Juan Carlos García Rivera
Expediente 125/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 20 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 125/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 09/11/2023
Partes del expediente
- Juan Carlos García Rivera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
trece de noviembre de dos mil veintitrés, quien suscribe licenciado Rufino Salgado Ramírez, actuario adscrito al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, hago constar; que como lo señaló la parte actora, notifiqué por medio de lista que se fijó en los estrados de este Tribunal Federal, el contenido del acuerdo dictado en nueve de noviembre de dos mil veintitrés, a la parte actora Ricardo Ávila Bustos, en su carácter de apoderado de Banco Azteca, sociedad anónima, institución de banca múltiple, mismo que en lo conducente dice: Tijuana, Baja California, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el escrito de demanda y anexos, presentados por Ricardo Ávila Bustos, en su carácter de apoderado de Banco Azteca, sociedad anónima, institución de banca múltiple, personalidad que acredita con copia del instrumento notarial número 119,314 (ciento diecinueve mil trescientos catorce), pasado ante la fe del Notario Público 140 (ciento cuarenta), de la Ciudad de México; anótese su ingreso en el control electrónico que corresponda bajo el número de expediente 125/2023-I. En principio, cabe precisar que Banco Azteca, sociedad anónima, institución de banca múltiple, a través de su apoderado Ricardo Ávila Bustos, pretende promover medios preparatorios a juicio ejecutivo mercantil solicitando la confesión judicial a cargo de Paola Nichelle De Ortega Solís, como futura demandada. Por lo que resulta importante destacar lo dispuesto en los artículos 1162 y 1164, del Código de Comercio, que al efecto establecen: "Artículo 1,162. Puede prepararse el juicio ejecutivo, pidiendo al deudor confesión judicial bajo protesta de decir verdad, para lo cual el juez señalará día y hora para la comparecencia. En este caso el deudor habrá de estar en el lugar del juicio cuando se le haga la citación, y ésta deberá ser personal, expresándose en la notificación el nombre y apellidos del promovente, objeto de la diligencia, la cantidad que se reclame y el origen del adeudo, además de correrle traslado con copia de la solicitud respectiva, cotejada y sellada." "Artículo 1,164. Si no comparece a la citación, y si se le hubiere hecho con apercibimiento de ser declarado confeso, así como cumplidos los requisitos a que se refieren los artículos anteriores, y la exhibición del pliego de posiciones que calificadas de legales acrediten la procedencia de lo solicitado, se le tendrá por confeso en la certeza de la deuda, y se despachará auto de embargo en su contra, siguiéndose el juicio conforme marca la ley para los de su clase." El primer ordinal citado dispone que el juicio ejecutivo podrá prepararse mediante la confesión judicial de la deudora; asimismo que la citación deberá ser personal, expresándose en la notificación: a) el nombre y apellidos de la promovente; b) el objeto de la diligencia; c) la cantidad que se reclame y d) el origen de adeudo; además deberá correrse traslado con copia de la solicitud cotejada y sellada. Por su parte, del segundo numeral invocado, se desprende que en caso de que la deudora no comparezca a la citación, previo apercibimiento y acreditación de la procedencia de lo solicitado con las posiciones que se califiquen de legales, se le tendrá por confesa en la certeza de la deuda y se despachará auto de embargo en su contra, siguiéndose el juicio conforme marca la ley. Entonces, los medios preparatorios sobre confesión judicial, al tener como consecuencia el mandamiento de ejecución en contra de la deudora por la confesión de las posiciones que en su caso se califiquen de legales, deben formularse con claridad, precisión y reunir los requisitos establecidos en la ley para su procedencia, de lo contrario deben ser desechados. Lo anterior, en virtud de que no debe haber duda respecto al reconocimiento del adeudo en cantidad cierta, liquida y exigible; en ese sentido, previo al desahogo de la diligencia, el futuro demandado debe tener conocimiento pleno de la deuda que se le atribuye y sobre la que se pide confesión, lo que implica que, desde el escrito inicial (con el que se correrá traslado) deberá hacerse de su conocimiento la suma que se le reclama y el origen del adeudo. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Materia Civil, con registro digital 363344, de rubro y contenido siguientes: "DEMANDA, ADMISION DE LA. Los Jueces y tribunales están facultados para normar sus actos conforme a la ley del procedimiento, y cuidar de que las demandas se formulen con la claridad, precisión y demás requisitos de ley que los códigos exigen, cuidando, también de que la acción respectiva se ejercite en la vía y forma que legalmente procede, y cuando la demanda no se entabla en la vía legal pertinente, debe desecharse de plano, sin que obste el razonamiento de que la parte contraria no alegue esa improcedencia, toda vez que esto solamente podrá hacerlo en la forma de excepción, lo cual no es posible, puesto que no se le da entrada a la demanda." Asimismo, tiene aplicación la jurisprudencia P./J. 113/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Constitucional, Novena Época, registro digital 188804, de rubro y texto siguientes: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da. Es oportuno señalar que, si bien es cierto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sustentado que el acceso al ejercicio de tutela jurisdiccional no debe estar supeditado al condicionamiento de requisitos impeditivos u obstaculizadores de dicho acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. También resulta verídico, que el Alto Tribunal puntualizó que no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida. También cabe precisar, que las partes que intervienen en algún procedimiento jurisdiccional, tienen obligaciones y cargas procesales; así, la primera existe cuando la ley ordena a alguien tener determinado comportamiento para satisfacer un interés ajeno, sacrificando el propio; mientras que la carga procesal, tiene lugar cuando la ley fija la conducta a asumir por quien quiera obtener o conseguir un resultado favorable a su propio interés. El incumplimiento de una obligación procesal puede dar lugar a la imposición de sanciones, como son los medios de apremio, la condena en costas o el pago de daños y perjuicios. Sin embargo, el incumplimiento de una carga procesal trae como consecuencia el castigo o penalización condigna, por el incumplimiento de un deber; lo afirmado es así, precisamente atento a su naturaleza procesal, dado que constituye una omisión en la verificación de un requisito procesal. En efecto, el cumplimiento de una carga procesal constituye una condición para que el litigante consiga los fines que satisfacen su propio interés; por tanto, la insatisfacción de esa condición tiene como consecuencia que el interesado no alcance dichos fines. Ahora bien, en el caso concreto Ricardo Ávila Bustos, en su carácter de apoderado de la moral promovente Banco Azteca, sociedad anónima, institución de banca múltiple, promueve medios preparatorios a juicio ejecutivo mercantil en contra de Paola Nichelle De Ortega Solís, a fin de que reconozca el adeudo que dice asciende a la cantidad de $12,227.00 pesos (doce mil doscientos veintisiete pesos moneda nacional). En ese sentido, del capítulo de hechos del escrito de demanda, se advierte que el promovente refiere, que su representada tiene como objeto social, entre otras cosas, la celebración de contratos y realización de actos jurídicos como son las operaciones de préstamo y servicios bancarios, ya que cuenta con las autorizaciones necesarias para operar como Institución de Banca Múltiple. Ahora, como se dijo, Ricardo Ávila Bustos, en su carácter de apoderado legal de Banco Azteca, sociedad anónima, institución de banca múltiple, promueve medios preparatorios a juicio ejecutivo mercantil, en contra de Paola Nichelle De Ortega Solís, a fin de que reconozca el adeudo que dice asciende a la cantidad de $12,227.00 pesos (doce mil doscientos veintisiete pesos moneda nacional). Refiere, que la operación realizada por Paola Nichelle De Ortega Solís denominada como verificación de datos de préstamo inmediato tuvo verificativo el treinta de noviembre de dos mil trece, por la cantidad de $12,482.00 pesos (doce mil doscientos cuatrocientos ochenta y dos pesos moneda nacional), que se realizó un pago por el monto de $255.00 pesos (doscientos cincuenta y cinco pesos moneda nacional), incurriendo en mora a partir del nueve de diciembre de dos mil trece y que el adeudo por el cual solicita la confesión judicial asciende a $12,227.00 pesos (doce mil doscientos veintisiete pesos moneda nacional), monto este que no incluye elementos accesorios, pues de la solicitud de medios preparatorios se advierte que los mismos se cuantificarán en la etapa de ejecución de sentencia en el juicio ejecutivo mercantil. Es decir, la cantidad que pretende que se reconozca al momento de desahogarse la confesional, resulta ambigua, dado que la cantidad que se entregó a la posible demandada (verificación de datos de préstamo inmediato) resulta incierta, toda vez que la misma no incluye elementos accesorios y del contenido de la solicitud de cuenta no se desprende a que elementos se refiere ni el porcentaje en que han de calcularse aquellos. Además, pretende durante la ejecución del juicio ejecutivo mercantil dar a conocer a la posible parte demandada el monto o porcentaje de los elementos accesorios del préstamo materia del reconocimiento, lo que evidentemente resulta ilegal, pues es en el momento de la confesión cuando debe a darse a conocer a la futura demandada las características del adeudo para que este en posibilidad de conocerlo y en su caso, contestar lo que a su interés legal convenga. Lo anterior se corrobora con la transcripción siguiente: "Es el caso que, la cantidad de dinero que BANCO AZTECA puso a disposición de la presunta parte demandada, con la reducción del inciso identificado como b), que en la actualidad se ha abstenido de liquidar asciende a $12227 M.N. (doce mil doscientos veintisiete pesos 00/100 moneda nacional). Es prudente mencionar que, dicha cantidad, es por concepto del préstamo otorgado, sin que en la misma se incluyan elementos accesorios, toda vez que, los mismos se cuantificaran en la etapa de ejecución de sentencia del juicio ejecutivo mercantil, que en el momento procesal oportuno se presentará." Por tanto, en la especie no es posible dar trámite a los medios preparatorios de que se trata, toda vez que en el caso en concreto, no se cumplen con los requisitos a que se refiere el numeral 1,162 del Código de Comercio, ya que no establece cuál es el monto cierto que pretende se reconozca como adeudo, ni las características o montos o porcentajes de sus elementos accesorios, hecho con el que previamente debe notificarse a la deudora antes del desahogo de la diligencia confesional. Se dice lo anterior, pues del análisis de la demanda no existe certeza, ya que refiere bajo protesta de decir verdad que el contrato de préstamo se celebró de manera verbal, razón por la cual no se tiene certeza del monto real del crédito otorgado al deudor; así como tampoco, si este realizó pagos parciales, a fin de poder conocer el monto final adeudado; ni mucho menos las características de sus elementos accesorios. Circunstancia que torna imprecisa la cantidad reclamada; así como las características del préstamo, esto es, los interés o a qué refiere con elementos accesorios, y que hacen difícil la comprensión de cuál es el monto del adeudo reclamado y accesorios que pretende introducir hasta la tramitación del juicio ejecutivo mercantil. Aunado a ello, el actor tampoco establece el origen del adeudo, pues si bien en su demanda señala que celebró con el futuro demandado un crédito en forma de préstamo directo, es omiso en establecer, por lo menos, la forma en la que se dispuso, la periodicidad de las amortizaciones, el monto de las mismas, así como las fechas y formas de pago, lo cual también infringe lo establecido en el artículo 1162 del Código de Comercio, pues le correspondía precisar con exactitud los hechos en que funda su solicitud de medios preparatorios, a fin de que la futura demandada pudiera enterarse del origen del adeudo a partir de la información que proporcione el promovente. De ahí, que si lo que se pretende es la confesión de la deudora sobre determinada cantidad, se debe tener la certeza del monto del adeudo, la forma en que se cuantificó, el periodo que abarca y las condiciones de pago, a fin de establecer con base en las posiciones, que serán calificadas conforme a los hechos expuestos, si en la especie se actualiza el reconocimiento de una deuda cierta, líquida y exigible, lo que constituye el requisito substancial para la procedencia de la vía ejecutiva mercantil. No es óbice que la codificación mercantil contemple la institución de la prevención; sin embargo, la misma, se encuentra establecida por la legislación adjetiva únicamente para efectos de forma, pues de requerir a la parte promovente para que corrija las irregularidades precisadas, sería brindarle la oportunidad de enderezar el ejercicio de su pretensión, lo cual violentaría el contenido del artículo 3° del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al Código de Comercio, que establece que en todo caso debe observarse la norma tutelar de igualdad de las partes dentro del asunto. Lo que en la especie no acontece, pues, como ya se dijo, el fin de promoverse medios preparatorios a juicio ejecutivo mercantil mediante la confesión judicial de la deudora, es el reconocimiento de una cantidad cierta, líquida y exigible; luego, si en la especie no está claro cuál es la suma adeudada, como tampoco el origen y las condiciones del crédito, es evidente que no se cuenta con los requisitos necesarios para la procedencia de su acción, pues en la forma en la que está planteado el escrito inicial no sería factible calificar las posiciones sobre las cuales versaría la diligencia de confesión judicial, lo que el accionante tiene obligación de cubrir por medio de una narración ordenada, clara y precisa de los hechos sustento de su acción. Es aplicable al caso la tesis I.3o.C.363 C (10a.), sustentada por Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Libro 66, Mayo de 2019, Tomo III, página 2550, Registro digital: 2019764, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "CONTROL LIMINAR FORMAL DE LA DEMANDA. SUS LÍMITES. El ejercicio de dicho control constituye una cuestión delicada, pues de su correcto cumplimiento depende, por un lado, que el demandado se defienda plena y eficazmente; en esa medida, la correcta fijación de la litis y, por ende, la justa resolución del asunto, implica principios como el de imparcialidad, acción y contradicción. En efecto, dicha potestad debe ejercerse con tino, ponderando si se trata de aspectos que son susceptibles de adicionarse sin perjuicio del futuro demandado o si, por el contrario, se está faltando a la imparcialidad, apoyando discretamente la causa del actor bajo una suplencia disfrazada, a todas luces carente de sustento. En última instancia, se trata del exacto punto medio entre la satisfacción del principio pro acción y el de imparcialidad, ambos integrantes del derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva, en sus vertientes de acceso a la justicia y a la obtención de un fallo de fondo que ponga fin al conflicto. Dicho esto, y en respuesta al cuestionamiento de cuándo es dable prevenir, debe decirse, de inicio, que ha lugar a admitir la demanda cuando satisface los requisitos necesarios para considerarse como básicamente viable, de manera que sólo requiere la aclaración de oscuridades u omisiones formales o de naturaleza secundaria, o relativa a omisiones que en alguna forma resulten excusables. Pero cuando una pretendida demanda es vacía, de manera que no contiene en lo absoluto mención, por ejemplo, del nombre del demandado, de los hechos que sustentan la acción, el ofrecimiento de pruebas a efecto de acreditarlos y, sobra decir, la firma del demandante, no puede decirse que se está en presencia de una demanda oscura o irregular; ni puede hablarse de su aclaración. Prevenir en este caso daría lugar a una verdadera ampliación o, más aún, a una reformulación de la demanda inicial, por lo que se concluye que el Juez no está obligado a prevenir con el objeto de que se corrija, ni el actor tiene el derecho de hacerlo. Debe entonces distinguirse, por un lado, entre ausencia total y defecto (siempre parcial, pues aquí existe un principio de señalamiento) y, respecto de este último debe reflexionarse las posibles implicaciones que tiene el que la imperfección verse sobre aspectos sustanciales o formales. En el primer caso (ausencia), salvo que se trate de un requisito que, no obstante estar ausente, conforme a una máxima del derecho y el criterio judicial vigente no sea dable exigir [siendo el único caso, el relativo a la cita de los fundamentos de derecho y la clase de acción, requisito irrelevante conforme a la máxima que dice: da mihi factum, dabo tibi jus (dame los hechos y te daré el derecho)], no hay lugar a prevenir y la demanda debe desecharse automáticamente; inadmisión que, debe precisarse, no tiene su origen en el control liminar de fondo o sustancial de la demanda. No, el control liminar del que se habla (vacuidad), también es formal, pero su origen reside en la inviabilidad de la propuesta, a consecuencia de no poder el Juez dar curso a una demanda donde no se expresan aspectos necesarios como los apuntados. En el segundo caso (defecto), atento a la naturaleza del requisito exigido (formal o de fondo), se presentarían los dos siguientes escenarios: 1) Si el requisito insatisfecho es sustancial, no cabe prevenir; y, 2) Si es meramente formal, hay lugar a la aclaración. Entonces, el Juez sólo está autorizado a prevenir al actor para que aclare, corrija o complete su escrito inicial de demanda, cuando advierta deficiencias en aspectos referidos únicamente a los requisitos de forma que debe contener el libelo actio; empero, no así para que satisfaga requisitos de fondo necesarios para la procedencia de la acción intentada, como aquellos relativos a las presupuestos procesales o elementos de su acción, y que obligadamente deben cubrirse en los términos exigidos por la ley, es decir, una narración ordenada, clara y precisa de los hechos sustento de su acción. En efecto, aunque es posible que el juzgador prevenga al actor para que aclare hechos de su demanda, ello sólo puede atender a cuestiones meramente formales, entendiéndose como tales la incongruencia en su planteamiento o en su narrativa, verbigracia, cuando hay una evidente discrepancia en nombres o cantidades dentro del propio libelo, porque en una parte se asienten de una forma, pero en otra de manera distinta, o cualquier otra irregularidad (que no incida en la demostración de los elementos o presupuestos de la acción planteada) imprecisiones que sí es factible advertir y ordenar se subsanen desde la radicación de la demanda." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior por analogía de razón, la tesis número XI.2o.93 C, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, visible en la página 922 del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Novena Época, Tomo XI, Mayo de 2000, con número de Registro: 191802, del rubro y contenido siguientes: "DEMANDA. ALCANCES DE LA OBLIGACIÓN DEL JUEZ DE PREVENIR AL ACTOR PARA QUE LA ACLARE, CORRIJA O COMPLETE, CUANDO FUERE OSCURA O IRREGULAR (ARTÍCULO 332 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE MICHOACÁN). Si dicho numeral dispone que "Si la demanda fuere oscura o irregular, el Juez debe prevenir al actor que la aclare, corrija o complete de acuerdo con los artículos anteriores, señalando en concreto sus defectos ...", esto es, determina que dicha prevención debe verificarse de acuerdo con los artículos que le preceden, que no pueden ser otros sino los contemplados en el propio capítulo, y los mismos, básicamente el 327 y el 328, estipulan, en su orden, los hechos que deben precisarse en toda demanda, así como los documentos que necesariamente deben acompañarse a ella, incontrovertible resulta, haciendo uso de una correcta hermenéutica jurídica, que la autoridad jurisdiccional sólo está autorizada para prevenir al actor de que aclare, corrija o complete su libelo actio, cuando advierta deficiencias en esos aspectos, que versan únicamente sobre los requisitos de forma que no así para que satisfaga requisitos de fondo necesarios para la procedencia de la acción intentada, como aquellos relativos a los presupuestos procesales de su acción." Además, ello entrañaría suplir la deficiencia, no sólo de la demanda, sino del planteamiento de su petición, lo que no está autorizado por nuestro régimen legal, pues en materia mercantil impera con mayor rigor el principio de estricto derecho. Por ende, lo procedente es DESECHAR los medios preparatorios a juicio ejecutivo mercantil. Por otro lado, se tiene a la parte promovente designando como autorizados en términos del artículo 1069 del Código de Comercio a los licenciados Juan Antonio Casas de León y Juan Pablo Casas Chavana, toda vez que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; asimismo, a Gilberto Treviño Zapata y Eduardo Iovani García Baltazar, dado que de la consulta del Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública realizado en la página de internet oficial, se obtiene que se encontró coincidencia de registro de cédula profesional que los acredita como licenciados en derecho. Se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones a quienes señala para tal efecto. Ahora bien, con relación a la solicitud de acceso electrónico y notificaciones electrónicas a los usuarios que proporcionan, dígasele que por el momento no ha lugar acordar de conformidad su petición, toda vez que omitió proporcionar el nombre de las personas que corresponden a los usuarios señalados en el escrito que se atiende, lo que en términos de los artículos 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal2, resulta 2 Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. "Artículo 35. Las partes en un procedimiento jurisdiccional, por sí o por conducto de sus representantes legales, podrán solicitar para sí o para un tercero, acceso al expediente electrónico, para lo cual deberán proporcionar el "Nombre de Usuario" utilizado por quien indispensable para que este órgano jurisdiccional esté en aptitud de verificar si el titular de dicho "nombre de usuario", en efecto, cuenta con facultades suficientes para obtener los permisos para la consulta del expediente y, en su caso, conceder la autorización respectiva. Por tanto, una vez que proporcione esa información y previa insistencia de su parte, se acordará lo conducente. De igual manera se tiene a la parte promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa en su escrito. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1065 del citado ordenamiento legal, se habilitan días y horas inhábiles a la persona Actuaria de la adscripción con la finalidad de evitar dilaciones procesales para la práctica de todas y cada una de las notificaciones que se ordenen en el presente expediente, aun las de carácter personal. En el entendido de que para llevar a cabo tales diligencias, podrá hacer uso de medios electrónicos, debiéndose recabar las constancias necesarias que permitan verificar la entrega a su destinatario. realiza la solicitud al registrarse en el Portal y el del tercero sobre el cual se solicita la autorización. La solicitud podrá formularse por vía impresa o electrónica. La solicitud respectiva podrá formularse directamente por las partes o sus representantes legales, así como por las personas autorizadas en términos amplios conforme a la legislación adjetiva correspondiente, siempre que se incluya expresamente esta facultad." "Artículo 36. Las juezas, jueces, magistradas y magistrados otorgarán a las partes, a sus representantes y a los autorizados facultados conforme al segundo párrafo del artículo precedente, que así lo soliciten, los permisos necesarios para la consulta de los expedientes electrónicos o, en su caso, la revocación de los concedidos. Las personas autorizadas para consultar un Expediente electrónico en los asuntos de la competencia del PJF podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél. Cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente. Las y los titulares verificarán si quien autoriza cuenta con la capacidad procesal necesaria. Se acordará favorablemente la solicitud únicamente respecto de quienes cumplan los requisitos respectivos, a través de una promoción electrónica o impresa. La autorización respectiva estará en todo momento condicionada a que la Firma Electrónica se mantenga vigente. La autorización se puede realizar respecto de uno o varios expedientes. En el segundo supuesto, la persona autorizada tendrá acceso al módulo de Consulta de Expedientes, cuyos submódulos le permitirán revisar cada expediente de manera individual, o los correspondientes a todos los asuntos en los que haya recibido la autorización respectiva, ya sea mediante una vista global o dentro de cada órgano jurisdiccional. Los permisos otorgados para la consulta de expedientes electrónicos y para la práctica de notificaciones se conservarán para cualquier instancia o incidente." "Artículo 37. La autorización para acceder a los expedientes electrónicos sólo será otorgada o revocada por las y los titulares. En todo caso, se atenderá a la situación jurídica de cada usuario en los asuntos en los que se solicite, de conformidad con su capacidad procesal y la vigencia de su firma electrónica." Se EXHORTA a la totalidad de las partes para que, de ser posible y tomando en cuenta las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la firma electrónica y solicitando la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas. En conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 3 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 8º el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal y al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información, así como el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales; en el entendido de que con independencia de que manifieste o no su oposición a la publicación de sus datos personales, dicha información deberá protegerse, salvo autorización expresa para hacerlos públicos. Finalmente, para configurar el expediente electrónico, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio. Notifíquese personalmente a la parte promovente.
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Tijuana, Baja California, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio remitido por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que en auto de veintiuno de junio del año en curso, se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto contra la sentencia dictada el veintiocho de abril de dos mil veintitrés, dentro de los autos del juicio de amparo de donde deriva el presente cuaderno de antecedentes, el cual quedó registrado bajo el amparo en revisión civil 167/2023. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Víctor Manuel Mercado Flores, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/VMMF/cehc
- Principal
Tijuana, Baja California, quince de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, remitido vía interconexión por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual, informa que con las constancias remitidas con el oficio 23678/2023, registró el amparo en revisión civil 167/2023. Asimismo, como lo solicita el Tribunal Colegiado y atendiendo al estado de autos, de los que se advierte que mediante proveído de veinticuatro de febrero del año en curso, se ordenó formar dos tomos de pruebas, con motivo de las constancias que la autoridad responsable Juez Séptimo Civil, con sede en esta ciudad, anexó a su informe con justificación. En consecuencia, a fin de que el citado Tribunal Colegiado, se encuentre en posibilidad de analizar el medio de impugnación de referencia con la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, remítanse los tomos de pruebas señalados en el párrafo que antecede, al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo, con residencia en esta ciudad. Notifíquese.Así lo acordó y firma José Manuel Basio Aguilar, Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, Encargado del Despacho en términos del párrafo primero del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, derivado de la licencia concedida al Titular por la Presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, ante Daniela García Marín, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. JMBA/DGM/cehc
- Principal
Tijuana, Baja California, veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que la totalidad de las partes fueron notificadas de la resolución de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, así como del auto en el que se tuvo por interpuesto el recurso de revisión. En este orden, para efectos de la remisión del recurso de revisión interpuesto en el presente asunto, remítase oficio vía correo electrónico institucional a la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Civil y del Trabajo del Decimoquinto Circuito, con residencia en esta ciudad, para solicitar el turno del Tribunal Colegiado al que corresponderá conocer de dicho medio de impugnación, lo anterior de acuerdo a lo establecido en la circular DGGJ/12/2020, de diez de julio de dos mil veinte, de la Dirección General de Gestión Judicial. Notifíquese y cúmplase.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Daniela García Marín, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/DGM/cehc
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