Juan Carlos Gonzalez Chavez
Expediente 536/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 8 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 536/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 04/07/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Juan Carlos Gonzalez Chavez
- Rodrigo Arturo Valencia Rodriguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, a cuatro de julio de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que el fallo dictado en este expediente no fue recurrido dentro del término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara el auto de ocho de junio de dos mil diecisiete, que SOBRESEYÓ el juicio de amparo promovido Juan Carlos González Chávez y Rodrigo Arturo Valencia Rodríguez, por propio derecho, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes, háganse las anotaciones en el libro respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 01/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se determina que el presente expediente carece de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción. Finalmente, hágase la devolución de las copias certificadas del duplicado del toca penal 1781/2015 a la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, solicitando confirme la recepción de dichas constancias a la brevedad posible. Notifíquese.
- Principal
TODA VEZ QUE LA PARTE QUEJOSA NO COMPARECIO A ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE DEL PROVEIDO DE OCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, PREVIO AVISO QUE SE DEJO EN SU DOMICILIO, SE NOTIFICA POR LISTA: Pachuca de Soto, Hidalgo, a ocho de junio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio signado por la Magistrada Presidenta de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, por medio del cual informa que el acto aquí reclamado de once de abril de dos mil diecisiete, quedó insubsistente en cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito en el juicio de amparo 262/2016, y en virtud de emitió nueva resolución el uno de junio de dos mil diecisiete dentro de los autos del toca penal 1781/2015. Para acreditar lo anterior, anexa copia certificada de la resolución de uno de junio de dos mil diecisiete. Para mejor entendimiento de la determinación que se hace en el presente juicio de amparo, resulta necesario hacer una reseña de los antecedentes del acto reclamado, en lo que interesa son: El veintitrés de septiembre de dos mil quince, se dictó auto de plazo constitucional en el que se dictó libertad por falta de elementos para procesar a favor de los aquí quejosos Rodrigo Arturo Valencia Rodríguez y Juan Carlos González Chávez. Contra la anterior determinación el Agente del Ministerio Público interpuso recurso de apelación, la cual tocó conocer a la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Hidalgo, bajo el toca penal 1781/2015. El veintidós de enero de dos mil dieciséis, al resolverse la apelación antes citada, la Primera Sala Penal confirmó el auto de libertad de veintitrés de septiembre de dos mil quince, dictado a favor de Rodrigo Arturo Valencia Rodríguez, Juan Carlos González Chávez. Inconforme con la anterior determinación, la coadyuvante Ma. del Rosario Tello González, promovió el amparo directo 262/2016, y en cumplimiento a la ejecutoria de amparo la Primera Sala Penal dictó la resolución de nueve de enero de dos mil diecisiete, revocando el auto de término constitucional de veintitrés de septiembre de dos mil quince, y en su lugar dictó auto de formal prisión contra los aquí quejosos Rodrigo Arturo Valencia Rodríguez, Juan Carlos González Chávez; sin embargo, mediante auto de veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete el Tribunal Colegiado determinó no tener por cumplida la ejecutoria de amparo, y por ende, requirió de nueva cuenta su cumplimiento. Así, mediante diversa resolución de uno de marzo de dos mil diecisiete, en cumplimiento a la ejecutoria de referencia, revocó el auto de término constitucional para determinar que los quejosos sí son responsables del delito de despojo en agravio de Ma. del Rosario Tello González; sin embargo, mediante auto de seis de abril de dos mil diecisiete el Tribunal Colegiado determinó no tener por cumplida la ejecutoria de amparo, y por ende, requirió de nueva cuenta su cumplimiento. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la Primera Sala Penal dictó la resolución de once de abril de dos mil diecisiete -acto reclamado-, en la que revocó el auto de término constitucional, y determinó dictar auto de formal prisión contra Juan Carlos González Chávez, y auto de libertad a favor de Rodrigo Arturo Valencia Rodríguez; sin embargo, mediante auto de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete el Tribunal Colegiado determinó no tener por cumplida la ejecutoria de amparo, y por ende, requirió de nueva cuenta su cumplimiento. En atención a lo anterior, de nueva cuenta la Primera Sala Penal emitió la diversa resolución el primero de junio de dos mil diecisiete, en la que CONFIRMÓ el auto de plazo constitucional de veintitrés de septiembre de dos mil quince, y por ende, dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor de los aquí quejosos Rodrigo Arturo Valencia Rodríguez, Juan Carlos González Chávez. De los reseñados antecedentes, se desprende que el acto reclamado -resolución de once de abril de dos mil diecisiete- quedó sin efectos e insubsistente, toda vez que fue sustituida por la resolución de uno de junio de dos mil diecisiete emitida en el toca penal 1781/2016, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 262/2016 del índice del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. En ese sentido, para que el juicio de amparo sea procedente, además que el acto reclamado esté subsistiendo, debe tener un efecto legal o material sobre la esfera jurídica del quejoso, esto es, que sus efectos legales se concreten conforme a las reglas del procedimiento que lo rigen, pues de no ser así, en virtud de alguna modificación en el entorno procesal en que se emitió, jurídicamente sería imposible restituir al quejoso en el goce de sus derechos, pues la sentencia de amparo no tendría ningún efecto jurídico. Así, para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo. Además, en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de garantías. Máxime porque en el presente asunto el acto reclamado dejó de tener vida jurídica, por lo cual ninguna materialización tendría el seguimiento del juicio en que se actúa. Es aplicable por identidad la jurisprudencia 2a./J. 181/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, página 189, que a la letra dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". Por lo anterior, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, al estar pendiente de resolución un medio de defensa ordinario, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de derechos de acuerdo a lo establecido por la fracción V del artículo 63 del mismo ordenamiento legal citado. Al respecto, es aplicable el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia visible en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época que su rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Al resultar improcedente la acción de derechos y ante el sobreseimiento decretado, este juzgado se encuentra legalmente impedido para realizar el estudio de los conceptos de violación, pues el sentido de este fallo imposibilita el análisis de las cuestiones del fondo del asunto. Sobre el particular deviene ilustrativa la jurisprudencia 509 que en Materia Común emitiera la Segunda Sala del Alto Tribunal de la República, localizable en la página trescientos treinta y cinco del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para llevar a cabo la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las ONCE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE. Notifíquese personalmente.
- Principal
NOTIFIQUESE PERSONALMENTE
- Principal
*NOTIFIQUESE PERSONALMENTE
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