Juan Carlos Gómez Vallejo

Expediente 826/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 38 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
826/2020
Año
2020
Actuaciones
38
Última actuación
13/04/2023

Partes del expediente

  • Juan Carlos Gómez Vallejo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 38.

  1. Principal

    AVISO.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN LO QUE INTERESA DICE: Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal de autos, de los que se advierte que no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar y en virtud de que mediante determinación de dos de marzo de dos mil veintitrés, se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo sin que las partes hicieran manifestación alguna al respecto, en el término de quince días que concede el artículo 202 de la Ley de Amparo; en consecuencia, téngase por consentida la referida resolución para todos los efectos legales.Por lo tanto, en términos del numeral 196 de la legislación de la materia, se ordena su archivo definitivo y háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno de este Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, además, se ordena dar de baja este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, capítulo séptimo, numeral 18, fracción I, inciso b), 20, fracción II, inciso a) y 21, inciso c), que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: (.) (.)" Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; (.)" En consecuencia, SE ESTIMA QUE ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, toda vez que en este asunto se concedió el amparo y protección de la justicia federal, a excepción del escrito de demanda y la sentencia definitiva, de las que se ordena el desglose y además copia digitalizada; mientras que el incidente de suspensión es susceptible de depuración ya que se concedió la suspensión provisional y se dejó sin materia la suspensión definitiva, debiéndose conservar únicamente la copia de la demanda y las determinaciones en las que se concedió y dejo sin materia dicha medida, por ende, en su oportunidad deberá realizarse el procedimiento de la depuración correspondiente, de las que se ordena el desglose y además copia digitalizada y hecho que sea, remítase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su guardia y custodia. Además, sin que se ordene glosar el cuaderno incidental, pues en cumplimiento al Acuerdo General antes transcrito, deberá ser desincorporado de este expediente, para proceder a su posterior depuración una vez que transcurra el término de tres años Asimismo, sin que se omita precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15, del referido Acuerdo General, no es considerado asunto de relevancia documental, pues no tiene valor jurídico e histórico para su conservación. Por otra parte, con fundamento en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se dejan a disposición de la parte quejosa los documentos que en original o copia certificada exhibió conjuntamente con su demanda de amparo, en el entendido que, cuando se presente a su recolección deberá dejarse en autos copia certificada de los mismos; previa toma de razón que por su recibo asiente en autos, apercibida que de no solicitarlos en el término de noventa días computados legalmente, se procederá a su destrucción.

  2. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal de autos, de los que se advierte que no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar y en virtud de que mediante determinación de dos de marzo de dos mil veintitrés, se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo sin que las partes hicieran manifestación alguna al respecto, en el término de quince días que concede el artículo 202 de la Ley de Amparo; en consecuencia, téngase por consentida la referida resolución para todos los efectos legales.Por lo tanto, en términos del numeral 196 de la legislación de la materia, se ordena su archivo definitivo y háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno de este Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, además, se ordena dar de baja este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, capítulo séptimo, numeral 18, fracción I, inciso b), 20, fracción II, inciso a) y 21, inciso c), que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: (.) (.)" Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; (.)" En consecuencia, SE ESTIMA QUE ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, toda vez que en este asunto se concedió el amparo y protección de la justicia federal, a excepción del escrito de demanda y la sentencia definitiva, de las que se ordena el desglose y además copia digitalizada; mientras que el incidente de suspensión es susceptible de depuración ya que se concedió la suspensión provisional y se dejó sin materia la suspensión definitiva, debiéndose conservar únicamente la copia de la demanda y las determinaciones en las que se concedió y dejo sin materia dicha medida, por ende, en su oportunidad deberá realizarse el procedimiento de la depuración correspondiente, de las que se ordena el desglose y además copia digitalizada y hecho que sea, remítase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su guardia y custodia. Además, sin que se ordene glosar el cuaderno incidental, pues en cumplimiento al Acuerdo General antes transcrito, deberá ser desincorporado de este expediente, para proceder a su posterior depuración una vez que transcurra el término de tres años Asimismo, sin que se omita precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15, del referido Acuerdo General, no es considerado asunto de relevancia documental, pues no tiene valor jurídico e histórico para su conservación. Por otra parte, con fundamento en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se dejan a disposición de la parte quejosa los documentos que en original o copia certificada exhibió conjuntamente con su demanda de amparo, en el entendido que, cuando se presente a su recolección deberá dejarse en autos copia certificada de los mismos; previa toma de razón que por su recibo asiente en autos, apercibida que de no solicitarlos en el término de noventa días computados legalmente, se procederá a su destrucción.

  3. Principal

    AVISO.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE DOS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN LO QUE INTERESA DICE: Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, de los cuales se desprende que la autoridad responsable Director del Registro de Licencias y Operaciones dependiente de la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de México, ha informado respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo y ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes mediante auto de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés; por tanto, este Juzgado de Distrito, procede a resolver de oficio si de acuerdo con las constancias que obran en autos el fallo protector está o no cumplido. En la sentencia definitiva de treinta de abril de dos mil veintiuno, este Juzgado resolvió: "PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *****, por las autoridades responsables indicadas en los considerandos tercero y quinto de la presente resolución. SEGUNDO. La justicia de la Unión ampara y protege a Juan Carlos Gómez Vallejo, por el acto analizado en el considerando sexto y para los efectos previstos en el diverso último de la presente resolución." Por lo que, en el considerando octavo, se precisó que los efectos del otorgamiento de la protección constitucional fueron para que: a. Deje insubsistente el oficio, de siete de diciembre de dos mil veinte. b. Realice las gestiones necesarias para expedir al quejoso la renovación de la licencia de chofer para servicio público tipo "B" para conducir transporte colectivo de pasajeros de mediana capacidad por la temporalidad solicitada. En ese sentido, mediante proveído de trece de enero de dos mil veintitrés, se tuvo a la autoridad responsable informando el contenido del oficio de once de enero de dos mil veintitrés, por medio del cual dejó insubsistente el oficio de siete de diciembre de dos mil veinte -inciso a-. Por otra parte, mediante oficio registrado con el número de promoción 1223, el Subdirector de Amparos dependiente de la Dirección de Procesos Jurisdiccionales en Materia Federal de la Secretaría de Movilidad del Estado de México, informó que dentro de los requisitos necesarios para la expedición de la licencia solicitada, únicamente restaría la captura de datos biométricos, aplicación de examen psicométrico, valoración médica y examen psicológico. Por lo que, manifestó que el quejoso podría acudir al módulo de expedición de licencias, el día trece de febrero de la presente anualidad, en un horario de nueve a doce horas, para la realización de las pruebas citadas en el párrafo anterior y así poder realizar la expedición de la licencia de chofer-inciso b-. Es por ello que, mediante oficio registrado con el número de folio 2100, la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria que amparo a la parte quejosa, informó lo siguiente: Además de lo anterior, y para sustentar su dicho la autoridad responsable en cita, remitió el recibo de licencia de conducir, de fecha trece de febrero de dos mil veintitrés, mismo que fue firmado por el aquí quejoso, en esa virtud, debe concluirse que lo procedente en el caso es declarar que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, pues dejó insubsistente el oficio de siete de diciembre de dos mil veinte y realizó las gestiones necesarias para expedir al quejoso la renovación de la licencia de chofer para servicio público tipo "B" para conducir transporte colectivo de pasajeros de mediana capacidad por la temporalidad solicitada. En ese sentido, la autoridad cumplió con las directrices a que constriñó la protección constitucional, sin que incurriera en exceso o defecto en su acatamiento. Finalmente, hágase del conocimiento de la parte quejosa el presente acuerdo para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, de los cuales se desprende que la autoridad responsable Director del Registro de Licencias y Operaciones dependiente de la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de México, ha informado respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo y ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes mediante auto de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés; por tanto, este Juzgado de Distrito, procede a resolver de oficio si de acuerdo con las constancias que obran en autos el fallo protector está o no cumplido. En la sentencia definitiva de treinta de abril de dos mil veintiuno, este Juzgado resolvió: "PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *****, por las autoridades responsables indicadas en los considerandos tercero y quinto de la presente resolución. SEGUNDO. La justicia de la Unión ampara y protege a Juan Carlos Gómez Vallejo, por el acto analizado en el considerando sexto y para los efectos previstos en el diverso último de la presente resolución." Por lo que, en el considerando octavo, se precisó que los efectos del otorgamiento de la protección constitucional fueron para que: a. Deje insubsistente el oficio, de siete de diciembre de dos mil veinte. b. Realice las gestiones necesarias para expedir al quejoso la renovación de la licencia de chofer para servicio público tipo "B" para conducir transporte colectivo de pasajeros de mediana capacidad por la temporalidad solicitada. En ese sentido, mediante proveído de trece de enero de dos mil veintitrés, se tuvo a la autoridad responsable informando el contenido del oficio de once de enero de dos mil veintitrés, por medio del cual dejó insubsistente el oficio de siete de diciembre de dos mil veinte -inciso a-. Por otra parte, mediante oficio registrado con el número de promoción 1223, el Subdirector de Amparos dependiente de la Dirección de Procesos Jurisdiccionales en Materia Federal de la Secretaría de Movilidad del Estado de México, informó que dentro de los requisitos necesarios para la expedición de la licencia solicitada, únicamente restaría la captura de datos biométricos, aplicación de examen psicométrico, valoración médica y examen psicológico. Por lo que, manifestó que el quejoso podría acudir al módulo de expedición de licencias, el día trece de febrero de la presente anualidad, en un horario de nueve a doce horas, para la realización de las pruebas citadas en el párrafo anterior y así poder realizar la expedición de la licencia de chofer-inciso b-. Es por ello que, mediante oficio registrado con el número de folio 2100, la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria que amparo a la parte quejosa, informó lo siguiente: Además de lo anterior, y para sustentar su dicho la autoridad responsable en cita, remitió el recibo de licencia de conducir, de fecha trece de febrero de dos mil veintitrés, mismo que fue firmado por el aquí quejoso, en esa virtud, debe concluirse que lo procedente en el caso es declarar que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, pues dejó insubsistente el oficio de siete de diciembre de dos mil veinte y realizó las gestiones necesarias para expedir al quejoso la renovación de la licencia de chofer para servicio público tipo "B" para conducir transporte colectivo de pasajeros de mediana capacidad por la temporalidad solicitada. En ese sentido, la autoridad cumplió con las directrices a que constriñó la protección constitucional, sin que incurriera en exceso o defecto en su acatamiento. Finalmente, hágase del conocimiento de la parte quejosa el presente acuerdo para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo.

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