Juan Carlos Gil González

Expediente 904/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 111 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
904/2021
Año
2021
Actuaciones
111
Última actuación
17/01/2023

Partes del expediente

  • Juan Carlos Gil González
  • Juez Primero de lo Civil del Partido Judicial de la Ciudad de México.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 111.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días hábiles que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia dictada el veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, pronunciado dentro de los autos del presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2° de la ley invocada, en relación con los diversos numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia en la se sobreseyó en el asunto en que se actúa, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, glósese a los presentes autos el cuaderno original del incidente de suspensión y, en su oportunidad, archívense los autos como asunto totalmente concluido. Sin que se oponga a la anterior determinación, el que no se encuentren agregados los acuses de recibo de los oficios por los que se ordenó notificar a las autoridades responsables foráneas, la resolución constitucional pronunciada en autos, toda vez que se estima que con ello no se causa ningún agravio a las mismas, entendiendo como tal, todo menoscabo, lesión, ofensa o perjuicio en su esfera jurídica o en su patrimonio, siempre que éste sea material y apreciable objetivamente con motivo de la actividad u omisión del órgano jurisdiccional que esté conociendo del asunto o haya tenido conocimiento de él; ello acontece en el caso, en virtud de que, como se advierte de la certificación secretarial de cuenta, dicha resolución sobreseyó el juicio en que se actúa, es decir sobrevino un obstáculo jurídico que impidió la decisión del fondo de la controversia planteada, tal como lo prevé el artículo 63 de la Ley de Amparo. En este orden de ideas, si establecemos que el recurso de revisión que dispone el artículo 81 de la ley de la materia, es el medio de impugnación para el caso de que el recurrente considere que se le ha causado un agravio, y su objetivo es que un órgano superior, examine la resolución dictada por el inferior para obtener una mejoría jurídica de la resolución impugnada, y que el diverso numeral 87 de la legislación invocada, establece que las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que a cada una de ellas se haya reclamado; en consecuencia, como se apuntó, en este caso en particular, no se estudió el acto reclamado por las razones antes expuestas, por tanto, se llega al convencimiento de que no existe tal afectación; aunado a que, el presente asunto no se encuentra en los supuestos que establece la parte final del primer párrafo del citado numeral. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial número XX.J/74, visible en la página 84, del Tomo 83, Noviembre de 1994, Octava Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMO. El artículo 87, de la Ley de Amparo, determina que las autoridades responsables sólo pueden interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente al acto que a cada una de ellas se haya reclamado, de ahí, que las responsables y en general las demás partes, sólo están legitimadas a recurrir los fallos de amparo que le son adversos, por tanto si el a quo sobreseyó en el juicio, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de revisión, es inconcuso que el hecho valer por la autoridad responsable debe desecharse porque ésta carece de legitimación para hacerlo, supuesto que el sobreseimiento es solamente desfavorable a la parte quejosa, y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente." A mayor abundamiento, cabe puntualizar que si conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, constitucional y 6 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I, del artículo 5, de la invocada legislación, debiendo por ello seguirse por el agraviado, su representante, apoderado o por su defensor, lo que significa que tanto la promoción del amparo como sus recursos e instancias se seguirán siempre por persona interesada, o sea, aquella a quien el acto reclamado o la actuación u omisión impugnados causen un agravio personal y directo; es evidente que siendo esto un principio fundamental del juicio constitucional que legitima al promovente, para accionar, y al haberse decretado el sobreseimiento en el presente juicio, las autoridades responsables carecen de legitimación para interponer el recurso de revisión en cuestión, dado que, con el dictado de esa resolución ha quedado agotada su actuación, de modo que el interés para que en todo caso tal determinación subsista o no, sólo la tiene la parte promovente. Por las razones que la informan, cabe mencionar la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 259, del Tomo II, Diciembre 1995, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que expresa: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO, CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA EL TRIBUNAL EMISOR DE LA SENTENCIA RECLAMADA. Si conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, el juicio de garantías únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame, debiendo por ello seguirse por el agraviado, su representante o por su defensor, lo que significa que tanto la promoción del amparo como sus recursos e instancias se seguirán siempre por persona interesada, o sea, aquella a quien el acto reclamado o la actuación u omisión impugnados causen un agravio personal y directo; es evidente que siendo esto un principio fundamental del juicio constitucional que legitima a los promoventes, para accionar, al haber actuado sólo como un órgano jurisdiccional que resolvió la controversia suscitada entre el particular quejoso y la administración pública como autoridad demandada, el tribunal emisor de la sentencia reclamada carece de legitimación para interponer el recurso de revisión previsto por el artículo 83, fracción V, de la ley de la materia, dado que su actuación imparcial por antonomasia, quedó agotada con el dictado de la sentencia que constituye el acto reclamado, de modo que el interés para que tal determinación subsista o no sólo lo tienen las partes contendientes (particular actor y órgano de la administración pública demandado)." Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 21, inciso a), y 18, fracción I, inciso a), ambos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente juicio de amparo y el cuaderno original del incidente de suspensión relativo al mismo, atendiendo a sus particularidades, son destruible y depurable, respectivamente, y carecen de relevancia documental, por no encuadrar en los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado acuerdo; hágase la anotación correspondiente en la carátula respectiva, así como la relativa al archivo del presente expediente. Expediente que de conformidad con lo asentado en la certificación secretarial de cuenta, no encuadra en alguna de las hipótesis que establecen los capítulos quinto, sexto o séptimo del Acuerdo General en cita. Consecuentemente, una vez que transcurra el término de tres años a que se refiere el primer párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, procédase a su destrucción en términos del penúltimo párrafo del referido dispositivo; lo que se estima acontecerá a partir del diecinueve de enero de dos mil veintiséis. Ahora, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el duplicado del incidente de suspensión se encuentra dentro de la hipótesis que establece el artículo 20, fracción II, inciso a), capitulo octavo del acuerdo en mención, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que instaura las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, por tanto, el mencionado duplicado es susceptible de destrucción; consecuentemente, una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el primer párrafo del numeral 20 del citado acuerdo, procédase a su destrucción; lo que se estima acontecerá a partir del dieciocho de julio de dos mil veintitrés. Cambio de denominación de Juzgado Se hace del conocimiento de las partes que con motivo del Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio; y al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio, este órgano jurisdiccional cambió de denominación a Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, se ordena el cambio de carátulas correspondientes al expediente en que se actúa.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos y atento al contenido de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la data en que se actúa, se encuentra transcurriendo el plazo a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes se impongan de los informes previos rendidos por las autoridades señaladas como responsables, con los cuales se ordenó darles vista en proveído de veintiocho de los actuales, mismos que se invocaron como hecho notorio en el presente juicio. Consecuentemente, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional programada para el día de hoy y se fijan en su lugar, las diez horas con veinticuatro minutos del veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, para su celebración. Ahora, en consideración a lo antes expuesto, se estima que la presente determinación en términos de los artículos 28, fracción I, 29, 30 y 31 de la Ley de Amparo, debe notificarse por medio de lista a las autoridades responsables que no fueron requeridas en este acuerdo y no por medio de oficio en términos del artículo 26, fracción II de la Ley de Amparo, toda vez que la misma, se estima no es de mayor trascendencia para su conocimiento. Lo anterior, sin perjuicio de que, cuando se encuentre debidamente integrado el presente asunto, se les notifique por medio de oficio la sentencia dictada en el presente expediente. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia1, que es del contenido siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos 1 la Jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Página 1253, de la Décima Época de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar."

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que no obran los informes justificados solicitados a las responsables Juez Trigésimo Primero de lo Civil, Actuarios adscritos a los Juzgados Trigésimo Primero, Quincuagésimo Séptimo de lo Civil y Septuagésimo de lo Civil; Juez Cuadragésimo Octavo de lo Civil de Proceso Escrito y Actuario adscrito al Juzgado Cuadragésimo Tercero de lo Civil de Proceso Escrito, todos con sede en la Ciudad de México; sin embargo, de los autos que conforman el incidente de suspensión formado con motivo del presente juicio se desprende que dichas autoridades rindieron su respectivo informe previo. En ese contexto, con el objeto de evitar dilaciones en el trámite en que se actúa, agréguense al mismo copia debidamente certificada de los informes previos, a fin de que sean valorados al momento de dictarse la sentencia definitiva. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 3a./J. 2/93, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro es el siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO".1 Con lo anterior, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con sus contenidos, a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga.

  4. Incidental

    Visto el contenido de la certificación de cuenta, se obtiene que no se encuentra practicada la notificación por lista ordenada respecto de la resolución incidental de veintidós del mes y año en curso, dictada dentro del incidente de suspensión 904/2021-A1. Así entonces, a fin de no dejar en estado de indefensión a las partes dentro del juicio, túrnense los autos al Actuario de la adscripción, para que notifique por lista de conformidad con los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, la resolución de referencia. Cúmplase.

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