Juan Carlos Gonzalez de Arcos

Expediente 792/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 26 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
792/2022
Año
2022
Actuaciones
26
Última actuación
14/11/2022

Partes del expediente

  • Juan Carlos Gonzalez de Arcos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, catorce de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos la razón de la actuaria judicial adscrita a este juzgado, de la que se advierte que no le fue posible notificar el oficio 1416/2022 dirigido a la autoridad tercera interesada Marissa Lizbeth Domínguez López, Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía General del Estado de Puebla, con el fin de notificarle la determinación dictada el cuatro de noviembre de dos mil veintidós; por las razones ahí expuestas. En consecuencia, toda vez que dicha imposibilidad derivó de un cambio de adscripción de la referida fiscal, con fundamento en el artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se ordena notificarle mediante lista de acuerdos la citada resolución y, en su caso, las subsecuentes; asimismo, se le deja de tener con el carácter de autoridad tercera interesada para efectos del presente juicio de amparo, por lo que se ordena suspender comunicación oficial con ella. De igual forma, se hace constar que los intereses que tuvo la referida fiscal como autoridad tercera interesada en este asunto, siguen representados por los diversos fiscales que fueron emplazados con ese carácter; esto es, por Marcos Cabrera Cabrera, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía General del Estado de Puebla, y por Marissa Lizbeth Domínguez López, Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Finalmente, hágase del conocimiento del Oficial Judicial "A" (antes Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes) adscrito a este juzgado, el contenido del presente acuerdo, para los efectos legales procedentes. Notifíquese por lista a Marissa Lizbeth Domínguez López, Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía General del Estado de Puebla el presente acuerdo y la determinación de cuatro de noviembre de dos mil veintidós; y, por cualquier medio de comunicación interna al Oficial Judicial "A" adscrito a este órgano jurisdiccional el presente auto. AUTO DE CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de diecinueve de octubre de dos mil veintidós, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que ninguna de ellas haya desahogado la aludida vista. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos. I. Antecedentes. El veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, este juzgado de distrito dictó sentencia en el presente juicio, en la que se concedió el amparo al quejoso ***, respecto a la resolución dictada en audiencia oral celebrada el veintiuno de julio de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 994/2020/PUEBLA y su acumulada 795/2019/PUEBLA, en donde la jueza de control responsable, a petición del ministerio público, prorrogó por tres meses más la prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso en audiencia inicial de veintiséis de mayo de dos mil veinte, así como por cuanto hace a su ejecución; por las razones expuestas en el considerando octavo y para los efectos precisados en el considerando noveno del propio fallo. Mediante acuerdo emitido el catorce de octubre del año en curso, dicha sentencia causó ejecutoria; ello, en atención a que no fue recurrida por parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de revisión; por lo que, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable 1. Bet Nimra Pérez Hernández, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital, dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En proveído de diecinueve de octubre del actual, se tuvo a dicha autoridad responsable remitiendo el oficio 41809/2022/JC -registro 18045 de 2022-, por el cual, informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y, para tal efecto, anexó un disco en formato versátil digital (DVD). En consecuencia, con su contenido, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que estimaran conducente sobre tal cumplimiento, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. II. Análisis de la ejecutoria de amparo. Mediante sentencia dictada el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, se declaró inconstitucional la resolución dictada el veintiuno de julio de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 994/2020/PUEBLA y su acumulada 795/2019/PUEBLA, en donde la jueza responsable decidió prolongar por tres meses más la prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso ***, por contravenir los principios de proporcionalidad y presunción de inocencia en su vertiente de regla de trato procesal, consagrados en el artículo 20, Apartados A, fracción V, y B, fracciones I y IX, de la Constitución. Consecuentemente, se le concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal respecto de dicho acto, misma que se hizo extensiva por cuanto a los actos de ejecución, al no reclamarse por vicios propios, sino como consecuencia directa de la resolución controvertida. Lo anterior, con base, principalmente, en lo siguiente: A. Se consideró que el ministerio público no acreditó la necesidad de que continuara la prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso, teniendo en cuenta los elementos que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó en el amparo en revisión 315/2021 y en diversos precedentes para justificar la prolongación de la prisión preventiva oficiosa, a saber: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; y, c) la conducta de las autoridades. B. Ciertamente, se dijo que al margen de que ello lo pretendió hacer en su segunda intervención cuando lo debido era que lo hubiera hecho en la primera, los motivos que expuso no se encontraban justificados, pues, respecto a la complejidad del asunto, únicamente hizo alusión a la pluralidad de los sujetos activos, a la naturaleza de las conductas típicas investigadas y a que se trataba de una causa penal acumulada; motivos que, por sí solos, -se señaló- no evidenciaban que el asunto tuviera el grado complejidad que ameritara la prolongación de la medida y la falta de resolución que pusiera fin al conflicto. C. Se estimó que el ministerio público debió exponer y acreditar, con elementos de convicción, cómo esas circunstancias retrasaban la solución del conflicto para justificar la necesidad de prorrogar la prisión preventiva, más si se tomaba en consideración que de los registros escritos de la causa penal de origen 994/2020/PUEBLA y su acumulada 795/2019/PUEBLA, se advirtió que cuando éstas estaban separadas: i) en la primera causa referida se declaró cerrada la investigación complementaria por auto de doce de octubre de dos mil veinte y se tuvo por recibida la acusación del ministerio público en auto de tres de noviembre del mismo año; y, ii) en la segunda, en auto de veinticuatro de julio de dos mil diecinueve se declaró cerrada la investigación complementaria y se recibió la acusación formulada por el ministerio público. D. Se refirió que lo anterior significaba que a partir del momento en que el ministerio público formuló sus acusaciones, no existían más líneas de investigación que agotar ni más medios de convicción que recabar por su parte, por lo que se encontraba en condiciones de continuar con las siguientes etapas del procedimiento penal: el desahogo de la audiencia intermedia y, en su caso, juicio oral. De ahí que la complejidad del asunto que alegó no era idónea para prolongar la prisión preventiva y, por ende, tampoco la justificación que señaló la jueza de control, por cuanto a la pluralidad de víctimas, buscadas por el ministerio público. E. Por otro lado, por cuanto a la actividad procesal del interesado, se indicó que este órgano de control constitucional coincidía con la jueza de control en que la voluntad del imputado o acusado de culminar el controvertido penal a través del procedimiento abreviado constituía un acto de defensa; sin embargo, también se consideró que ese acto debía analizarse en conjunto con la obligación del ministerio público de promover la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias o formas anticipadas de terminación del proceso penal, prevista en el artículo 131, fracción XVIII, del código nacional; lo cual, cobraba mayor relevancia si se tomaba en cuenta que los artículos 201, fracción I, 202, párrafo primero, y 205, párrafo primero, del código nacional, disponen que corresponde únicamente al Ministerio Público solicitar el procedimiento abreviado. F. En ese sentido, de la información expuesta en audiencia, se apreció que la defensa había realizado todos los actos necesarios para que se llevara a cabo el procedimiento abreviado desde abril de dos mil veintiuno, como el pago a las víctimas de la reparación del daño y la manifestación de su voluntad ante la autoridad jurisdiccional, o por lo menos no se desprendía situación diferente, es decir, que la fiscalía hubiere indicado y demostrado que se encontraba pendiente algún acto que debiera realizar el quejoso o su defensa para la autorización de la mencionada forma anticipada de terminación del proceso penal. G. En cambio, por cuanto al aspecto relativo a la conducta de las autoridades, se dedujo que el ministerio público había incurrido en una dilación importante para reunir los requisitos necesarios (a su decir) para acceder a la solución del conflicto a través del procedimiento abreviado; ello, si se tomaba en consideración que éste fue solicitado por la defensa del quejoso desde abril de dos mil veintiuno y que lo único que faltaba era la firma y el llenado de unos formatos por parte de las víctimas, lo cual correspondía a la representación social y de ninguna manera podía ser imputable al ahora quejoso y a su defensa, ya que se trataban de formalidades meramente administrativas no reguladas por el Código Nacional de Procedimientos Penales. H. Se afirmó que lo anterior, según la información vertida en audiencia, había originado que el asunto se mantuviera en suspenso por casi un año y tres meses aproximadamente, desde que se propuso el procedimiento abreviado hasta la emisión de la resolución reclamada -veintiuno de julio de dos mil veintidós-, lo cual, se reiteró, no podía imputarse al quejoso ni a su defensa, pues hasta donde se supo habían gestionado y realizado todos los actos necesarios para la autorización de ese medio anticipado de solución del conflicto. I. Se señaló que este juzgador coincidió con la defensa particular del quejoso, cuando sostuvo, en audiencia, que no era procedente suspender el tiempo en el que el imputado cumplía con la prisión preventiva oficiosa, aun y cuando se tratara de las suspensiones de plazos procesales decretadas por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla con motivo de la contingencia sanitaria generada por la pandemia del virus Covid-19, toda vez que la libertad personal se trata de un derecho humano de máximo rango, protegido tanto en la Constitución como en diversos instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano; máxime que no existía previsión alguna que autorizara la suspensión del plazo de la prisión preventiva que el imputado se encontrara cumpliendo. Entonces, en su caso, el ministerio público debió acreditar cómo esa suspensión de términos procesales mermó la capacidad de las partes para dar impulso al proceso penal. Aspecto que -se dijo- no se acreditó en audiencia con elemento probatorio alguno. J. En ese tenor, se consideró que el agente del ministerio público no demostró que el asunto resultaba de tal complejidad, que la actividad procesal del interesado era el detonante de la dilación para la culminación del proceso y/o una conducta diligente de la autoridad jurisdiccional en la conducción del proceso, para justificar la prolongación de la prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso. Más bien se evidenció una dilación de su parte en realizar los trámites necesarios para proponer el procedimiento abreviado ante la autoridad jurisdiccional, siendo el único aspecto pendiente para ese fin -según se apreció del contenido de la audiencia y de los registros escritos de la causa penal y su acumulada-; por tanto, se estimó que la jueza de control no ajustó su decisión al escrutinio elevado de justificación que marcó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 315/2021, ocasionando que la medida cautelar se haya extendido innecesariamente. En ese sentido, el amparo solicitado se concedió para que la autoridad responsable 1. Bet Nimra Pérez Hernández, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital, señalara fecha para la celebración de la audiencia en la que se habría de dar cumplimiento al fallo protector dentro de la causa penal 994/2020/PUEBLA y su acumulada 795/2019/PUEBLA, en donde debería realizar lo siguiente: 1. Dejar insubsistente únicamente la determinación que prolongó por tres meses más la prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso ***, dictada en audiencia de veintiuno de julio de dos mil veintidós, celebrada dentro de la citada causa penal -acto reclamado-, por lo que debería dejar intocadas las demás cuestiones, como el requerimiento que se efectuó al ministerio público para lograr la comparecencia de la víctimas y la suscripción de los formatos requeridos para la autorización del procedimiento abreviado. 2. Reiterar y dejar intocado todo lo manifestado por las partes en la audiencia de veintiuno de julio de dos mil veintidós. 3. Enseguida, con base en los razonamientos indicados en el considerando octavo del fallo y ajustándose escrutinio elevado de justificación que marcó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 315/2021, resolver la solicitud de prórroga formulada por el ministerio público, declarando que no había demostrado que el asunto resultaba de tal complejidad, que la actividad procesal del interesado era el detonante de la dilación para la culminación del proceso y/o una conducta diligente de la autoridad jurisdiccional en la conducción del proceso, para justificar la prolongación de la prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso. Que, al contrario, se evidenció una dilación de su parte en realizar los trámites necesarios para proponer el procedimiento abreviado ante la autoridad jurisdiccional -siendo el único aspecto pendiente para tal fin, como se apreció del contenido de la audiencia y de los registros escritos de la causa penal y su acumulada-. Y, en consecuencia, ordenara el cese de la prisión preventiva oficiosa. 4. Posteriormente, debería abrir debate para la discusión sobre la imposición al quejoso de otra u otras de las medidas cautelares que prevé el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, todo ello conforme a lo establecido en el artículo 161 y demás aplicables de dicho código procesal. Se indicó que la citada jueza de control debía conducir la audiencia correspondiente hasta su total conclusión, en observancia al principio de inmediación, debido proceso y derecho de defensa del imputado. III. Estudio de los actos emitidos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En lo que interesa, 1. Bet Nimra Pérez Hernández, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital, en audiencia oral de diecisiete de octubre del año en curso, celebrada dentro de la causa penal 994/2020/PUEBLA y su acumulada 795/2019/PUEBLA, realizó lo siguiente: 1. Dejó insubsistente únicamente la determinación que prolongó por tres meses más la prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso ***, dictada en audiencia de veintiuno de julio de dos mil veintidós, celebrada dentro de la citada causa penal -acto reclamado-, dejando intocadas las demás cuestiones, como el requerimiento que se efectuó al ministerio público para lograr la comparecencia de la víctimas y la suscripción de los formatos requeridos para la autorización del procedimiento abreviado. 2. Reiteró y dejó intocado todo lo manifestado por las partes en la audiencia de veintiuno de julio de dos mil veintidós. 3. Enseguida, con base en los razonamientos indicados en el considerando octavo del fallo y ajustándose escrutinio elevado de justificación que marcó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 315/2021, resolvió la solicitud de prórroga formulada por el ministerio público, declarando que no había demostrado que el asunto resultaba de tal complejidad, que la actividad procesal del interesado era el detonante de la dilación para la culminación del proceso y/o una conducta diligente de la autoridad jurisdiccional en la conducción del proceso, para justificar la prolongación de la prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso. Que, al contrario, se evidenció una dilación de su parte en realizar los trámites necesarios para proponer el procedimiento abreviado ante la autoridad jurisdiccional -siendo el único aspecto pendiente para tal fin, como se apreció del contenido de la audiencia y de los registros escritos de la causa penal y su acumulada-. Y, en consecuencia, ordenó el cese de la prisión preventiva oficiosa. 4. Posteriormente, abrió debate para la discusión sobre la imposición al quejoso de otra u otras de las medidas cautelares que prevé el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, todo ello conforme a lo establecido en el artículo 161 y demás aplicables de dicho código procesal. Y una vez concluida la intervención de las partes, impuso al quejoso las siguientes medidas cautelares: i) la firma periódica mensual, los últimos lunes de cada mes, empezando el treinta y uno de octubre de dos mil veintidós, en donde debía exhibir su comprobante domiciliario; ii) no acercarse a las víctimas por ningún medio electrónico o personal; iii) no portar armas ni instrumentos prohibidos; y, iv) no salir del Estado de Puebla sin autorización. IV. Opinión jurisdiccional. Ante lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que, con fundamento en el antepenúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos ni defectos. Ciertamente, el juez de control responsable cumplió con el núcleo esencial del fallo protector, habida cuenta que: i) dejó sin efectos únicamente la prolongación por tres meses más de la prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso -acto reclamado-; ii) dictó una nueva en la que dejó intocado y reiteró todo lo manifestado por las partes en audiencia de veintiuno de julio de dos mil veintidós; iii) con base en los razonamientos indicados en el considerando octavo del fallo y ajustándose escrutinio elevado de justificación que marcó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 315/2021, ordenó el cese de la prisión preventiva oficiosa; y, iv) previo debate entre las partes, impuso al quejoso medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. En virtud de lo expuesto, la ejecutoria de amparo se encuentra íntegramente cumplida. Notifíquese por lista al quejoso ***, en cumplimiento a lo acordado en auto de diecinueve de octubre de dos mil veintidós; personalmente a su defensor público Julio Arturo Gómez Peña, en las instalaciones de la Defensoría Pública dependiente de la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla; así como a los terceros interesados *** -parte ofendida del delito- y *** -parte ofendida del delito-; y, por oficio a las autoridades responsables, a los fiscales terceros interesados y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. AUTO DE DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio 41748/2022/JC remitido -vía correo electrónico institucional- por la autoridad responsable 1. Bet Nimra Pérez Hernández, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital, mediante el cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, informa que por auto dictado el diecisiete de octubre pasado, dentro de la causa penal 994/2020/PUEBLA y su acumulada 795/2019/PUEBLA, entre otras cuestiones, se señalaron las diecisiete horas del mismo día, para que tuviera verificativo la audiencia en la que se daría cumplimiento al fallo protector. De lo que toma conocimiento esta autoridad federal, para los efectos legales a los que haya lugar. Por otro lado, agréguese a los presentes autos el diverso oficio 41809/2022/JC signado por la referida jueza de control responsable, mediante el cual, informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y, para tal efecto, remite un disco versátil digital en el que obra la audiencia de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, llevada a cabo dentro de la causa penal 994/2020/PUEBLA y su acumulada 795/2019/PUEBLA. En consecuencia, con el contenido del oficio 41809/2022/JC y anexo -disco versátil digital-; dese vista a las partes quejosa y tercera interesada, por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho e interés convenga. Apercibidas que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Respecto al disco versátil digital que se adjunta, no ha lugar a señalar fecha para su reproducción, dada su naturaleza jurídica; asimismo, guárdese en un sobre cerrado o mica cerrada, que se glosa al expediente, para los efectos legales a que haya lugar; el cual, como se advierte de la certificación de cuenta, se encuentra debidamente certificado con el sello y la firma correspondiente. Sustenta lo antes expuesto el siguiente criterio: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Finalmente, agréguese a los autos la razón actuarial de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, signada por la actuaria judicial adscrita, en la cual, hace del conocimiento la imposibilidad para notificar al quejoso *** el acuerdo dictado el diecisiete de octubre del año en curso, en el Centro Penitenciario de la ciudad de Puebla (pues fue trasladado al recinto judicial para celebrar la audiencia indicada anteriormente y después fue puesto en libertad); de lo que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes. En ese orden de ideas, y en atención a que no se cuenta con domicilio diverso para ser notificado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese al directo quejoso esta determinación y las subsecuentes por lista de acuerdos. Por cuanto a la notificación al quejoso del citado proveído de diecisiete de octubre del actual, no ha lugar a realizar mayor pronunciamiento, porque el dieciocho de octubre de este año Julio Arturo Gómez Peña, defensor público del referido quejoso, fue notificado de ese auto por lista de acuerdos. Notifíquese por lista al quejoso***, en cumplimiento a lo acordado en esta determinación; personalmente a su defensor público Julio Arturo Gómez Peña, en las instalaciones de la Defensoría Pública dependiente de la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla; así como a los terceros interesados *** -parte ofendida del delito- y ***-parte ofendida del delito-; y, por oficio a los fiscales terceros interesados.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de diecinueve de octubre de dos mil veintidós, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que ninguna de ellas haya desahogado la aludida vista. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos. I. Antecedentes. El veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, este juzgado de distrito dictó sentencia en el presente juicio, en la que se concedió el amparo al quejoso ***, respecto a la resolución dictada en audiencia oral celebrada el veintiuno de julio de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 994/2020/PUEBLA y su acumulada 795/2019/PUEBLA, en donde la jueza de control responsable, a petición del ministerio público, prorrogó por tres meses más la prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso en audiencia inicial de veintiséis de mayo de dos mil veinte, así como por cuanto hace a su ejecución; por las razones expuestas en el considerando octavo y para los efectos precisados en el considerando noveno del propio fallo. Mediante acuerdo emitido el catorce de octubre del año en curso, dicha sentencia causó ejecutoria; ello, en atención a que no fue recurrida por parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de revisión; por lo que, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable 1. Bet Nimra Pérez Hernández, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital, dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En proveído de diecinueve de octubre del actual, se tuvo a dicha autoridad responsable remitiendo el oficio 41809/2022/JC -registro 18045 de 2022-, por el cual, informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y, para tal efecto, anexó un disco en formato versátil digital (DVD). En consecuencia, con su contenido, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que estimaran conducente sobre tal cumplimiento, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. II. Análisis de la ejecutoria de amparo. Mediante sentencia dictada el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, se declaró inconstitucional la resolución dictada el veintiuno de julio de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 994/2020/PUEBLA y su acumulada 795/2019/PUEBLA, en donde la jueza responsable decidió prolongar por tres meses más la prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso ***, por contravenir los principios de proporcionalidad y presunción de inocencia en su vertiente de regla de trato procesal, consagrados en el artículo 20, Apartados A, fracción V, y B, fracciones I y IX, de la Constitución. Consecuentemente, se le concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal respecto de dicho acto, misma que se hizo extensiva por cuanto a los actos de ejecución, al no reclamarse por vicios propios, sino como consecuencia directa de la resolución controvertida. Lo anterior, con base, principalmente, en lo siguiente: A. Se consideró que el ministerio público no acreditó la necesidad de que continuara la prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso, teniendo en cuenta los elementos que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó en el amparo en revisión 315/2021 y en diversos precedentes para justificar la prolongación de la prisión preventiva oficiosa, a saber: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; y, c) la conducta de las autoridades. B. Ciertamente, se dijo que al margen de que ello lo pretendió hacer en su segunda intervención cuando lo debido era que lo hubiera hecho en la primera, los motivos que expuso no se encontraban justificados, pues, respecto a la complejidad del asunto, únicamente hizo alusión a la pluralidad de los sujetos activos, a la naturaleza de las conductas típicas investigadas y a que se trataba de una causa penal acumulada; motivos que, por sí solos, -se señaló- no evidenciaban que el asunto tuviera el grado complejidad que ameritara la prolongación de la medida y la falta de resolución que pusiera fin al conflicto. C. Se estimó que el ministerio público debió exponer y acreditar, con elementos de convicción, cómo esas circunstancias retrasaban la solución del conflicto para justificar la necesidad de prorrogar la prisión preventiva, más si se tomaba en consideración que de los registros escritos de la causa penal de origen 994/2020/PUEBLA y su acumulada 795/2019/PUEBLA, se advirtió que cuando éstas estaban separadas: i) en la primera causa referida se declaró cerrada la investigación complementaria por auto de doce de octubre de dos mil veinte y se tuvo por recibida la acusación del ministerio público en auto de tres de noviembre del mismo año; y, ii) en la segunda, en auto de veinticuatro de julio de dos mil diecinueve se declaró cerrada la investigación complementaria y se recibió la acusación formulada por el ministerio público. D. Se refirió que lo anterior significaba que a partir del momento en que el ministerio público formuló sus acusaciones, no existían más líneas de investigación que agotar ni más medios de convicción que recabar por su parte, por lo que se encontraba en condiciones de continuar con las siguientes etapas del procedimiento penal: el desahogo de la audiencia intermedia y, en su caso, juicio oral. De ahí que la complejidad del asunto que alegó no era idónea para prolongar la prisión preventiva y, por ende, tampoco la justificación que señaló la jueza de control, por cuanto a la pluralidad de víctimas, buscadas por el ministerio público. E. Por otro lado, por cuanto a la actividad procesal del interesado, se indicó que este órgano de control constitucional coincidía con la jueza de control en que la voluntad del imputado o acusado de culminar el controvertido penal a través del procedimiento abreviado constituía un acto de defensa; sin embargo, también se consideró que ese acto debía analizarse en conjunto con la obligación del ministerio público de promover la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias o formas anticipadas de terminación del proceso penal, prevista en el artículo 131, fracción XVIII, del código nacional; lo cual, cobraba mayor relevancia si se tomaba en cuenta que los artículos 201, fracción I, 202, párrafo primero, y 205, párrafo primero, del código nacional, disponen que corresponde únicamente al Ministerio Público solicitar el procedimiento abreviado. F. En ese sentido, de la información expuesta en audiencia, se apreció que la defensa había realizado todos los actos necesarios para que se llevara a cabo el procedimiento abreviado desde abril de dos mil veintiuno, como el pago a las víctimas de la reparación del daño y la manifestación de su voluntad ante la autoridad jurisdiccional, o por lo menos no se desprendía situación diferente, es decir, que la fiscalía hubiere indicado y demostrado que se encontraba pendiente algún acto que debiera realizar el quejoso o su defensa para la autorización de la mencionada forma anticipada de terminación del proceso penal. G. En cambio, por cuanto al aspecto relativo a la conducta de las autoridades, se dedujo que el ministerio público había incurrido en una dilación importante para reunir los requisitos necesarios (a su decir) para acceder a la solución del conflicto a través del procedimiento abreviado; ello, si se tomaba en consideración que éste fue solicitado por la defensa del quejoso desde abril de dos mil veintiuno y que lo único que faltaba era la firma y el llenado de unos formatos por parte de las víctimas, lo cual correspondía a la representación social y de ninguna manera podía ser imputable al ahora quejoso y a su defensa, ya que se trataban de formalidades meramente administrativas no reguladas por el Código Nacional de Procedimientos Penales. H. Se afirmó que lo anterior, según la información vertida en audiencia, había originado que el asunto se mantuviera en suspenso por casi un año y tres meses aproximadamente, desde que se propuso el procedimiento abreviado hasta la emisión de la resolución reclamada -veintiuno de julio de dos mil veintidós-, lo cual, se reiteró, no podía imputarse al quejoso ni a su defensa, pues hasta donde se supo habían gestionado y realizado todos los actos necesarios para la autorización de ese medio anticipado de solución del conflicto. I. Se señaló que este juzgador coincidió con la defensa particular del quejoso, cuando sostuvo, en audiencia, que no era procedente suspender el tiempo en el que el imputado cumplía con la prisión preventiva oficiosa, aun y cuando se tratara de las suspensiones de plazos procesales decretadas por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla con motivo de la contingencia sanitaria generada por la pandemia del virus Covid-19, toda vez que la libertad personal se trata de un derecho humano de máximo rango, protegido tanto en la Constitución como en diversos instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano; máxime que no existía previsión alguna que autorizara la suspensión del plazo de la prisión preventiva que el imputado se encontrara cumpliendo. Entonces, en su caso, el ministerio público debió acreditar cómo esa suspensión de términos procesales mermó la capacidad de las partes para dar impulso al proceso penal. Aspecto que -se dijo- no se acreditó en audiencia con elemento probatorio alguno. J. En ese tenor, se consideró que el agente del ministerio público no demostró que el asunto resultaba de tal complejidad, que la actividad procesal del interesado era el detonante de la dilación para la culminación del proceso y/o una conducta diligente de la autoridad jurisdiccional en la conducción del proceso, para justificar la prolongación de la prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso. Más bien se evidenció una dilación de su parte en realizar los trámites necesarios para proponer el procedimiento abreviado ante la autoridad jurisdiccional, siendo el único aspecto pendiente para ese fin -según se apreció del contenido de la audiencia y de los registros escritos de la causa penal y su acumulada-; por tanto, se estimó que la jueza de control no ajustó su decisión al escrutinio elevado de justificación que marcó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 315/2021, ocasionando que la medida cautelar se haya extendido innecesariamente. En ese sentido, el amparo solicitado se concedió para que la autoridad responsable 1. Bet Nimra Pérez Hernández, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital, señalara fecha para la celebración de la audiencia en la que se habría de dar cumplimiento al fallo protector dentro de la causa penal 994/2020/PUEBLA y su acumulada 795/2019/PUEBLA, en donde debería realizar lo siguiente: 1. Dejar insubsistente únicamente la determinación que prolongó por tres meses más la prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso ***, dictada en audiencia de veintiuno de julio de dos mil veintidós, celebrada dentro de la citada causa penal -acto reclamado-, por lo que debería dejar intocadas las demás cuestiones, como el requerimiento que se efectuó al ministerio público para lograr la comparecencia de la víctimas y la suscripción de los formatos requeridos para la autorización del procedimiento abreviado. 2. Reiterar y dejar intocado todo lo manifestado por las partes en la audiencia de veintiuno de julio de dos mil veintidós. 3. Enseguida, con base en los razonamientos indicados en el considerando octavo del fallo y ajustándose escrutinio elevado de justificación que marcó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 315/2021, resolver la solicitud de prórroga formulada por el ministerio público, declarando que no había demostrado que el asunto resultaba de tal complejidad, que la actividad procesal del interesado era el detonante de la dilación para la culminación del proceso y/o una conducta diligente de la autoridad jurisdiccional en la conducción del proceso, para justificar la prolongación de la prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso. Que, al contrario, se evidenció una dilación de su parte en realizar los trámites necesarios para proponer el procedimiento abreviado ante la autoridad jurisdiccional -siendo el único aspecto pendiente para tal fin, como se apreció del contenido de la audiencia y de los registros escritos de la causa penal y su acumulada-. Y, en consecuencia, ordenara el cese de la prisión preventiva oficiosa. 4. Posteriormente, debería abrir debate para la discusión sobre la imposición al quejoso de otra u otras de las medidas cautelares que prevé el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, todo ello conforme a lo establecido en el artículo 161 y demás aplicables de dicho código procesal. Se indicó que la citada jueza de control debía conducir la audiencia correspondiente hasta su total conclusión, en observancia al principio de inmediación, debido proceso y derecho de defensa del imputado. III. Estudio de los actos emitidos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En lo que interesa, 1. Bet Nimra Pérez Hernández, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital, en audiencia oral de diecisiete de octubre del año en curso, celebrada dentro de la causa penal 994/2020/PUEBLA y su acumulada 795/2019/PUEBLA, realizó lo siguiente: 1. Dejó insubsistente únicamente la determinación que prolongó por tres meses más la prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso ***, dictada en audiencia de veintiuno de julio de dos mil veintidós, celebrada dentro de la citada causa penal -acto reclamado-, dejando intocadas las demás cuestiones, como el requerimiento que se efectuó al ministerio público para lograr la comparecencia de la víctimas y la suscripción de los formatos requeridos para la autorización del procedimiento abreviado. 2. Reiteró y dejó intocado todo lo manifestado por las partes en la audiencia de veintiuno de julio de dos mil veintidós. 3. Enseguida, con base en los razonamientos indicados en el considerando octavo del fallo y ajustándose escrutinio elevado de justificación que marcó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 315/2021, resolvió la solicitud de prórroga formulada por el ministerio público, declarando que no había demostrado que el asunto resultaba de tal complejidad, que la actividad procesal del interesado era el detonante de la dilación para la culminación del proceso y/o una conducta diligente de la autoridad jurisdiccional en la conducción del proceso, para justificar la prolongación de la prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso. Que, al contrario, se evidenció una dilación de su parte en realizar los trámites necesarios para proponer el procedimiento abreviado ante la autoridad jurisdiccional -siendo el único aspecto pendiente para tal fin, como se apreció del contenido de la audiencia y de los registros escritos de la causa penal y su acumulada-. Y, en consecuencia, ordenó el cese de la prisión preventiva oficiosa. 4. Posteriormente, abrió debate para la discusión sobre la imposición al quejoso de otra u otras de las medidas cautelares que prevé el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, todo ello conforme a lo establecido en el artículo 161 y demás aplicables de dicho código procesal. Y una vez concluida la intervención de las partes, impuso al quejoso las siguientes medidas cautelares: i) la firma periódica mensual, los últimos lunes de cada mes, empezando el treinta y uno de octubre de dos mil veintidós, en donde debía exhibir su comprobante domiciliario; ii) no acercarse a las víctimas por ningún medio electrónico o personal; iii) no portar armas ni instrumentos prohibidos; y, iv) no salir del Estado de Puebla sin autorización. IV. Opinión jurisdiccional. Ante lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que, con fundamento en el antepenúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos ni defectos. Ciertamente, el juez de control responsable cumplió con el núcleo esencial del fallo protector, habida cuenta que: i) dejó sin efectos únicamente la prolongación por tres meses más de la prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso -acto reclamado-; ii) dictó una nueva en la que dejó intocado y reiteró todo lo manifestado por las partes en audiencia de veintiuno de julio de dos mil veintidós; iii) con base en los razonamientos indicados en el considerando octavo del fallo y ajustándose escrutinio elevado de justificación que marcó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 315/2021, ordenó el cese de la prisión preventiva oficiosa; y, iv) previo debate entre las partes, impuso al quejoso medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. En virtud de lo expuesto, la ejecutoria de amparo se encuentra íntegramente cumplida. Notifíquese por lista al quejoso ***, en cumplimiento a lo acordado en auto de diecinueve de octubre de dos mil veintidós; personalmente a su defensor público Julio Arturo Gómez Peña, en las instalaciones de la Defensoría Pública dependiente de la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla; así como a los terceros interesados *** -parte ofendida del delito- y *** -parte ofendida del delito-; y, por oficio a las autoridades responsables, a los fiscales terceros interesados y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. AUTO DE DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio 41748/2022/JC remitido -vía correo electrónico institucional- por la autoridad responsable 1. Bet Nimra Pérez Hernández, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital, mediante el cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, informa que por auto dictado el diecisiete de octubre pasado, dentro de la causa penal 994/2020/PUEBLA y su acumulada 795/2019/PUEBLA, entre otras cuestiones, se señalaron las diecisiete horas del mismo día, para que tuviera verificativo la audiencia en la que se daría cumplimiento al fallo protector. De lo que toma conocimiento esta autoridad federal, para los efectos legales a los que haya lugar. Por otro lado, agréguese a los presentes autos el diverso oficio 41809/2022/JC signado por la referida jueza de control responsable, mediante el cual, informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y, para tal efecto, remite un disco versátil digital en el que obra la audiencia de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, llevada a cabo dentro de la causa penal 994/2020/PUEBLA y su acumulada 795/2019/PUEBLA. En consecuencia, con el contenido del oficio 41809/2022/JC y anexo -disco versátil digital-; dese vista a las partes quejosa y tercera interesada, por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho e interés convenga. Apercibidas que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Respecto al disco versátil digital que se adjunta, no ha lugar a señalar fecha para su reproducción, dada su naturaleza jurídica; asimismo, guárdese en un sobre cerrado o mica cerrada, que se glosa al expediente, para los efectos legales a que haya lugar; el cual, como se advierte de la certificación de cuenta, se encuentra debidamente certificado con el sello y la firma correspondiente. Sustenta lo antes expuesto el siguiente criterio: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Finalmente, agréguese a los autos la razón actuarial de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, signada por la actuaria judicial adscrita, en la cual, hace del conocimiento la imposibilidad para notificar al quejoso *** el acuerdo dictado el diecisiete de octubre del año en curso, en el Centro Penitenciario de la ciudad de Puebla (pues fue trasladado al recinto judicial para celebrar la audiencia indicada anteriormente y después fue puesto en libertad); de lo que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes. En ese orden de ideas, y en atención a que no se cuenta con domicilio diverso para ser notificado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese al directo quejoso esta determinación y las subsecuentes por lista de acuerdos. Por cuanto a la notificación al quejoso del citado proveído de diecisiete de octubre del actual, no ha lugar a realizar mayor pronunciamiento, porque el dieciocho de octubre de este año Julio Arturo Gómez Peña, defensor público del referido quejoso, fue notificado de ese auto por lista de acuerdos. Notifíquese por lista al quejoso***, en cumplimiento a lo acordado en esta determinación; personalmente a su defensor público Julio Arturo Gómez Peña, en las instalaciones de la Defensoría Pública dependiente de la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla; así como a los terceros interesados *** -parte ofendida del delito- y ***-parte ofendida del delito-; y, por oficio a los fiscales terceros interesados.

  3. Principal

    PUBLICACIÓN DE AVISO: EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE TERCERA INTERESADA NARCISO CAZARES DATTOI, EL AUTO DE CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de diecinueve de octubre de dos mil veintidós, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que ninguna de ellas haya desahogado la aludida vista. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos. I. Antecedentes. El veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, este juzgado de distrito dictó sentencia en el presente juicio, en la que se concedió el amparo al quejoso ***, respecto a la resolución dictada en audiencia oral celebrada el veintiuno de julio de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 994/2020/PUEBLA y su acumulada 795/2019/PUEBLA, en donde la jueza de control responsable, a petición del ministerio público, prorrogó por tres meses más la prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso en audiencia inicial de veintiséis de mayo de dos mil veinte, así como por cuanto hace a su ejecución; por las razones expuestas en el considerando octavo y para los efectos precisados en el considerando noveno del propio fallo. Mediante acuerdo emitido el catorce de octubre del año en curso, dicha sentencia causó ejecutoria; ello, en atención a que no fue recurrida por parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de revisión; por lo que, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable 1. Bet Nimra Pérez Hernández, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital, dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En proveído de diecinueve de octubre del actual, se tuvo a dicha autoridad responsable remitiendo el oficio 41809/2022/JC -registro 18045 de 2022-, por el cual, informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y, para tal efecto, anexó un disco en formato versátil digital (DVD). En consecuencia, con su contenido, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que estimaran conducente sobre tal cumplimiento, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. II. Análisis de la ejecutoria de amparo. Mediante sentencia dictada el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, se declaró inconstitucional la resolución dictada el veintiuno de julio de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 994/2020/PUEBLA y su acumulada 795/2019/PUEBLA, en donde la jueza responsable decidió prolongar por tres meses más la prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso ***, por contravenir los principios de proporcionalidad y presunción de inocencia en su vertiente de regla de trato procesal, consagrados en el artículo 20, Apartados A, fracción V, y B, fracciones I y IX, de la Constitución. Consecuentemente, se le concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal respecto de dicho acto, misma que se hizo extensiva por cuanto a los actos de ejecución, al no reclamarse por vicios propios, sino como consecuencia directa de la resolución controvertida. Lo anterior, con base, principalmente, en lo siguiente: A. Se consideró que el ministerio público no acreditó la necesidad de que continuara la prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso, teniendo en cuenta los elementos que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó en el amparo en revisión 315/2021 y en diversos precedentes para justificar la prolongación de la prisión preventiva oficiosa, a saber: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; y, c) la conducta de las autoridades. B. Ciertamente, se dijo que al margen de que ello lo pretendió hacer en su segunda intervención cuando lo debido era que lo hubiera hecho en la primera, los motivos que expuso no se encontraban justificados, pues, respecto a la complejidad del asunto, únicamente hizo alusión a la pluralidad de los sujetos activos, a la naturaleza de las conductas típicas investigadas y a que se trataba de una causa penal acumulada; motivos que, por sí solos, -se señaló- no evidenciaban que el asunto tuviera el grado complejidad que ameritara la prolongación de la medida y la falta de resolución que pusiera fin al conflicto. C. Se estimó que el ministerio público debió exponer y acreditar, con elementos de convicción, cómo esas circunstancias retrasaban la solución del conflicto para justificar la necesidad de prorrogar la prisión preventiva, más si se tomaba en consideración que de los registros escritos de la causa penal de origen 994/2020/PUEBLA y su acumulada 795/2019/PUEBLA, se advirtió que cuando éstas estaban separadas: i) en la primera causa referida se declaró cerrada la investigación complementaria por auto de doce de octubre de dos mil veinte y se tuvo por recibida la acusación del ministerio público en auto de tres de noviembre del mismo año; y, ii) en la segunda, en auto de veinticuatro de julio de dos mil diecinueve se declaró cerrada la investigación complementaria y se recibió la acusación formulada por el ministerio público. D. Se refirió que lo anterior significaba que a partir del momento en que el ministerio público formuló sus acusaciones, no existían más líneas de investigación que agotar ni más medios de convicción que recabar por su parte, por lo que se encontraba en condiciones de continuar con las siguientes etapas del procedimiento penal: el desahogo de la audiencia intermedia y, en su caso, juicio oral. De ahí que la complejidad del asunto que alegó no era idónea para prolongar la prisión preventiva y, por ende, tampoco la justificación que señaló la jueza de control, por cuanto a la pluralidad de víctimas, buscadas por el ministerio público. E. Por otro lado, por cuanto a la actividad procesal del interesado, se indicó que este órgano de control constitucional coincidía con la jueza de control en que la voluntad del imputado o acusado de culminar el controvertido penal a través del procedimiento abreviado constituía un acto de defensa; sin embargo, también se consideró que ese acto debía analizarse en conjunto con la obligación del ministerio público de promover la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias o formas anticipadas de terminación del proceso penal, prevista en el artículo 131, fracción XVIII, del código nacional; lo cual, cobraba mayor relevancia si se tomaba en cuenta que los artículos 201, fracción I, 202, párrafo primero, y 205, párrafo primero, del código nacional, disponen que corresponde únicamente al Ministerio Público solicitar el procedimiento abreviado. F. En ese sentido, de la información expuesta en audiencia, se apreció que la defensa había realizado todos los actos necesarios para que se llevara a cabo el procedimiento abreviado desde abril de dos mil veintiuno, como el pago a las víctimas de la reparación del daño y la manifestación de su voluntad ante la autoridad jurisdiccional, o por lo menos no se desprendía situación diferente, es decir, que la fiscalía hubiere indicado y demostrado que se encontraba pendiente algún acto que debiera realizar el quejoso o su defensa para la autorización de la mencionada forma anticipada de terminación del proceso penal. G. En cambio, por cuanto al aspecto relativo a la conducta de las autoridades, se dedujo que el ministerio público había incurrido en una dilación importante para reunir los requisitos necesarios (a su decir) para acceder a la solución del conflicto a través del procedimiento abreviado; ello, si se tomaba en consideración que éste fue solicitado por la defensa del quejoso desde abril de dos mil veintiuno y que lo único que faltaba era la firma y el llenado de unos formatos por parte de las víctimas, lo cual correspondía a la representación social y de ninguna manera podía ser imputable al ahora quejoso y a su defensa, ya que se trataban de formalidades meramente administrativas no reguladas por el Código Nacional de Procedimientos Penales. H. Se afirmó que lo anterior, según la información vertida en audiencia, había originado que el asunto se mantuviera en suspenso por casi un año y tres meses aproximadamente, desde que se propuso el procedimiento abreviado hasta la emisión de la resolución reclamada -veintiuno de julio de dos mil veintidós-, lo cual, se reiteró, no podía imputarse al quejoso ni a su defensa, pues hasta donde se supo habían gestionado y realizado todos los actos necesarios para la autorización de ese medio anticipado de solución del conflicto. I. Se señaló que este juzgador coincidió con la defensa particular del quejoso, cuando sostuvo, en audiencia, que no era procedente suspender el tiempo en el que el imputado cumplía con la prisión preventiva oficiosa, aun y cuando se tratara de las suspensiones de plazos procesales decretadas por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla con motivo de la contingencia sanitaria generada por la pandemia del virus Covid-19, toda vez que la libertad personal se trata de un derecho humano de máximo rango, protegido tanto en la Constitución como en diversos instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano; máxime que no existía previsión alguna que autorizara la suspensión del plazo de la prisión preventiva que el imputado se encontrara cumpliendo. Entonces, en su caso, el ministerio público debió acreditar cómo esa suspensión de términos procesales mermó la capacidad de las partes para dar impulso al proceso penal. Aspecto que -se dijo- no se acreditó en audiencia con elemento probatorio alguno. J. En ese tenor, se consideró que el agente del ministerio público no demostró que el asunto resultaba de tal complejidad, que la actividad procesal del interesado era el detonante de la dilación para la culminación del proceso y/o una conducta diligente de la autoridad jurisdiccional en la conducción del proceso, para justificar la prolongación de la prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso. Más bien se evidenció una dilación de su parte en realizar los trámites necesarios para proponer el procedimiento abreviado ante la autoridad jurisdiccional, siendo el único aspecto pendiente para ese fin -según se apreció del contenido de la audiencia y de los registros escritos de la causa penal y su acumulada-; por tanto, se estimó que la jueza de control no ajustó su decisión al escrutinio elevado de justificación que marcó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 315/2021, ocasionando que la medida cautelar se haya extendido innecesariamente. En ese sentido, el amparo solicitado se concedió para que la autoridad responsable 1. Bet Nimra Pérez Hernández, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital, señalara fecha para la celebración de la audiencia en la que se habría de dar cumplimiento al fallo protector dentro de la causa penal 994/2020/PUEBLA y su acumulada 795/2019/PUEBLA, en donde debería realizar lo siguiente: 1. Dejar insubsistente únicamente la determinación que prolongó por tres meses más la prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso ***, dictada en audiencia de veintiuno de julio de dos mil veintidós, celebrada dentro de la citada causa penal -acto reclamado-, por lo que debería dejar intocadas las demás cuestiones, como el requerimiento que se efectuó al ministerio público para lograr la comparecencia de la víctimas y la suscripción de los formatos requeridos para la autorización del procedimiento abreviado. 2. Reiterar y dejar intocado todo lo manifestado por las partes en la audiencia de veintiuno de julio de dos mil veintidós. 3. Enseguida, con base en los razonamientos indicados en el considerando octavo del fallo y ajustándose escrutinio elevado de justificación que marcó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 315/2021, resolver la solicitud de prórroga formulada por el ministerio público, declarando que no había demostrado que el asunto resultaba de tal complejidad, que la actividad procesal del interesado era el detonante de la dilación para la culminación del proceso y/o una conducta diligente de la autoridad jurisdiccional en la conducción del proceso, para justificar la prolongación de la prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso. Que, al contrario, se evidenció una dilación de su parte en realizar los trámites necesarios para proponer el procedimiento abreviado ante la autoridad jurisdiccional -siendo el único aspecto pendiente para tal fin, como se apreció del contenido de la audiencia y de los registros escritos de la causa penal y su acumulada-. Y, en consecuencia, ordenara el cese de la prisión preventiva oficiosa. 4. Posteriormente, debería abrir debate para la discusión sobre la imposición al quejoso de otra u otras de las medidas cautelares que prevé el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, todo ello conforme a lo establecido en el artículo 161 y demás aplicables de dicho código procesal. Se indicó que la citada jueza de control debía conducir la audiencia correspondiente hasta su total conclusión, en observancia al principio de inmediación, debido proceso y derecho de defensa del imputado. III. Estudio de los actos emitidos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En lo que interesa, 1. Bet Nimra Pérez Hernández, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital, en audiencia oral de diecisiete de octubre del año en curso, celebrada dentro de la causa penal 994/2020/PUEBLA y su acumulada 795/2019/PUEBLA, realizó lo siguiente: 1. Dejó insubsistente únicamente la determinación que prolongó por tres meses más la prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso ***, dictada en audiencia de veintiuno de julio de dos mil veintidós, celebrada dentro de la citada causa penal -acto reclamado-, dejando intocadas las demás cuestiones, como el requerimiento que se efectuó al ministerio público para lograr la comparecencia de la víctimas y la suscripción de los formatos requeridos para la autorización del procedimiento abreviado. 2. Reiteró y dejó intocado todo lo manifestado por las partes en la audiencia de veintiuno de julio de dos mil veintidós. 3. Enseguida, con base en los razonamientos indicados en el considerando octavo del fallo y ajustándose escrutinio elevado de justificación que marcó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 315/2021, resolvió la solicitud de prórroga formulada por el ministerio público, declarando que no había demostrado que el asunto resultaba de tal complejidad, que la actividad procesal del interesado era el detonante de la dilación para la culminación del proceso y/o una conducta diligente de la autoridad jurisdiccional en la conducción del proceso, para justificar la prolongación de la prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso. Que, al contrario, se evidenció una dilación de su parte en realizar los trámites necesarios para proponer el procedimiento abreviado ante la autoridad jurisdiccional -siendo el único aspecto pendiente para tal fin, como se apreció del contenido de la audiencia y de los registros escritos de la causa penal y su acumulada-. Y, en consecuencia, ordenó el cese de la prisión preventiva oficiosa. 4. Posteriormente, abrió debate para la discusión sobre la imposición al quejoso de otra u otras de las medidas cautelares que prevé el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, todo ello conforme a lo establecido en el artículo 161 y demás aplicables de dicho código procesal. Y una vez concluida la intervención de las partes, impuso al quejoso las siguientes medidas cautelares: i) la firma periódica mensual, los últimos lunes de cada mes, empezando el treinta y uno de octubre de dos mil veintidós, en donde debía exhibir su comprobante domiciliario; ii) no acercarse a las víctimas por ningún medio electrónico o personal; iii) no portar armas ni instrumentos prohibidos; y, iv) no salir del Estado de Puebla sin autorización. IV. Opinión jurisdiccional. Ante lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que, con fundamento en el antepenúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos ni defectos. Ciertamente, el juez de control responsable cumplió con el núcleo esencial del fallo protector, habida cuenta que: i) dejó sin efectos únicamente la prolongación por tres meses más de la prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso -acto reclamado-; ii) dictó una nueva en la que dejó intocado y reiteró todo lo manifestado por las partes en audiencia de veintiuno de julio de dos mil veintidós; iii) con base en los razonamientos indicados en el considerando octavo del fallo y ajustándose escrutinio elevado de justificación que marcó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 315/2021, ordenó el cese de la prisión preventiva oficiosa; y, iv) previo debate entre las partes, impuso al quejoso medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. En virtud de lo expuesto, la ejecutoria de amparo se encuentra íntegramente cumplida. Notifíquese por lista al quejoso ***, en cumplimiento a lo acordado en auto de diecinueve de octubre de dos mil veintidós; personalmente a su defensor público Julio Arturo Gómez Peña, en las instalaciones de la Defensoría Pública dependiente de la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla; así como a los terceros interesados *** -parte ofendida del delito- y *** -parte ofendida del delito-; y, por oficio a las autoridades responsables, a los fiscales terceros interesados y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. AUTO DE DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio 41748/2022/JC remitido -vía correo electrónico institucional- por la autoridad responsable 1. Bet Nimra Pérez Hernández, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital, mediante el cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, informa que por auto dictado el diecisiete de octubre pasado, dentro de la causa penal 994/2020/PUEBLA y su acumulada 795/2019/PUEBLA, entre otras cuestiones, se señalaron las diecisiete horas del mismo día, para que tuviera verificativo la audiencia en la que se daría cumplimiento al fallo protector. De lo que toma conocimiento esta autoridad federal, para los efectos legales a los que haya lugar. Por otro lado, agréguese a los presentes autos el diverso oficio 41809/2022/JC signado por la referida jueza de control responsable, mediante el cual, informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y, para tal efecto, remite un disco versátil digital en el que obra la audiencia de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, llevada a cabo dentro de la causa penal 994/2020/PUEBLA y su acumulada 795/2019/PUEBLA. En consecuencia, con el contenido del oficio 41809/2022/JC y anexo -disco versátil digital-; dese vista a las partes quejosa y tercera interesada, por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho e interés convenga. Apercibidas que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Respecto al disco versátil digital que se adjunta, no ha lugar a señalar fecha para su reproducción, dada su naturaleza jurídica; asimismo, guárdese en un sobre cerrado o mica cerrada, que se glosa al expediente, para los efectos legales a que haya lugar; el cual, como se advierte de la certificación de cuenta, se encuentra debidamente certificado con el sello y la firma correspondiente. Sustenta lo antes expuesto el siguiente criterio: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Finalmente, agréguese a los autos la razón actuarial de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, signada por la actuaria judicial adscrita, en la cual, hace del conocimiento la imposibilidad para notificar al quejoso *** el acuerdo dictado el diecisiete de octubre del año en curso, en el Centro Penitenciario de la ciudad de Puebla (pues fue trasladado al recinto judicial para celebrar la audiencia indicada anteriormente y después fue puesto en libertad); de lo que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes. En ese orden de ideas, y en atención a que no se cuenta con domicilio diverso para ser notificado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese al directo quejoso esta determinación y las subsecuentes por lista de acuerdos. Por cuanto a la notificación al quejoso del citado proveído de diecisiete de octubre del actual, no ha lugar a realizar mayor pronunciamiento, porque el dieciocho de octubre de este año Julio Arturo Gómez Peña, defensor público del referido quejoso, fue notificado de ese auto por lista de acuerdos. Notifíquese por lista al quejoso***, en cumplimiento a lo acordado en esta determinación; personalmente a su defensor público Julio Arturo Gómez Peña, en las instalaciones de la Defensoría Pública dependiente de la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla; así como a los terceros interesados *** -parte ofendida del delito- y ***-parte ofendida del delito-; y, por oficio a los fiscales terceros interesados.

  4. Principal

    (SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de diecinueve de octubre de dos mil veintidós, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que ninguna de ellas haya desahogado la aludida vista. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos. I. Antecedentes. El veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, este juzgado de distrito dictó sentencia en el presente juicio, en la que se concedió el amparo al quejoso ***, respecto a la resolución dictada en audiencia oral celebrada el veintiuno de julio de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 994/2020/PUEBLA y su acumulada 795/2019/PUEBLA, en donde la jueza de control responsable, a petición del ministerio público, prorrogó por tres meses más la prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso en audiencia inicial de veintiséis de mayo de dos mil veinte, así como por cuanto hace a su ejecución; por las razones expuestas en el considerando octavo y para los efectos precisados en el considerando noveno del propio fallo. Mediante acuerdo emitido el catorce de octubre del año en curso, dicha sentencia causó ejecutoria; ello, en atención a que no fue recurrida por parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de revisión; por lo que, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable 1. Bet Nimra Pérez Hernández, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital, dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En proveído de diecinueve de octubre del actual, se tuvo a dicha autoridad responsable remitiendo el oficio 41809/2022/JC -registro 18045 de 2022-, por el cual, informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y, para tal efecto, anexó un disco en formato versátil digital (DVD). En consecuencia, con su contenido, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que estimaran conducente sobre tal cumplimiento, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. II. Análisis de la ejecutoria de amparo. Mediante sentencia dictada el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, se declaró inconstitucional la resolución dictada el veintiuno de julio de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 994/2020/PUEBLA y su acumulada 795/2019/PUEBLA, en donde la jueza responsable decidió prolongar por tres meses más la prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso ***, por contravenir los principios de proporcionalidad y presunción de inocencia en su vertiente de regla de trato procesal, consagrados en el artículo 20, Apartados A, fracción V, y B, fracciones I y IX, de la Constitución. Consecuentemente, se le concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal respecto de dicho acto, misma que se hizo extensiva por cuanto a los actos de ejecución, al no reclamarse por vicios propios, sino como consecuencia directa de la resolución controvertida. Lo anterior, con base, principalmente, en lo siguiente: A. Se consideró que el ministerio público no acreditó la necesidad de que continuara la prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso, teniendo en cuenta los elementos que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó en el amparo en revisión 315/2021 y en diversos precedentes para justificar la prolongación de la prisión preventiva oficiosa, a saber: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; y, c) la conducta de las autoridades. B. Ciertamente, se dijo que al margen de que ello lo pretendió hacer en su segunda intervención cuando lo debido era que lo hubiera hecho en la primera, los motivos que expuso no se encontraban justificados, pues, respecto a la complejidad del asunto, únicamente hizo alusión a la pluralidad de los sujetos activos, a la naturaleza de las conductas típicas investigadas y a que se trataba de una causa penal acumulada; motivos que, por sí solos, -se señaló- no evidenciaban que el asunto tuviera el grado complejidad que ameritara la prolongación de la medida y la falta de resolución que pusiera fin al conflicto. C. Se estimó que el ministerio público debió exponer y acreditar, con elementos de convicción, cómo esas circunstancias retrasaban la solución del conflicto para justificar la necesidad de prorrogar la prisión preventiva, más si se tomaba en consideración que de los registros escritos de la causa penal de origen 994/2020/PUEBLA y su acumulada 795/2019/PUEBLA, se advirtió que cuando éstas estaban separadas: i) en la primera causa referida se declaró cerrada la investigación complementaria por auto de doce de octubre de dos mil veinte y se tuvo por recibida la acusación del ministerio público en auto de tres de noviembre del mismo año; y, ii) en la segunda, en auto de veinticuatro de julio de dos mil diecinueve se declaró cerrada la investigación complementaria y se recibió la acusación formulada por el ministerio público. D. Se refirió que lo anterior significaba que a partir del momento en que el ministerio público formuló sus acusaciones, no existían más líneas de investigación que agotar ni más medios de convicción que recabar por su parte, por lo que se encontraba en condiciones de continuar con las siguientes etapas del procedimiento penal: el desahogo de la audiencia intermedia y, en su caso, juicio oral. De ahí que la complejidad del asunto que alegó no era idónea para prolongar la prisión preventiva y, por ende, tampoco la justificación que señaló la jueza de control, por cuanto a la pluralidad de víctimas, buscadas por el ministerio público. E. Por otro lado, por cuanto a la actividad procesal del interesado, se indicó que este órgano de control constitucional coincidía con la jueza de control en que la voluntad del imputado o acusado de culminar el controvertido penal a través del procedimiento abreviado constituía un acto de defensa; sin embargo, también se consideró que ese acto debía analizarse en conjunto con la obligación del ministerio público de promover la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias o formas anticipadas de terminación del proceso penal, prevista en el artículo 131, fracción XVIII, del código nacional; lo cual, cobraba mayor relevancia si se tomaba en cuenta que los artículos 201, fracción I, 202, párrafo primero, y 205, párrafo primero, del código nacional, disponen que corresponde únicamente al Ministerio Público solicitar el procedimiento abreviado. F. En ese sentido, de la información expuesta en audiencia, se apreció que la defensa había realizado todos los actos necesarios para que se llevara a cabo el procedimiento abreviado desde abril de dos mil veintiuno, como el pago a las víctimas de la reparación del daño y la manifestación de su voluntad ante la autoridad jurisdiccional, o por lo menos no se desprendía situación diferente, es decir, que la fiscalía hubiere indicado y demostrado que se encontraba pendiente algún acto que debiera realizar el quejoso o su defensa para la autorización de la mencionada forma anticipada de terminación del proceso penal. G. En cambio, por cuanto al aspecto relativo a la conducta de las autoridades, se dedujo que el ministerio público había incurrido en una dilación importante para reunir los requisitos necesarios (a su decir) para acceder a la solución del conflicto a través del procedimiento abreviado; ello, si se tomaba en consideración que éste fue solicitado por la defensa del quejoso desde abril de dos mil veintiuno y que lo único que faltaba era la firma y el llenado de unos formatos por parte de las víctimas, lo cual correspondía a la representación social y de ninguna manera podía ser imputable al ahora quejoso y a su defensa, ya que se trataban de formalidades meramente administrativas no reguladas por el Código Nacional de Procedimientos Penales. H. Se afirmó que lo anterior, según la información vertida en audiencia, había originado que el asunto se mantuviera en suspenso por casi un año y tres meses aproximadamente, desde que se propuso el procedimiento abreviado hasta la emisión de la resolución reclamada -veintiuno de julio de dos mil veintidós-, lo cual, se reiteró, no podía imputarse al quejoso ni a su defensa, pues hasta donde se supo habían gestionado y realizado todos los actos necesarios para la autorización de ese medio anticipado de solución del conflicto. I. Se señaló que este juzgador coincidió con la defensa particular del quejoso, cuando sostuvo, en audiencia, que no era procedente suspender el tiempo en el que el imputado cumplía con la prisión preventiva oficiosa, aun y cuando se tratara de las suspensiones de plazos procesales decretadas por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla con motivo de la contingencia sanitaria generada por la pandemia del virus Covid-19, toda vez que la libertad personal se trata de un derecho humano de máximo rango, protegido tanto en la Constitución como en diversos instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano; máxime que no existía previsión alguna que autorizara la suspensión del plazo de la prisión preventiva que el imputado se encontrara cumpliendo. Entonces, en su caso, el ministerio público debió acreditar cómo esa suspensión de términos procesales mermó la capacidad de las partes para dar impulso al proceso penal. Aspecto que -se dijo- no se acreditó en audiencia con elemento probatorio alguno. J. En ese tenor, se consideró que el agente del ministerio público no demostró que el asunto resultaba de tal complejidad, que la actividad procesal del interesado era el detonante de la dilación para la culminación del proceso y/o una conducta diligente de la autoridad jurisdiccional en la conducción del proceso, para justificar la prolongación de la prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso. Más bien se evidenció una dilación de su parte en realizar los trámites necesarios para proponer el procedimiento abreviado ante la autoridad jurisdiccional, siendo el único aspecto pendiente para ese fin -según se apreció del contenido de la audiencia y de los registros escritos de la causa penal y su acumulada-; por tanto, se estimó que la jueza de control no ajustó su decisión al escrutinio elevado de justificación que marcó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 315/2021, ocasionando que la medida cautelar se haya extendido innecesariamente. En ese sentido, el amparo solicitado se concedió para que la autoridad responsable 1. Bet Nimra Pérez Hernández, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital, señalara fecha para la celebración de la audiencia en la que se habría de dar cumplimiento al fallo protector dentro de la causa penal 994/2020/PUEBLA y su acumulada 795/2019/PUEBLA, en donde debería realizar lo siguiente: 1. Dejar insubsistente únicamente la determinación que prolongó por tres meses más la prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso ***, dictada en audiencia de veintiuno de julio de dos mil veintidós, celebrada dentro de la citada causa penal -acto reclamado-, por lo que debería dejar intocadas las demás cuestiones, como el requerimiento que se efectuó al ministerio público para lograr la comparecencia de la víctimas y la suscripción de los formatos requeridos para la autorización del procedimiento abreviado. 2. Reiterar y dejar intocado todo lo manifestado por las partes en la audiencia de veintiuno de julio de dos mil veintidós. 3. Enseguida, con base en los razonamientos indicados en el considerando octavo del fallo y ajustándose escrutinio elevado de justificación que marcó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 315/2021, resolver la solicitud de prórroga formulada por el ministerio público, declarando que no había demostrado que el asunto resultaba de tal complejidad, que la actividad procesal del interesado era el detonante de la dilación para la culminación del proceso y/o una conducta diligente de la autoridad jurisdiccional en la conducción del proceso, para justificar la prolongación de la prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso. Que, al contrario, se evidenció una dilación de su parte en realizar los trámites necesarios para proponer el procedimiento abreviado ante la autoridad jurisdiccional -siendo el único aspecto pendiente para tal fin, como se apreció del contenido de la audiencia y de los registros escritos de la causa penal y su acumulada-. Y, en consecuencia, ordenara el cese de la prisión preventiva oficiosa. 4. Posteriormente, debería abrir debate para la discusión sobre la imposición al quejoso de otra u otras de las medidas cautelares que prevé el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, todo ello conforme a lo establecido en el artículo 161 y demás aplicables de dicho código procesal. Se indicó que la citada jueza de control debía conducir la audiencia correspondiente hasta su total conclusión, en observancia al principio de inmediación, debido proceso y derecho de defensa del imputado. III. Estudio de los actos emitidos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En lo que interesa, 1. Bet Nimra Pérez Hernández, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital, en audiencia oral de diecisiete de octubre del año en curso, celebrada dentro de la causa penal 994/2020/PUEBLA y su acumulada 795/2019/PUEBLA, realizó lo siguiente: 1. Dejó insubsistente únicamente la determinación que prolongó por tres meses más la prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso ***, dictada en audiencia de veintiuno de julio de dos mil veintidós, celebrada dentro de la citada causa penal -acto reclamado-, dejando intocadas las demás cuestiones, como el requerimiento que se efectuó al ministerio público para lograr la comparecencia de la víctimas y la suscripción de los formatos requeridos para la autorización del procedimiento abreviado. 2. Reiteró y dejó intocado todo lo manifestado por las partes en la audiencia de veintiuno de julio de dos mil veintidós. 3. Enseguida, con base en los razonamientos indicados en el considerando octavo del fallo y ajustándose escrutinio elevado de justificación que marcó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 315/2021, resolvió la solicitud de prórroga formulada por el ministerio público, declarando que no había demostrado que el asunto resultaba de tal complejidad, que la actividad procesal del interesado era el detonante de la dilación para la culminación del proceso y/o una conducta diligente de la autoridad jurisdiccional en la conducción del proceso, para justificar la prolongación de la prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso. Que, al contrario, se evidenció una dilación de su parte en realizar los trámites necesarios para proponer el procedimiento abreviado ante la autoridad jurisdiccional -siendo el único aspecto pendiente para tal fin, como se apreció del contenido de la audiencia y de los registros escritos de la causa penal y su acumulada-. Y, en consecuencia, ordenó el cese de la prisión preventiva oficiosa. 4. Posteriormente, abrió debate para la discusión sobre la imposición al quejoso de otra u otras de las medidas cautelares que prevé el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, todo ello conforme a lo establecido en el artículo 161 y demás aplicables de dicho código procesal. Y una vez concluida la intervención de las partes, impuso al quejoso las siguientes medidas cautelares: i) la firma periódica mensual, los últimos lunes de cada mes, empezando el treinta y uno de octubre de dos mil veintidós, en donde debía exhibir su comprobante domiciliario; ii) no acercarse a las víctimas por ningún medio electrónico o personal; iii) no portar armas ni instrumentos prohibidos; y, iv) no salir del Estado de Puebla sin autorización. IV. Opinión jurisdiccional. Ante lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que, con fundamento en el antepenúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos ni defectos. Ciertamente, el juez de control responsable cumplió con el núcleo esencial del fallo protector, habida cuenta que: i) dejó sin efectos únicamente la prolongación por tres meses más de la prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso -acto reclamado-; ii) dictó una nueva en la que dejó intocado y reiteró todo lo manifestado por las partes en audiencia de veintiuno de julio de dos mil veintidós; iii) con base en los razonamientos indicados en el considerando octavo del fallo y ajustándose escrutinio elevado de justificación que marcó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 315/2021, ordenó el cese de la prisión preventiva oficiosa; y, iv) previo debate entre las partes, impuso al quejoso medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. En virtud de lo expuesto, la ejecutoria de amparo se encuentra íntegramente cumplida. Notifíquese por lista al quejoso ***, en cumplimiento a lo acordado en auto de diecinueve de octubre de dos mil veintidós; personalmente a su defensor público Julio Arturo Gómez Peña, en las instalaciones de la Defensoría Pública dependiente de la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla; así como a los terceros interesados *** -parte ofendida del delito- y *** -parte ofendida del delito-; y, por oficio a las autoridades responsables, a los fiscales terceros interesados y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. AUTO DE DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio 41748/2022/JC remitido -vía correo electrónico institucional- por la autoridad responsable 1. Bet Nimra Pérez Hernández, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital, mediante el cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, informa que por auto dictado el diecisiete de octubre pasado, dentro de la causa penal 994/2020/PUEBLA y su acumulada 795/2019/PUEBLA, entre otras cuestiones, se señalaron las diecisiete horas del mismo día, para que tuviera verificativo la audiencia en la que se daría cumplimiento al fallo protector. De lo que toma conocimiento esta autoridad federal, para los efectos legales a los que haya lugar. Por otro lado, agréguese a los presentes autos el diverso oficio 41809/2022/JC signado por la referida jueza de control responsable, mediante el cual, informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y, para tal efecto, remite un disco versátil digital en el que obra la audiencia de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, llevada a cabo dentro de la causa penal 994/2020/PUEBLA y su acumulada 795/2019/PUEBLA. En consecuencia, con el contenido del oficio 41809/2022/JC y anexo -disco versátil digital-; dese vista a las partes quejosa y tercera interesada, por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho e interés convenga. Apercibidas que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Respecto al disco versátil digital que se adjunta, no ha lugar a señalar fecha para su reproducción, dada su naturaleza jurídica; asimismo, guárdese en un sobre cerrado o mica cerrada, que se glosa al expediente, para los efectos legales a que haya lugar; el cual, como se advierte de la certificación de cuenta, se encuentra debidamente certificado con el sello y la firma correspondiente. Sustenta lo antes expuesto el siguiente criterio: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Finalmente, agréguese a los autos la razón actuarial de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, signada por la actuaria judicial adscrita, en la cual, hace del conocimiento la imposibilidad para notificar al quejoso *** el acuerdo dictado el diecisiete de octubre del año en curso, en el Centro Penitenciario de la ciudad de Puebla (pues fue trasladado al recinto judicial para celebrar la audiencia indicada anteriormente y después fue puesto en libertad); de lo que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes. En ese orden de ideas, y en atención a que no se cuenta con domicilio diverso para ser notificado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese al directo quejoso esta determinación y las subsecuentes por lista de acuerdos. Por cuanto a la notificación al quejoso del citado proveído de diecisiete de octubre del actual, no ha lugar a realizar mayor pronunciamiento, porque el dieciocho de octubre de este año Julio Arturo Gómez Peña, defensor público del referido quejoso, fue notificado de ese auto por lista de acuerdos. Notifíquese por lista al quejoso***, en cumplimiento a lo acordado en esta determinación; personalmente a su defensor público Julio Arturo Gómez Peña, en las instalaciones de la Defensoría Pública dependiente de la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla; así como a los terceros interesados *** -parte ofendida del delito- y ***-parte ofendida del delito-; y, por oficio a los fiscales terceros interesados.

Quedan 22 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,258 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano