Juan Carlos Garduño Sanabria
Expediente 742/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 742/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 17/07/2018
Partes del expediente
- Juan Carlos Garduño Sanabria
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Finalmente, devuélvanse al Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, las constancias que remitió, en cumplimiento al requerimiento formulado en autos, previo glose que se haga de la carátula del cuaderno que se formó....vi
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...Visto el contenido de la certificación que precede de la que se desprende, en suma, que en la lista de notificaciones que corresponde al día de hoy, no aparece publicado el auto dictado el veintinueve de junio del año en curso, en el presente sumario. Por consiguiente, realícese la publicación del citado auto, para los efectos administrativos a que haya lugar, pues dicha omisión no trasciende en la esfera de derechos de las partes que integran el presente sumario, debido a que al haberse desechado la demanda de amparo promovida, la notificación de dicho determinación a la parte quejosa, debe realizarse en la forma prevista por el artículo 26, fracción I, inciso j), de la Ley de Amparo, tal y como se ordenó... Auto de veintinueve de junio de dos mil dieciocho: Glósese a los autos el escrito signado por el quejoso Juan Carlos Garduño Sanabria, por medio del cual cumple con la prevención de autos; asimismo, toda vez que el veintisiete de junio de dos mil dieciocho, se tuvo al Juez Cuarto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, cumpliendo con el requerimiento de autos; en consecuencia se provee lo siguiente: DESECHAMIENTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, se advierte en la especie una causa manifiesta e indudable de improcedencia de la demanda, lo que impone a desechar la misma, como se explica enseguida. En ese orden, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura del ocurso. Lo indudable resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción distinta, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia publicada con el número I.1o.A. J/4, en la página 890, Tomo VII, mayo de 1998 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el siguiente rubro y texto: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Una vez analizada la demanda de amparo, se advierte que el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]". De lo anterior se concluye que el principio de definitividad del juicio de amparo supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige al acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que existiendo dicho medio ordinario de impugnación sin que lo interpongan los quejosos, el amparo es improcedente. El principio en comento se fundamenta en la naturaleza del amparo, ya que éste es un medio extraordinario, sui generis, de invalidar los actos de las autoridades, en las diversas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, en virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. Así, cuando una de dichas autoridades emita un acto contra alguna de las partes que integren el elenco procesal del juicio o procedimiento que estén instruyendo bajo su jurisdicción, el particular habrá de agotar todos los mecanismos de defensa ordinaria que al efecto estén dispuestos a su favor para lograr la anulación, revocación o modificación de la determinación que le causa el agravio de que se duela. Asimismo, debe decirse que en torno al principio de definitividad sólo algunos casos y bajo condiciones específicas se surte su excepción, las que prevé la Ley de Amparo, en el ya transcrito numeral 61, fracción XVIII, incisos a), b), c) y d); aunado a diversas hipótesis jurisprudenciales, tal como la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró en la tesis publicada en la página 156, Tomo XII, julio de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; las cuales en el presenta caso no se actualizan. ACTO RECLAMADO. En la especie, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama: A) La aprobación de remate emitida en el juicio sumario hipotecario 1983/2014 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, respecto del inmueble ubicado en: avenida Pirámides de Toluquilla, número 5, interior 51, condominio "TENAM", Fraccionamiento Pirámides, en Corregidora, Querétaro. B) La ilegal notificación de requerimiento. Previo al análisis de la causal de improcedencia referida, es necesario señalar que no obstante de que el quejoso, al parecer, se ostenta en este sumario como tercero extraño, no es dable tenerle por reconocido tal carácter. Lo anterior se considera así, ya el aquí quejoso al haber celebrado el convenio de transacción judicial en el que se incluyó reconocimiento de adeudo y forma de pago, con la parte actora en el juicio de origen, ostentándose como apoderado de la parte demandada Mónica Rivera Sámano, en virtud del poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración de dominio número 43, 394 (cuarenta y tres mil trescientos noventa y cuatro), en el que se le transmitió la propiedad y posesión del inmueble que aquí defiende; se colige, que a través de dicho convenio, al ratificarlo, ante la autoridad responsable compareció al juicio de origen insertándose a la relación jurídico procesal como parte demandada, y por tanto, adquirió los deberes y cargas procesales de la contienda subyacente, el cual fue elevado a cosa juzgada el once de junio de dos mil quince. En otras palabras, el quejoso al haber ratificado el aludido convenio, en el que le reconoció el carácter de acreedor a la institución crediticia, parte actora en el juicio de origen, respecto de un bien inmueble en el que tal como lo indica en su demanda, bajo protesta de decir verdad, le fue transmitido en propiedad y posesión, es evidente que funge como parte demanda en los autos del juicio de origen en sentido amplio; ello, pues aun en el supuesto de que el referido convenio lo hubiere celebrado únicamente como apoderado de la parte demanda, y ahora pretenda promover el presente amparo por su propio derecho, los actos jurídicos que celebró con tal carácter en el juicio de origen no pueden ser ahora desconocidos en la presente instancia constitucional, ya que tal como lo indica, la razón de la promoción de este juicio es con el objetivo de defender el inmueble ubicado en: avenida Pirámides de Toluquilla, número 5, interior 51, condominio "TENAM", Fraccionamiento Pirámides, Corregidora, Querétaro, el cual adquirió mediante la escritura pública 43, 394 (cuarenta y tres mil trescientos noventa y cuatro), y sobre el cual fue celebrado en convenio en el juicio natural. Apoya a lo dicho la jurisprudencia IV.3o. J/30, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, novena época, Tomo VI, Octubre de 1997, materia común, número de registro 197543, visible en el la página 682, que dice: "REPRESENTANTE LEGAL. NO PUEDE IGNORAR HECHOS QUE CONOCIÓ EN LO PERSONAL. Si el quejoso, quien es representante legal de la empresa codemandada, tuvo conocimiento de los actos impugnados, es evidente que también lo tuvo como representante de dicha empresa, pues es materialmente imposible que lo que sabe como persona física lo ignore como representante legal de la empresa, por lo cual, si un emplazamiento a una negociación mercantil debe realizarse por conducto de una persona física que al mismo tiempo, por la ficción legal del desdoblamiento de su personalidad, es apoderado o representante de esa persona moral, no es legalmente posible que el referido representante desconozca la existencia del juicio origen del emplazamiento, si este último como codemandado fue emplazado al mismo juicio como persona física." Es decir, tal como se advierte de la citada escritura pública 43, 394 (cuarenta y tres mil trescientos noventa y cuatro), el quejoso celebró el convenio de referencia ostentándose como apoderado con facultades para pleitos y cobranzas y actos de administración y de riguroso dominio irrevocable, en defensa de un derecho real que previamente adquirió, y no únicamente para realizar actos jurídicos en representación de su mandante. En ese sentido, tal como se indicó, al haberse integrado el aquí quejoso como parte en sentido formal en el juicio de origen, debe sujetarse a todos los deberes y cargas procesales que surjan durante su tramitación, entre los cuales se encuentra la debida interposición de los medios defensa o recursos en contra de los actos que estime le causan perjuicio. Robustece a lo expuesto la jurisprudencia 1a./J. 67/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, décima época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, materia común, número de registro 2004274, visible en el la página 729, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." Acotado lo anterior, el acto reclamado precisado en el inciso A), puede ser impugnado a través del recurso de apelación previsto en el artículo 499, fracción VII, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, que dice: "Artículo 499. Para el remate, se tendrá como precio de la finca hipotecada el que se señale en el avaluó que presente la persona que las partes hayan convenido para tal efecto en el momento de la constitución de la hipoteca, o en su caso, de no haberse acordado, se procederá de la forma siguiente: [.] VII. La resolución que recaiga al remate sólo podrá ser apelada en efecto devolutivo." De dicha transcricpción se desprende, en lo que aquí interesa, que la resolución que recaiga al remate puede ser apelada en efecto devolutivo. En ese tenor, se hace patente que se encuentra previsto el recurso de apelación como medio de impugnación, en contra del acto reclamado precisado en el inciso A), ya que a través de su sustanciación se puede modificar, revocar o nulificar. Asimismo, por lo que atañe al acto reclamado indicado en el inciso B), el quejoso puede impugnarlo con en el medio ordinario de defensa previsto en la ley que rige el acto, a saber, el incidente de nulidad de actuaciones contemplado en los numerales 79 a 81 del Código Adjetivo Civil, que dicen: "Artículo 79. Las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida en el Capítulo Quinto del Título Segundo serán nulas, pero si la persona notificada se hubiere manifestado en juicio sabedora de la providencia, la notificación surtirá desde entonces sus efectos como si estuviese legítimamente hecha. Artículo 80. La nulidad de una actuación deberá reclamarse en la actuación subsecuente en que intervenga la parte que promueva aquella; de lo contrario quedará revalidada de pleno derecho, con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento del demandado. Para resolver sobre las peticiones de nulidad, el Tribunal deberá atender lo siguiente: I. La nulidad no podrá ser invocada por la parte que intervino en el acto sin hacer en él la reclamación correspondiente; II. No procederá cuando el acto haya satisfecho la finalidad procesal a que estaba destinado; y III. La nulidad de una actuación no implicará la de las demás que sean independientes de ella. Artículo 81. Sólo formará artículo de previo y especial pronunciamiento la nulidad de actuaciones por falta de emplazamiento, por falta de citación para la absolución de posiciones y para reconocimiento de documentos, y en los demás casos en que la ley expresamente lo determine. La nulidad por falta de citación para absolución de posiciones o reconocimiento de documentos, sólo podrá plantearse en el caso de que se tenga por confeso a quien debía absolverlas o se tenga por reconocido el documento. A la nulidad de actuaciones por falta de emplazamiento, no se le dará trámite si se hubiere contestado la demanda. Los incidentes que se susciten con motivos de otras nulidades de actuaciones o de notificaciones, se fallarán en la sentencia definitiva." De los preceptos legales transcritos, de advierte que el objetivo de la nulidad de actuaciones consiste en anular una diligencia de notificación que se efectúe en contravención a la ley y que cause agravio al litigante. Por tanto, en contra del acto reclamado -ilegal notificación de requerimiento-, la parte quejosa pudo modificarlo, revocarlo o anularlo, a través del incidente de nulidad de actuaciones, sin que así lo hubiere hecho, por tanto, también incumplió con el principio de definitividad. Bajo esas premisas, si la parte quejosa no agotó los medios de impugnación que se encuentran previstos en la ley que rige la materia, y tampoco se ubica en algún supuesto de excepción para no hacerlo, ya que es parte procesal dentro de los autos del juicio de origen y ha participado activamente, resulta incuestionable que no cumplió con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual consiste en agotar los medios ordinarios de defensa o recursos previstos por la ley que regula el acto reclamado, que tenga el alcance de revocarlo, nulificarlo o modificarlo, antes de acudir al juicio constitucional que, por naturaleza, es un medio extraordinario de defensa, torna improcedente el presente juicio biinstancial. Apoya a lo dicho la jurisprudencia 11/2018 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima época, materia común, número de registro 2017117, que dice: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Por lo expuesto, se determina que el promovente de amparo tenía la carga de interponer respectivamente el recurso de apelación e incidente de nulidad de actuaciones en contra de los actos aquí reclamados, por lo que previo al juicio de amparo debió agotar dichos medios de defensa, de acuerdo con lo establecido en el inciso b), fracción III, del artículo 107 Constitucional, pues existe la posibilidad de que pudiera ser revocado o modificado, y así desaparecer el agravio que dice sufrió; en consecuencia, al no hacerlo se debe tener por actualizado el motivo de improcedencia a que se refiere el precepto 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En consecuencia, ante la actualización de la referida causa de inejercitabilidad de la vía de amparo prevista, resulta procedente desechar de plano la demanda de amparo de que se trata en términos del artículo 113 de la citada ley. Cabe destacar que la presente determinación, de modo alguno trasciende a la idoneidad y eficacia del juicio de amparo y de los medios de defensa que en el procedimiento respectivo surgen, pues el acceso de todo gobernado a un recurso efectivo, no implica necesariamente que se le libere de cumplir con los requisitos cuya procedencia, normativamente reglada impone, ni que en todo caso deba emitirse un pronunciamiento sobre la litis. Al respecto, son aplicables, en lo conducente, los criterios sustentados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis publicadas en las páginas 530 y 525, respectivamente, del Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo". "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano". CAPTURA DE PROVEÍDO. Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación el presente auto, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro.
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...Glósese a los autos el escrito signado por el quejoso ********, por medio del cual cumple con la prevención de autos; asimismo, toda vez que el veintisiete de junio de dos mil dieciocho, se tuvo al Juez Cuarto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, cumpliendo con el requerimiento de autos; en consecuencia se provee lo siguiente: DESECHAMIENTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, se advierte en la especie una causa manifiesta e indudable de improcedencia de la demanda, lo que impone a desechar la misma, como se explica enseguida. En ese orden, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura del ocurso. Lo indudable resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción distinta, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia publicada con el número I.1o.A. J/4, en la página 890, Tomo VII, mayo de 1998 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el siguiente rubro y texto: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Una vez analizada la demanda de amparo, se advierte que el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]". De lo anterior se concluye que el principio de definitividad del juicio de amparo supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige al acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que existiendo dicho medio ordinario de impugnación sin que lo interpongan los quejosos, el amparo es improcedente. El principio en comento se fundamenta en la naturaleza del amparo, ya que éste es un medio extraordinario, sui generis, de invalidar los actos de las autoridades, en las diversas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, en virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. Así, cuando una de dichas autoridades emita un acto contra alguna de las partes que integren el elenco procesal del juicio o procedimiento que estén instruyendo bajo su jurisdicción, el particular habrá de agotar todos los mecanismos de defensa ordinaria que al efecto estén dispuestos a su favor para lograr la anulación, revocación o modificación de la determinación que le causa el agravio de que se duela. Asimismo, debe decirse que en torno al principio de definitividad sólo algunos casos y bajo condiciones específicas se surte su excepción, las que prevé la Ley de Amparo, en el ya transcrito numeral 61, fracción XVIII, incisos a), b), c) y d); aunado a diversas hipótesis jurisprudenciales, tal como la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró en la tesis publicada en la página 156, Tomo XII, julio de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; las cuales en el presenta caso no se actualizan. ACTO RECLAMADO. En la especie, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama: A) La aprobación de remate emitida en el juicio sumario hipotecario 1983/2014 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, respecto del inmueble ubicado en: avenida Pirámides de Toluquilla, número 5, interior 51, condominio "TENAM", Fraccionamiento Pirámides, en Corregidora, Querétaro. B) La ilegal notificación de requerimiento. Previo al análisis de la causal de improcedencia referida, es necesario señalar que no obstante de que el quejoso, al parecer, se ostenta en este sumario como tercero extraño, no es dable tenerle por reconocido tal carácter. Lo anterior se considera así, ya el aquí quejoso al haber celebrado el convenio de transacción judicial en el que se incluyó reconocimiento de adeudo y forma de pago, con la parte actora en el juicio de origen, ostentándose como apoderado de la parte demandada Mónica Rivera Sámano, en virtud del poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración de dominio número 43, 394 (cuarenta y tres mil trescientos noventa y cuatro), en el que se le transmitió la propiedad y posesión del inmueble que aquí defiende; se colige, que a través de dicho convenio, al ratificarlo, ante la autoridad responsable compareció al juicio de origen insertándose a la relación jurídico procesal como parte demandada, y por tanto, adquirió los deberes y cargas procesales de la contienda subyacente, el cual fue elevado a cosa juzgada el once de junio de dos mil quince. En otras palabras, el quejoso al haber ratificado el aludido convenio, en el que le reconoció el carácter de acreedor a la institución crediticia, parte actora en el juicio de origen, respecto de un bien inmueble en el que tal como lo indica en su demanda, bajo protesta de decir verdad, le fue transmitido en propiedad y posesión, es evidente que funge como parte demanda en los autos del juicio de origen en sentido amplio; ello, pues aun en el supuesto de que el referido convenio lo hubiere celebrado únicamente como apoderado de la parte demanda, y ahora pretenda promover el presente amparo por su propio derecho, los actos jurídicos que celebró con tal carácter en el juicio de origen no pueden ser ahora desconocidos en la presente instancia constitucional, ya que tal como lo indica, la razón de la promoción de este juicio es con el objetivo de defender el inmueble ubicado en: avenida Pirámides de Toluquilla, número 5, interior 51, condominio "TENAM", Fraccionamiento Pirámides, Corregidora, Querétaro, el cual adquirió mediante la escritura pública 43, 394 (cuarenta y tres mil trescientos noventa y cuatro), y sobre el cual fue celebrado en convenio en el juicio natural. Apoya a lo dicho la jurisprudencia IV.3o. J/30, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, novena época, Tomo VI, Octubre de 1997, materia común, número de registro 197543, visible en el la página 682, que dice: "REPRESENTANTE LEGAL. NO PUEDE IGNORAR HECHOS QUE CONOCIÓ EN LO PERSONAL. Si el quejoso, quien es representante legal de la empresa codemandada, tuvo conocimiento de los actos impugnados, es evidente que también lo tuvo como representante de dicha empresa, pues es materialmente imposible que lo que sabe como persona física lo ignore como representante legal de la empresa, por lo cual, si un emplazamiento a una negociación mercantil debe realizarse por conducto de una persona física que al mismo tiempo, por la ficción legal del desdoblamiento de su personalidad, es apoderado o representante de esa persona moral, no es legalmente posible que el referido representante desconozca la existencia del juicio origen del emplazamiento, si este último como codemandado fue emplazado al mismo juicio como persona física." Es decir, tal como se advierte de la citada escritura pública 43, 394 (cuarenta y tres mil trescientos noventa y cuatro), el quejoso celebró el convenio de referencia ostentándose como apoderado con facultades para pleitos y cobranzas y actos de administración y de riguroso dominio irrevocable, en defensa de un derecho real que previamente adquirió, y no únicamente para realizar actos jurídicos en representación de su mandante. En ese sentido, tal como se indicó, al haberse integrado el aquí quejoso como parte en sentido formal en el juicio de origen, debe sujetarse a todos los deberes y cargas procesales que surjan durante su tramitación, entre los cuales se encuentra la debida interposición de los medios defensa o recursos en contra de los actos que estime le causan perjuicio. Robustece a lo expuesto la jurisprudencia 1a./J. 67/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, décima época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, materia común, número de registro 2004274, visible en el la página 729, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." Acotado lo anterior, el acto reclamado precisado en el inciso A), puede ser impugnado a través del recurso de apelación previsto en el artículo 499, fracción VII, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, que dice: "Artículo 499. Para el remate, se tendrá como precio de la finca hipotecada el que se señale en el avaluó que presente la persona que las partes hayan convenido para tal efecto en el momento de la constitución de la hipoteca, o en su caso, de no haberse acordado, se procederá de la forma siguiente: [.] VII. La resolución que recaiga al remate sólo podrá ser apelada en efecto devolutivo." De dicha transcricpción se desprende, en lo que aquí interesa, que la resolución que recaiga al remate puede ser apelada en efecto devolutivo. En ese tenor, se hace patente que se encuentra previsto el recurso de apelación como medio de impugnación, en contra del acto reclamado precisado en el inciso A), ya que a través de su sustanciación se puede modificar, revocar o nulificar. Asimismo, por lo que atañe al acto reclamado indicado en el inciso B), el quejoso puede impugnarlo con en el medio ordinario de defensa previsto en la ley que rige el acto, a saber, el incidente de nulidad de actuaciones contemplado en los numerales 79 a 81 del Código Adjetivo Civil, que dicen: "Artículo 79. Las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida en el Capítulo Quinto del Título Segundo serán nulas, pero si la persona notificada se hubiere manifestado en juicio sabedora de la providencia, la notificación surtirá desde entonces sus efectos como si estuviese legítimamente hecha. Artículo 80. La nulidad de una actuación deberá reclamarse en la actuación subsecuente en que intervenga la parte que promueva aquella; de lo contrario quedará revalidada de pleno derecho, con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento del demandado. Para resolver sobre las peticiones de nulidad, el Tribunal deberá atender lo siguiente: I. La nulidad no podrá ser invocada por la parte que intervino en el acto sin hacer en él la reclamación correspondiente; II. No procederá cuando el acto haya satisfecho la finalidad procesal a que estaba destinado; y III. La nulidad de una actuación no implicará la de las demás que sean independientes de ella. Artículo 81. Sólo formará artículo de previo y especial pronunciamiento la nulidad de actuaciones por falta de emplazamiento, por falta de citación para la absolución de posiciones y para reconocimiento de documentos, y en los demás casos en que la ley expresamente lo determine. La nulidad por falta de citación para absolución de posiciones o reconocimiento de documentos, sólo podrá plantearse en el caso de que se tenga por confeso a quien debía absolverlas o se tenga por reconocido el documento. A la nulidad de actuaciones por falta de emplazamiento, no se le dará trámite si se hubiere contestado la demanda. Los incidentes que se susciten con motivos de otras nulidades de actuaciones o de notificaciones, se fallarán en la sentencia definitiva." De los preceptos legales transcritos, de advierte que el objetivo de la nulidad de actuaciones consiste en anular una diligencia de notificación que se efectúe en contravención a la ley y que cause agravio al litigante. Por tanto, en contra del acto reclamado -ilegal notificación de requerimiento-, la parte quejosa pudo modificarlo, revocarlo o anularlo, a través del incidente de nulidad de actuaciones, sin que así lo hubiere hecho, por tanto, también incumplió con el principio de definitividad. Bajo esas premisas, si la parte quejosa no agotó los medios de impugnación que se encuentran previstos en la ley que rige la materia, y tampoco se ubica en algún supuesto de excepción para no hacerlo, ya que es parte procesal dentro de los autos del juicio de origen y ha participado activamente, resulta incuestionable que no cumplió con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual consiste en agotar los medios ordinarios de defensa o recursos previstos por la ley que regula el acto reclamado, que tenga el alcance de revocarlo, nulificarlo o modificarlo, antes de acudir al juicio constitucional que, por naturaleza, es un medio extraordinario de defensa, torna improcedente el presente juicio biinstancial. Apoya a lo dicho la jurisprudencia 11/2018 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima época, materia común, número de registro 2017117, que dice: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Por lo expuesto, se determina que el promovente de amparo tenía la carga de interponer respectivamente el recurso de apelación e incidente de nulidad de actuaciones en contra de los actos aquí reclamados, por lo que previo al juicio de amparo debió agotar dichos medios de defensa, de acuerdo con lo establecido en el inciso b), fracción III, del artículo 107 Constitucional, pues existe la posibilidad de que pudiera ser revocado o modificado, y así desaparecer el agravio que dice sufrió; en consecuencia, al no hacerlo se debe tener por actualizado el motivo de improcedencia a que se refiere el precepto 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En consecuencia, ante la actualización de la referida causa de inejercitabilidad de la vía de amparo prevista, resulta procedente desechar de plano la demanda de amparo de que se trata en términos del artículo 113 de la citada ley. Cabe destacar que la presente determinación, de modo alguno trasciende a la idoneidad y eficacia del juicio de amparo y de los medios de defensa que en el procedimiento respectivo surgen, pues el acceso de todo gobernado a un recurso efectivo, no implica necesariamente que se le libere de cumplir con los requisitos cuya procedencia, normativamente reglada impone, ni que en todo caso deba emitirse un pronunciamiento sobre la litis. Al respecto, son aplicables, en lo conducente, los criterios sustentados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis publicadas en las páginas 530 y 525, respectivamente, del Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo". "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano". CAPTURA DE PROVEÍDO. Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación el presente auto, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro...VI
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Agréguese a los presentes autos, para que obre como constancia, el oficio de cuenta, signado por la Juez Titular del Juzgado Cuarto de lo Civil de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, por medio del cual cumple con el requerimiento formulado en auto de veintidós de junio de dos mil dieciocho; en tal virtud, resérvese a proveer lo conducente hasta en tanto la parte quejosa cumpla con la prevención de dicha data. En virtud de lo voluminoso de las constancias remitidas por la autoridad ocursante, relativas a las copias certificadas del expediente 1983/2014 en un tomo, se procede a dejar por cuerda separada en un tomo, en la Secretaría de este Juzgado, para su consulta...VI
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