Juan Carlos Gomez Jaimes

Expediente 1063/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 12 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1063/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
02/06/2022

Partes del expediente

  • Juan Carlos Gomez Jaimes
  • Juez Cuadragésimo Segundo de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Vista la certificación precedente, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días concedido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión contra la sentencia dictada en este asunto, donde se negó la protección constitucional, sin que se haya hecho valer; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que esa resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. Tomando en consideración que las autoridades responsables remitieron diversas constancias en justificación de sus actos; devuélvanse a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO EL ACUSE DE RECIBO. ARCHÍVESE COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Atendiendo a las particularidades del presente juicio,...; se concluye que no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el expediente es susceptible de depuración, en razón de que se negó el amparo y protección de la justicia federal. No obra en autos documento original, en los términos que establece el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, vista la certificación que antecede, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, el secretario encargado de la tramitación del expediente revisó e hizo constar que la versión impresa de ese último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Agréguese la razón de cuenta, a través de la cual la actuaria adscrita a este juzgado, manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar en forma personal a la tercera interesada, la sentencia que resolvió el asunto en que se actúa, NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA la resolución aludida, este acuerdo y los subsecuentes. NOTIFÍQUESE. LA SENTENCIA DICTADA EN AUTOS SEÑALA: "VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 1063/2021, promovido por ... contra actos de la Cuarta Sala y Juez Cuadragésimo Segundo, ambos de lo Familiar de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. El nueve de diciembre de dos mil veintiuno, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de las autoridades citadas por considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión. El veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, previo desahogo, se admitió la demanda, se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se requirieron informes justificados; y, se señaló parte tercera interesada. La representante social de la Federación adscrita no formuló intervención, se tuvieron por rendidos los informes justificados, se emplazó a la parte tercera interesada; y, finalmente, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra actos derivados de un proceso de naturaleza familiar, tramitado ante un Juzgado del orden común con sede en la Ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Se fija el acto reclamado, en los términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, de la siguiente forma: Sentencia de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, dictada en el toca ..., por la Cuarta Sala Familiar de la Ciudad de México, que confirmó el auto de nueve de julio de dos mil veintiuno, dictado en la controversia del orden familiar, alimentos, expediente ..., del índice del Juez Cuadragésimo Segundo Familiar de la Ciudad de México, donde inadmitió la solicitud del quejoso de requerir a su contraria para que rindiera cuentas de la administración de la pensión que se decretó en el proceso natural. TERCERO. Existencia. Las autoridades responsables aceptaron la existencia de los actos reclamados. Certeza corroborada con la copia certificada del proceso natural remitida, de valor probatorio pleno, acorde a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se enlistan las actuaciones que precedieron los actos reclamados. I. El nueve de enero de dos mil diecisiete, ... promovió controversia del orden familiar, alimentos, contra ...; proceso que se admitió el veintiséis de ese mes y año, asimismo se decretó una pensión alimenticia a favor de los hijos de las partes por el cuarenta por ciento de sus percepciones. II. El treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, el quejoso solicitó que la actora rindiera cuentas de la administración de la pensión que se le es entregada a favor de sus menores; con lo cual se ordenó dar vista a su contraria. III. El nueve de julio de dos mil veintiuno, el juez responsable no proveyó de conformidad la petición de la quejosa. IV. Inconforme con lo anterior, el demandado interpuso recurso de apelación, el cual conoció la Sala responsable y el diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, resolvió confirmar el auto impugnado. Esta determinación constituye el acto reclamado. QUINTO. La parte quejosa sostiene que el acto reclamado viola en su perjuicio los derechos humanos de legalidad, fundamentación y motivación contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales, porque: a) Contrario a lo que indica la autoridad, es obligación de quien recibe la pensión alimenticia, en este caso, la madre de los menores, no solo de hacer una buena administración de los gatos realizados en dinero que al quejoso se le descuentan, sino también de rendir cuentas, pues así lo dispone el artículo 2569 del Código Civil de la Ciudad de México. b) Del precepto citado, se advierte que basta con que se pida la rendición de cuentas por parte del accionante de amparo, situación que sucedió, para que su contraria tenga la obligación de rendir cuentas de la administración de bienes, petición que se realizó a fin de que se determine si se han aplicado de forma debida a la manutención de los menores. c) La autoridad debió de ordenar la rendición de cuenta en aras del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, buscando en todo momento que los menores y el destino del dinero que recibe la progenitora mes con mes a titulo de alimentos sea debidamente ministrado, pues no es de su propiedad sino de los infantes. d) La autoridad debió de requerir que se rindieran cuentas de los montos que recibió la tercera interesada, pues es una facultad que le otorga el artículo 411 del Código Civil para la Ciudad de México, para conocer el destino del dinero que se le ha entregado por concepto de alimentos. e) Dejó de observar que los niños tienen derecho a alimentarse y se debe tener garantizada que la alimentación sea suficiente y en condiciones saludables, y la única forma de saber si se está cumpliendo con el derecho para el desarrollo físico e intelectual de los infantes y si están recibiendo una alimentación adecuada a la cantidad de $4,812,981.16 (cuatro millones ochocientos doce mil novecientos ochenta un pesos 16/100 monda nacional), que se han pagado por concepto de alimentos, es con la rendición de cuentas. f) No se analizó lo señalado por el quejoso, en el sentido de que, no obstante, el accionante paga mensualmente la cantidad equivalente al cuarenta por ciento mensual del sueldo y demás prestaciones, y que debe servir para que la tercera interesada continue manteniendo la calidad de vida y nivel educativo de los infantes, sin embargo, cambiaron de residencia y de colegio, lo cual es perjudicial para su nivel de vida y educativo. Los conceptos de violación descritos en los incisos a) al e) son infundados y para demostrarlo serán analizados de forma conjunta como fueron agrupados, por integrar temas afines, como lo permite el artículo 76 de la Ley de Amparo, aunque no corresponda al orden de la demanda de amparo. El Pleno en Materia Civil del Primer Circuito estableció que la obligación alimentaria que tienen los progenitores con relación a sus hijos surge como consecuencia de la patria potestad, la cual debe ser cumplida por parte del padre o la madre que no los tenga bajo su custodia, a través de la entrega de la pensión alimenticia. En estos casos, quien tiene a su cargo la guarda y custodia del menor de edad, no tiene la obligación de rendir cuentas de dicha pensión, pues no existe disposición legal que así lo disponga. Lo anterior se advierte, en la jurisprudencia PC.I.C. J/14 C (11a.) del Pleno aludido, que dice: "PENSIÓN ALIMENTICIA. EL PROGENITOR QUE EJERCE LA GUARDA Y CUSTODIA NO SE ENCUENTRA OBLIGADO A RENDIR CUENTAS DE LA PENSIÓN QUE RECIBA DEL DEUDOR ALIMENTARIO PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DEL MENOR DE EDAD QUE TIENE A SU CARGO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron posturas contrarias, puesto que uno estableció que el progenitor que ejerce la guarda y custodia de un menor de edad está obligado a rendir cuentas de la pensión alimenticia otorgada en favor de dicho menor de edad, mientras que los otros tribunales sustentaron lo contrario. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Civil del Primer Circuito determina que el progenitor que ejerce la guarda y custodia, no se encuentra obligado a rendir cuentas de la pensión alimenticia que reciba por parte del deudor alimentario para satisfacer las necesidades del menor de edad. Justificación: La obligación alimentaria que tienen los progenitores con relación a sus hijos surge como consecuencia de la patria potestad, la cual debe ser cumplida por parte del padre o la madre que no los tenga bajo su custodia, a través de la entrega de la pensión alimenticia. En estos casos, quien tiene a su cargo la guarda y custodia del menor de edad, no tiene la obligación de rendir cuentas de dicha pensión, pues no existe disposición legal que así lo disponga. Además, si bien el contenido último de la obligación alimentaria es económico, pues consiste en un pago en dinero o en la integración a la familia, su finalidad es personal, pues se encuentra en conexión con la defensa de la vida del acreedor y el desarrollo de su personalidad. El objeto de la obligación alimentaria no se reduce sólo a la cantidad de dinero asignada mediante una pensión, pues también se conforma por los medios necesarios para satisfacer los requerimientos del menor de edad, de ahí que la función del progenitor que ejerce la guarda y custodia no se limita a la de un administrador de bienes, ya que debe realizar cualquier acto encaminado a salvaguardar su educación, vestido, habitación, atención médica y demás necesidades básicas, que son de índole personal y no sólo material, lo cual no se consigue únicamente adquiriendo bienes y servicios; estimar lo contrario desvincularía de la obligación alimentaria los recursos económicos, materiales, laborales, domésticos o de cualquier otra índole similar que se destinan para ello, motivos por los cuales la rendición de cuentas de la pensión alimenticia no puede exigirse con base en los artículos 425, 439 y 2569 del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México. Aunado a ello, la decisión de otorgar la guarda y custodia a uno de los progenitores debió considerarse la más benéfica para el menor de edad, atendiendo a las circunstancias del caso, por lo que quien la ejerce, goza de la presunción de que empleará la pensión alimenticia de forma responsable y diligente. Más aún, exigir la rendición de cuentas implicaría demostrar si los bienes y servicios se adquirieron con dinero del progenitor que tiene a su cargo al menor de edad o con el de la pensión, lo que se tornaría complejo o imposible, y no se podrían justificar aquellos gastos en los que no se entreguen recibos, facturas o cualquier otro documento que acredite su transacción, atribuyéndose una carga probatoria que no está legalmente prevista para quien ejerce la guarda y custodia, lo que sería perjudicial exclusivamente en su contra, puesto que podría derivar en una sanción sustantiva o procesal; asimismo, tal exigencia podría atentar contra el interés superior del menor de edad, pues sus actividades se verían acotadas al depender de lo que se pudiera acreditar o no, restringiendo la posibilidad de acceder de forma rápida y eficaz a los satisfactores que requiera, al margen de afectar la autonomía del progenitor que ejerce la custodia respecto a la toma de decisiones para satisfacer las necesidades del menor de edad. Sin que resulte trascendente que el deudor tenga interés en que se rindan cuentas de la pensión, puesto que no es un derecho que se le reconozca en la legislación sustantiva civil, ni la patria potestad es un derecho de los progenitores, sino una función que se les encomienda en beneficio de los hijos para su protección. En la inteligencia de que quien afirme que el progenitor que tiene la guarda y custodia no se encuentra proporcionando debidamente los alimentos, tendrá la carga de acreditarlo y, en caso de que se demuestre, el juzgador, con las facultades de investigación con las que cuenta para recabar pruebas, deberá conocer la situación real del menor de edad, y establecer las medidas necesarias, reforzadas o agravadas, en todos los ámbitos que estén relacionados directa o indirectamente para mejorar las condiciones de su entorno o hacer cesar el estado de necesidad en que se ubique." En el caso, la autoridad responsable determinó procedente confirmar el auto donde se negó la petición del quejoso a requerir a su contrario la rendición de cuentas bajo los argumentos siguientes: - La obligación de rendir cuentas deviene del acto de administrar bienes ajenos cuya naturaleza genera una ganancia o rendimiento, dicho en otras palabras, todos aquellos bienes que el menor reciba con una calidad de lucro, incluso del cual, el progenitor se puede ver beneficiado. - Lo cual cobra relevancia en consideración a que, tal naturaleza no caracteriza el ingreso que el menor percibe con el fin de cubrir sus alimentos, por la sobrada razón de que, la cantidad que recibo por dicho concepto esta destinada, propiamente para el servicio y trato ordinario que recibe el menor, de ser consumidos de momento a momento, en su calidad de acreedor alimentario, dentro de su hogar, cuyo propósito es cubrir los rubros de comida, vestido, habitación y educación, además de la asistencia médica en casos de enfermedad, todo ello de acuerdo al nivel de vida a que está acostumbrado a vivir el acreedor alimentario, atento a que tales rubros van tendientes a satisfacer las necesidades básicas del acreedor alimentario, por tanto, no tratan de generar algún tipo de lucro de conformidad con el Código Civil de la Ciudad de México. En tales condiciones quien tenga la guarda y custodia del menor, no se le obliga a dar cuentas de la administración. - Respecto del cambio de domicilio y de escuela, que aduce implica un detrimento en los menores, tanto en su nivel de vida como académico, cabe señalar que tales cambios tampoco demuestran fehacientemente que la pensión es destinada en su favor de terceros, por el contrario, el apelante manifiesta que los menores están en diversa escuela, guisa que permite colegir que la pensión se fijó considerando el nuevo cambio de circunstancias. - Suponiendo sin conceder que tales cambios hubiesen disminuido el nivel de vida de los infantes, no demuestran que se hubiesen realizado en detrimento de los menores o con el fin de perjudicarlos, por consiguiente, el requerimiento de rendir cuentas no es idóneo para evidenciarlo debido a que su naturaleza es meramente patrimonial sin atender el interés y situación de los menores, lo que deja como idóneo, el requerimiento directo con el fin de que la progenitora manifieste y demuestre fehacientemente las razones que tuvo para cambiarse de domicilio, así como los motivos para cambiar a los niños de escuela, ello en aras del principio de contradicción y el interés superior de los menores. Lo anterior es apegado a la Constitución, en razón de que, contrario a lo que indica la parte quejosa, no resulta jurídicamente viable considerar que quien ejerce la guarda y custodia deba rendir cuentas de la pensión alimenticia que se le entregue para satisfacer las necesidades del menor. Ello, en razón de que la actividad del progenitor que tiene la custodia no se limita a administrar una determinada cantidad de dinero, sino que debe realizar cualquier acto encaminado a satisfacer los fines de los alimentos, como lo es salvaguardar la educación, vestido, habitación, atención médica, y demás necesidades básicas del menor, que son de índole personal y no sólo material, lo cual no se logra administrando únicamente el numerario que integra dicha pensión, pues éste es sólo una parte de los alimentos. Esto es, si el derecho del menor de recibir alimentos tiene como finalidad satisfacer los rubros apuntados atendiendo a su naturaleza personal, es lógico afirmar que ello no se logrará solo a partir de utilizar la cantidad de dinero de la pensión otorgada por el progenitor que no tiene la custodia, puesto que se dejaría de tomar en cuenta tanto los recursos económicos, como los materiales, laborales, domésticos o de cualquier otra índole similar del progenitor que, al ejercer la custodia del menor por tenerlo integrado a su habitación, destina para la satisfacción de los rubros que abarcan los alimentos. Dicho en otras palabras, la persona que tiene bajo su cuidado a un menor de edad, no se limita a ejercer simples actividades de administración de la pensión alimenticia que este goce, pues debe velar, además, porque se satisfagan todas sus necesidades, lo cual no siempre se alcanza con el simple pago de determinados e identificables bienes y servicios de los que pueda dar cuenta de su erogación, como por ejemplo, comprar alimentos, ropa, materiales escolares, medicinas, etcétera. Para cumplir de forma completa con el objeto de los alimentos, además, se requiere que, quien ejerce la guarda y custodia, satisfaga las necesidades básicas del menor a través de diferentes actividades o aspectos que no son objeto de cuantificación ni están contemplados en la pensión alimenticia que debe prestar el deudor, pero que son inherentes a los alimentos, como por ejemplo, salir a conseguir la comida y la ropa, preparar los alimentos, procurar la higiene personal, trasladar al menor a un centro educativo, recreativo o médico, atender las actividades escolares y extraescolares, aplicar medicamentos, invertir el tiempo que ello conlleva, así como otros de naturaleza análoga; de igual modo, el empleo de los servicios domésticos que el menor comparte con el progenitor con el que cohabita y cuyo uso no puede ser identificado exclusivamente en torno al hijo, como lo son el agua, la luz, el gas, la telefonía, la renta, entre otros. Concebir el pago de una pensión alimenticia como la mera entrega de dinero del deudor alimentista a quien ejerce la custodia del menor, desnaturaliza el concepto de los alimentos, pero, además, no sería acorde con dicho concepto al grado de desconocer que su finalidad es personal y consiste en satisfacer las necesidades del infante, y no sólo económicas, pues no se trata únicamente de adquirir bienes y contratar servicios para ello. Además, debe tomarse en consideración que en ocasiones sería difícil, sino imposible, determinar si se adquirieron con dinero del progenitor que ejerce la guarda y custodia o de quien otorga la pensión, atendiendo a las circunstancias en que ocurra o al tipo de bien o servicio de que se trate. Lo mismo acontece con los bienes o servicios que se adquieran en favor del menor respecto de los cuales no se entregan recibos, facturas o cualquier otro documento que acredite su transacción. En ambos casos se atribuiría al progenitor custodio la obligación de demostrar cuáles fueron los bienes y servicios que adquirió en favor del menor, lo que no está expresamente previsto en disposición legal y no tiene sustento jurídico alguno, puesto que no es un mero administrador del dinero que le entrega el deudor alimentario, sino que su deber es de carácter personal en la medida que debe satisfacer todas las necesidades del menor y no sólo llevar la contabilidad de los gastos que ello genere. Así, acreditar dichas erogaciones sería una carga difícil o imposible de cumplir ante lo que implica la complejidad de llevar las cuentas de los pagos hechos por el progenitor que ejerce la custodia con cargo a su patrimonio a la pensión alimentaria, o ante la falta de documentos que los comprueben, lo cual tampoco es un deber legal de quien lo realiza. Orienta lo anterior, la tesis I.5o.C.80 C de los Tribunales Colegiados de Circuito, que dice: "PENSIÓN ALIMENTICIA, QUIEN LA ADMINISTRA NO ESTÁ OBLIGADA A RENDIR CUENTAS. Como concepto de liquidez de una pensión alimenticia el dinero no se encuentra comprendido dentro de la connotación jurídica de "bienes muebles", que previene el artículo 752 del Código Civil para el Distrito Federal, en virtud de que está destinado propiamente para el servicio y trato ordinario que recibe el menor acreedor dentro de su hogar, como lo son: la comida, el vestido, la habitación y el menaje de la misma, además de la asistencia médica en casos de enfermedad, todo ello de acuerdo al nivel de vida a que está acostumbrado a vivir el acreedor alimentario, de conformidad con lo dispuesto por los diversos artículos 308, 309, 311 y 761 del mismo ordenamiento legal invocado. En esas condiciones, la circunstancia de que quien tenga la guarda y custodia de su menor hijo, no le obliga a dar cuentas de la administración del dinero otorgado por el deudor por concepto de pensión alimenticia en favor de dicho menor." También es infundado el concepto de violación descrito en el inciso f), pues, contrario a lo que indica el quejoso, sí se analizó lo señalado en el sentido de que cambiaron de residencia y de colegio lo menores, lo cual es perjudicial para su nivel de vida y educativo; pues sobre ello la Sala responsable refirió: - Respecto del cambio de domicilio y de escuela, que aduce implica un detrimento en los menores, tanto en su nivel de vida como académico, cabe señalar que tales cambios tampoco demuestran fehacientemente que la pensión es destinada en su favor de terceros, por el contrario, el apelante manifiesta que los menores están en diversa escuela, guisa que permite colegir que la pensión se fijó considerando el nuevo cambio de circunstancias. - Suponiendo sin conceder que tales cambios hubiesen disminuido el nivel de vida de los infantes, no demuestran que se hubiesen realizado en detrimento de los menores o con el fin de perjudicarlos, por consiguiente, el requerimiento de rendir cuentas no es idóneo para evidenciarlo debido a que su naturaleza es meramente patrimonial sin atender el interés y situación de los menores, lo que deja como idóneo, el requerimiento directo con el fin de que la progenitora manifieste y demuestre fehacientemente las razones que tuvo para cambiarse de domicilio, así como los motivos para cambiar a los niños de escuela, ello en aras del principio de contradicción y el interés superior de los menores. No es obstáculo para el sentido de esta determinación el hecho de que citara la tesis I.8o.C.46 C (10a.) de los Tribunales Colegiados de Circuito de rubro: "ALIMENTOS DE MENORES. OBLIGACIÓN DE RENDIR CUENTAS DE SU ADMINISTRACIÓN.", pues fue motivo de contradicción y la que se determinó debía de prevalecer es la jurisprudencia citada titulada: "PENSIÓN ALIMENTICIA. EL PROGENITOR QUE EJERCE LA GUARDA Y CUSTODIA NO SE ENCUENTRA OBLIGADO A RENDIR CUENTAS DE LA PENSIÓN QUE RECIBA DEL DEUDOR ALIMENTARIO PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DEL MENOR DE EDAD QUE TIENE A SU CARGO.". Consecuentemente, al ser infundados los conceptos de violación, procede negar el amparo solicitado. Negativa extensiva a los actos de ejecución, por no combatirse por vicios propios, sino en vía de consecuencia, conforme a la jurisprudencia 91 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de registro 917625, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ... contra actos de la Cuarta Sala y Juez Cuadragésimo Segundo, ambos de lo Familiar de la Ciudad de México, por las razones precisadas en el último considerando de esta resolución. NOTIFÍQUESE CONFORME A DERECHO CORRESPONDA. Lo sentencia y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, hasta hoy veintidós de abril de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe."

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA en el juicio de amparo 1063/2021; ..., procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.

  4. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 1063/2021, promovido por ... contra actos de la Cuarta Sala y Juez Cuadragésimo Segundo, ambos de lo Familiar de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. El nueve de diciembre de dos mil veintiuno, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de las autoridades citadas por considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión. El veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, previo desahogo, se admitió la demanda, se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se requirieron informes justificados; y, se señaló parte tercera interesada. La representante social de la Federación adscrita no formuló intervención, se tuvieron por rendidos los informes justificados, se emplazó a la parte tercera interesada; y, finalmente, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra actos derivados de un proceso de naturaleza familiar, tramitado ante un Juzgado del orden común con sede en la Ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Se fija el acto reclamado, en los términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, de la siguiente forma: Sentencia de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, dictada en el toca ..., por la Cuarta Sala Familiar de la Ciudad de México, que confirmó el auto de nueve de julio de dos mil veintiuno, dictado en la controversia del orden familiar, alimentos, expediente ..., del índice del Juez Cuadragésimo Segundo Familiar de la Ciudad de México, donde inadmitió la solicitud del quejoso de requerir a su contraria para que rindiera cuentas de la administración de la pensión que se decretó en el proceso natural. TERCERO. Existencia. Las autoridades responsables aceptaron la existencia de los actos reclamados. Certeza corroborada con la copia certificada del proceso natural remitida, de valor probatorio pleno, acorde a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se enlistan las actuaciones que precedieron los actos reclamados. I. El nueve de enero de dos mil diecisiete, ... promovió controversia del orden familiar, alimentos, contra ...; proceso que se admitió el veintiséis de ese mes y año, asimismo se decretó una pensión alimenticia a favor de los hijos de las partes por el cuarenta por ciento de sus percepciones. II. El treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, el quejoso solicitó que la actora rindiera cuentas de la administración de la pensión que se le es entregada a favor de sus menores; con lo cual se ordenó dar vista a su contraria. III. El nueve de julio de dos mil veintiuno, el juez responsable no proveyó de conformidad la petición de la quejosa. IV. Inconforme con lo anterior, el demandado interpuso recurso de apelación, el cual conoció la Sala responsable y el diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, resolvió confirmar el auto impugnado. Esta determinación constituye el acto reclamado. QUINTO. La parte quejosa sostiene que el acto reclamado viola en su perjuicio los derechos humanos de legalidad, fundamentación y motivación contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales, porque: a) Contrario a lo que indica la autoridad, es obligación de quien recibe la pensión alimenticia, en este caso, la madre de los menores, no solo de hacer una buena administración de los gatos realizados en dinero que al quejoso se le descuentan, sino también de rendir cuentas, pues así lo dispone el artículo 2569 del Código Civil de la Ciudad de México. b) Del precepto citado, se advierte que basta con que se pida la rendición de cuentas por parte del accionante de amparo, situación que sucedió, para que su contraria tenga la obligación de rendir cuentas de la administración de bienes, petición que se realizó a fin de que se determine si se han aplicado de forma debida a la manutención de los menores. c) La autoridad debió de ordenar la rendición de cuenta en aras del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, buscando en todo momento que los menores y el destino del dinero que recibe la progenitora mes con mes a titulo de alimentos sea debidamente ministrado, pues no es de su propiedad sino de los infantes. d) La autoridad debió de requerir que se rindieran cuentas de los montos que recibió la tercera interesada, pues es una facultad que le otorga el artículo 411 del Código Civil para la Ciudad de México, para conocer el destino del dinero que se le ha entregado por concepto de alimentos. e) Dejó de observar que los niños tienen derecho a alimentarse y se debe tener garantizada que la alimentación sea suficiente y en condiciones saludables, y la única forma de saber si se está cumpliendo con el derecho para el desarrollo físico e intelectual de los infantes y si están recibiendo una alimentación adecuada a la cantidad de $4,812,981.16 (cuatro millones ochocientos doce mil novecientos ochenta un pesos 16/100 monda nacional), que se han pagado por concepto de alimentos, es con la rendición de cuentas. f) No se analizó lo señalado por el quejoso, en el sentido de que, no obstante, el accionante paga mensualmente la cantidad equivalente al cuarenta por ciento mensual del sueldo y demás prestaciones, y que debe servir para que la tercera interesada continue manteniendo la calidad de vida y nivel educativo de los infantes, sin embargo, cambiaron de residencia y de colegio, lo cual es perjudicial para su nivel de vida y educativo. Los conceptos de violación descritos en los incisos a) al e) son infundados y para demostrarlo serán analizados de forma conjunta como fueron agrupados, por integrar temas afines, como lo permite el artículo 76 de la Ley de Amparo, aunque no corresponda al orden de la demanda de amparo. El Pleno en Materia Civil del Primer Circuito estableció que la obligación alimentaria que tienen los progenitores con relación a sus hijos surge como consecuencia de la patria potestad, la cual debe ser cumplida por parte del padre o la madre que no los tenga bajo su custodia, a través de la entrega de la pensión alimenticia. En estos casos, quien tiene a su cargo la guarda y custodia del menor de edad, no tiene la obligación de rendir cuentas de dicha pensión, pues no existe disposición legal que así lo disponga. Lo anterior se advierte, en la jurisprudencia PC.I.C. J/14 C (11a.) del Pleno aludido, que dice: "PENSIÓN ALIMENTICIA. EL PROGENITOR QUE EJERCE LA GUARDA Y CUSTODIA NO SE ENCUENTRA OBLIGADO A RENDIR CUENTAS DE LA PENSIÓN QUE RECIBA DEL DEUDOR ALIMENTARIO PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DEL MENOR DE EDAD QUE TIENE A SU CARGO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron posturas contrarias, puesto que uno estableció que el progenitor que ejerce la guarda y custodia de un menor de edad está obligado a rendir cuentas de la pensión alimenticia otorgada en favor de dicho menor de edad, mientras que los otros tribunales sustentaron lo contrario. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Civil del Primer Circuito determina que el progenitor que ejerce la guarda y custodia, no se encuentra obligado a rendir cuentas de la pensión alimenticia que reciba por parte del deudor alimentario para satisfacer las necesidades del menor de edad. Justificación: La obligación alimentaria que tienen los progenitores con relación a sus hijos surge como consecuencia de la patria potestad, la cual debe ser cumplida por parte del padre o la madre que no los tenga bajo su custodia, a través de la entrega de la pensión alimenticia. En estos casos, quien tiene a su cargo la guarda y custodia del menor de edad, no tiene la obligación de rendir cuentas de dicha pensión, pues no existe disposición legal que así lo disponga. Además, si bien el contenido último de la obligación alimentaria es económico, pues consiste en un pago en dinero o en la integración a la familia, su finalidad es personal, pues se encuentra en conexión con la defensa de la vida del acreedor y el desarrollo de su personalidad. El objeto de la obligación alimentaria no se reduce sólo a la cantidad de dinero asignada mediante una pensión, pues también se conforma por los medios necesarios para satisfacer los requerimientos del menor de edad, de ahí que la función del progenitor que ejerce la guarda y custodia no se limita a la de un administrador de bienes, ya que debe realizar cualquier acto encaminado a salvaguardar su educación, vestido, habitación, atención médica y demás necesidades básicas, que son de índole personal y no sólo material, lo cual no se consigue únicamente adquiriendo bienes y servicios; estimar lo contrario desvincularía de la obligación alimentaria los recursos económicos, materiales, laborales, domésticos o de cualquier otra índole similar que se destinan para ello, motivos por los cuales la rendición de cuentas de la pensión alimenticia no puede exigirse con base en los artículos 425, 439 y 2569 del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México. Aunado a ello, la decisión de otorgar la guarda y custodia a uno de los progenitores debió considerarse la más benéfica para el menor de edad, atendiendo a las circunstancias del caso, por lo que quien la ejerce, goza de la presunción de que empleará la pensión alimenticia de forma responsable y diligente. Más aún, exigir la rendición de cuentas implicaría demostrar si los bienes y servicios se adquirieron con dinero del progenitor que tiene a su cargo al menor de edad o con el de la pensión, lo que se tornaría complejo o imposible, y no se podrían justificar aquellos gastos en los que no se entreguen recibos, facturas o cualquier otro documento que acredite su transacción, atribuyéndose una carga probatoria que no está legalmente prevista para quien ejerce la guarda y custodia, lo que sería perjudicial exclusivamente en su contra, puesto que podría derivar en una sanción sustantiva o procesal; asimismo, tal exigencia podría atentar contra el interés superior del menor de edad, pues sus actividades se verían acotadas al depender de lo que se pudiera acreditar o no, restringiendo la posibilidad de acceder de forma rápida y eficaz a los satisfactores que requiera, al margen de afectar la autonomía del progenitor que ejerce la custodia respecto a la toma de decisiones para satisfacer las necesidades del menor de edad. Sin que resulte trascendente que el deudor tenga interés en que se rindan cuentas de la pensión, puesto que no es un derecho que se le reconozca en la legislación sustantiva civil, ni la patria potestad es un derecho de los progenitores, sino una función que se les encomienda en beneficio de los hijos para su protección. En la inteligencia de que quien afirme que el progenitor que tiene la guarda y custodia no se encuentra proporcionando debidamente los alimentos, tendrá la carga de acreditarlo y, en caso de que se demuestre, el juzgador, con las facultades de investigación con las que cuenta para recabar pruebas, deberá conocer la situación real del menor de edad, y establecer las medidas necesarias, reforzadas o agravadas, en todos los ámbitos que estén relacionados directa o indirectamente para mejorar las condiciones de su entorno o hacer cesar el estado de necesidad en que se ubique." En el caso, la autoridad responsable determinó procedente confirmar el auto donde se negó la petición del quejoso a requerir a su contrario la rendición de cuentas bajo los argumentos siguientes: - La obligación de rendir cuentas deviene del acto de administrar bienes ajenos cuya naturaleza genera una ganancia o rendimiento, dicho en otras palabras, todos aquellos bienes que el menor reciba con una calidad de lucro, incluso del cual, el progenitor se puede ver beneficiado. - Lo cual cobra relevancia en consideración a que, tal naturaleza no caracteriza el ingreso que el menor percibe con el fin de cubrir sus alimentos, por la sobrada razón de que, la cantidad que recibo por dicho concepto esta destinada, propiamente para el servicio y trato ordinario que recibe el menor, de ser consumidos de momento a momento, en su calidad de acreedor alimentario, dentro de su hogar, cuyo propósito es cubrir los rubros de comida, vestido, habitación y educación, además de la asistencia médica en casos de enfermedad, todo ello de acuerdo al nivel de vida a que está acostumbrado a vivir el acreedor alimentario, atento a que tales rubros van tendientes a satisfacer las necesidades básicas del acreedor alimentario, por tanto, no tratan de generar algún tipo de lucro de conformidad con el Código Civil de la Ciudad de México. En tales condiciones quien tenga la guarda y custodia del menor, no se le obliga a dar cuentas de la administración. - Respecto del cambio de domicilio y de escuela, que aduce implica un detrimento en los menores, tanto en su nivel de vida como académico, cabe señalar que tales cambios tampoco demuestran fehacientemente que la pensión es destinada en su favor de terceros, por el contrario, el apelante manifiesta que los menores están en diversa escuela, guisa que permite colegir que la pensión se fijó considerando el nuevo cambio de circunstancias. - Suponiendo sin conceder que tales cambios hubiesen disminuido el nivel de vida de los infantes, no demuestran que se hubiesen realizado en detrimento de los menores o con el fin de perjudicarlos, por consiguiente, el requerimiento de rendir cuentas no es idóneo para evidenciarlo debido a que su naturaleza es meramente patrimonial sin atender el interés y situación de los menores, lo que deja como idóneo, el requerimiento directo con el fin de que la progenitora manifieste y demuestre fehacientemente las razones que tuvo para cambiarse de domicilio, así como los motivos para cambiar a los niños de escuela, ello en aras del principio de contradicción y el interés superior de los menores. Lo anterior es apegado a la Constitución, en razón de que, contrario a lo que indica la parte quejosa, no resulta jurídicamente viable considerar que quien ejerce la guarda y custodia deba rendir cuentas de la pensión alimenticia que se le entregue para satisfacer las necesidades del menor. Ello, en razón de que la actividad del progenitor que tiene la custodia no se limita a administrar una determinada cantidad de dinero, sino que debe realizar cualquier acto encaminado a satisfacer los fines de los alimentos, como lo es salvaguardar la educación, vestido, habitación, atención médica, y demás necesidades básicas del menor, que son de índole personal y no sólo material, lo cual no se logra administrando únicamente el numerario que integra dicha pensión, pues éste es sólo una parte de los alimentos. Esto es, si el derecho del menor de recibir alimentos tiene como finalidad satisfacer los rubros apuntados atendiendo a su naturaleza personal, es lógico afirmar que ello no se logrará solo a partir de utilizar la cantidad de dinero de la pensión otorgada por el progenitor que no tiene la custodia, puesto que se dejaría de tomar en cuenta tanto los recursos económicos, como los materiales, laborales, domésticos o de cualquier otra índole similar del progenitor que, al ejercer la custodia del menor por tenerlo integrado a su habitación, destina para la satisfacción de los rubros que abarcan los alimentos. Dicho en otras palabras, la persona que tiene bajo su cuidado a un menor de edad, no se limita a ejercer simples actividades de administración de la pensión alimenticia que este goce, pues debe velar, además, porque se satisfagan todas sus necesidades, lo cual no siempre se alcanza con el simple pago de determinados e identificables bienes y servicios de los que pueda dar cuenta de su erogación, como por ejemplo, comprar alimentos, ropa, materiales escolares, medicinas, etcétera. Para cumplir de forma completa con el objeto de los alimentos, además, se requiere que, quien ejerce la guarda y custodia, satisfaga las necesidades básicas del menor a través de diferentes actividades o aspectos que no son objeto de cuantificación ni están contemplados en la pensión alimenticia que debe prestar el deudor, pero que son inherentes a los alimentos, como por ejemplo, salir a conseguir la comida y la ropa, preparar los alimentos, procurar la higiene personal, trasladar al menor a un centro educativo, recreativo o médico, atender las actividades escolares y extraescolares, aplicar medicamentos, invertir el tiempo que ello conlleva, así como otros de naturaleza análoga; de igual modo, el empleo de los servicios domésticos que el menor comparte con el progenitor con el que cohabita y cuyo uso no puede ser identificado exclusivamente en torno al hijo, como lo son el agua, la luz, el gas, la telefonía, la renta, entre otros. Concebir el pago de una pensión alimenticia como la mera entrega de dinero del deudor alimentista a quien ejerce la custodia del menor, desnaturaliza el concepto de los alimentos, pero, además, no sería acorde con dicho concepto al grado de desconocer que su finalidad es personal y consiste en satisfacer las necesidades del infante, y no sólo económicas, pues no se trata únicamente de adquirir bienes y contratar servicios para ello. Además, debe tomarse en consideración que en ocasiones sería difícil, sino imposible, determinar si se adquirieron con dinero del progenitor que ejerce la guarda y custodia o de quien otorga la pensión, atendiendo a las circunstancias en que ocurra o al tipo de bien o servicio de que se trate. Lo mismo acontece con los bienes o servicios que se adquieran en favor del menor respecto de los cuales no se entregan recibos, facturas o cualquier otro documento que acredite su transacción. En ambos casos se atribuiría al progenitor custodio la obligación de demostrar cuáles fueron los bienes y servicios que adquirió en favor del menor, lo que no está expresamente previsto en disposición legal y no tiene sustento jurídico alguno, puesto que no es un mero administrador del dinero que le entrega el deudor alimentario, sino que su deber es de carácter personal en la medida que debe satisfacer todas las necesidades del menor y no sólo llevar la contabilidad de los gastos que ello genere. Así, acreditar dichas erogaciones sería una carga difícil o imposible de cumplir ante lo que implica la complejidad de llevar las cuentas de los pagos hechos por el progenitor que ejerce la custodia con cargo a su patrimonio a la pensión alimentaria, o ante la falta de documentos que los comprueben, lo cual tampoco es un deber legal de quien lo realiza. Orienta lo anterior, la tesis I.5o.C.80 C de los Tribunales Colegiados de Circuito, que dice: "PENSIÓN ALIMENTICIA, QUIEN LA ADMINISTRA NO ESTÁ OBLIGADA A RENDIR CUENTAS. Como concepto de liquidez de una pensión alimenticia el dinero no se encuentra comprendido dentro de la connotación jurídica de "bienes muebles", que previene el artículo 752 del Código Civil para el Distrito Federal, en virtud de que está destinado propiamente para el servicio y trato ordinario que recibe el menor acreedor dentro de su hogar, como lo son: la comida, el vestido, la habitación y el menaje de la misma, además de la asistencia médica en casos de enfermedad, todo ello de acuerdo al nivel de vida a que está acostumbrado a vivir el acreedor alimentario, de conformidad con lo dispuesto por los diversos artículos 308, 309, 311 y 761 del mismo ordenamiento legal invocado. En esas condiciones, la circunstancia de que quien tenga la guarda y custodia de su menor hijo, no le obliga a dar cuentas de la administración del dinero otorgado por el deudor por concepto de pensión alimenticia en favor de dicho menor." También es infundado el concepto de violación descrito en el inciso f), pues, contrario a lo que indica el quejoso, sí se analizó lo señalado en el sentido de que cambiaron de residencia y de colegio lo menores, lo cual es perjudicial para su nivel de vida y educativo; pues sobre ello la Sala responsable refirió: - Respecto del cambio de domicilio y de escuela, que aduce implica un detrimento en los menores, tanto en su nivel de vida como académico, cabe señalar que tales cambios tampoco demuestran fehacientemente que la pensión es destinada en su favor de terceros, por el contrario, el apelante manifiesta que los menores están en diversa escuela, guisa que permite colegir que la pensión se fijó considerando el nuevo cambio de circunstancias. - Suponiendo sin conceder que tales cambios hubiesen disminuido el nivel de vida de los infantes, no demuestran que se hubiesen realizado en detrimento de los menores o con el fin de perjudicarlos, por consiguiente, el requerimiento de rendir cuentas no es idóneo para evidenciarlo debido a que su naturaleza es meramente patrimonial sin atender el interés y situación de los menores, lo que deja como idóneo, el requerimiento directo con el fin de que la progenitora manifieste y demuestre fehacientemente las razones que tuvo para cambiarse de domicilio, así como los motivos para cambiar a los niños de escuela, ello en aras del principio de contradicción y el interés superior de los menores. No es obstáculo para el sentido de esta determinación el hecho de que citara la tesis I.8o.C.46 C (10a.) de los Tribunales Colegiados de Circuito de rubro: "ALIMENTOS DE MENORES. OBLIGACIÓN DE RENDIR CUENTAS DE SU ADMINISTRACIÓN.", pues fue motivo de contradicción y la que se determinó debía de prevalecer es la jurisprudencia citada titulada: "PENSIÓN ALIMENTICIA. EL PROGENITOR QUE EJERCE LA GUARDA Y CUSTODIA NO SE ENCUENTRA OBLIGADO A RENDIR CUENTAS DE LA PENSIÓN QUE RECIBA DEL DEUDOR ALIMENTARIO PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DEL MENOR DE EDAD QUE TIENE A SU CARGO.". Consecuentemente, al ser infundados los conceptos de violación, procede negar el amparo solicitado. Negativa extensiva a los actos de ejecución, por no combatirse por vicios propios, sino en vía de consecuencia, conforme a la jurisprudencia 91 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de registro 917625, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ... contra actos de la Cuarta Sala y Juez Cuadragésimo Segundo, ambos de lo Familiar de la Ciudad de México, por las razones precisadas en el último considerando de esta resolución. NOTIFÍQUESE CONFORME A DERECHO CORRESPONDA. Lo sentencia y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, hasta hoy veintidós de abril de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.

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