Juan Carlos Garnica Carapia

Expediente 469/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
469/2020
Año
2020
Actuaciones
13
Última actuación
04/03/2021

Partes del expediente

  • Juan Carlos Garnica Carapia
  • Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de marzo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de quince días previsto en el artículo 202, primer párrafo de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el auto de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, que declaró cumplida la ejecutoria de amparo, sin que lo haya hecho. Por tanto, se tiene por consentido el auto de veintisiete de enero de dos mil veintiuno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio, así como el original del incidente y transfiéranse éstos a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    El veintisiete de enero de dos mil veintiuno, el secretario da cuenta al Juez dentro del juicio de amparo III-469/2020-V, con el estado de autos . Conste.Morelia, Michoacán, veintisiete de enero de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se advierte que por auto de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, se dio vista a la parte quejosa para que se manifestara sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que hubiera hecho manifestación alguna. Por tanto, este Juzgado de Distrito procede a pronunciarse respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en autos por la autoridad responsable. Mediante sentencia de catorce de octubre de dos mil veinte, se otorgó a la parte quejosa la protección federal, para que el Coordinador e Inspector de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán, con sede en esta ciudad, autoridad responsable realizara lo siguiente: "a) Dejara insubsistente la infracción reclamada contenida en la boleta 1302 de treinta de abril de dos mil veinte; b) Devolver al quejoso la cantidad que cubrió por concepto de multa, derechos por servicios o cualquier otra erogación vinculada con el traslado, guarda y posterior liberación, respecto del vehículo automotor, marca chevrolet, tipo sedan, línea Aveo importado, modelo 2018, color plata galaxia, placas de circulación PGG958J; y, c) En lo futuro, deberán sustraer al quejoso de la aplicación los artículos 58, fracción XVIII y 61 del Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán, declarados inconstitucionales." Asimismo, del estado que guardan los autos se advierte que el nueve de diciembre de dos mil veinte se tuvo al Titular de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán, con sede en esta ciudad, informando que ya había realizado al quejoso el pago erogado por concepto de traslado o resguardo del vehículo ante el corralón que originó la boleta de infracción 1302, solicitando además se vinculara a la Secretaría de Finanzas y Administración de Gobierno del Estado, con sede en esta ciudad, para efecto de que realizara la devolución al quejoso Juan Carlos Garnica Carapia, de la multa por concepto de la infracción realizada respecto del vehículo automotor, antes mencionado, por lo que se ordenó vincular a la misma al presente juicio. En cumplimiento a lo anterior, por oficio recibido en oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el quince de diciembre de dos mil veinte, se tuvo al Jefe de Departamento de Asuntos Penales y Amparos de la Dirección de lo Contencioso de la Secretaría de Finanzas y Administración, con sede en esta ciudad, informando que el ocho anterior, realizó la diversa transferencia electrónica al quejoso Juan Carlos Garnica Carapia. Atento lo anterior, este juzgado estima que las autoridades responsables ha dado cumplimiento al fallo protector pronunciado en este juicio; motivo por el cual se aprecia colmado el extremo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el goce del derecho humano vulnerado y sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en esta Instancia Constitucional, se declara que el fallo protector quedó cumplido. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de diciembre de dos mil veinte. Vista la cuenta precedente, ténganse por recibidos los oficios que remite el Jefe de Departamento de Asuntos Penales y Amparos de la Dirección de lo Contencioso de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Finanzas y Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite las constancias relativas al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, primer párrafo, de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con dicho comunicado, para que dentro del plazo de tres días hábiles, computado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su derecho convenga. Se apercibe a la parte quejosa que de no hacerlo, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos que fueron aportados por la autoridad responsable en cita. Notifíquese por lista, y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de diciembre de dos mil veinte. Vista la cuenta precedente, se tiene a José Antonio Macouzet Guerrero, como autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de que sí tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, con el número de registro único 179607. Quien podrá gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, por habérselas otorgado expresamente. Ahora bien, téngase a la parte quejosa dando cumplimiento al requerimiento realizado dentro del presente juicio para lo cual manifiesta que el veintiséis de noviembre del año en curso, acudió a las oficinas de la autoridad responsable, sin que a la fecha le hayan realizado el depósito correspondiente a la multa que cubrió por concepto de la liberación, respecto del vehículo automotor, marca chevrolet, tipo sedan, línea Aveo importado, modelo 2018, color plata galaxia, placas de circulación PGG958J. Por otra parte, téngase por recibido el oficio del Titular de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán, con sede en esta ciudad, por medio del cual manifiesta que a la fecha ya se realizó al quejoso el gasto erogado por motivo de corralón, arrastre que erogó la parte quejosa, para lo cual adjunta copias certificadas que así lo acreditan. En consecuencia, con fundamento en el artículo 193, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad en cita informando las gestiones realizadas. De igual forma, solicita se vincule a la Secretaría de Finanzas y Administración de Gobierno del Estado, con sede en esta ciudad, para efecto de que haga la devolución al quejoso Juan Carlos Garnica Carapia, de la multa por concepto de la infracción realizada respecto del vehículo automotor, antes mencionado. Ahora bien, a efecto de evitar mayores dilaciones en la fase del cumplimiento del presente asunto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de ampro, se ordena vincular al cumplimiento del fallo protector al a la Secretaría de Finanzas y Administración de Gobierno del Estado, con sede en esta ciudad, Lo anterior, con la finalidad de que sea dicha autoridad quien lleve a cabo las gestiones necesarias para realizar al quejoso Juan Carlos Garnica Carapia, el pago de la multa por concepto de la infracción, respecto del vehículo marca chevrolet, tipo sedan, línea Aveo importado, modelo 2018, color plata galaxia, placas de circulación PGG958J. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 59/2014 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo I, noviembre de dos mil catorce, página 5, de la Décima Época, con número de registro 2007911 de rubro y contenido siguiente: CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo. Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 54/2014 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo I, noviembre de dos mil catorce, página 19, de la Décima Época, con número de registro 2007918 de rubro y contenido siguiente: PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. Ahora bien, hágase del conocimiento de la autoridad vinculada y responsable que se concedió el amparo para que se realice lo siguiente: " Dejar insubsistente la infracción reclamada contenida en la boleta 1302 de treinta de abril de dos mil veinte; Devolver al quejoso la cantidad que cubrió por concepto de multa, derechos por servicios o cualquier otra erogación vinculada con el traslado, guarda y posterior liberación, respecto del vehículo automotor, marca chevrolet, tipo sedan, línea Aveo importado, modelo 2018, color plata galaxia, placas de circulación PGG958J. En lo futuro, deberán sustraer al quejoso de la aplicación los artículos 58, fracción XVIII y 61 del Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán, declarados inconstitucionales. Por otra parte, toda vez que el cumplimiento de la ejecutoria de amparo es de orden público y el órgano jurisdiccional debe vigilar su acatamiento, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable y vinculada al cumplimiento del fallo protector para que dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efecto la notificación que se le practique del presente auto realice los siguiente: Realice el pago a la parte quejosa que haya realizado por concepto de multa de la infracción realizada respecto del vehículo vehículo marca chevrolet, tipo sedan, línea Aveo importado, modelo 2018, color plata galaxia, placas de circulación PGG958J. Se ordena remitir a la autoridad vinculada al cumplimiento copia de la resolución dictada en el presente asunto. Lo anterior, con el apercibimiento que de no hacerlo, sin causa justificada, se les impondrá, a cada autoridad, multa por el equivalente a $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos moneda nacional), equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con el artículo 192, segundo párrafo, en relación con los diversos 238 y 258, todos de la Ley de Amparo. Además, se remitirá el expediente al tribunal colegiado competente o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación del puesto del titular de la autoridad. Se ordena hacer del conocimiento del Titular de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán, con sede en esta ciudad, la presente determinación para todos los efectos a que haya lugar. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

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