Juan Carlos García Meza
Expediente 908/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 908/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 11/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Juan Carlos García Meza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, once de noviembre de dos mil veintiuno. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso (quien es el facultado para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra del auto en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese personalmente al quejoso, por oficio a la autoridad responsable y mediante lista a las demás partes. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. Cumple requerimiento. Agréguese a sus autos el oficio firmado por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado el veintiocho de septiembre anterior, remita diversas constancias e informa que se levantó la suspensión de las diligencias que por su naturaleza ocupe dos o más personas para llevarlas a cabo. Pruebas. Se tiene por ofrecida la prueba documental que envía la autoridad oficiante, en términos del numeral 119, párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo, de las cuales se deriva una causal de improcedencia. Sobreseimiento fuera de audiencia. En efecto, del contenido de las documentales remitidas en copia certificada por la autoridad oficiante, las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, dicha porción normativa dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]." El precepto normativo expone que el juicio de amparo es improcedente con motivo de la cesación de los efectos respecto del acto por el cual se haya ejercido la acción constitucional. En relación con el motivo de improcedencia que se menciona, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que para la actualización de dicha causa no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya la totalidad de sus efectos de forma tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una nueva situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye al quejoso en el goce de la garantía violada. De modo tal, que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia en trato, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Argumento que se ve robustecido con la jurisprudencia 2a./J.59/99, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, página 38, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.", Bajo ese contexto, con apoyo en el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de acuerdo al contenido de la demanda y demás constancias existentes en autos, el reclamo constitucional se hace consistir en el plazo excesivo de tiempo para el desahogo de pruebas ofrecidas por la partes en el juicio laboral 2446/2015, del índice de la Junta de Trabajo responsable. No obstante lo anterior, a través del oficio que se agrega en esta fecha y la documental adjunta a la que se le otorgó pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202, de la codificación adjetiva supletoria, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se advierte que la presidente de la junta responsable, por auto de cuatro de octubre anterior, procedió señalar las diez horas del veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo el desahogo de la prueba confesional por posiciones, ofrecidas por ambas partes, y por lo que respecta a la prueba testimonial, procedió señalar las diez horas del veintinueve del referido mes y año, ofrecidas por la parte demandada, todo esto en el juicio laboral 2446/2015, del índice de la junta responsable, derivado de lo cual se desprenden que cesaron los efectos del reclamo constitucional. En consecuencia, resulta evidente la actualización de la causal de improcedencia invocada, toda vez que con el actuar de la responsable, se restituyó al quejoso en sus derechos, como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, ya que si bien, en el particular el perjuicio que el acto reclamado le ocasionaba a la parte quejosa fue la circunstancia de que no se señalara fecha para la audiencia de ley en el juicio laboral de origen y la responsable emitió una determinación en la que fijó horas y fechas para tales diligencias; por tanto, tal actuación torna improcedente el estudio del reclamo opuesto en esta vía constitucional. De esta forma, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de derechos, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del numeral 63, de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en foja 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de marzo dos mil tres, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En el entendido que deberá celebrarse la citada audiencia, pues de lo contrario (salvo impedimento legal que al efecto hubiere), resultaría patente que el cumplimiento del acto reclamado, tuvo como única finalidad provocar el sobreseimiento del juicio, para posteriormente continuar con la violación constitucional reclamada, lo que sin duda podría actualizar los elementos del delito a que se refiere la fracción II del artículo 262 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Por otro lado, háganse las anotaciones respectivas en el libro uno de Registro de Juicios de Amparo, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, en su oportunidad, archívese el presente como asunto concluido. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y personalmente al quejoso. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Del estado de autos que guarda el presente juicio, se advierte que al rendir su informe justificado el presidente de la Junta responsable, informó en lo aquí interesa, que con motivo de la contingencia Covid 19, aprobó diversos acuerdos en la que se estableció la reanudación de las labores del personal adscrito a partir del ocho de febrero del año en curso, y por lo que respecta a las diligencias, como desahogo de pruebas, así como de remate, de ejecución de laudos, o todas aquellas que por su naturaleza requieran de la presencia de dos o más personas, aún se encuentran suspendidas; ahora bien, tomando en consideración que el acto reclamado en el presente juicio de amparo, el quejoso lo hace consistir en la omisión de señalar fecha para llevar a cabo el desahogo de las pruebas admitidas en el juicio laboral 2446/2015, del índice de la junta responsable y toda vez que para el suscrito es un hecho notorio que el semáforo epidemiológico emitido por el Gobierno Federal ubico el Estado de Sonora en amarillo. Requerimiento a la junta responsable. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la propia ley de la materia, requiérase la junta responsable, para que en el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, informe sí aún se encuentran suspendidas las diligencias que por su naturaleza ocupen dos o más personas para llevarlas a cabo. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no hacerlo en el plazo señalado, conforme a lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 259, de la ley de la materia, salvo impedimento legal justificado acreditado, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización. Diferimiento de audiencia constitucional. En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la presente audiencia y se señalan nuevamente para su celebración las once horas con treinta y ocho minutos del diecinueve de octubre de dos mil veintiuno. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, seis de septiembre de dos mil veintiuno. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio y anexo presentado por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad; dese vista a las partes con sus contenidos. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las documentales que acompaña; sin perjuicio de relacionarlas durante la audiencia constitucional que se celebre en el presente juicio. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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