Juan Carlos Garcia Bustos
Expediente 985/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 25 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 985/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 08/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Juan Carlos Garcia Bustos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a ocho de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos, de donde se advierte que resulta innecesario seguir conservando los anexos que remitió la autoridad responsable para resolver el presente asunto; además, de que existe acuerdo que expresamente ordena el archivo de este expediente como asunto totalmente concluido; en esas condiciones, devuélvase a dicha autoridad, las copias certificadas de referencia, para los efectos legales a que haya lugar, solicitando el acuse de recibo respectivo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la razón actuarial de veinticinco de septiembre del año en curso, mediante el cual, el actuario adscrito a este Juzgado de Distrito manifiesta su imposibilidad para notificar a la parte quejosa Juan Carlos García Bustos, el acuerdo de veinte de septiembre de dos mil dieciocho; por tal motivo, dígasele al actuario adscrito a este Juzgado que se esté a lo ordenado por auto de seis de septiembre de dos mil dieciocho, y proceda a notificar a la parte quejosa en los términos ahí indicados. NOTIFÍQUESE. Asimismo se notifica el auto siguiente: Cuernavaca, Morelos, a veinte de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de seis de septiembre de dos mil dieciocho (foja 209), para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que se haya pronunciado al respecto; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo a la parte quejosa para el efecto de que la autoridad responsable realizara siguiente: "..dejen insubsistente la orden de "raparle" el cabello y le otorguen el servicio de peluquería a su gusto, así como para que le proporcionen los productos para conservar su aspecto físico, en específico, le permitan el uso de bello facial, lo anterior en aras de tutelar los derechos de libre desarrollo de la personalidad y su dignidad humana, en términos de los artículos 1° constitucional y 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Por tanto, la sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a las autoridades responsables Director de Seguridad y Personal de Custodia del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial en Ayala, Morelos el cumplimiento a la concesión del amparo. Atento a lo anterior, el Director de Seguridad del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial en Ayala, Morelos, mediante oficio SEGOB/CNS//OADPRS/CGCF/CEFEREPSI/DG/DS/393/2018 de tres de septiembre de dos mil dieciocho, remitió copias certificadas del oficio SEGOB/CNS/OADPRS/CGPRS/DGES/29285/2018 de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, en el que la Dirección General de Ejecución de Sanciones del órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, informó al Director General del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de Ayala, Morelos, la imposibilidad de señalar fecha en la que al aquí quejoso debiera ser puesto en libertad, toda vez que mediante oficio SEGOB/CNS/OADPRS/18792/2018 se le ordenó realizar las gestiones correspondientes para poner en inmediata libertad al sentenciado aquí quejoso, así como, del oficio 8043/2018 de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho remitido por el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial en Cuautla, Morelos, en el cual ordena que el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho se dejara en inmediata libertad al aquí quejoso, así también del acta administrativa número 44/2018 acuerdo de libertad, ambos de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, en las cuales se procede a dejar en libertad al sentenciado por haber cumplido la pena privativa de libertad de diez años, impuesta en la causa penal 110/2008, con las cuales este Juzgado Federal dio vista a la parte quejosa. Por lo anteriormente narrado, este Juzgado Federal, tiene imposibilidad jurídica y material para realizar el estudio de cumplimiento de la ejecutoria dictada en autos, toda vez que existe una imposibilidad material y jurídica por la autoridad responsable para dar pleno cumplimiento a la ejecutoria de amparo, ya que como se advierte, se creó una nueva situación jurídica que impide exigir a la responsable el cumplimiento de la concesión de amparo, para dejar insubsistente la orden de raparle el cabello y otorgarle los servicios de peluquería, en atención que la parte actora, aquí quejosa, ha sido puesto en libertad por haber cumplido con la pena privativa de libertad de diez años, impuesta en la causa penal 110/2008. Al respecto, resulta aplicable por similitud jurídica la tesis 2a. CXXIV/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 486, Tomo X, Octubre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que al rubro dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE SI AL CAMBIAR LA SITUACIÓN JURÍDICA SE HACE IMPOSIBLE SU CUMPLIMIENTO.-. En consecuencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 de la ley en comento, se declara que no hay materia para la ejecución del fallo protector dictado en éste juicio de amparo. Por lo anterior, resulta irrelevante analizar en el presente asunto lo relativo a prejuzgar necesariamente sobre posible exceso o defecto en el cumplimiento al haber una imposibilidad material y jurídica en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por lo que con fundamento en los numerales 214 y 196 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el expediente. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de Septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Como lo disponen los puntos Decimo, fracción I, Decimo Primero, Segundo Párrafo y Décimo Tercero y Vigésimo quinto, del Capitulo Quinto, del acuerdo en comento, hágase las anotaciones correspondientes en la caratula del expediente y en los libros de gobierno; así mismo, de conformidad con el artículo 11, este expediente permanecerá en archivo durante un plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 21 y 22del acuerdo antes citado, una vez que transcurran cinco años contados de la presente orden de archivo, el centro de Documentación y Análisis procederá a la depuración a las constancias que integran el presente expediente, de modo tal que solo se conserva la demanda y sentencia respetiva. Por otra parte, tomando en consideración que el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto procédase a la destrucción del duplicado, debiéndose guardar únicamente el original. Ahora bien, con apoyo en el punto vigésimo primero, fracción III, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser depurable, toda vez que, se concedió la suspensión provisional. Finalmente, infórmese a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Guillermo Amaro Correa, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa con el Secretario Jacobo Jaimes Brito, que autoriza. Doy fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa, por medio lista fijada en los estrados de este juzgado con fundamento en lo establecido por el artículo 27 fracción III, inciso a) y 29, de la ley de amparo, el contenido del acuerdo de seis de septiembre de dos mil dieciocho, mismo que de manera sintetizada señala: Cuernavaca, Morelos, a seis de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la razón Secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el telegrama y oficio signado por el Director de Seguridad del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial en Ayala, Morelos, por medio del cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de mérito. En consecuencia, de conformidad con el artículo 196, de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con el oficio, anexos de cuenta y dese vista a las partes por el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Finalmente y toda vez que la autoridad responsable informó que la parte quejosa ha quedado en libertad y por tal motivo no se puede llevar a cabo su notificación personal en el domicilio señalado en el escrito de demanda; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, de la Ley de Amparo, la notificación del presente acuerdo y los subsecuentes, háganse a dicha parte, por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintitrés de agosto de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Lo anterior, comuníquese a las partes y glósese el cuaderno incidental original respectivo. En tal virtud, con fundamento en los numerales 192 y 193 de la Ley de la Materia, requiérase a la autoridad responsable, para que en el término de tres días, contados a partir del momento al en que quede notificada del presente auto, cumpla con la ejecutoria en los términos precisados, informando en ese lapso sobre su cumplimiento, apercibida que de no hacerlo así en el término que se le concede, el siguiente requerimiento se le hará por conducto de su superior jerárquico, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194, de la Ley de Amparo, y en su caso remitir el expediente al Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito en Turno o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso; por tal motivo, se les hace del conocimiento que dichos órganos al momento de resolver el incidente de inejecución de sentencia que en su caso se formule, están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, es decir, no solo verifican el cabal cumplimiento de la ejecutoria dictada, sino, también si hubo retardo en el cumplimiento de la misma, aplicando a las autoridades responsables las sanciones previstas en el artículo 107, Constitucional, ya que el cumplimiento extemporáneo no exime a las autoridades responsables de su responsabilidad, ni se decretará sin materia el incidente, puesto que en esa etapa se determina si hubo responsabilidad o no en el cumplimiento. ... Con independencia de lo anterior, se hará efectiva una medida de apremio equivalente a cien días el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 192 y 258, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo; sin perjuicio de que, una vez que este órgano jurisdiccional agote las etapas del procedimiento de ejecución, se remita al Tribunal Colegiado de este circuito, para la continuación del procedimiento de ejecución respectivo. Notifíquese.
Quedan 21 actuaciones en este expediente
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