Juan Carlos Godínez Morales
Expediente 877/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 19 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 877/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 19/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Juan Carlos Godínez Morales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, DIECINUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese el oficio 1118/2021, suscrito por el Actuario del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, por el que acusa recibo del diverso 3772, con el que se remitieron los autos del juicio de amparo 877/2020-II, para la substanciación del recurso de revisión hecho valer por el quejoso JUAN CARLOS GODÍNEZ MORALES, contra la sentencia definitiva de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, asimismo informa que se admitió dicho medio de impugnación; lo anterior, para los efectos legales procedentes. Por otro lado, en atención a la solicitud que realiza el Tribunal de Alzada, en el sentido de que se ponga disponible el expediente relativo al juicio de amparo subyacente, se instruye al analista jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) para que realice lo solicitado, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese el escrito signado por el quejoso JUAN CARLOS GODINEZ MORALES, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno; consecuentemente, con fundamento en los artículos 81, 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, y para los efectos de la ulterior tramitación del mencionado recurso, distribúyanse las copias del escrito de expresión de agravios como corresponda y remítanse los originales del escrito de agravios, así como de este asunto al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, dentro del término de tres días que establece el último de los numerales en cita. En la inteligencia que el término de tres días a que se hizo referencia en el párrafo que antecede, comenzará a transcurrir a partir del día siguiente al en que se encuentre debidamente integrado el presente expediente, esto es, en cuanto obren en él las constancias de notificación a las partes de la sentencia recurrida y del presente proveído. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. La autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia, con sede en esta ciudad, al rendir su respectivo informe justificado, negó la existencia del acto reclamado, pues al respecto manifestó que si bien, la agencia fiscal a su cargo, cuenta con la carpeta de investigación 1003202037839, lo cierto es que no se ha girado orden de aprehensión en contra del aquí disidente, en virtud que el aludido expediente se encuentra en la etapa de investigación y que tampoco ha comparecido ante las instalaciones de la fiscalía. Asimismo, señaló que el diecinueve de noviembre de dos mil veinte, la carpeta de investigación de donde derivan los actos reclamados, fue canalizada al área de inmediación de la institución, toda vez que el delito que se persigue es mediable, el diez de diciembre del mismo año, se canalizó de nueva cuenta a la fiscalía, en virtud de la no aceptación del procedimiento de mediación, de ahí la inexistencia del acto reclamado. Atento a lo anterior y en virtud de que la parte quejosa no ofreció en autos prueba alguna para demostrar lo contrario, se impone SOBRESEER en el juicio, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo, y la Jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E : ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por ..., respecto del acto y autoridad precisados en el considerando segundo de esta resolución, por los motivos expuestos en el tercero. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, CUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese el escrito signado por el quejoso JUAN CARLOS GODINEZ MORALES, atento a su contenido, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se le tiene ofreciendo como pruebas de su parte la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana, las cuales se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. Por otra parte, dígasele que no ha lugar admitir la prueba testimonial que ofrece en su ocurso de cuenta identificada en el numeral 4, ello en virtud que el ofrecimiento de ésta no se realizó con la anticipación que establece el artículo 119 de la Ley de Amparo, ya que este numeral dispone que cuando las partes tengan que rendir prueba testimonial, pericial o inspección ocular para acreditar algún hecho, deberán anunciarla cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento, ni el señalado para la propia audiencia, y es el caso que de la certificación de cuenta, se desprende que la fecha de presentación del escrito de ofrecimiento de pruebas y la primera data señalada para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio, no media el término que dispone el artículo en comento, consecuentemente tal ofrecimiento es defectuoso e improcedente, por ser extemporáneo. Sirve de apoyo al anterior criterio la tesis de jurisprudencia número P./J. 423, visible en la página 283, tomo VI, febrero de 1995, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro: "PRUEBAS TESTIMONIAL Y PERICIAL EN EL AMPARO. Los cinco días a que se refiere el artículo 151, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, deben ser hábiles, naturales y completos, sin incluir en ellos el día del ofrecimiento de la prueba, ni el en que debe celebrarse la audiencia constitucional." Sin que sea obstáculo para lo anterior el hecho de que la audiencia constitucional señalada en autos, haya sido diferida en una ocasión, pues ello no implica que resurja su derecho para ofrecer la probanza de mérito, además que los hechos que pretende acreditar con el citado medio de convicción, ya eran de su conocimiento inclusive con anterioridad a que las autoridades responsables rindieran su informe justificado, ello es así, pues el acto reclamado por la parte quejosa se hace consistir en: "Tengo conocimiento que se me quiere privar de la Libertad por la AUTORIDAD RESPONSABLE con la posibilidad de dejar incomunicada, darme azotes, malos tratos y pongan en riesgo mi integridad física ya que he acudido en múltiples ocasiones a que se me informe si tengo alguna acción penal en mi contra y éstas me lo niegan sin embargo por indagaciones que hecho a través de mi Abogado tengo conocimiento que se me está integrando la CARPETA DE INVESTIGACIÓN NÚEMRO 1003202037839 conocidos, vecinos de mi domicilio insisten que me están buscando policías Ministeriales, violando la seguridad y legalidad dichas autoridades en su artículos 14 y 16 de la Constitución General de la Republica.". Por lo que tuvo oportunidad de ofrecerla dentro del término de la fecha señalada en primer término para la celebración de la audiencia constitucional, en términos de lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, (catorce horas del veintisiete de enero de dos mil veintiuno), ello en razón a que, debe respetarse el término que dispone el citado precepto legal, tomando como indicador la segunda fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, que lo fue las quince horas del diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, lo cual aún no acontece. De lo anteriormente expuesto se sigue que el oferente de la prueba estuvo en condiciones de ofrecer la misma con anterioridad y dentro de los términos establecidos por la Ley, sin que se adviertan hechos supervinientes que pudieran haberse desprendido de las constancias que integran el presente juicio de garantías. Tienen aplicación a lo anterior en lo que aquí interesa la tesis de jurisprudencia número 359, consultable en las páginas 304 y 305 del Tomo IV, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, que dice: "PRUEBAS PERICIAL, TESTIMONIAL Y DE INSPECCION JUDICIAL EN EL AMPARO. SU OFRECIMIENTO DESPUES DEL DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA. Este Pleno modifica la jurisprudencia que en la compilación de 1988, Segunda Parte, página 2435, aparece con el número 1533 y que establece "PRUEBAS TESTIMONIAL Y PERICIAL EN EL AMPARO, CUANDO SE DIFIERE LA AUDIENCIA.- Es procedente admitir las pruebas testimonial y pericial para la audiencia en el amparo, cuando la inicialmente señalada ha sido diferida de oficio por el Juez de Distrito, y no a petición de las partes"; y, asimismo, se aparta del criterio contenido en la última tesis relacionada con dicha jurisprudencia, que establece, esencialmente, que es inexacto que cuando la audiencia se difiere de oficio, se puedan ofrecer dichas pruebas para la audiencia diferida, agregando que cuando no se anuncian oportunamente para la primera audiencia, no pueden ofrecerse para la segunda, porque ya se perdió el derecho. Partiendo de la hipótesis de que las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial no fueron ofrecidas antes de la audiencia inicial, que ésta se difirió y que en el nuevo periodo sí se ofrecieron con la anticipación requerida por el artículo 151 de la Ley de Amparo, en relación con la fecha de la segunda audiencia, el nuevo criterio sostenido por este Pleno se apoya en dos principios básicos: En primer lugar, el de la expeditez del procedimiento de amparo que deriva de su naturaleza sumaria, de acuerdo con el cual, si las mencionadas pruebas no se ofrecen con la anticipación exigida por el citado precepto, ya no pueden ofrecerse con posterioridad por haber precluido ese derecho procesal; y en segundo, el cimentado en el respeto a la garantía de defensa de la parte oferente, lo que significa que ésta, para gozar de la oportunidad de ofrecer las pruebas aludidas, no sólo debe contar con el plazo de cinco días hábiles antes del señalado para la audiencia constitucional, sin incluir el del ofrecimiento ni el señalado para la celebración de la audiencia, sino además, que tal plazo se dé a partir de la fecha en que tenga conocimiento del hecho que trate de probar o desvirtuar con dichas probanzas, conocimiento que puede inferirse de los datos y elementos objetivos de los autos. Así, por ejemplo, cuando la parte oferente ya tenga conocimiento del hecho o situación cuya certeza trata de probar o desvirtuar con tiempo anterior al término señalado en el citado artículo 151, tomando como referencia la audiencia inicial, ya no podrá válidamente ofrecerlas en el período posterior, porque ha precluido su derecho por su abandono; en cambio, si el oferente no conocía el hecho con la oportunidad legal suficiente, como cuando el quejoso se entera de él con motivo del informe justificado rendido poco antes de la audiencia, o como cuando el tercero perjudicado es llamado a juicio sin tiempo suficiente para ofrecer esos elementos probatorios, entonces sí pueden proponerse legalmente con posterioridad a la primera fecha de la audiencia, respetando siempre los términos del artículo 151, sólo que tomando como indicador la segunda fecha, ejemplos que pueden multiplicarse teniendo en común, todos ellos, que desde el punto de vista jurídico el oferente no debe quedar indefenso en la materia probatoria examinada, por causas ajenas a su descuido o negligencia dentro del procedimiento. Conforme a este criterio, por tanto, carece de importancia el hecho de que la audiencia se haya diferido de oficio o a petición de parte, debiendo atenderse a los principios expuestos, cuya aplicación permite dar a cada parte el trato que amerita su propia situación procesal." Así como la tesis aislada, IV.3o.A.25 K (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, visible en la página 2581, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PRUEBA DE INSPECCIÓN JUDICIAL EN EL AMPARO. SU DESECHAMIENTO POR NO HABERSE OFRECIDO CON LA OPORTUNIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 119 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO PRO PERSONA, PREVISTO EN EL PRECEPTO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 119 de la Ley de Amparo dispone que la prueba de inspección judicial debe ofrecerse, a más tardar, cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el día del ofrecimiento ni el de la propia celebración, y que dicho plazo no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional, salvo que se trate de probar o desvirtuar hechos que no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad suficiente para su ofrecimiento, con la condición de que no medien causas de descuido o negligencia dentro del procedimiento atribuibles al oferente. Por tanto, si no se ofrece dicha probanza en el plazo concedido para tal efecto ni se señala alguna causa que pusiera de manifiesto que no se conocieron los hechos de que se trata con la oportunidad legal para ofrecerla, resulta correcto su desechamiento, sin que esa determinación transgreda el principio pro persona de los derechos humanos, contenido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues si bien es cierto que el juicio de amparo busca la vigencia del derecho humano a la tutela judicial efectiva, reconocido tanto en la citada Carta Magna como en los tratados internacionales, también lo es que el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos procesales necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes, en preservación del principio de seguridad jurídica, consecutivo de la justicia, no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano, sino el respeto a elementos procesales sine qua non, como el de la preclusión de un derecho, como una sanción a un desinterés o descuido". Finalmente, sin que en el caso haya lugar a tener como prueba documental de su parte, el informe previo rendido por la autoridad responsable, toda vez que el cuaderno incidental se lleva en cuerda separada. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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