Juan Carlos Gómez Flores
Expediente 187/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 7 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 187/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 12/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Juan Carlos Gómez Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y archívese...I
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diecinueve de mayo de dos mil diecisiete Vistos los autos para resolver el juicio de amparo número 187/2017-I; y, R E S U L T A N D O: I. Demanda. Por escrito presentado el treinta y uno de agosto de dos mi dieciséis, en la Oficialía de Partes de la Sala Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Juan Carlos Gómez Flores, promovió demanda de amparo directo, contra el acto y la autoridad que serán precisados en el considerando segundo de la presente resolución. El promovente del presente juicio de narró los antecedentes del acto reclamado, invocó como derechos fundamentales violados, los contenidos en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. II. Substanciación del juicio de amparo directo (incompetencia). Por razón de turno, correspondió el conocimiento de la demanda de amparo al Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, superioridad que admitió a trámite la demanda aludida, ordenó formar el expediente respectivo y registrarlo en el Libro de Gobierno bajo el número 994/2016 de su índice y mediante ejecutoria dictada en sesión de catorce de diciembre de dos mil dieciséis, se declaró incompetente para conocer de la demanda, por lo que remitió tanto el escrito inicial como los autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Aguascalientes para los efectos legales conducentes. III. Substanciación del juicio de amparo indirecto. Por razón de turno, el conocimiento de la demanda correspondió a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Aguascalientes, quien por auto de trece de febrero del año en curso, ordenó formar expediente y regístralo en el Libro de Gobierno con el número 187/2017-I, aceptó la competencia y requirió al quejoso para que señalara bajo protesta de decir verdad los antecedentes del acto reclamado. Una vez cumplido lo anterior, en diverso proveído de veintitrés de febrero del año que transcurre, admitió a trámite la demanda de amparo, solicitó a la autoridad responsable el informe justificado, emplazó a los terceros interesados, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional; la que se celebró en los términos señalados en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Aguascalientes, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, acorde a lo establecido en los artículos 103 fracción I, y 107 fracciones II y XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 35, 37, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 48 y 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que el acto que se reclama se atribuye a una autoridad jurisdiccional residente en el ámbito territorial que comprende la competencia de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previamente al estudio de la certeza o existencia del acto reclamado, a fin de cumplir con la congruencia que debe distinguir toda decisión judicial y en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, conviene indicar con precisión el acto aquí reclamado, atendiendo para ello a la lectura íntegra de la demanda de amparo así como al pensamiento e intencionalidad de su suscriptor. Resulta aplicable la jurisprudencia P. VI/2004, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIX, del mes de abril de dos mil cuatro, sustentada por el Pleno de nuestro máximo tribunal constitucional visible en la página doscientos cincuenta y cinco, de rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Igualmente, se invoca la jurisprudencia P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, foja 32, que es del tenor: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Del análisis integral a la demanda de amparo, se desprende que la quejosa reclama: De la Magistrada Instructora de la Sala Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El auto de ocho de agosto de dos mil dieciséis, dictado en el juicio contencioso administrativo 3150/16-08-01-5, por medio del cual desechó por notoriamente improcedente el recurso de reclamación interpuesto por Juan Carlos Gómez Flores en contra del diverso proveído de cinco de julio de dos mil dieciséis, en que el Pleno de la Sala Regional se declaró incompetente en razón de la materia para conocer de la demanda promovida contra actos de la Comisión Federal de Electricidad División Bajío, Zona Aguascalientes. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. La Sala Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Administrativa al rendir su informe justificado por conducto de la Magistrada Presidente, reconoció la existencia de la determinación reclamada. Para apoyar la constitucionalidad de su proceder, remitió el expediente relativo al juicio de nulidad 3150/16-8-01-5, con las que se formó el tomo II de este expediente, que por ser documentos públicos tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2º, al tratarse de constancias emitidas por autoridades en ejercicio de sus funciones. Al efecto resulta aplicable la Jurisprudencia 278, publicada en el Apéndice dos mil, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo VI, Común, Quinta Época, página doscientos treinta y uno, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Asimismo, cobra aplicación la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." No pasa inadvertido para quien esto resuelve que en la demanda de amparo se atribuyó el acto reclamado a la Sala Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; no obstante, del análisis de las constancias del juicio contencioso administrativo se advierte que la resolución reclamada fue dictada por la Magistrada Instructora -suplida por el Secretario de la Segunda Ponencia- de esa Sala Regional. El error apuntado no da motivo para sobreseer el juicio de amparo con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, como se verá a continuación. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que si en la demanda de amparo se señaló como autoridad responsable a una Sala del ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero de las constancias de autos aparece que el acto reclamado fue emitido por un Magistrado Instructor y éste no fue señalado como autoridad responsable, ni, por ende, fue oído en el juicio, no es jurídicamente posible examinar la constitucionalidad de tal acto y, entonces, procede sobreseer el juicio de amparo. El criterio referido quedó plasmado en la tesis 2a. XV/92, publicada en la página 10, del Tomo X, correspondiente al mes de diciembre de mil novecientos noventa y dos, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación y también con el número de registro 206417, cuyo texto se cita a continuación: "TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA UNA DE SUS SALAS CUANDO EL ACTO RECLAMADO FUE EMITIDO POR UN MAGISTRADO INSTRUCTOR. Si en la demanda de garantías se señaló como autoridad responsable a una Sala del Tribunal Fiscal de la Federación, pero de las constancias de autos aparece que el acuerdo que constituye el acto reclamado fue emitido por un magistrado instructor y éste no fue señalado como autoridad responsable, ni, por ende, fue oído en el juicio, no es jurídicamente posible examinar la constitucionalidad de tal acto y, entonces, procede sobreseer en el juicio de garantías." Ahora bien, la imposibilidad de abordar el análisis, deriva de que la Magistrada Instructora y la Sala son autoridades distintas y sus actos son atribuibles a quien realmente los emite, por lo que si la autoridad que pronunció la resolución señalada como acto reclamado no fue llamada al juicio de amparo, no se le ha otorgado la oportunidad de defender su constitucionalidad. En el caso concreto, el informe justificado que obra en autos fue rendido por la Magistrada de la Sala Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quien fungió como instructora del juicio contencioso administrativo del que emana el acto reclamado. Por tanto, la incorrecta designación de la autoridad responsable, se ha salvado a través del informe justificado, porque éste fue rendido por quien emitió la resolución reclamada y, en consecuencia, se surten las hipótesis previstas en las siguientes jurisprudencias: "JUNTA LABORAL Y PRESIDENTE DE LA MISMA. ERROR DEL QUEJOSO AL SEÑALAR COMO RESPONSABLE A AQUÉLLA EN EL AMPARO PROMOVIDO EN CONTRA DE ÉSTE. Si bien es cierto que es esencial el correcto señalamiento de la autoridad responsable en la demanda de amparo y que ello es una carga del agraviado, ya que respecto de dichos actos es que versará el juicio y serán motivo de análisis por parte del juzgador; y si bien es cierto, asimismo, que las Juntas laborales y sus presidentes son autoridades distintas, debe considerarse que si en la demanda de amparo el quejoso señala con desacierto como acto reclamado una resolución que atribuye a una Junta como órgano colegiado, cuando ésta fue dictada por el presidente en uso de las atribuciones que le son propias, como la de ordenar la ejecución de un laudo, en estos casos, el error en el señalamiento de la autoridad responsable no da motivo para sobreseer en el juicio con apoyo en lo dispuesto por el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, dado que el imperativo constitucional de dar noticia de la iniciación del juicio de garantías se cumple al solicitarse y rendirse el informe justificado, ya que éste invariablemente deberá ser emitido por el presidente de dicho órgano colegiado, por ser una atribución que le confiere la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 617, fracción VII, 618, fracción VI, y, 623, por tanto, ya sea que el informe lo rinda en nombre propio o como representante de la Junta, al hacerlo se está haciendo sabedor del inicio del juicio de amparo y con ello está en posibilidad de defender la constitucionalidad del acto reclamado." "AUTORIDADES RESPONSABLES. ERROR AL SEÑALAR AL ÓRGANO COLEGIADO EN LUGAR DEL PRESIDENTE QUE EMITIÓ EL ACTO. Si bien es cierto que las Salas de un tribunal y sus presidentes, son autoridades distintas para efectos del juicio de amparo, también lo es que el incorrecto señalamiento de una Sala, como autoridad responsable, derivado de que el acto reclamado no fue emitido por el órgano colegiado sino por su presidente, no conduce, por sí mismo, a sobreseer en el juicio, cuando es rendido el informe justificado del órgano del que forme parte en su doble carácter de integrante y presidente; lo anterior, en atención a que, si de acuerdo con las funciones que tiene encomendadas y debiendo ser nombrado de entre los integrantes del órgano colegiado, por así disponerse legalmente, es inconcuso que el informe justificado deberá ser emitido por el presidente de dicho órgano colegiado, ya sea en lo individual, por corresponderle esa función como representante de la Sala o bien, en forma conjunta, por lo que, al hacerse sabedor del inicio del juicio de amparo es evidente que está en posibilidad de defender la constitucionalidad del acto reclamado. En estas condiciones, el error que se cometa, no puede por sí mismo llevar a la conclusión de que no puede juzgarse el acto de la autoridad no señalada sino únicamente cuando no exista constancia de que se hizo sabedora del inicio del procedimiento al rendir el informe justificado, ello con independencia de que el Juez de Distrito deberá requerir a la parte quejosa, en términos del artículo 146 de la Ley de Amparo, si advierte de la demanda de amparo y constancias relativas, la participación de una autoridad no señalada como responsable, según se ha determinado en la jurisprudencia de la Segunda Sala de esta Suprema Corte, de rubro "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.". El denominador común de las dos jurisprudencias citadas, es que a pesar de la errónea denominación de la autoridad responsable, no es factible decretar el sobreseimiento si ésta tuvo conocimiento de la existencia del juicio y oportunidad de ser escuchada en la instancia constitucional. En este contexto, es claro que la Magistrada que instruyó el procedimiento de origen tuvo pleno conocimiento de la existencia de este juicio, pues como se ha visto, es ella quien rindió el informe con justificación que obra en el sumario. No está de más señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que la demanda de amparo debe ser interpretada en una forma integral, de manera que se logre una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente formal, pues la armonización de todos los elementos de la demanda, es lo que permite una correcta resolución de los asuntos. Esta postura es acorde con la obligación que le impone a este Tribunal el reformado artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Además, de este modo se hace efectivo el postulado contenido en el artículo 25.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que dispone que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o esa Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. A fin de contar con un panorama que permita una mejor comprensión del asunto que se resuelve, es oportuno hacer una breve reseña de los antecedentes del acto reclamado, que se obtienen de las documentales que fueron remitidas por la autoridad responsable, siendo éstos los siguientes: 1. Mediante escrito presentado el cuatro de julio de dos mil dieciséis, Juan Carlos Gómez Flores demandó ante la Sala Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la nulidad del ajuste a la facturación emitida en su contra por la Comisión Federal de Electricidad, División Bajío, Zona Aguascalientes, contenida en la resolución 4980/2016. 2. El cinco de julio de dos mil dieciséis, la aludida Sala declaró carecer de competencia para conocer del asunto por razón de la materia, aduciendo que el acto impugnado no es un acto de autoridad definitivo impugnable ante ese Tribunal sino que se trata de un acto de naturaleza comercial el cual debía decidirse en la vía ordinaria mercantil. 3. En contra de tal resolución el actor promovió recurso de reclamación, el que el ocho de agosto del mismo año fue desechado por notoriamente improcedente por el Secretario suplente de la Magistrada Instructora de la Sala Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; resolución que es del tenor siguiente: -Resolución que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo-. QUINTO. Estudio del concepto de violación. El promovente de la demanda de amparo en su único concepto de violación argumenta esencialmente que el acto reclamado trasgrede en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos por los artículos 1°, 14, 16 y 17 constitucionales, por lo siguiente: * Que la responsable no atendió de manera exhaustiva los conceptos de impugnación. * Que ilegalmente señaló que el recurso de reclamación no es procedente aduciendo que el auto impugnado no encuadra en ninguno de los supuestos del artículo 59 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. * Que contrariamente a lo aducido por la responsable, la declaración de incompetencia tiene como consecuencia la no admisión o el desechamiento de la demanda de nulidad que promovió y por tanto sí resulta aplicable el referido artículo 59. Tal concepto de violación es fundado pero insuficiente. En la resolución reclamada, la autoridad responsable desechó el recurso de reclamación interpuesto por el quejoso aduciendo: Que el artículo 59 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo establece que el recurso de reclamación procederá en contra de las resoluciones del Magistrado Instructor que admitan, desechen o tengan por no presentada la demanda, la contestación, la ampliación de ambas o alguna prueba; las que decreten o nieguen el sobreseimiento del juicio antes del cierre de instrucción; aquéllas que admitan o rechacen la intervención del tercero. Que el acuerdo que se recurrió por medio del recurso de reclamación consiste en el que la Sala declaró carecer de competencia por razón de materia para conocer del asunto. Que en el acuerdo recurrido no se desechó ni se tuvo por no presentada la demanda, sino que determinó la incompetencia de la Sala. Que por tanto, no es un auto impugnable a través de dicho medio de defensa. Efectivamente, el aludido artículo 59 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que el recurso de reclamación procederá en contra de, entre otros supuestos, las resoluciones que admitan, desechen o tengan por no presentada la demanda, la contestación o la ampliación de ambas, sin que expresamente comprenda a los autos o resoluciones en que dicho órgano se declara incompetente para conocer de un juicio y deja a salvo los derechos del actor para que los haga valer en la vía y forma que estime convenientes, no obstante, este tipo de determinaciones tiene el efecto de no admitir una demanda. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis X.2o.5 A emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, publicado en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, abril de 2009, materia administrativa, página 1956, localizable también con el número de registro 167397, que establece: "RECURSO DE RECLAMACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 94 DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO DE TABASCO. PROCEDE CONTRA LOS AUTOS O RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO LOCAL EN QUE SE DECLARA INCOMPETENTE PARA CONOCER DE UN JUICIO. Del artículo 94 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Tabasco se advierte que el recurso de reclamación ante el Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo local procede, entre otras hipótesis, contra las resoluciones que admitan, desechen o tengan por no presentada la demanda, la contestación o la ampliación de ambas, sin que expresamente comprenda a los autos o resoluciones en que dicho órgano se declara incompetente para conocer de un juicio y deja a salvo los derechos del actor para que los haga valer en la vía y forma que estime convenientes; sin embargo, como este tipo de determinaciones tiene el efecto de no admitir una demanda, se concluye que dicho recurso sí procede contra éstas porque al existir la misma razón, debe existir igual disposición." No pasa inadvertido para quien esto resuelve que la aludida tesis hace referencia al artículo 94 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Tabasco; sin embargo, el contenido del referido dispositivo resulta idéntico al aplicable al caso, en cuanto a que establece la procedencia del recurso en contra de las resoluciones que admitan, desechen o tengan por no presentada la demanda, la contestación o la ampliación de ambas, sin establecer textualmente su procedencia en contra de autos o resoluciones en que se declare la incompetencia del tribunal. En ese sentido, el acto impugnado por el quejoso mediante el recurso de reclamación consistió en el que la aludida Sala Regional declaró carecer de competencia en razón de la materia, para conocer de la demanda de nulidad promovida en contra de actos de la Comisión Federal de Electricidad División Bajío, Zona Aguascalientes, es de aquellos que tienen como consecuencia la no admisión de la demanda. No obstante lo anterior, resulta insuficiente para conceder el amparo solicitado como se verá a continuación: El artículo 59 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo señala: "Artículo 59. El recurso de reclamación procederá en contra de las resoluciones del Magistrado Instructor que admitan, desechen o tengan por no presentada la demanda, la contestación, la ampliación de ambas o alguna prueba; las que decreten o nieguen el sobreseimiento del juicio antes del cierre de instrucción; aquéllas que admitan o rechacen la intervención del tercero. La reclamación se interpondrá ante la Sala o Sección respectiva, dentro de los diez días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación de que se trate". De su redacción se advierte con claridad que el legislador impuso para la procedencia de ese medio de impugnación dos requisitos a saber: 1. Que se trate de una resolución dictada por el Magistrado Instructor. 2. Que la resolución impugnada sea aquella que admita deseche o tenga por no presentada la demanda, entre otras hipótesis. Ahora, de las constancias del juicio contencioso administrativo 3150/16-08-01-5, se advierte que la resolución impugnada a través del recurso de reclamación, de cinco de julio de la pasada anualidad, no fue emitida por el Magistrado Instructor, sino por el Pleno de la Sala Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, esto es, por los tres Magistrados que integran dicho órgano jurisdiccional, que son precisamente los que, eventualmente, resolverían el medio de impugnación que nos ocupa. En esa tesitura, al tratarse de una resolución que fue emitida por el pleno de la Sala Regional y no por el Magistrado Instructor, resulta inconcuso que el primero de los requisitos de procedencia del recurso de reclamación establecidos en el artículo 59 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, no se satisfizo en el caso que no ocupa, razón fundamental por la que este juzgador de amparo estima que a nada práctico conduciría conceder el amparo para el efecto de que se dictara una nueva resolución en atención a que la que se emitiera en cumplimiento conduciría de igual manera al desechamiento del cual se duele el quejoso, con independencia de que la declaración de incompetencia de la autoridad responsable se deba interpretar o equiparar a la no admisión de la demanda, pues lo cierto es que aun considerando que el auto de cinco de julio de dos mil dieciséis, tiene el efecto de no admitir una demanda a que se refiere el precepto legal en cita, el solo hecho de haber sido dictado por el pleno del órgano colegiado hace improcedente el medio ordinario de impugnación, dado que para su procedencia deben actualizarse todos los supuestos de procedencia y no solo alguno de ellos. Ello, porque el objeto del recurso de reclamación, es la revisión por parte de la totalidad de los integrantes de la Sala Regional, de los fundamentos, consideraciones y motivación que sustenten la resolución emitida por uno de sus miembros en calidad de Magistrado Instructor, que por su trascendencia procesal así lo amerite, a fin de que de manera colegiada, ya sea por mayoría o unanimidad, se pronuncien en definitiva sobre la legalidad de esa actuación dictada en el juicio contencioso administrativo. De ahí, que si la determinación que se pretende controvertir a través del recurso de reclamación, en este caso, no fue emitida por uno solo de los integrantes de ese tribunal, sino precisamente por el Pleno del órgano jurisdiccional, se concluye que esa resolución plenaria ya fue dictada en definitiva y por ende no encuadra en los supuestos de procedencia del recurso de reclamación que dispone el artículo 59 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, pues dicho recurso no tiene como objeto una reconsideración de lo ya fallado por la Sala Regional. No obstante lo anterior, este juzgador federal estima que el acto reclamado no lo deja en estado de indefensión, ni viola lo establecido en el artículo 17 de la Constitución, que prevé el derecho de acceso a la justicia, toda vez que debe tenerse presente que el acceso a la justicia, es el derecho fundamental que toda persona tiene de plantear una pretensión o defenderse de ella ante los tribunales previamente establecidos, cuyo ejercicio se tutela en el segundo párrafo del artículo constitucional en cita, que es del siguiente tenor: "Artículo 17. [.] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales". En relación con el alcance del derecho de acceso a la justicia, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la tesis 1a. LXX/2005 de rubro "JUSTICIA PRONTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. OBLIGACIÓN DEL LEGISLADOR PARA GARANTIZARLA", así como la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, cuyo rubro dice "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES", sostuvo lo siguiente: Que para garantizar una pronta impartición de justicia, es menester que en las leyes se establezcan plazos generales, razonables y objetivos, a los cuales tienen que sujetarse tanto la autoridad como las partes en los procesos jurisdiccionales, entendiéndose por: a) generales, que sean comunes a las partes y a los mismos procedimientos; b) razonables, que sean plazos prudentes para el adecuado actuar de la autoridad y el ejercicio del derecho de defensa de las partes, y c) objetivos, que se delimiten en la ley a efecto de impedir que quede al arbitrio de las partes o de la autoridad extender o reducir los tiempos para el ejercicio de sus derechos y obligaciones procesales. Que la reserva de ley que prevé el artículo 17 constitucional, responde a la exigencia de ejercer los derechos de acción y defensa en un plazo determinado, de manera que, de no ser respetado podría entenderse caducada, prescrita o precluida la facultad de excitar la actuación de los tribunales, en aras de tutelar la garantía de seguridad jurídica. Y la prevención relativa a que los órganos jurisdiccionales estarán expeditos para impartir justicia, implica que el poder público, en cualquiera de sus manifestaciones -Ejecutivo, Legislativo y Judicial-. Que no se debe supeditar el acceso a la justicia a requisitos innecesarios, excesivos o carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. De lo que se colige, que el derecho fundamental de acceso a la justicia conlleva para los órganos jurisdiccionales el deber de garantizar la efectividad de los recursos o medios de defensa previstos en la Constitución y en la ley, sin que ello implique que se puedan dejar de observar las formalidades de los procedimientos jurisdiccionales sin ninguna causa razonable; de manera que, si el recurso interpuesto resultaba improcedente, no podía pasar por alto tal circunstancia el Magistrado Instructor, sin que con ello se transgreda derecho fundamental de acceso a la justicia, pues a criterio de quien resuelve el desechamiento del medio ordinario de defensa se encuentra justificado, dado que la resolución que pretendía la aquí quejosa combatir fue emitida por el pleno de la Sala Regional y no solo por uno de sus integrantes en calidad de Magistrado Instructor. Aunado, a que en contra de la resolución de cinco de julio de dos mil dieciséis, en la que se declaró incompetente la Sala Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para conocer de la demanda presentada por el aquí quejoso, estuvo en aptitud de promover juicio de amparo, que constituye el recurso efectivo para controvertir las resoluciones que son dictadas por tribunales administrativos, por lo que si Juan Carlos Gómez Flores decidió interponer en contra de la citada resolución de incompetencia un recurso que no era el procedente -reclamación-, pese a que el juicio de amparo directo era el medio efectivo de defensa a que se refiere la Constitución Federal y la Convención Americana de Derechos Humanos, no puede ahora válidamente alegar que se le dejó en estado de indefensión, cuando por una decisión propia interpuso la reclamación y no demandó el amparo y protección de la justicia federal. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 76 y 78 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Juan Carlos Gómez Flores contra el acto reclamado y la autoridad precisados en el considerativo segundo, por los motivos y fundamentos indicados en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Jaime Páez Díaz, Juez primero de Distrito en el Estado de Aguascalientes, ante José Alberto Pérez Chávez, secretario que autoriza y da fe, hoy diecinueve de mayo de dos mil diecisiete en que se terminó de engrosar. 30210
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NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO (SENTENCIA)
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informe justificado, se difiere aud. const. para las 10:00 horas del 06/abril/2017...I
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