Juan Carlos García Nava
Expediente 405/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 15 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 405/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 12/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Juan Carlos García Nava
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Acapulco, Guerrero; doce de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió el acuerdo por el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, aplicado en sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción lI, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de depuración, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; y en igual termino es depurable el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III, párrafo segundo, del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda y resolución en la cual se concedió la medida cautelar; por lo que, se ordena glosar a estos autos el referido cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir del presente auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo anterior, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal, como del incidente de suspensión Por último, por cuanto hace al disco compacto que allegó el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal adscrito al Distrito Judicial de Tabares en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, con su oficio de fecha veintidós de mayo del año en curso, devuélvasele dado que resulta innecesario que continúe a disposición de este juzgado. Notifíquese.
- Principal
Acapulco, Guerrero; veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Juez de Control y de Enjuiciamiento Penal adscrito al Distrito Judicial de Tabares en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, mediante el cual desahoga el requerimiento efectuado el veinte de mayo del año en curso, y al efecto informa que el trece de abril de dos mil diecinueve, la Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrita a la Agencia Especializada en Narcomenudeo de este Distrito Judicial puso a su disposición, al quejoso Juan Carlos Nava García, por su posible participación en los hechos que la ley señala como delitos de resistencia de particulares y contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en su variante de posesión simple del estupefaciente denominado cannabis sativa L., conocido comúnmente como marihuana y del estupefaciente clorhidrato de cocaína conocido comúnmente como cocaína en polvo y granulada, por lo que el catorce de abril siguiente calificó de legal la detención y le vinculó a proceso dentro de la carpeta judicial C-95/2019, anexando copia certificada de dicha carpeta así como un DVD que contiene el audio y video de la audiencia inicial, a los cuales se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por remisión expresa de su artículo 2. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, de oficio se analizan las consecuencias jurídicas de la emisión de la citada determinación. El directo quejoso reclama la orden de detención e incomunicación, la cual atribuyó a las autoridades responsables Fiscalía General del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, Agente del Ministerio Público del Fuero Común del Sector Central, Agente del Ministerio Público del Fuero Común del Sector Barrios Históricos y Agente del Ministerio Público del Fuero Común Especializada en Narcomenudeo, todos del Distrito Judicial de Tabares con sede en esta ciudad. Respecto a la orden de detención e incomunicación, por parte de la autoridad señalada como responsable Agente Titular del Ministerio Público del Fuero Común Especializada en Narcomenudeo, con sede en esta ciudad, sobreviene de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente. (.)." En efecto, conforme la transcripción que antecede, cuando se reclaman actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, pero en dicho procedimiento se suscita un cambio de situación jurídica que impide resolver el presente asunto, las violaciones reprochadas quedan irreparablemente consumadas. En el caso, el acto reclamado consiste en la orden de detención emitida en contra del quejoso atribuida entre otras, a la Agente Titular del Ministerio Público del Fuero Común Especializada en Narcomenudeo, y de acuerdo a las copias certificadas remitidas por el Juez de Control y de Enjuiciamiento Penal adscrito al Distrito Judicial de Tabares en el Estado de Guerrero, se advierte efectivamente que el quejoso Juan Carlos Nava García, fue detenido el once abril del año en curso dentro de la carpeta de investigación 12030830200091110419 y el catorce de abril siguiente, el citado Juez de Control, lo vinculó a proceso en autos de la carpeta judicial C-95/2019, lo que define su situación jurídica. Lo anterior conduce a estimar que, conforme con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, han quedado irreparablemente consumadas las violaciones atribuidas a la orden de detención reclamada, ya que no se puede decidir en el presente procedimiento de amparo sin afectar la nueva situación jurídica que se suscitó después de instaurado el presente juicio de amparo, habida cuenta que la demanda fue recibida por este juzgado de Distrito el doce de abril del año en curso, mientras que el auto de vinculación a proceso decretado en contra del quejoso data del catorce de abril siguiente. En ese tenor, es claro que durante la secuela del procedimiento en el juicio de amparo, se decretó al quejoso auto de vinculación a proceso, lo que trajo como consecuencia un cambio de situación jurídica, tomando en consideración que los efectos de dicha resolución es que los datos reunidos en la carpeta de investigación bastaron para acreditar su probable participación en los hechos que la ley señala como delitos de resistencia de particulares y contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en su variante de posesión simple que se le atribuyen de ahí que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas de la orden de detención, porque no se puede decidir aquí sin afectar la nueva situación jurídica aunque persistieran las violaciones que el quejoso aduce. Ahora, por lo que hace al acto reclamado a las autoridades responsables Fiscalía General del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, Agente del Ministerio Público del Fuero Común del Sector Central y Agente del Ministerio Público del Fuero Común del Sector Barrios Históricos, con sede en esta ciudad, procede el sobreseimiento en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)." De conformidad con este precepto se pueden presentar dos hipótesis: a) Que durante el curso del juicio, con las constancias de autos, se pruebe que el acto reclamado no existe. b) Que una vez desahogadas las pruebas en la audiencia constitucional, no se demuestre la existencia de los actos. En ambos supuestos la consecuencia es el sobreseimiento, solo que en el primero se puede decretar durante el curso del juicio (al "aparecer" prueba de la inexistencia), mientras que en el segundo la resolución se emite como etapa culminatoria de la audiencia constitucional. Ello, puesto que de autos aparece claramente demostrado que no existe el acto reclamado a dichas autoridades, sino que es atribuible a la Agente Titular del Ministerio Público del Fuero Común Especializada en Narcomenudeo, con sede en esta ciudad, de ahí que se actualice la causal de sobreseimiento en estudio. Bajo ese contexto, al sobrevenir la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con las constancias que con esta fecha se reciben, e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; lo procedente es sobreseer el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracciones IV y V, de la ley de la materia, dejando sin efecto la hora y fecha fijadas para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente.Así lo proveyó y firma el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Lorena Morales Saldierna, Secretaria adscrita al propio juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
RAZON DE NOTIFICACION PERSONAL POR ESTRADOS A AL PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, MISMO QUE DICE... Acapulco, Guerrero; veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Juez de Control y de Enjuiciamiento Penal adscrito al Distrito Judicial de Tabares en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, mediante el cual desahoga el requerimiento efectuado el veinte de mayo del año en curso, y al efecto informa que el trece de abril de dos mil diecinueve, la Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrita a la Agencia Especializada en Narcomenudeo de este Distrito Judicial puso a su disposición, al quejoso Juan Carlos Nava García, por su posible participación en los hechos que la ley señala como delitos de resistencia de particulares y contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en su variante de posesión simple del estupefaciente denominado cannabis sativa L., conocido comúnmente como marihuana y del estupefaciente clorhidrato de cocaína conocido comúnmente como cocaína en polvo y granulada, por lo que el catorce de abril siguiente calificó de legal la detención y le vinculó a proceso dentro de la carpeta judicial C-95/2019, anexando copia certificada de dicha carpeta así como un DVD que contiene el audio y video de la audiencia inicial, a los cuales se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por remisión expresa de su artículo 2. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, de oficio se analizan las consecuencias jurídicas de la emisión de la citada determinación. El directo quejoso reclama la orden de detención e incomunicación, la cual atribuyó a las autoridades responsables Fiscalía General del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, Agente del Ministerio Público del Fuero Común del Sector Central, Agente del Ministerio Público del Fuero Común del Sector Barrios Históricos y Agente del Ministerio Público del Fuero Común Especializada en Narcomenudeo, todos del Distrito Judicial de Tabares con sede en esta ciudad. Respecto a la orden de detención e incomunicación, por parte de la autoridad señalada como responsable Agente Titular del Ministerio Público del Fuero Común Especializada en Narcomenudeo, con sede en esta ciudad, sobreviene de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente. En efecto, conforme la transcripción que antecede, cuando se reclaman actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, pero en dicho procedimiento se suscita un cambio de situación jurídica que impide resolver el presente asunto, las violaciones reprochadas quedan irreparablemente consumadas. En el caso, el acto reclamado consiste en la orden de detención emitida en contra del quejoso atribuida entre otras, a la Agente Titular del Ministerio Público del Fuero Común Especializada en Narcomenudeo, y de acuerdo a las copias certificadas remitidas por el Juez de Control y de Enjuiciamiento Penal adscrito al Distrito Judicial de Tabares en el Estado de Guerrero, se advierte efectivamente que el quejoso Juan Carlos Nava García, fue detenido el once abril del año en curso dentro de la carpeta de investigación 12030830200091110419 y el catorce de abril siguiente, el citado Juez de Control, lo vinculó a proceso en autos de la carpeta judicial C-95/2019, lo que define su situación jurídica. Lo anterior conduce a estimar que, conforme con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, han quedado irreparablemente consumadas las violaciones atribuidas a la orden de detención reclamada, ya que no se puede decidir en el presente procedimiento de amparo sin afectar la nueva situación jurídica que se suscitó después de instaurado el presente juicio de amparo, habida cuenta que la demanda fue recibida por este juzgado de Distrito el doce de abril del año en curso, mientras que el auto de vinculación a proceso decretado en contra del quejoso data del catorce de abril siguiente. En ese tenor, es claro que durante la secuela del procedimiento en el juicio de amparo, se decretó al quejoso auto de vinculación a proceso, lo que trajo como consecuencia un cambio de situación jurídica, tomando en consideración que los efectos de dicha resolución es que los datos reunidos en la carpeta de investigación bastaron para acreditar su probable participación en los hechos que la ley señala como delitos de resistencia de particulares y contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en su variante de posesión simple que se le atribuyen de ahí que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas de la orden de detención, porque no se puede decidir aquí sin afectar la nueva situación jurídica aunque persistieran las violaciones que el quejoso aduce. Ahora, por lo que hace al acto reclamado a las autoridades responsables Fiscalía General del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, Agente del Ministerio Público del Fuero Común del Sector Central y Agente del Ministerio Público del Fuero Común del Sector Barrios Históricos, con sede en esta ciudad, procede el sobreseimiento en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y De conformidad con este precepto se pueden presentar dos hipótesis: a) Que durante el curso del juicio, con las constancias de autos, se pruebe que el acto reclamado no existe. b) Que una vez desahogadas las pruebas en la audiencia constitucional, no se demuestre la existencia de los actos. En ambos supuestos la consecuencia es el sobreseimiento, solo que en el primero se puede decretar durante el curso del juicio (al "aparecer" prueba de la inexistencia), mientras que en el segundo la resolución se emite como etapa culminatoria de la audiencia constitucional. Ello, puesto que de autos aparece claramente demostrado que no existe el acto reclamado a dichas autoridades, sino que es atribuible a la Agente Titular del Ministerio Público del Fuero Común Especializada en Narcomenudeo, con sede en esta ciudad, de ahí que se actualice la causal de sobreseimiento en estudio. Bajo ese contexto, al sobrevenir la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con las constancias que con esta fecha se reciben, e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; lo procedente es sobreseer el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracciones IV y V, de la ley de la materia, dejando sin efecto la hora y fecha fijadas para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente.Así lo proveyó y firma el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Lorena Morales Saldierna, Secretaria adscrita al propio juzgado que autoriza y da fe. LO QUE NOTIFICO POR ESTEMEDIO A LA CITADA PARTE QUEJOSA, EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE DOCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES...
- Principal
Acapulco, Guerrero, veinte de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos, se advierte que mediante proveído de veintinueve de abril pasado, se tuvo al Agente Titular del Ministerio Público del Fuero Común Especializado en Narcomenudeo, con sede en esta ciudad, rindiendo su informe justificado en el cual manifestó que el trece de abril anterior puso a disposición del Juez de Control y Enjuiciamiento Penal, con sede en Acapulco, Guerrero, con Jurisdicción y Competencia en el Distrito Judicial de Tabares, al aquí quejoso Juan Carlos Nava García, por los delitos de contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en variante de posesión de estupefaciente y de resistencia de particulares. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, por disposición expresa del artículo 2 de la ley de la materia, requiérase a dicho Juez para que en el término de tres días siguientes al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, informe la situación jurídica que guarda el quejoso Juan Carlos Nava García, remitiendo copia certificada y legible de las constancias que acrediten su dicho. Con el apercibimiento que de no hacerlo en el término y plazo indicado, se le aplicará una multa de cincuenta unidades de medida y actualización vigente en el país, en términos del artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. Para dar margen a lo anterior, la audiencia programada para el día de hoy, según se advierte de la certificación de cuenta se difiere para las ONCE HORAS DEL DIECINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Notifíquese.Así lo proveyó y firma Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Lorena Morales Saldierna, Secretaria adscrita al propio juzgado que autoriza y da fe.
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