Juan Carlos Flores Morales

Expediente 45/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 13 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
45/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
05/11/2021

Partes del expediente

  • Juan Carlos Flores Morales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cinco de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Del incidente de suspensión Por otra parte, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en el Capítulo Octavo, artículo 20, fracción II inciso a), del Acuerdo General antes mencionado, procédase a la destrucción del duplicado debiéndose guardar únicamente el original. Con apoyo en el Capítulo Octavo Artículo 21, inciso C), del citado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser destruido toda vez que tanto en la suspensión provisional como definitiva se determinó negarlas. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que, se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza. Doy fe.

  2. Incidental

    V I S T O S para resolver, sobre la suspensión definitiva en el incidente relativo al juicio de amparo número 45/2021; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Juan Carlos Flores Morales, por conducto de su apoderado legal Humberto Hugo Velázquez Marmolejo reclama del Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, y del Actuario de su adscripción lo siguiente: "...De las autoridades ordenadoras. Lo constituye la denegación de Justicia al omitir tramitar el expediente de juicio laboral con número de expediente 01/408/19-IV ante la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, iniciado mediante escrito presentado desde el día 17 de mayo de 2019 y recepcionada con el número de expediente 01/408/19-IV, así como ordenar las notificaciones, requerimientos y actuaciones que permitan el desahogo de la audiencia de conformidad en lo dispuesto por los artículos 873 al 885 de la Ley Federal del Trabajo y por consiguiente concluir DICTANDO AUTO ADMISORIO es decir, impedir concluir el procedimiento dentro de los términos y plazos legales establecidos en los artículos 873 al 885 de la ley Federal del Trabajo.". Solicitud de suspensión "...Así, conforme a la figura jurídica de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, prevista en la fracción X del artículo 107 constitucional, procede conceder medidas restitutorias para que la Junta, con perspectiva de riesgo de la vida y vulnerabilidad, que implica reconocer la realidad sociocultural en que se desenvuelve los trabajadores en ese estado de vulnerabilidad, provea lo conducente respecto de las medidas cautelares de "PROTECCIÓN REFORZADA" solicitadas..." SEGUNDO. Como se ordenó en el cuaderno principal, por auto de ocho de febrero de dos mil veintiuno, se proveyó sobre la suspensión provisional; se solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe previo y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la que se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O ÚNICO. Las autoridades responsables antes citadas, al rendir su respectivo informe previo aceptaron la existencia de los actos que se les reclaman. Ahora bien, de la primera de las transcripciones se desprende que el quejoso reclama de la responsable la dilación del procedimiento laboral, en concreto la omisión de dictar auto de admisión de demanda, así como la omisión de ordenar e impedir las notificaciones, requerimientos y diligenciar así como las actuaciones necesarias en el juicio laboral de origen. Por su parte, en el capítulo de suspensión, solicita la medida provisional para el efecto de que la autoridad responsable provea lo que corresponda en relación con las medidas cautelares solicitadas, dentro de las cuales se encuentran: "...a) ordenar al Instituto Mexicano del Seguro Social que inmediatamente le brinde atención médica durante la contingencia Ambiental del Covid19, y hasta que concluya el presente juicio; b) que el patrón demandado siga pagando el salario del trabador, así como las cuotas obrero-patronales respectivas ante el propio organismo de salud; y, c) que éste le reconozca las semanas cotizadas hasta el momento en su caso de que se le otorgue incapacidad..." En ese contexto, no debe pasar desapercibido que la finalidad de suspensión en el amparo, en esencia, es conservar la materia de la litis y evitar al quejoso la materialización de daños irreparables. Por lo que hace a conservar la materia del juicio, esta finalidad busca que a través de la paralización de los actos reclamados éstos no se ejecuten en lo que el juicio de amparo es resuelto en forma definitiva. Por su parte, el evitar causar daños irreparables al quejoso está relacionado con lo previsto en el artículo 61, fracción XVI1, de la Ley de Amparo, conforme el cual, cuando el acto reclamado se haya consumado de modo irreparable, el juicio deberá ser sobreseído, lo que se traduce en la existencia de una imposibilidad técnica para abordar el estudio del asunto. Es decir, la finalidad en comento busca indirectamente conservar la materia del juicio y, directamente, la producción de efectos nocivos mayores en la esfera jurídica del quejoso. Al respecto, conforme a lo previsto en el artículo 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo el solicitante del amparo debe indicar los actos, leyes u omisiones (en el caso de la ley en vigor) que de cada autoridad reclama. Asimismo, es posible que en la demanda o posteriormente (atento a lo previsto en el artículo 130 de la ley en comento), cuando el acto reclamado no se traduzca en el peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el quejoso podrá solicitar la suspensión de los actos reclamados, a condición de que se cumpla con lo previsto en el artículo 128 del multirreferido ordenamiento, los cuales en esencia establecen lo siguiente: a) El quejoso debe solicitar la suspensión de los actos reclamados. b) El otorgamiento de la suspensión no debe traducirse o implicar: I. El perjuicio del interés social. II. La contravención de disposiciones de orden público. Junto con el cumplimiento de esos requisitos, para otorgar la medida cautelar debe atenderse a I. La apariencia del buen derecho y II. Al peligro en la demora Es decir, a la posibilidad que tiene el quejoso de obtener una sentencia favorable a sus intereses y el peligro que implicaría negar la suspensión frente a la posibilidad real de otorgarse el amparo. De esta forma, además de verificar que se satisfagan los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, el juzgador debe hacer una apreciación provisional de la inconstitucionalidad reclamada con el fin de determinar o anticipar la probabilidad de otorgar el amparo solicitado y, de ser el caso, conceder la medida cautelar sin menoscabar los requisitos previstos en el artículo 128 mencionado. Además, la modalidad de la suspensión que se analiza permite la existencia de un primer pronunciamiento del juzgador, el cual se emite con motivo de la solicitud inicial de la medida al cual se denomina suspensión provisional y que se resuelve con base únicamente en los elementos aportados en la demanda de amparo (manifestaciones y pruebas), sin analizar la existencia de los actos materia de la suspensión (pues ello será objeto de pronunciamiento en otro momento). Esto porque al proveer sobre la suspensión provisional, el órgano de amparo sólo cuenta con lo expresado y aportado (en su caso) por el quejoso, pues no ha dado intervención a las autoridades responsables para que manifiesten sobre la suspensión provisional. Por tanto, se trata de una medida que se otorga sobre la base del principio de buena fe, verificando el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley de Amparo y tras determinar que la naturaleza de los actos materia de la suspensión permite su paralización. Una vez que la autoridad fue requerida para rendir el informe previo y, en su caso, ofreció las pruebas que estimó pertinentes, el órgano de amparo se pronunciará sobre la procedencia de la medida. Ahora bien, el artículo 108 de la Ley de Amparo impone al quejoso el deber de precisar los actos reclamados en el juicio, así como las autoridades a quienes se les atribuyen esos actos. Por su parte, cuando no se trate de los actos previstos en el artículo 126 de ese ordenamiento, el quejoso podrá solicitar la suspensión de los actos reclamados en cualquier momento, a condición de que aún no sea resuelto el juicio en definitiva. Sin que ello implique que el quejoso precise el efecto para el cual pide la medida, pues ninguno de los citados preceptos o alguno otro le imponen el deber de así hacerlo. Por el contrario, sólo le reconocen el derecho de solicitar la medida en cualquier momento con la única condición de que no exista sentencia definitiva (firme) en el amparo. De esta forma, es el órgano de amparo quien debe fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta su conclusión, lo cual implica que el legislador reconoció la potestad del órgano de amparo para pronunciarse sobre los actos materia de la suspensión, así como de los efectos de tal medida, al margen de que el quejoso identifique los efectos que habrá de producir la suspensión. Sin embargo, esta atribución tiene como limitante que los jueces de amparo no podrán introducir actos distintos de aquellos que constituyen la materia del reclamo en el amparo, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo. Desde esa óptica, si la parte quejosa reclamó, en esencia, la omisión de dictar auto admisorio de la demanda laboral, así como ordenar las notificaciones, requerimientos y actuaciones que permitan el buen desarrollo del juicio laboral, estamos ante la presencia de actos que no son susceptibles de ser suspendidos; toda vez que se trata de actos omisivos que no tienen algún efecto positivo, esto es, no conllevan a una ejecución material, por lo que procede es negar la medida cautelar solicitada, ya que ésta por su naturaleza no tiene efectos restitutorios que sólo son propios de la sentencia que se dicte en el expediente principal en la que se resolverá el fondo del asunto. Ahora bien, en relación a lo expuesto por la parte quejosa en su capítulo de suspensión, donde solicita se le conceda esa medida para que la responsable se pronuncie en cuanto a las medidas de "protección reforzada" señaladas en su demanda laboral, es inconcuso que dichos actos no constituyen la materia de reclamo en el amparo. Esto es acorde a lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 36/2018, en la que en su parte conducente se sostuvo lo siguiente: "...Además, cabe precisar que el hecho de que al proveer sobre la suspensión, el juzgador pueda ocuparse de efectos distintos a los solicitados por el quejoso, no implica que puedan introducirse a la Litis (por virtud de la suspensión) actos nuevos y distintos de los reclamados en el juicio; esto ya que la materia de la suspensión siempre queda acotada a los actos cuya inconstitucionalidad se plantea en el juicio; por ende, al pronunciarse sobre la suspensión, el juzgador no podrá introducir actos distintos de aquellos que constituyen la materia del reclamo en el amparo, pero sí puede modificar los efectos para los cuales otorga la medida, en términos de lo razonado...". Con base en la transcripción anterior, se refuerza lo razonado en esta determinación, en el sentido de que si bien los órganos de amparo pueden modificar los efectos de la suspensión, lo cierto es que no podrán introducir actos distintos de aquellos que constituyen la materia del reclamo en el amparo. Hasta aquí expuesto y con fundamento en los artículos 126, 128 y 138, en relación con el diverso 108, todos de la Ley de Amparo, se niega la suspensión solicitada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 4/2019 (10a.), sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, página 14, con número de registro 2019200, que a la letra dice: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Juan Carlos Flores Morales respecto de los actos precisados en el resultando primero, por las autoridades y motivos expuestos en el considerando único de esta interlocutoria. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Jaime César Pereyra Román, secretario que autoriza y da fe.- DOY FE.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintinueve de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que surtan sus efectos legales a que haya lugar, los informes justificados rendidos por las autoridades responsables; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con dichos informes dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Se tienen por designados como delegados de la autoridad responsable, en términos del numeral 9 de la ley antes invocada, a las personas que propone y con fundamento en el ordinal 28 de la ley de la materia, se tiene por señalado el domicilio que indica. Con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las pruebas que se ofrecen, de las cuales se hará relación en la audiencia constitucional. Finalmente, ténganse por recibidas las constancias de personalidad que le fueron requeridas en el auto admisorio de la demanda de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veinte de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, de donde se advierte que no obran los informes justificados de las autoridades responsables, así como tampoco los acuses de recibo de los oficios por medio de los cuales les fue solicitado; razón por la que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para esta fecha, misma que se difiere para que tenga verificativo a las DIEZ HORAS CON ONCE MINUTOS DEL VEINTICINCO DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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