Juan Carlos Gómez López

Expediente 1169/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1169/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
30/09/2019

Partes del expediente

  • Juan Carlos Gómez López

Actuaciones

  1. Principal

    Visto; al tomar en consideración que la parte quejosa no recurrió el proveído de veinticuatro de julio del año en curso (foja 15), dentro del término concedido por los artículos 97 fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, en el que se tuvo por no presentada la demanda en este expediente de amparo, se declara que aquél ha causado estado para los efectos legales procedentes. Atento a lo anterior, efectúense las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el expediente como asunto concluido.

  2. Principal

    SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO: SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO

  4. Principal

    Vista; la demanda de amparo promovida por Juan Carlos Gómez López, contra actos del Pleno de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y otras autoridades, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, con el número de expediente 1169/2019-2-A. DIGITALIZACIÓN De conformidad con los artículos 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial Federación, 89, 90, 91, 92 y 95 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, procédase a la digitalización oportunamente y de manera legible de las constancias que en su caso se presenten de manera impresa y de la impresión de las que se presenten de forma electrónica, de conformidad con el artículo 3, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo; en el entendido que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o a datos personales o que no formen parte del expediente electrónico, quedarán a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado o, en su caso, se ordenará la integración de cuadernos auxiliares con dichos documentos que no se agregarán al expediente impreso respectivo ni a su versión electrónica. ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE LA DEMANDA A efecto de acordar si procede o no su admisión, se analizará si la parte quejosa cumplió las premisas previstas en los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo. PREVENCIÓN Y REQUERIMIENTO A LAS PARTES Ahora, tomando en consideración que del contenido integral de la demanda, se advierte que las manifestaciones del quejoso son imprecisas, es así, pues para empezar la parte quejosa señala como actos reclamados y autoridades responsables, los siguientes: "1. PLENO DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA Se le reclama: A) La DILACIÓN EN SEÑALAR FECHA DE AUDIENCIA DE Ley para resolver mi suspensión provisional y de mis sueldos violando mi derecho a una justicia pronta y expedita y contraviniendo lo establecido en el artículo 17 Constitucional. 2. DIRECTOR DE LA POLICÍA ESTATAL PREVENTIVA, Se le reclama: B. La orden de suspensión provisional y posible orden de baja sin mandamiento escrito debidamente fundado y motivado a partir del 15 de Enero del año 2019 y el pago de los sueldos dejados de percibir a partir de esa fecha. 3. JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA Se le reclama: C. La falta de personalidad jurídica para ordenar la preventiva de pago de mis sueldos del hoy quejoso sin la debida fundamentación y motivación. 4. SECRETARÍA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS, se le reclama: D. La falta de fundamentación y/ motivación para autorizar la preventiva de pago y/o suspensión de sueldos vía electrónica del hoy quejoso. 5. JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO JURÍDICO, EN CARÁCTER DE VOCALÍA TÉCNICA DEL PLENO DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, se le reclama: E. La negativa a ordenar la notificación del procedimiento administrativo adversarial al ahora quejoso, corriendo traslado de cada una de las copias del procedimiento administrativo adversarial. 6. NOTIFICADOR HABILITADO DE LA UNIDAD DE APOYO JURÍDICO DE LA VOCALÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, se le reclama: F. La falta de notificación del procedimiento administrativo adversarial al quejoso, corriendo traslado de cada una de las copias del procedimiento administrativo adversarial. 7. ENCARGADO DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN INTERNA EN SU CARÁCTER DE ÓRGANO PROSECUTOR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA Se le reclama: G. El exceso de tiempo para sustanciar el archivo de investigación número y así no obstaculizar el procedimiento administrativo adversarial." Como se advierte, por un lado reclama del Director de la Policía Estatal Preventiva, la orden de suspensión provisional y posible orden de baja sin mandamiento escrito debidamente fundado y motivado, a partir del quince de enero de dos mil diecinueve, y el sueldo dejado de percibir desde esa fecha; y por otro, al Jefe del Área de Recursos Humanos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, atribuye la falta de personalidad jurídica para ordenar la preventiva de pago de su sueldo, asimismo, de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, reclama la falta de fundamentación y motivación para autorizar la preventiva de pago y suspensión de sueldos vía electrónica; los últimos dos, más que actos reclamados están redactados como conceptos de violación tendentes a desvirtuar la legalidad del primero, es decir, de la orden preventiva de pago que atribuye al Director de la Policía Estatal Preventiva. Asimismo, señaló como acto reclamado el exceso de tiempo para sustanciar el archivo de investigación y así no obstaculizar el procedimiento administrativo adversarial. Cabe apuntar que los actos reclamados en el juicio constitucional deben ser una conducta (activa o pasiva) atribuible a la autoridad responsable, mientras que las calificativas y los argumentos que se expresen para destacar sus aspectos circunstanciales no participan de la naturaleza propia del acto sino que constituyen un concepto de violación. Es ilustrativa la tesis I. 3o. A. J/26, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, página 69, Tomo VII, Enero de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO Y CONCEPTO DE VIOLACION. Si conforme a su definición el acto que se impugna se refiere a una conducta (activa o pasiva), que se atribuye a una autoridad, el correcto señalamiento de él para los efectos del amparo consistirá en describirla. Los calificativos que a esa descripción se adjunten y los argumentos que se expresen para destacar sus aspectos circunstanciales no participan de la naturaleza propia del acto sino que constituyen el examen de la conducta, es decir, los razonamientos que se formulen en relación con ella para alcanzar una conclusión respecto de su juridicidad. Por esa razón en el estudio del acto reclamado, tanto para delimitarlo como para establecer su certeza, debe prescindirse de todos los elementos ajenos a él. Así, por ejemplo, cuando se señala como acto reclamado "las órdenes de comisión o de visita, en virtud de que jamás me fueron mostradas y mucho menos se nos dio copia, dejándonos en estado de indefensión", aparece en claro que los actos reclamados los constituyen "las órdenes de comisión o de visita", nada más. Lo relativo a si fueron mostradas y si se entregó copia de ellas o no, son cuestiones ajenas al dictado de esas órdenes, constituyen aspectos propios de otro acto: la ejecución del mandato. La conducta de las autoridades introduce a la realidad otros elementos que son la formulación de las órdenes y su ejecución. Por ende, la manera en que ésta última se haya desarrollado (la exhibición y entrega de las órdenes) no constituye el acto reclamado sino apreciaciones sobre él y, en el supuesto examinado, se trata de incipientes conceptos de violación. La distinción entre el acto reclamado y el agravio es más patente cuando se advierte que para apreciar la certeza del acto basta examinar el informe rendido, en su caso, y las pruebas existentes en autos cuando se trata de los que están sujetos a prueba o no son notorios; mientras que para determinar la exactitud de los calificativos y conceptos de violación se requiere de un proceso posterior que, subsumiendo la hipótesis legal al asunto concreto, viene a dilucidar la controversia." En otra vertiente, señala como acto reclamado del Pleno de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, la dilación en señalar fecha de audiencia de Ley para resolver la suspensión provisional, y de su sueldo; al Notificador Habilitado de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Vocalía Técnica de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, le reclama la falta de notificación del procedimiento administrativo adversarial seguido en su contra; y, a la Jefa de la Unidad de Apoyo Jurídico, en carácter de vocalía técnica del Pleno de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, le atribuye la negativa de ordenar la notificación del procedimiento administrativo adversarial. Sin embargo, por otra parte manifestó que el órgano prosecutor aún no dicta la resolución del auto de determinación a la vocalía técnica con el fin de que se dé inicio al procedimiento administrativo, y que al iniciar dicho procedimiento, se señalará la fecha y hora de la audiencia de Ley, con el fin de que pueda ofrecer pruebas en contrario, refiriendo que, hasta el momento, no existe procedimiento administrativo adversarial. Por lo que no se advierte con claridad qué reclama en relación con la notificación del inicio del procedimiento, pues por un lado señala actos omisivos y por otro, un acto positivo que implica la orden (verbal o escrita) de no realizar la referida notificación, y en ese caso, debió precisar la fecha de aquella negativa, si fue de manera verbal o escrita, la fecha de su notificación o de su conocimiento, mientras que, por otro lado, manifestó que no existe procedimiento administrativo adversarial. De ahí la necesidad de que precise con claridad cuál es el acto o actos de los que se duele, esto es, la conducta activa o pasiva que le agravia y las autoridades a quienes en particular los atribuye, absteniéndose se formular calificativas del mismo y argumentos que se expresen para destacar sus aspectos circunstanciales. Por otra parte, en su primer concepto de violación, el promovente señala que en los artículos 42 y 52, fracción VI, del Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se encuentran establecidos los plazos para sustanciar, tanto el archivo de investigación (etapa preliminar), como del procedimiento administrativo adversarial, mismos que establecen un plazo de uno a dos años para sustanciar el archivo de investigación y de un año para el procedimiento administrativo, refiriendo que aquellos son excesivos y que la autoridad los usa en su beneficio, afectando el patrimonio económico del quejoso. También, señala que dichos preceptos deben declararse inconstitucionales por excederse de un plazo razonable para sustanciar tanto el archivo de investigación como del procedimiento administrativo adversarial. Sin embargo, no se advierte con claridad si reclama o no la inconstitucionalidad del Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, además, tampoco precisó si dicha norma la reclama como autoaplicativa o heteroaplicativa y, en su caso, tampoco especificó cuál es el primer acto de aplicación, la fecha de emisión, cuando le fue notificado o tuvo conocimiento de aquel, ni la autoridad a quien lo atribuye. Es por lo expuesto que no se advierte con claridad cuál es el acto o actos que reclaman y a qué autoridad o autoridades responsables atribuyen cada uno; ya que la correcta fijación del acto reclamado resulta indispensable para que en el momento procesal oportuno este juzgador pueda pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo. Tiene aplicación la tesis XX. 57 k, del entonces único Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, página 871, Tomo III, Marzo de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." En consecuencia, con fundamento en los numerales 108 fracciones III, IV, V y 114, fracciones II y IV, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del proveído que ahora se dicta, manifieste cuál es el acto o actos que reclama en el presente juicio de amparo y a qué autoridad o autoridades responsables atribuye cada uno; esto es, precise de forma específica: A) Si reclama del Pleno de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, la dilación de señalar fecha de audiencia para resolver la suspensión provisional y la de su sueldo; de ser así precise el número de procedimiento del que emana la dilación reclamada; y en su caso, si los diversos actos que refiere solo los menciona como consecuencia del señalado en primer término. B) Si reclama de la Jefa de la Unidad de Apoyo Jurídico, en su carácter de Vocalía Técnica del Pleno de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana la falta de notificación del inicio del procedimiento administrativo adversarial seguido en su contra, y si los demás actos que refiere en relación con dicha notificación sólo son consecuencia del acto reclamado a esa autoridad. C) O bien, si señala como acto reclamado destacado la negativa de ordenar la notificación del inicio del procedimiento administrativo adversarial seguido en su contra, de ser así, deberá precisar si dicha negativa se emitió de manera verbal o escrita, la fecha de su emisión y notificación, o en su defecto, la fecha de su conocimiento. D) Si realmente reclama la orden de la suspensión provisional del pago de su sueldo, si lo atribuye al Director de la Policía Estatal Preventiva y si los demás actos que menciona son argumentos tendentes a controvertir la legalidad de aquella orden. E) O bien, precise qué acto o actos en concreto reclama del Jefe del Área de Recursos Humanos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, tomando en consideración que la orden de suspensión provisional del pago de su sueldo, la atribuye al Director de la Policía Estatal Preventiva. F) Si es su deseo señalar como acto reclamado destacado, la inconstitucionalidad del Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en particular de los artículos 42 y 52, fracción VI, de ser así, deberá precisar a qué autoridades atribuye su proceso de creación, debiendo apuntar el acto en concreto que atribuya a cada una de la autoridades que señale; asimismo, manifieste si dicha porción normativa la reclama como autoaplicativa o heteroaplicativa; y en el segundo de los supuestos, precise el primer acto concreto de aplicación, la fecha de su emisión y notificación, así como la autoridad a quien lo atribuye. G) Precise qué acto en concreto señala cuando refiere que reclama de las responsables el acceso a la afiliación y a qué autoridad en concreto se lo atribuye. H) Precise que acto en concreto pretende reclamar cuando refiere el exceso de tiempo para sustanciar el archivo de investigación y así no obstaculizar el procedimiento administrativo adversarial. I) En caso de señalar diverso acto relacionado con las manifestaciones realizadas en su demanda, deberá precisar cuál es el acto de que se duele, esto es, la conducta (activa o pasiva), que se atribuye a la autoridad responsable, absteniéndose de formular calificativas del mismo y argumentos que se expresen para destacar sus aspectos circunstanciales. Asimismo, bajo protesta de decir verdad, manifieste: J) El número del procedimiento administrativo del que derivan los actos que reclama. K) La fecha exacta en que dejó de laborar. L) Desde cuándo dejó de percibir su sueldo y cómo tuvo conocimiento de ello. M) Si ha promovido algún juicio o medio de defensa diverso contra los actos reclamados o alguno relacionado con ellos; en su caso, deberá precisar cuál fue éste, ante qué autoridad se promovió, en qué estado se encuentra, el número de expediente y todos los datos que permitan identificar ese juicio o medio de defensa. Asimismo, deberá dar cumplimiento estricto a lo requerido por este juzgado, absteniéndose de formular conceptos de violación distintos de los ya planteados en el escrito de demanda y manifestaciones ajenas a lo requerido en la prevención. En la inteligencia que el desahogo deberá ser coherente con las manifestaciones contenidas en el escrito de demanda que se estudia. Hágase del conocimiento del quejoso y de su autorizado que el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado. Asimismo, el artículo 249, de la citada Ley de Amparo, señala que impondrá una multa de cincuenta a quinientos días, si el juez de distrito o tribunal unitario de circuito no encontraren motivo fundado para la promoción de dos o más juicios de amparo, salvo que se trate de los casos mencionados en el artículo 15 de la mismo ordenamiento legal. De igual forma, el numeral 256 de la ley de la materia, establece que se impondrá multa de cincuenta a quinientos días si se acredita que la segunda suspensión se solicitó indebidamente y con mala fe. Se apercibe al quejoso que de no dar cumplimiento a lo anterior, en la forma y términos antes indicados, se tendrá por NO PRESENTADA LA DEMANDA, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 114 de la ley de la materia, o se acordará lo conducente, dependiendo la irregularidad que subsista. En el entendido que deberán exhibir diez copias del escrito aclaratorio, para correrle traslado a cada una de las partes, toda vez que siete son para las autoridades responsables, una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y dos más para tramitar el incidente de suspensión, ya que de conformidad con el artículo 110, párrafo primero, de la ley de la materia, son necesarias para tramitar la demanda. Cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 36/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 79, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." NOTIFICACIÓN A LAS PARTES, DESIGNACIÓN DE DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Ángel Celestino Ramírez, y en términos restringidos de dicho numeral a la diversa persona que menciona, por así haberlo solicitado expresamente. MEDIOS ELECTRÓNICOS Por otro lado, en relación a su solicitud de tomas de placas fotográficas; hágase de su conocimiento que, considerando que la anterior solicitud prácticamente implica solicitar copias simples de todo lo actuado; en consecuencia, a fin de garantizar la adecuada defensa de la parte quejosa y preservar la eficacia de los derechos fundamentales de defensa efectiva y de oposición a la publicidad de datos personales, así como de los bienes constitucionales que justifican la reserva de información, garantizados en los artículos 6, apartado A, fracción I, y 16, párrafo segundo, de la Constitución Federal, y derivado de una interpretación armónica de aquello derechos y bienes, se autoriza a los promoventes, para que hagan uso de cualquier medio digital, fotográfico o cualquiera que resulte apto para reproducir el contenido de las actuaciones existentes en el presente juicio de amparo, excepto las de carácter confidencial o reservado que no resulten necesarias para el ejercicio de una adecuada defensa y sólo tiene como finalidad brindar a la parte quejosa la oportunidad de defensa. En relación con lo anterior, se apercibe a la parte quejosa, que en caso de incumplimiento del deber de secrecía o del mal uso que pueda dar a la información que reproduzca por la utilización de los medios electrónicos autorizados, se procederá de conformidad con lo establecido en las disposiciones aplicables de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que dicho deber se incorporará a la esfera jurídica, tanto del solicitante, como de la o de las personas que en su nombre tengan acceso a la información contenida en este expediente y sus constancias afectas, a través de los medios electrónicos cuyo uso se autoriza, aun cuando hubieran sido aportadas al medio de control de constitucionalidad sin indicar su naturaleza confidencial o reservada. Esto, de conformidad con los artículos 5 y 12 de la Ley de Amparo, así como 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deba realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa.

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