y de la comparación entre los efectos ordenados en el fallo, y la actuación de la autoridad responsable frente a éstos, se demuestra que se cumplió con la totalidad de los efectos ahí contenidos; por tanto, resulta evidente que las responsables no incurrieron en exceso, porque no se extralimitaron en el cumplimiento, ya que no fueron más allá de lo ordenado en la ejecutoria; ni existe defecto, dado que no hubo deficiencia en el actuar de la entidad obligada al cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Archivo. En atención a lo anterior, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad a lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 196, en relación con el 214 de la ley de la materia; y, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Destino del cuaderno principal. Asimismo, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con apoyo en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo 15 del citado acuerdo general. De igual forma, se destaca que en el presente asunto se concedió el amparo solicitado, por lo que es susceptible de depuración, lo que podrá hacerse una vez transcurridos tres años, como lo indica el referido punto, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo dieciocho, fracción I, inciso b), del aludido acuerdo general. Destino de los cuadernos incidentales. Por otra parte, por lo que respecta a los cuadernos del incidente de suspensión, se considera conforme a los artículos 18, fracción I, inciso a), y 20, fracción II, inciso a), del acuerdo en comento, que el primero es depurable una vez que trascurran 3 años y el duplicado es destruible transcurridos seis meses, en virtud de que se concedió la suspensión de los actos reclamados, ambos términos, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, quince de marzo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Se agrega sin mayor acuerdo. Se tiene por recibido el oficio remitido por la Presidente de la Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, y en atención a su contenido agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, toda vez que en auto de once de marzo de dos mil veintidós, se declaró cumplida la sentencia y se ordenó el archivo del asunto. Notifíquese

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, diez de marzo de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2, se acuerda: Causa ejecutoria sentencia. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes, legitimadas para recurrir la sentencia dictada el veintiséis de enero de dos mil veintidós; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Se requiere cumplimiento. Ahora, con el fin de lograr el debido cumplimiento de la ejecutoria de amparo -respetándose con ello el procedimiento derivado de los artículos 107, fracción XVI, constitucional, y del 192 al 197 de la ley de la materia-, se indica, de forma puntual, a la autoridad o autoridades responsables y/o a la autoridad o autoridades vinculadas, los actos que deben verificar y/o ejecutar para cumplimentar el fallo, que en la especie consisten en: "En atención a la proximidad de la fecha señalada en auto de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, para el desahogo de la audiencia de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, prevista por el artículo 873 de la Ley de Federal del Trabajo, realice las gestiones necesarias para que efectivamente se desahogue en la fecha programada (tres de febrero de dos mil veintidós) y, de no ser posible, respetando el protocolo para la atención al público y las medidas de seguridad e higiene, que refiere fueron implementadas con motivo de la epidemia generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19), acredite haber señalado una nueva fecha, ajustándose a los plazos que para tal efecto prevé la ley obrera, en el juicio laboral *******, o bien, el impedimento legal para ello." Establecido lo anterior, se requiere a la Primera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, por conducto del Presidente1 , para que, en el término de tres días legalmente computados a partir de que se le comunique el presente proveído, cumpla cabalmente con cada uno de los deberes impuestos en la sentencia de amparo conforme a los lineamientos establecidos en ella y lo acredite de manera fehaciente ante este órgano de control constitucional. Es aplicable, en lo conducente, la Jurisprudencia 2a./J. 9/2016 (10a) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 27, febrero de 2016, Tomo I, página 832 de rubro y texto: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema en materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento debe ser total, sin excesos o defectos; por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, éstos deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente." Apercibido que de no hacerlo, sin causa justificada, dentro del plazo otorgado, entonces, de conformidad con los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a CIEN UNIDADES de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción, Medida de apremio que equivale a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), la cual se obtiene de multiplicar por cien el valor de la Unidad de Medida y Actualización, siendo este de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional). Anotaciones en el Libro de Gobierno. Por último, realícense las anotaciones que procedan en el Libro de Gobierno correspondiente. Notifíquese.

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